La transición energética es un concepto polisémico, no solo porque tiene distintos significados, sino porque distintos actores tienen su propia definición sobre la transición. Existen, pues, conceptos como la transición ecológica que llama la atención sobre la transición demográfica (Calvo, 2022); la transición tecnológica (Shue, 2023); sistemas socioecológicos (Postigo, 2014); etc. De hecho, la sociedad civil había ya planteado romper los paradigmas del tradicional modelo de desarrollo, la necesidad de impulsar una transición para cambiar la matriz energética y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Hace quince años, organizaciones de la sociedad civil proponían que los países de la región entraran en una etapa de transiciones postextractivistas antes de las elecciones generales de 2011 (Gudynas, 2015; Monge et al., 2011).

Entonces, debemos conceptualizar dónde se encuentra y cómo caracterizamos la transición energética. La transición es un estado situacional de la actual sociedad capitalista que debe abandonar los combustibles fósiles y usar diversas fuentes de energía si quiere sobrevivir como sociedad. Ello significa cambiar los patrones de consumo, así como los patrones de la oferta de energía. Pero también la transición energética es una narrativa en disputa, que nos compele a tener una lectura crítica cada vez que nos topamos con ella. La transición energética no era considerada como un tema de desarrollo humano sino hasta recientemente. A lo mucho, el tema de sostenibilidad fue incorporado recientemente en nuestro vocabulario y a la concepción de desarrollo humano (Stewart, 2014), cuando para las comunidades era un tema central hace mucho tiempo. De hecho, en las propuestas del sector privado encontramos un contenido bastante operacional que termina por abandonar el centro del debate: reemplazaron la búsqueda del bienestar del ser humano por la eficiencia de los planes corporativos arropados en la narrativa de la transición energética.

Segundo, como narrativa de una nueva ontología, la transición energética no termina encontrándose entre las narrativas de “transición civilizatoria” (Escobar, 2020); es decir, la transición energética no es una crítica profunda a la modernidad capitalista, colonial y patriarcal, una crítica multifacética de la realidad y del modelo civilizatorio. Lo cierto es que la transición energética no se encuentra en la misma trinchera conceptual y táctica de los derechos de la naturaleza y las otras críticas al antropoceno, aunque es probable que todas estas perspectivas críticas compartan elementos comunes de responder a los mismos desafíos del calentamiento global con respecto a la vulneración de los derechos humanos ambientales (Rodríguez Garavito, 2017), es decir, proponer cambios al modelo de desarrollo o “business as usual”.

El lugar donde se encuentra la transición energética proviene de reflexiones teoréticas, de propuestas de reforma del modelo actual, y de la cooperación internacional —aunque también han sido incorporadas en movimientos sociales como el sindicalismo—. No es ciertamente un discurso popular ni populista (Meléndez, 2022) —muy por el contrario, la transición energética sufre lo que todo tema y movimiento ambiental está sufriendo en la actualidad: ataques feroces desde el conservadurismo político—; es un discurso técnico y de pocos entendidos. De hecho, cuando se ha intentado comunicar los términos de la transición energética a las comunidades amazónicas, estas se han preguntado cuándo se inició este cambio, porque para ellas seguimos en el mismo modelo tradicional extractivo.

En Perú, podríamos decir: “No se oye, padre”, cuando hablamos sobre políticas públicas sobre transición energética. Este silencio público tiene sentido por los problemas que nos aquejan, la inestabilidad política, el autoritarismo, la inseguridad ciudadana, los conflictos socioambientales o el incremento de las ilegalidades. De hecho, la lucha contra la minería ilegal —y lo que está detrás de ella— pone los reflectores hacia esa dirección. Sin embargo, la transición energética es relevante para el Perú. No solo por los estragos ambientales y sociales producidos por el calentamiento climático, sino por la directa afectación al ciudadano de a pie, el aquí y el ahora se ponen de manifiesto. Por ejemplo, la transición energética podría apurar, apremiar o apuntalar un transporte público sostenible y barato, reducir el tiempo de traslado de un lado a otro en una ciudad como Lima que viene creciendo desordenadamente, hacer una ciudad más segura, y así convenirle a la economía nacional y a la economía de cada ciudadano.

Es más, la transición energética podría traer la oportunidad de discutir sobre la inversión minera e hidrocarburífera en el Perú. El informe “Barrantes” ya planteaba —lo que años atrás intentó el proyecto NUMES del BID— discutir sobre la planificación energética y transformar nuestra matriz energética en más sostenible (Barrantes, 2021). Ahí, valgan verdades, el Perú se enfrenta a varios dilemas. Primero, el reto de expandir el uso del gas natural en todo el territorio nacional o hacer “negocio con cuco” y exportarlo, sabiendo que no nos beneficia directamente la exportación; y el segundo dilema es expandir la explotación del gas natural y explotar el Candamo, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, un área natural protegida que alberga nuestro patrimonio natural y que muchos políticos e intereses económicos quieren echarle mano para su propio interés y no necesariamente el de todos los peruanos.

Ciertamente, estos dilemas no son leídos en clave de transición, sino todo lo contrario, en los patrones ordinarios de un clientelismo tradicional y opaco, esos intereses que buscan cambiar la ley del bien común, en beneficio de “los particularismos”, de los cuales unos pocos prosperan (Vergara, 2022), muy similar a lo sucedido con el proyecto de exportación del gas de Camisea veinte años atrás. Sin ser fatalista, es difícil salirse de los marcos culturales y sociales de la extracción, pues ese es el rol asignado por el mercado y el cual genera defensores sociales, comunicacionales, culturales para incluso polarizar el debate en cuestión, muchas veces para proteger los intereses privados detrás de estos modelos (Távara, 2015), perseguir la crítica y oscurecer las soluciones sostenibles y equitativas. Sin embargo, debemos empujar un debate que en todo el mundo ya se está dando, sin importar canchas ideológicas o intereses económicos.

Es cierto también que no hay planteamientos innovadores de transición energética en el debate, pero si no resolvemos estos primeros, ¿cómo pensamos en transitar a otro modelo? Tal como decían las comunidades indígenas, ¿cómo piensan transitar a otro modelo, si aún tenemos pendientes en nuestro modelo tradicional extractivo? El cumplimiento de los acuerdos de consulta, garantías para la observancia de los EIAs o las capacidades institucionales de fiscalización, la indemnización justa por el uso de las tierras comunales o de sus recursos, el manejo temprano de conflictos socioambientales, mayor transparencia y pago adecuado por la explotación de los recursos naturales, etc. Hablar de transición energética en el Perú pareciera ser un elemento modernizante en un país con problemas tan tradicionales que la posible cura podría avivar más la enfermedad que aún no hemos terminado por curar.

Bibliografía

• Barrantes, R. (2021). Gestión sostenible de recursos naturales. En Propuestas del Bicentenario. Rutas para un país en desarrollo (pp. 99-129). Debate.
• Calvo, E. (2022). Transición ecológica del Perú en su tercer siglo. En A. Castro & M. I. Merino Gómez (Eds.), Desafíos y perspectivas de la situación ambiental en el Perú: En el marco de la conmemoración de los 200 años de vida republicana (pp. 62-76). Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Naturaleza, Tierra y Energía. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/183447
• Escobar, A. (2020). 104. Transiciones civilizatorias. En A. Kothari, A. Salleh, A. Escobar, F. Demaría, & A. Acosta (Eds.), Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo (pp. 458-461). Cooperaccion / CEDIB / PDTG.
• Gudynas, E. (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Red GE / Cooperaccion / CLAES / PDTG.
• Meléndez, C. (2022). Populistas ¿Cuán populistas somos los peruanos? Un estudio empírico. Debate.
• Monge, C., Alayza, A., Gudynas, E., Centro Peruano de Estudios Sociales, & Red Peruana por una Globalización con Equidad (Eds.). (2011). Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú (1. ed). Centro Peruano de Estudios Sociales – Red Peruana por una Globalización con Equidad.
• Postigo, J. C. (2014). Efectos conceptuales del cambio climático. En W. Jungbluth (Ed.), Perú Hoy. Cambio climático. Poder, discursos y prácticas (pp. 19-33). DESCO.
• Rodríguez Garavito, C. (2017). Introducción. Los derechos humanos en el Antropoceno: Nuevas prácticas y narrativas sobre derechos humanos y medio ambiente desde el Sur Global. En C. Rodríguez Garavito (Ed.), Por un medio ambiente sano que promueva los derechos humanos en el Sur Global (pp. 11-18). Siglo Veintiuno Editores.
• Shue, H. (2023). Justicia climática. Vulnerabilidad y protección (J. Ferret Mas, Trad.). Palestra Editores.
• Stewart, F. (2014). The evolution of development thought: From growth to human development. En J. C. Orihuela & J. Távara (Eds.), Pensamiento económico y cambio social: Homenaje a Javier Iguíñiz (pp. 59-92). Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/173164
• Távara, J. (2015). El modelo primario exportador y las estrategias para el desarrollo sostenible. En Río+20. Desafíos y perspectivas (pp. 107-129). Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
  Vergara, A. (2022). Ciudadanos sin República. De la precariedad institucional al descalabro político (1ra. reimpresión). Editorial Planeta.

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En este año de 2025, Brasil tendrá la responsabilidad de ser el país sede de la COP30, la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Si las COP son momentos políticos que aumentan la atención sobre el debate de enfrentamiento a la crisis ecológica que el mundo atraviesa, no es una novedad la percepción de que los movimientos sociales y la ciudadanía activa cuestionan los términos de ese enfrentamiento. No son inusuales las repetidas cuestiones sobre cuáles son los verdaderos términos de la transición energética y si, efectivamente, hay alguna en curso.

Sin embargo, no se toma aquí una premisa de que hay una verdad a ser revelada. La idea de que estamos viviendo un consenso de la descarbonización[i] levanta la sospecha de algo que está siendo largamente documentado por sectores distintos, entre sociedad civil, movimientos sociales y academia. La idea de que el proceso de la transición energética es movilizado para articular dinámicas de acumulación y mantenimiento de expectativas de crecimiento económico y patrón de consumo en los centros y, en consecuencia, ampliar las zonas de sacrificio en las periferias, presenta las condiciones de tal consenso.

Dos maneras de articular esas ideas llaman atención. La primera, parte de la premisa que, desde el análisis histórico, los cambios en la matriz energética nunca hay resultado en una transición de matrices de energía. Un ejemplo factual es que el ingreso del petróleo en la matriz energética global, en verdad, ha impulsado las capacidades de la industria del aceite de ballena, ya que los barcos de caza si han tornado más eficientes con la propulsión a combustible, en lugar de la propulsión a viento[ii]. Ese es un ejemplo desde la idea que hay un proceso de adición de energía en la matriz, la cual nuevas fuentes se tornan parte de la matriz energética global. Sin embargo, aunque haya cambios en el porcentaje de cada tipo de fuente energía, los números absolutos muestran que hay un aumento en el consumo, solo que desde orígenes diferentes.

La segunda manera de articular esas ideas, lo que no excluye la primera, parte de la denegación del cambio climático[iii]. Desde un lugar diferente del negacionismo, la denegación comprende la existencia de una necesidad crítica en cambiar la matriz fósil de la energía global. Mientras tanto, hay una actuación activa en intentar a desplazar las actividades económicas de los impactos que generan en el metabolismo socioecológico. Hay también una vinculación naturalizada entre la reproducción económica y un pretendido realismo político de que las políticas en la mesa ya son suficientes para contener el cambio climático. De este modo, la insuficiencia de las políticas es minimizada delante la promesa de nuevas oportunidades de acumulación y la repetición del reconocimiento de la cuestión climática, ya representa la creencia de que se la enfrentó con virtuosidad – mismo que los datos más optimistas de las NDC[1] indiquen un control de la temperatura en 2.4ºC desde los niveles preindustriales.

El caso de Brasil es paradigmático de ese escenario. Los datos nacionales indican que la matriz energética brasileña tenderá a quedar más diversificada, pero no con una participación significativamente disminuida de los combustibles fósiles[iv]. Mismo que fuera suficiente el cambio en la matriz de energía, la promesa de expansión de la explotación de petróleo y gas natural, representan la garantía de emisión de una cantidad de carbono en la atmosfera que es dudosa de estar en adecuación a la capacidad de captura del carbono que es necesaria para la neutralidad.

La justificación de tener un crudo más limpio o de que el gas es una fuente fósil que puede ser vista como un combustible de transición[v], hacen parte del discurso que justifica la manutención de los mercados dependientes del carbono y garantiza el fornecimiento para nuevas brechas de acumulación que pueden surgir bajo las mismas justificativas. Por otro lado, la idea de que la producción brasileña servirá para garantizar la demanda externa[vi] reafirma la condición dependiente de la economía periférica y presagia un mundo sin transición energética y con los mismos patrones históricos de desigualdad. Lo mismo vale para el sector extractivo: la creación de zonas de sacrificio, marcadas por estrés hídrico, conflictos sociales e impactos diversos fortalece la integración subalterna a los mercados internacionales con poca realización de la promesa – siempre afirmada, casi nunca concretizada – del desarrollo económico y de una transición justa.

Otro elemento fundamental es que la principal fuente de emisiones de Brasil está en los cambios del uso del suelo y florestas[vii]. Mismo que el país no sea un gran emisor en desde el punto de vista histórico, el país es uno de los más significativos emisores anuales – y la principal parte viene de la desforestación y el uso del suelo para agricultura y ganadería. Así, el control del cambio debe llevar en cuenta que la desforestación anticipa el establecimiento de nuevas actividades emisoras. Al tener en cuenta que la desforestación avanza principalmente sobre tierras indígenas y unidades de conservación, la actividad más emisora en el caso brasileño contribuye directamente para la destrucción de las florestas como sumideros vivos de carbono y para el riesgo de genocidio de pueblos indígenas – lo que hace el racismo ambiental una premisa esencial de análisis.

Mirar la actual transición energética desde la idea del consenso de la descarbonización nos pone delante de un escenario duro: las nuevas fuentes de energía más que acompañan las fuentes fósiles, que las sustituyen; la denegación del agotamiento ecológico del planeta mira el contexto, pero se direcciona a la reproducción de las posibilidades mercantiles que el consenso presenta. Tomar la COP30 como la “COP de la verdad”, como ha dicho el presidente Lula da Silva[viii], demanda diferente comportamiento.

No hay dudas que los países del Norte Global son los grandes emisores históricos y actuales, y que a ellos debe quedar la mayor responsabilidad por el financiamiento de las acciones de mitigación, adaptación, reparación y recuperación ecológica. Eso demanda, principalmente, que los países del Sur tengan, cada vez más, capacidad de decir, como resultado de procesos amplios y democráticos, como y cuales deben ser las políticas que efectiven una transición ecosocial justa y de principios internacionalistas[ix].

Por fin, si tenemos en cuenta que las medidas y políticas brasileñas para el cambio climático son medida por el Climate Action Tracker[x] como insuficientes, y que sabemos que el contexto del agotamiento ecológico demanda más que comprender el mundo desde los límites nacionales, la “COP de la verdad” debería ser muchísimo más diferente de lo que se espera. Con la posición de un actor diplomático relevante, el Brasil debería ser más que un bueno anfitrión y agitador de la forma corriente de las políticas climáticas. Debería, en verdad, ampliar la ambición climática, actuando más activamente en el cuestionamiento de los patrones de producción y consumo, sin la apuesta de que los fósiles son el camino para el financiamiento de la transición. Si es necesario un cambio global, eso no se alcanza sin el cambio por parte de los actores – y de lo que creemos que debe orientar la política internacional.

[1] Contribuciones Nacionalmente Determinadas, en su sigla en inglés.

[i] BRINGEL, Breno; SVAMPA, Maristella. Del «Consenso de los Commodities» al «Consenso de la Descarbonización». Nueva Sociedad, [S.I.], v. 306, n. 0, p. 51-70, jul./ago. 2023

[ii] YORK, Richard; BELL, Shannon Elizabeth. Energy transitions or additions? Energy Research & Social Science, [S.L.], v. 51, p. 40-43, maio 2019. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2019.01.008.

[iii] SANDRIN, Paula. EU and Brazil in the International Circuits of Disavowal of Climate Crisis. In: HOFFMANN, Andrea Ribeiro; SANDRIN, Paula; DOUKAS, Yannis E. (ed.). Climate Change in Regional Perspective. Cham: Springer, 2024. p. 169-184.

[iv] BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. Ministério de Minas e Energia. Plano Decenal de Energia 2034. Brasília: MME/EPE, 2024a. 579 p.

[v] BELLO, André et al. Neutralidade de Carbono até 2050: cenários para uma transição eficiente no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), 2023. 108 p.

[vi] Ibid.

[vii] TSAI, David et al. Análise das Emissões de Gases de Efeito Estufa e suas Implicações para as Metas Climáticas do Brasil – 1970-2023. [S.I.]: Observatório do Clima, 2024. 49 p.

[viii] BRASIL. Palácio do Planalto. Presidência da República. Presidente Lula fala em inauguração de usina de gás natural no Porto de Açu. 2025b. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2025/07/presidente-lula-fala-em-da-inauguracao-de-usina-de-gas-natural-no-porto-de-acu. Acesso em: 29 ago. 2025.

[ix] BRINGEL, Breno; FERNANDES, Sabrina. Hacia un nuevo internacionalismo ecoterritorial. In: LANG, Miriam; BRINGEL, Breno; MANAHAM, Mary. Mas allá del colonialismo verde: justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales. Ciudad de Buenos Aires: CLACSO, 2023.

[x] CLIMATE ACTION TRACKER. Brazil. 2024. Disponível em: https://climateactiontracker.org/countries/brazil/. Acesso em: 30 ago. 2025.

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Mientras el Ministerio de Energía y Minas, MARN, registra unas 319 licencias de explotación y 18 de exploración extendidas por la Dirección General de Minería en Guatemala, se incrementa la confrontación entre las fuerzas de seguridad y la población indígena y campesina. Por otra parte, se estima que la expansión de plantaciones de aceite de palma, que alcanza las 180,000 hectáreas a nivel nacional, producen anualmente 800,000 toneladas de aceite crudo de palma, de las cuales se consumen más de 278 mil en diversos alimentos y productos y el resto es para la exportación.

El Censo Nacional de Población, practicado en Guatemala en 2018, revela una estimación de 16 millones 356,950 habitantes en 21 departamentos, con 22 idiomas mayas, garífuna y xinca. Según investigaciones de organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil, el 56% de la población vive en situación de pobreza, de la cual un 16.2% afronta pobreza extrema. Esto significa que más de la mitad de la población recibe ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, principalmente en el área rural y cinturones urbanos de pobreza.

En ese contexto, la explotación de la minería de metales en Guatemala está determinada por el poco espacio para la discusión, negociación y vinculación entre actores; el incremento en la tensión social, pues las comunidades alegan ilegalidad y violación de los derechos humanos; y la poca capacidad de respuesta de un marco normativo incompleto que amplifica los niveles de incertidumbre y riesgo.

En los últimos disturbios registrados el 19 de junio de 2025, entre la población de San Antonio Sejá, Livingston, Izabal, y agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, en rechazo a la minería, las fuerzas de seguridad desalojaron a población mestiza, Garífuna y Q’eqch’i, con exceso de acciones violentas mediante el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, agresión y uso desmedido de la fuerza policial.

El enfrentamiento se produjo cuando representantes indígenas y campesinos de 54 comunidades de la sierra Santa Cruz, buscaron suspender la aprobación de licencias extendidas a favor de dos proyectos de explotación y ocho de exploración que no cuentan con el respaldo del MARN. Esos proyectos inciden sobre el impacto ambiental por la actividad minera en la sierra Santa Cruz, fuente de agua que abastece a esas comunidades.

Las empresas dedicadas a la explotación y procesamiento de níquel y ferroníquel (aleación de hierro y níquel) están ubicadas en los municipios de El Estor y Los Amates, Izabal, sobre el Caribe de Guatemala, punto focal de confrontación que produce enfrentamientos entre policías e indígenas mayas que se oponen a la extracción de minerales.

Durante una década, los conflictos han dejado muertos y heridos, como resultado de desalojos violentos realizados contra dirigentes comunitarios, comunidades y periodistas comunitarios.

La actividad minera en Guatemala se realiza bajo la protesta de organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas, que se oponen a la explotación de minerales y a la construcción de megaproyectos considerados una amenaza para los bienes naturales.

Este es uno de los casos que se registran también por operaciones de la industria extractiva que se extienden a los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Guatemala, Santa Rosa, Izabal, comunidades del Pacífico del país.

Piden suspender el otorgamiento de licencias mineras e iniciar proceso de consulta social para determinar el futuro de la minería y su regulación

Pese a la oposición de la élite empresarial en Guatemala, aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organizaciones civiles indígenas y campesinas recomiendan suspender el otorgamiento de licencias mineras.

La recomendación se fundamenta sobre la premisa de que los proyectos mineros tienen un ciclo de vida limitado, que cuentan con diferentes etapas y no se reducen únicamente a la explotación de los minerales. Por el contrario, una de las etapas más importantes de este tipo de proyectos es su fase de rehabilitación y cierre, cuya buena gestión depende la minimización de los impactos que puedan generarse en materia ambiental, social y económica en las actuales y futuras generaciones.

En Guatemala existen más de 20 licencias activas para la extracción de metales como níquel, cobre, plata y petróleo, que forman parte de las 345 licencias mineras activas, la mayoría de ellas para explotar arena y piedra, de acuerdo con datos del Observatorio de Industrias Extractivas.

En este contexto, es habitual la oposición de comunidades indígenas hacia los proyectos mineros instalados sin consulta previa, como es el caso de la mina de plata El Escobal, propiedad de la canadiense Pan American Silver, cuya actividad está suspendida por un litigio y ha sido acusada de generar niveles peligrosos de arsénico en las fuentes de agua.

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León ha iniciado recientemente un proceso de certificación para actualizar los estándares de las firmas mineras activas en Guatemala y determinar la cancelación de licencias que incumplan requisitos en materia de derechos humanos y cuidado ambiental.

Los principales minerales explotados son oro, plata, níquel, cobalto, cromo, jade, mármol, petróleo, cobre, plomo, zinc, antimonio, tierras raras, cadmio, hierro, platino, caliza, caliza dolomítica, esquisto, ceniza volcánica, y otros.

Deterioro del suelo y pérdida de cobertura natural, impulsadas por  actividades de la industria extractiva y monocultivos de la palma de aceite

A los efectos nocivos que produce la industria extractiva sobre el ser humano, la economía, y el medio ambiente, hay que agregar la explotación y expansión de la industria del monocultivo, con énfasis en la producción de aceite de palma. La palma africana es promocionada por la Gremial de Palmicultores de Guatemala, GREPALMA, como un cultivo amigable con el medio ambiente y con altos rendimientos por hectárea.

Sin embargo, los cultivos como el maíz o el frijol tienen más altos rendimientos por hectárea. Guatemala es el noveno país exportador de aceite de palma a nivel mundial. Según estudios recientes, cerca del 85% del aceite de palma producido en Guatemala en unas 180,000 hectáreas, se exporta principalmente a México y algunos países europeos. Y si bien el uso alimenticio sigue siendo el más importante, también cubre la gran demanda de materia prima para elaborar agro combustibles y, las importaciones cada vez mayores desde Europa, sugieren que una buena parte del aceite crudo exportado se destina a ese fin.

Los nuevos megacultivos para la producción de aceite industrial y agro combustibles, constituyen un eje fundamental del nuevo modelo de acumulación, conjuntamente con los megaproyectos y las operaciones extractivas de gas, petróleo y minerales.

El modelo de acumulación sigue dependiendo de la demanda de los exportadores tal como ha sido históricamente, y las familias propietarias de la tierra juegan un papel subordinado en este modelo globalizado.

Hay la expansión del mercado internacional de los agrocombustibles y de los precios; la globalización de los recursos energéticos y las nuevas fuentes energéticas, en donde están los agrocombustibles.

En Guatemala no se produce aún agrocombustibles en cantidades comerciales, pero ya se comercializa para los ingenios y las empresas productoras. Sin embargo, sí se refina y la tendencia es vincularse a circuitos mundiales de producción de agro combustibles.

Grepalma informa que operan plantaciones de aceite de palma en extensas regiones de Raxruhá, Alta Verapaz; Poptún, Petén; en San Marcos, Izabal, y otras regiones.

Efectos nocivos que produce la explotación de minerales pesados y monocultivos

Los metales pesados que se encuentran en los desechos de las minas pueden infiltrar las aguas que son utilizadas y consumidas directa e indirectamente por los seres humanos, y dañar gravemente su salud. Una intoxicación causada por el arsénico se manifiesta con náuseas y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal, fragilidad capilar y una sensación de hormigueo en las manos y los pies.

Además, la exposición prolongada al plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, y en particular puede producir un deterioro del sistema nervioso.

Por otra parte, respirar niveles altos de cadmio puede dañar gravemente los pulmones. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy elevados produce irritación grave del estómago, causando vómitos y diarrea. La exposición prolongada a niveles más bajos de cadmio en aire, alimentos o agua produce la acumulación de este metal en los riñones y puede derivar en enfermedades renales. Otros posibles efectos de la exposición prolongada consisten en daños al pulmón y fragilidad de los huesos.

La ingestión de grandes cantidades de zinc, aún durante un breve periodo de tiempo, puede causar calambres estomacales, náuseas y vómitos; y si se ingieren durante un periodo prolongado, resulta en anemia y en una disminución de los niveles del tipo de colesterol que es beneficioso para el cuerpo humano. Es frecuente la irritación de la piel si existe contacto con el zinc.

Las plantaciones de palma aceitera generan pobreza y aumento de la violencia en los territorios porque las áreas donde las empresas promueven la expansión de las plantaciones, en muchos casos chocan con territorios donde las comunidades han desarrollado sus vidas con base en la agricultura y otras actividades de subsistencia. Asimismo, incumplen el pago del salario mínimo para el campo, generan desempleo, comunidades incomunicadas, acaparamiento de tierras por los palmicultores, y obstaculizan el acceso a centros de salud y escuelas.

Deforestación masiva, acaparamiento ilegítimo de los territorios, contaminación, destrucción de las fuentes de agua necesarias para desarrollar la agroecología y agricultura de subsistencia son algunos de los impactos. Además, las mujeres sufren de manera desproporcionada estos impactos, siendo ahora las principales víctimas del modelo de producción de este monocultivo porque se multiplican las enfermedades que sufre la piel, el sistema digestivo, el sentido de la vista, y otros.

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La transición energética en América Latina enfrenta un panorama complejo, marcado por la dependencia de combustibles fósiles, el extractivismo intensivo y los retos de gobernanza en la explotación de minerales críticos. Según informó la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) durante el conversatorio “Retos y Propuestas desde América Latina para la Construcción de una Transición Energética Justa”, expertos de la región analizaron las implicancias de este proceso en un contexto global y regional que exige cambios estructurales profundos.

El director ejecutivo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), Hugo Che Piu, destacó que la transición energética no puede reproducir las mismas prácticas extractivas que han contribuido al cambio climático. En su intervención, señaló que el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un 10% de aranceles adicionales al Perú, refleja cómo las decisiones económicas globales afectan directamente a la región. Según indicó, América Latina sigue siendo dependiente de las potencias globales consumidoras de recursos fósiles, lo que perpetúa su vulnerabilidad económica y ambiental.

El experto subrayó que la extracción de minerales críticos, esenciales para la transición, plantea nuevos desafíos. “¿El cambio climático se va a ver a la vez repitiendo las prácticas extractivas y de explotación que justamente lo causan?”, cuestionó, aludiendo a los conflictos comerciales y bélicos que podrían surgir en torno a estos recursos. Además, enfatizó la importancia de generar reflexiones desde América Latina, en lugar de depender exclusivamente de perspectivas del norte global.

Dependencia fósil y consumo energético en la región

Ariana Escalante, de la organización Fundar de México, precisó que aunque se han promovido normativas para la extracción de minerales estratégicos destinados a tecnologías renovables, como paneles solares, el consumo de combustibles fósiles no ha disminuido. Por el contrario, se ha duplicado en los últimos años, lo que pone en duda la efectividad de las políticas actuales.

Además, subraya que una transición energética no debe limitarse a una simple sustitución tecnológica. Cambiar combustibles fósiles por energías renovables sin cuestionar los modelos de negocio y las estructuras económicas subyacentes perpetúa desigualdades y no garantiza una transición justa.

Por su parte, Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo de Bolivia, abordó la alta dependencia de América Latina de los combustibles fósiles, tanto en producción como en consumo. Según Velásquez, en 2020, el 82% del consumo energético mundial seguía proviniendo de fuentes fósiles, con el petróleo, el carbón y el gas natural como los principales protagonistas. En la región, el transporte es el sector que más energía consume, con una fuerte dependencia del diésel.

Velásquez explicó que, aunque algunos países de la región producen hidrocarburos, otros, como Chile, dependen de las importaciones para abastecer sus centrales termoeléctricas. Además, destacó que Brasil y Argentina están incrementando su producción de petróleo y gas natural, respectivamente, con miras a convertirse en grandes exportadores. Brasil, por ejemplo, planea duplicar su producción de petróleo para 2030, mientras que Argentina registra un crecimiento del 50% en su producción de gas natural, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.

En contraste, Bolivia, que alguna vez fue considerado un centro energético regional, enfrenta una caída significativa en la producción de gas natural y líquidos, lo que lo ha llevado a depender de importaciones. Velásquez subrayó que, sin cambios fundamentales en las matrices energéticas nacionales, la región continuará demandando combustibles fósiles, perpetuando su dependencia.

Telye Yurisch, economista de la Fundación Terram en Chile, centró su análisis en la relación entre la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos. Según Yurisch, esta situación podría desencadenar una nueva fase de extractivismo intensivo, con impactos significativos en los territorios y las comunidades locales, especialmente en áreas indígenas.

El economista advirtió que la gobernanza minera en la región presenta serias debilidades, lo que dificulta una explotación sostenible de recursos como el litio, el cobre y el cobalto. En el caso de Chile, que posee las mayores reservas de litio en el Salar de Atacama y es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, la institucionalidad minera no está preparada para gestionar la creciente demanda de estos minerales.

Los riesgos de corrupción en la industria, citados en estudios de la Fundación Terram, identifican múltiples vulnerabilidades en la explotación del litio. Empresas como SQM, que firmó un acuerdo con Codelco para explotar el Salar de Atacama durante 30 años más, han sido señaladas por prácticas cuestionables. Además, la explotación de litio en Chile, Bolivia y Argentina, basada en procesos de evaporación, genera un alto consumo de agua y afecta ecosistemas frágiles como los salares.

RLIE: hacia una narrativa desde el sur

El panel, que contó con la participación de Alejandra Alayza, directora de Oxfam Perú; Vitor de Souza, analista del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase); César Flores, economista de CooperAcción; Ariana Escalante, investigadora de FUNDAR; y Juan Luis Dammert, sociólogo del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI), coincidió en la necesidad clave de construir una narrativa regional sobre la transición, que priorice la sostenibilidad y la justicia social, en un entorno donde los minerales críticos han sido definidos por los centros industriales del norte global, sin considerar las perspectivas de las comunidades y los Estados proveedores.

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• En el contexto de la guerra en Ucrania, las perspectivas económicas generales para América Latina son malas. Sin embargo, los países ricos en recursos naturales recibirán ingresos extraordinarios por el alza en los precios de los commodities.
• La coyuntura de precios altos ha llevado a tomar decisiones que podrían profundizar la dependencia de los combustibles fósiles en el largo plazo, a través de anuncios de incrementos en la producción, nuevas inversiones y subsidios a los combustibles a nivel doméstico.
• Esta situación podría ralentizar las agendas de transición energética doméstica, pero los problemas que genera la dependencia de los combustibles fósiles también podrían ser una oportunidad para promover inversiones en energías renovables.
• Las ganancias extraordinarias de este periodo deberían ser utilizadas para financiar la transición energética y la diversificación productiva.
• Ni esta ni ninguna otra coyuntura justifica la reducción de estándares de gobernanza en el sector extractivo.

Introducción

Este documento analiza el impacto de la guerra en Ucrania sobre las perspectivas estratégicas y los desafíos de gobernanza de la actividad extractiva en América Latina, con énfasis en la situación de Colombia, México y Perú. El análisis nos lleva a matizar el entusiasmo que han tenido algunos actores en la región respecto a las potenciales ganancias generadas por la exportación de recursos naturales. Estas ganancias se dan en un escenario de reducción en las perspectivas de crecimiento, encarecimiento del crédito, menores tasas de inversión extranjera directa, así como al aumento de la inflación y presión fiscal para subsidiar los combustibles y alimentos.

En este contexto, discutimos tres desafíos estratégicos para la gobernanza de recursos naturales: la profundización de la apuesta por los combustibles fósiles y la ralentización de las perspectivas de transición energética; la necesidad de planificar estratégicamente el uso de los recursos extraordinarios que traen los ciclos de precios altos para los exportadores de materias primas; y la importancia de reforzar los sistemas de gobernanza para evitar el debilitamiento de estándares que regulan la actividad extractiva.

Desde antes del inicio de la guerra en Ucrania, la economía global ya enfrentaba las secuelas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. La guerra ha complicado aún más el comercio internacional, profundizado las tendencias inflacionarias y el aumento de los precios de los commodities, especialmente los vinculados a la energía y los alimentos. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de commodities, entre los que destacan el petróleo, el gas, el mineral de hierro, níquel, aluminio, carbón, granos y fertilizantes. De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la guerra en Ucrania puede provocar un “huracán de hambre” y colapsar el sistema alimentario global. Las disrupciones en la cadena de suministro traerán mayor inflación y afectarán la recuperación económica global. Además de los impactos humanitarios, económicos y geopolíticos de la guerra, hay potenciales impactos ambientales, principalmente vinculados al cambio climático, en tanto la guerra está alterando las perspectivas del consumo de combustibles fósiles y podría complicar aún más la transición energética global.

Instituciones como Goldman Sachs y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han indicado que la guerra de Ucrania impactará el desempeño económico de América Latina: las tasas de crecimiento serán menores y las tasas de interés y de inflación serán cada vez más altas para la región. Los próximos años muy probablemente serán de inestabilidad financiera y declive de la inversión privada. A pesar de los potenciales ingresos elevados por la subida de precios de las materias primas, los costos más altos de la energía y los alimentos podrían debilitar considerablemente las perspectivas de estos países. Más aún, el impacto al interior de los países no será homogéneo y habrá sectores que se beneficiarán —como los exportadores de recursos—, mientras otros se perjudicarán —como posiblemente los productores de alimentos destinados al mercado local—.

Ganancias extraordinarias en un contexto económico adverso

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings revisó sus proyecciones sobre los precios de los minerales y combustibles fósiles por la situación en Ucrania, mostrando, en general, un aumento a corto plazo en los precios, pero una recuperación en las tendencias originales en el mediano y largo plazo. En el caso de la minería, en términos generales, los principales metales y minerales tendrán cotizaciones más altas que lo esperado en el 2022 y 2023. Pero las proyecciones se mantienen iguales para el 2024 y para el largo plazo. En el caso del cobre, sin embargo, la proyección de precios a largo plazo sí se actualizó al alza, debido al rol de este metal en las estrategias de descarbonización global. El carbón térmico, por su parte, aumentó radicalmente sus proyecciones de precios incluso hasta el 2025, pero mantiene una tendencia a la baja en el largo plazo, precisamente por la perspectiva de declive del consumo de carbón debido a sus altas emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del petróleo y el gas, la misma calificadora proyecta que los precios serán altos entre el 2022 y 2024; luego de este periodo se mantendrá la tendencia a la baja.

En América Latina, los países ricos en recursos naturales tendrán mayores ingresos por el aumento de precios de los commodities que exportan. Las dinámicas varían según el tipo de recurso. Así, por ejemplo, los productores de cobre como Chile y Perú se beneficiarán por las perspectivas de largo plazo de este mineral, aunque en un contexto de inflación y precios altos de la energía, los costos de producción son también más altos. En el caso de Colombia, la principal exportación minera es el carbón, que tiene una proyección de precios al alza en el corto plazo, aunque de declive en el mediano y largo plazo. Este país se beneficiará también por los precios altos del níquel. En el caso de la minería en Brasil es importante destacar que este país es un exportador muy importante de mineral de hierro que también está experimentando un ciclo al alza.

En el caso de los exportadores de petróleo también hay expectativas de incremento de ingresos por el alza de precios. Este es el caso de países como Brasil, México, Colombia, Ecuador y Venezuela, además de las importantes perspectivas de exportación de Guyana. A pesar de las dificultades estructurales que enfrentan, las empresas petroleras estatales de la región tienen un nuevo impulso en el contexto de precios altos.

En México, de acuerdo con información de Grupo Brattle, los ingresos adicionales por las exportaciones de crudo a US $100 por barril de petróleo llegan aproximadamente a 284 millones de dólares cada semana. La mayor parte de estos recursos los recibe Pemex que, al ser la empresa petrolera más endeudada del mundo, se ve obligada a utilizar estos ingresos extraordinarios para mejorar su situación financiera y reducir su deuda.

En Perú, la empresa estatal Petroperú enfrenta una crisis interna que ha generado que calificadoras de riesgo como Fitch y S&P Global Ratings reduzcan su calificación crediticia y se discuta una posible quiebra de la compañía. Recientemente, sin embargo, hubo un cambio en el liderazgo de la empresa y entró en operaciones la nueva refinería de Talara, que podría darle un nuevo aire a Petroperú. En el caso de Colombia, Ecopetrol tuvo ganancias récord en el 2021. La proyección es que en el 2022 repunten las inversiones en hidrocarburos, tanto públicas como privadas, en un contexto de producción decreciente por la falta de nuevos hallazgos de yacimientos importantes, que está a su vez empujando a mayor exploración en proyectos offshore.

El contexto de precios altos de los combustibles fósiles también genera retos en términos de la demanda doméstica de combustibles. El incremento en los precios afecta especialmente a los países importadores netos de petróleo y combustibles —como Perú—, pero también a los países productores que tienden a subsidiar o implementar exoneraciones para beneficiar el consumo doméstico, como México y Colombia.

En el caso de México, el Gobierno ha otorgado estímulos fiscales a los refinadores e importadores de gasolina, para que lo acrediten contra otros impuestos por cada litro vendido. De acuerdo con diferentes analistas mexicanos, en coyunturas pasadas de precios altos ya ha ocurrido que las exoneraciones y subsidios han terminado siendo mayores que los ingresos petroleros adicionales estimados. Al ser México un importador neto de combustibles, una de las inversiones más importantes del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la refinería de Dos Bocas. Esta refinería tiene como objetivo que México pueda reforzar su seguridad energética en tanto permitirá refinar el petróleo domésticamente y no depender de la importación de combustible.

Como ha quedado claro a nivel mundial, los precios domésticos de los combustibles son un factor político muy delicado. En México, las medidas buscan proteger la capacidad adquisitiva de los hogares mexicanos, precisamente en un contexto político de proceso de revocación de mandato y las elecciones en seis estados. En Colombia, un sinceramiento de los precios de la gasolina podría tener consecuencias sociales imprevistas, considerando los recientes estallidos sociales y contexto electoral que vive este país. En el caso peruano, una huelga de transportistas asociada con los altos precios de los combustibles puso en una situación particularmente precaria al Gobierno de Pedro Castillo a comienzos de abril de este año. En este contexto, el Gobierno peruano decidió incluir varios combustibles —como la gasolina de 90 octanos, el diésel y el gas licuado de petróleo a granel— en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), además de exonerar del impuesto general a las ventas a varios productos de la canasta básica alimentaria.

Nuevo entusiasmo por profundizar la extracción

En este contexto de perspectivas económicas sombrías, la extracción de recursos naturales aparece, nuevamente, como la mejor opción para países que históricamente se han dedicado a esta actividad. Este es un fenómeno mundial. En África, por ejemplo, la guerra en Ucrania y el bloqueo al gas ruso generó expectativas para que este continente provea de gas a Europa, a pesar de que no es realista pensar que esto será factible en el corto plazo. En América Latina se ha producido un entusiasmo similar, ya sea por las oportunidades de ganancia con precios altos o por el resurgimiento de la agenda de seguridad energética, con anuncios de nuevas inversiones petroleras en países como Argentina y Ecuador.

En Colombia, el entusiasmo se ha expresado tanto respecto de las perspectivas del petróleo como del carbón, las dos exportaciones más importantes de este país. A raíz del alza de precios del petróleo que generó la guerra en Ucrania, el gremio petrolero espera que la industria tenga mayor dinamismo, con mayores inversiones en exploración y en el desarrollo de fuentes no convencionales —como el fracking— y las inversiones offshore —actividades que han generado resistencia de diferentes actores en Colombia—. Más aún, de acuerdo con declaraciones del presidente Iván Duque tras una visita a Estados Unidos, Colombia se propone incrementar su producción desde aproximadamente 800 mil a 1 millón de barriles diarios de petróleo. En tanto, el petróleo es la exportación más importante de Colombia y su contribución al sistema de regalías es de aproximadamente un tercio del total, un incremento del precio internacional tiene un impacto profundo en la economía política del país.

El incremento abrupto en el precio del carbón también ha revivido el entusiasmo por esta industria en Colombia, complicando las discusiones sobre una transición para el carbón en las regiones productoras, que se intensificó cuando Prodeco anunció el cierre de sus operaciones en Cesar. El cambio en las perspectivas del carbón está directamente ligado con la guerra en Ucrania, pues, según algunos analistas, el veto al carbón ruso ha reabierto las puertas para el carbón colombiano en la Unión Europea. El carbón podría sustituir también parte del consumo europeo de gas proveniente de Rusia. Esta es una alternativa relativamente rápida y directa, en tanto países como Alemania no han cortado del todo su consumo de carbón, sino que incluso han reabierto plantas de carbón en el contexto de la guerra. La nueva coyuntura está revirtiendo la tendencia al declive del carbón, al menos en el corto plazo, lo cual supone un nuevo impulso a la industria carbonífera colombiana.

En México, el contexto de la guerra ha favorecido a las mineras que ya vienen operando, debido al buen desempeño de la plata, el cobre y el oro, entre otros. En el caso del petróleo, el incremento de precios ayuda a Pemex a enfrentar sus problemas de deuda, pero esto no implica necesariamente incrementar la producción sino, posiblemente, revisar su decisión de reducir las exportaciones. En diciembre de 2021, el director de Pemex señaló que la empresa reduciría sus exportaciones en 2022 y dejaría de exportar crudo para el 2023, pues el objetivo de la administración es la soberanía energética. Sin embargo, ahora se está reconsiderando esa promesa por el aumento en el precio del petróleo y los ingresos adicionales que permiten subsidiar el consumo doméstico de combustibles. Las Secretarías de Energía y Hacienda están llevando a cabo un análisis detallado para determinar si cambia esta política.

En el caso peruano, la discusión pública en los últimos meses ha estado marcada por las preocupaciones inflacionarias, especialmente en los precios de la energía y los alimentos. Perú es un país que exporta diferentes productos mineros, varios de los cuales están en un ciclo de precios al alza como el cobre, plata, oro, zinc, estaño y hierro. Sin embargo, también hay conciencia de que el alza en el precio del petróleo golpeará la estructura de costos del sector. A esto se suman los conflictos sociales recurrentes en varias minas del país, como por ejemplo las del corredor minero del Sur. La alta conflictividad, sumada a la baja confianza empresarial en el Gobierno de Pedro Castillo y el deterioro institucional —entre otros, en el sector Energía y Minas—, ha traído una ralentización de las inversiones mineras en el país. En este contexto, según Fitch Ratings en una nota recogida por el Diario Gestión, los directorios de mineras extranjeras no han aprobado nuevos proyectos en Perú.

Por otro lado, el 12 de abril empezaron las pruebas de la nueva refinería de Talara, que tiene previsto estar en pleno funcionamiento hacia fines de 2022. El Gobierno peruano ha sido prudente al no prometer rebajas en los precios gracias a la nueva refinería, aunque sí ofrece precios más competitivos al mercado mayorista y combustibles más limpios para el mercado local.

En el contexto de la guerra en Ucrania y los desafíos de seguridad energética que genera, el Gobierno peruano ha expresado intenciones de incrementar su producción petrolera, de la mano de la empresa estatal Petroperú, principalmente en la Amazonía del país. Petroperú está definiendo los detalles para participar en la extracción de petróleo en el Lote 192, el más grande del país, pero también el que ha sufrido mayor número de derrames.

Esta situación ha llevado a una larga historia de conflictos con pueblos indígenas del departamento amazónico de Loreto y del oleoducto norperuano que transporta el petróleo extraído hasta la refinería de Talara, en la costa norte del país. Además, la petrolera estatal tiene previsto ser socio en una serie de lotes que, en principio, retornarían a Petroperú en los próximos años al vencer sus contratos, aunque esto genera resistencias y pugnas con el sector privado, que se expresan también en el Congreso de la República. A este nuevo impulso al petróleo se añade la decisión política del Gobierno de masificar el consumo del gas de Camisea en el país, lo cual implicaría también aumentar las reservas de gas natural, en este caso, de la Amazonía del Cusco.

Desafíos estratégicos para la gobernanza de recursos naturales

La disrupción ocasionada por la guerra influye en las dinámicas políticas y desafíos de gobernanza preexistentes en cada país. A nivel regional, los problemas que ya atravesaba América Latina en términos de gobernanza de recursos naturales, como por ejemplo la reprimarización de las exportaciones, los problemas en manejos corporativos en las empresas petroleras estatales, los escasos avances en términos de transición energética doméstica y los altos niveles de conflictividad asociados con la actividad extractiva se intensifican en un contexto de precios altos y la consiguiente presión por profundizar la agenda extractiva.

Si bien los escenarios de los países analizados varían, un elemento constante es la profundización de la apuesta por los combustibles fósiles. Esto se repite en Colombia, México, Perú y muchos otros países de la región y el mundo. Es importante, sin embargo, que estas perspectivas de precios en el corto plazo no definan las estrategias de las compañías en el largo plazo. Existe evidencia de que los contextos de precios altos incentivan a que las empresas petroleras públicas hagan apuestas arriesgadas en términos de nuevas inversiones que en un futuro de transición energética global podrían no ser viables. El entusiasmo por los combustibles fósiles se da en momentos en los que los científicos y activistas demandan con mayor intensidad la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El mensaje es claro: si no hay acción inmediata y profunda, no conseguiremos el objetivo de reducir el calentamiento global a 1.5°C. Y si bien el consumo de combustibles fósiles no parará de la noche a la mañana, habrá que discutir criterios globales para permitir que países en desarrollo tengan la prioridad en la extracción, pero sin promover nuevos proyectos exploratorios. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la obsesión por conseguir petróleo en el corto plazo puede incrementar la dependencia en el largo plazo y podría también llevar a incumplir las metas climáticas. Sobre el apoyo de países del G20 al consumo de carbón en el contexto de la guerra, Guterres indicó que “Su apoyo al carbón podría no solo costar al mundo sus objetivos climáticos. Es una inversión estúpida”.

El renovado impulso a los combustibles fósiles está asociado al incremento de precios que, como vimos, es un factor de corto plazo, y a preocupaciones por la seguridad energética. Los gobiernos deben considerar las perspectivas de mediano y largo plazo en su toma de decisiones. En el largo plazo se espera un declive del consumo de combustibles fósiles y un aumento en el mercado de las energías renovables. Esto se debe a las consideraciones climáticas, pero también a los problemas de volatilidad en el precio del petróleo, las trabas en la cadena de suministro de los combustibles fósiles y la asociación del petróleo con regímenes autoritarios y cleptocráticos.

Las energías renovables también han tenido un aumento de precios en esta coyuntura. Esta también es una dinámica de corto plazo, en tanto las renovables ya son una opción económica más barata que los combustibles fósiles y la tendencia de largo plazo es que la transición hacia las renovables signifique un ahorro para los países. En el caso de América Latina, el avance de las renovables varía entre los diferentes países, pero está claro que se requieren políticas activas y desarrollo de marcos regulatorios claros para fomentar estas fuentes de energía. La transición hacia las renovables supone también oportunidades de inversión en nuevas tecnologías. La profundización de la agenda de consumo de combustibles fósiles hace más lento el avance de las renovables en la región.

En este contexto, una discusión pública relevante es cómo utilizar los recursos extraordinarios que traen los precios altos de los recursos no renovables. Como vimos, las perspectivas económicas son en general malas y, además, buena parte de estos recursos se van en estabilizar los precios de los combustibles a nivel doméstico. Insistir en inversiones que profundicen la dependencia hacia los combustibles fósiles, como es el caso de México, Colombia y Perú en diferentes fórmulas y condiciones, no es una estrategia sostenible en el mediano y largo plazo. En cambio, las ganancias extraordinarias deben utilizarse para financiar estrategias de transición energética y diversificación productiva.

Finalmente, en un contexto de precios altos, aumentan las presiones para expandir la frontera extractiva. Las presiones para desarrollar proyectos mineros en tierras indígenas en Brasil, los proyectos petroleros offshore y el fracking en Colombia, así como la agenda de aumentar las reservas del gas en la Amazonía peruana son ejemplos en esta dirección. En la perspectiva de los promotores de las actividades extractivas, siempre es buen momento para darle facilidades al sector: cuando los precios están bajos para evitar pérdidas, cuando los precios están altos para asegurar ganancias. Ninguna coyuntura justifica la reducción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza para el sector extractivo.

Juan Luis Dammert es director de Natural Resource Governance Institute (NRGI) en América Latina. Fernanda Ballesteros es responsable de país de NRGI para México. Anna Cartagena es oficial de Comunicaciones de NRGI para América Latina. Ana Carolina González Espinosa es directora senior de programas de NRGI. Fernando Patzy es oficial senior de NRGI para América Latina. Juliana Peña Niño es oficial senior de NRGI para América Latina

Los autores agradecen los comentarios de Antonio Hill y Andrea Furnaro (NRGI) a una versión previa de este documento. Asimismo, a los miembros de la Plataforma para una Reactivación Sostenible en Perú y Colombia (PLARS) y a Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis, quienes participaron de una mesa de discusión luego de una presentación sobre este tema en Bogotá en marzo de 2022.

Primera foto: sundem/Pixabay
Segunda foto: Parilov/Shutterstock

Más información: https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/guerra-en-ucrania-desafios-estrategicos-para-la-gobernanza-extractiva-en-america-latina

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Nota de Prensa
Rumbo a la COP26 ¿existe una transición
justa y sustentable en América Latina?

El último informe, de agosto de 2021, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alerta que las evidencias sobre los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos, en algunos casos irreversibles y se han intensificado de tal forma que no existen precedentes en miles de años.

En este escenario la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) organizan el debate virtual: Transición energética: ¿justa y sustentable para América Latina?, a desarrollarse en dos jornadas, la primera el 31 de agosto y la segunda el 2 de septiembre, de 16:00 a 18:00 (hora Bolivia). En las mismas se abordarán temas referidos a la transformación energética regional en el actual escenario de crisis estructural, profundizada por la emergencia sanitaria y los efectos desiguales del calentamiento global y las posibles implicancias en la economía de los países y en particular en los sectores de energía y minería.

El objetivo de estos espacios, con miras a la COP26 auspiciada por Naciones Unidas, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, en noviembre de este año, busca visibilizar y debatir sobre el paradigma de la “transición energética global” planteada como respuesta central para enfrentar el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible. Se analizará la transición energética considerando las diversas miradas e intereses que son parte del estrecho vínculo entre el modelo de desarrollo, energía, recursos naturales y territorio.

Esta problemática se encuentra frente a un permanente debate de organismos internacionales e instituciones multilaterales que expresan que la crisis económica, la crisis climática y el escenario de reactivación económica podrían ser para América Latina “una ventana de oportunidades para plantear acciones y propuestas climáticas para una recuperación verde”, con el riesgo que esta propuesta verde sea una nueva agenda de extracción de recursos naturales que se expanda espacialmente e implique nuevos recursos energéticos y  minerales,  ignorando la devastación generada por el desarrollo de agrocombustibles, hidroeléctricas y la minería.

A partir de este escenario, desde la sociedad civil se plantea la necesidad de construir una alternativa o “transición justa” y un “nuevo modelo energético” que enfrente al riesgo de un intercambio desigual de un nuevo ciclo de reprimarización de nuestras economías para la transición o transiciones de países industrializados liderada por las corporaciones y empresas.

Jornadas de debate

Las jornadas de análisis contarán con la participación de expertos de Latinoamérica en materia energética y minera, quienes desarrollarán sus intervenciones bajo la interrogante de si la transición energética planteada es ¿justa y sustentable en América Latina?

El 31 de agosto se desarrollará la primera jornada con la temática ¿la matriz energética regional es sustentable y socialmente justa? En este espacio se analizará la evolución y situación actual de la matriz energética regional, que permitirá conocer la generación, la transformación y el consumo de energía en la región, además de avanzar en la lectura sobre la realidad de una posible transición energética de países caracterizados por menores emisiones históricas de carbono, pero dependientes de la renta de las industrias extractivas y con escaso desarrollo tecnológico. Estarán presentes investigadores de Argentina y Bolivia.

La segunda jornada se realizará el 2 de septiembre, en la cual se debatirá la temática: minerales y otros materiales estratégicos para la transición energética, en la que se expondrán investigaciones sobre tierras raras y niobio en Brasil, molibdeno en Chile y Perú, madera balsa en Ecuador y níquel en Bolivia, con el fin de avanzar en el debate sobre la situación y los riesgos de un potencial nuevo escenario de suministro de minerales y otros materiales determinados como estratégicos para la transición energética de economías industrializadas y materiales críticos o esenciales para el funcionamiento y desarrollo de su industria. Todo esto frente a la situación de las políticas nacionales de industrialización y desarrollo tecnológico de los sectores de minería y energía hacia una transformación económica y energética regional en América Latina y en cada país.

Cada jornada virtual será transmitida por las plataformas de la RLIE y el CEDLA, las mismas que contarán con rondas de preguntas y un posterior debate sobre las distintas problemáticas planteadas en este evento.

La RLIE, conformada por 12 organizaciones de ocho países latinoamericanos, se propone ampliar el debate en la sociedad sobre el papel, las alternativas y los posibles riesgos para América Latina en el escenario actual de transición energética global, frente a la necesidad y las posibilidades de una transformación energética regional justa y sustentable, en un marco de crisis estructural profundizada por la emergencia sanitaria y los efectos desiguales del calentamiento global.

www.redextractivas.org
www.cedla.org

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• Estudios y Evaluaciones de impacto previstas en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica para autorizar proyectos, son incongruentes con marco internacional de derechos humanos.
• El Poder Legislativo debe armonizar la normativa interna para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En la ultima década el Estado Mexicano ha otorgado miles de permisos a distintos sectores para la implementación de megaproyectos; para marzo de 2019, se habían entregado 25 607 concesiones mineras y hasta 2012, el último dato actual y vigente sobre proyectos de construcción de presas, ascendía a 4 mil 200 proyectos. En este contexto, nos parece fundamental llamar en primera instancia al Estado Mexicano respecto a su obligación internacional de estudiar el impacto de los proyectos, y reflexionar, cuestionar y discutir acerca del modelo de desarrollo vigente en nuestro país que se sostiene y se implementa favoreciendo los privilegios e intereses de unas cuantas personas, generalmente quienes tienen mayor riqueza y poder, y las industrias en detrimento de los derechos de la mayoría, y en particular de grupos históricamente discriminados.

En este contexto, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentamos la publicación Estudios y Evaluaciones de impacto social a la luz del marco de derechos humanos. El caso de la legislación de hidrocarburos y de la industria eléctrica, en el que se analizan las figuras de Estudios de Impacto Social (Eis) y Evaluaciones de Impacto Social (Evis) previstas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, a la luz del marco internacional de derechos humanos de pueblos indígenas.

Durante la presentación realizada en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participaron Itzel Silva Monroy, abogada e investigadora de Fundar, Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Jesús Euan Barbosa, defensora comunitaria de la tierra y el territorio, de la Comunidad de San José Tipceh, en Yucatán, Magdalena Cervantes, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se resaltó que la falta estudios previos de impacto puede desembocar en graves afectaciones a los derechos humanos.

La publicación presentada, revisa si los Eis y las Evis requeridas para autorizar proyectos en las industrias de hidrocarburos y eléctrica se encuentran acordes con la obligación internacional del Estado de estudiar los posibles impactos negativos de los megaproyectos que pretendan efectuarse sobre territorio de pueblos indígenas. Con base en nuestra publicación anterior, Realizar estudios de impacto antes de autorizar megaproyectos: una obligación del Estado Mexicano, en la que se identifican los estándares mínimos que deben cumplir dichos procesos de evaluación, el análisis sobre estas dos figuras muestra que son una tergiversación de la obligación internacional de México, y que incumplen en general con los criterios debidos.

Entre las incongruencias más significativas se destaca que las Evis son realizadas o contratadas por las empresas interesadas en los permisos para los proyectos, lo que es contrario al estándar de independencia e imparcialidad que debe regir en la elaboración de los estudios, ya que representa un claro conflicto de interés que los impactos sean analizados por las empresas interesadas en el desarrollo de los proyectos. Asimismo, la realización de los Eis y de las Evis, como se encuentran actualmente en las leyes de Hidrocarburos y de Industria Eléctrica, no prevé la participación de los pueblos que podrían verse afectados con los proyectos, ni el que sus resultados deban ser compartidos y consultados con ellos. Esto a pesar de que su participación es una exigencia que deriva de la propia naturaleza de los estudios, pues en la medida en que pretenden documentar los posibles impactos negativos sobre la vida de los pueblos, se requiere necesariamente de su conocimiento e involucramiento para la identificación de los impactos. En el caso de los Eis, además, se establece que la información que se obtenga en ellos debe ser entregada a las personas interesadas en los permisos de los proyectos, no los pueblos y sus integrantes.

En este sentido, durante la presentación de la publicación, la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, resaltó el deber internacional que tiene el Estado Mexicano de cumplir con su obligación, enfatizando la importancia de la prevención de impactos sociales y ambientales que los proyectos puedan generar en comunidades, pueblos indígenas y grupos que han sido históricamente discriminados. Asimismo destacó que “se requiere la divulgación y el acceso público a evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto social en estos contextos, y sobre la implementación de estrategias específicas para defensoras y defensores de derechos humanos, que incluye a periodistas, que sufren ataques, intimidación o amenazas por sus cuestionamiento a determinados proyectos, prácticas de corrupción o actividades adversas a los derechos humanos donde están involucrados actores empresariales”.

Es importante recordar que, la obligación del Estado Mexicano de analizar los impactos negativos de los proyectos antes de autorizarlos proviene del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente desde 1991, as como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ello, y debido a sus múltiples incompatibilidades, es necesario que el Estado Mexicano ajuste toda su legislación interna –no solo las normas del sector energético– conforme a la obligación internacional de estudios de impacto y sus estándares, debiendo preverlo también respecto de pueblos no indígenas.

Desde Fundar, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que, en el próximo periodo de sesiones, promuevan e implementen las reformas legales necesarias para llevar a cabo la armonización legislativa, que es a su vez, una obligación del Estado derivada del propio derecho internacional. Mientras dicha armonización ocurre, México debe abstenerse de autorizar proyectos si no ha cumplido con la obligación y los estándares mínimos para dichos estudios; seguir haciéndolo, no solo compromete su responsabilidad internacional, sino también, perpetúa la discriminación y las violaciones a derechos contra los pueblos y las comunidades indígenas.

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“Desde el Cedla se considera necesario evaluar la minería que se dejó y la que nos toca encarar (…). ¿Qué políticas, que acciones se tomaron, quiénes fueron los afectados y quiénes los beneficiarios, dónde estuvieron las contradicciones”, plantea cuestionamientos el investigador, Alfredo Zaconeta en entrevista con Brújula Digital.

El especialista en minería del Cedla señala que desde esta institución se propone replantear el caso del oro, que es el que más llama la atención por los bajos niveles regalitarios que deja a las regiones, considerando que se trata de un recurso natural no renovable.

“El tema regalitario e impositivo se debe mirar muy al fondo porque es un recurso no renovable que está masivamente explotándose en el país y el valor total que deja es de solo el 2,7%, y además la herencia que deja, que no hay compensación tributaria, pero si un legado ambiental y de conflictividad social”, sostiene.

Zaconeta dijo que uno de los grandes beneficiarios con las bajas regalías fueron las cooperativistas auríferas, que el 2020 han representado el 94% de la explotación nacional.

“Hay un dominio casi total del sector cooperativo y esto nos debe llamar a la reflexión, porque esta explotación masiva ha representado el 2020, $us 1.263 millones de recaudación, y de este valor, el 2.7% se llega a cobrar por regalías”, apunta.

El investigador hace notar que la actual Ley de Minería y Metalurgia 535 Morales, que establece techos regalitarios entre 2,5% y 3%, ratifica la ley minera 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada, que daba como tope de impuestos para minerales normales de 7%, para aquellos que sean explotados con sofisticación técnica 5% y para el caso de los yacimientos marginales sólo el 2,7%.

Sin embargo lamenta que de yacimientos con alta producción sigan declarando las cooperativas mineras, como “marginales” para pagar lo mínimo en regalías.

“Pero la norma establecía el 2,7% de regalías con un tope de precio de 700 dólares la onza troy, pero la cotización está por encima de los $us 1.800, más del doble”, señala.

Contrariamente a lo que le sucedió al sector aurífero, Zaconeta alerta que la pandemia llegó al país para agravar la situación de la minería estatal.

“La pandemia vino a agravar esta situación, particularmente la minería estatal tuvo una caída casi del 47% de la producción total, y si bien hubo un incremento en recaudación, y hay un fenómeno que pasaron los primeros meses y se ve una escalada de los precios, es la culminación y el inicio de un nuevo ciclo”, expresa.

Para evaluar el presente y el futuro de la minería nacional, el Cedla preparó un foro con expertos en el tema minero como: Héctor Córdova, expresidente de Comibol; Esteban Pari, exsecretario departamental de Minería; Fernando Cáceres, exdirector de Exploración de Sergeomín, José Luis Chorolque, exviceministro de Cooperativas, entre otros.

Lea el artículo original: Brújula Digital

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La dependencia de las actividades extractivas en las economías de los países proveedores de materias primas, obliga a establecer nuevos elementos de reflexión y debate, referidos al rol de la minería y su dependencia, además, establecer el rol que queremos jugar dentro de la transición energética; sin embargo: ¿cuál es el debate sobre la minería en Bolivia?, ¿qué minería queremos en el país?

En este escenario, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a través de la Plataforma Energética propone la realización del Webinar:

Presente y futuro de la minería nacional – debate y evaluación de un ciclo que culmina

A realizarse el martes 25 y miércoles 26 del presente año, a partir de horas 18:00, donde abordaremos:

• Orientación, limitaciones y contradicciones de un ciclo minero (1ª Jornada, 25 de mayo)
• Operadores mineros entre encrucijadas y desafíos (2ª Jornada, 26 de mayo)

 El evento contará con la participación de profesionales y ex autoridades del sector minero, ex dirigentes, además operadores y trabajadores de la minería estatal y cooperativizada, quienes: analizarán y debatirán la actual situación minera del país, sus políticas, desafíos y oportunidades para encarar las nuevas demandas de la minería y su gobernanza.

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La actividad minera de Milluni envía aguas ácidas hacia la cuenca Katari y a estas se suman las aguas residuales de la aglomeración urbana de El Alto, contaminando los cultivos, el ganado y la salud humana de las comunidades próximas al lago menor del Titicaca. El investigador Carlos Revilla H. afirma que este proceso genera una desigualdad socioecológica al propiciar un medio ambiente degradado para las poblaciones campesinas que, con anterioridad, han sido ya desfavorecidas en términos sociales, económicos y políticos.

El estudio en que se sustenta Revilla titula ¿Somos nosotros mismos? Desigualdades socioecológicas y urbanización en la cuenca del río Katari y fue presentado el pasado 4 de mayo en el espacio de diálogo “Situación ambiental y causas de las desigualdades socioecológicas en la cuenca del Río Katari”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con el apoyo de la Embajada de Suecia, en el que participaron otros investigadores y pobladores de las comunidades impactadas.

La evidencia muestra que la actividad minera de Milluni, actualmente explotada por cooperativas, ha generado aguas ácidas que impiden la agricultura y la ganadería en las comunidades asentadas aguas abajo.

A medida que la cuenca desciende y recorre otros municipios, recibe los desechos de las aglomeraciones urbanas que contienen tanto aguas domiciliarias como aguas industriales. En El Alto, la ciudad más grande del conjunto, la planta de tratamiento de Puchukollo, diseñada para purificar las descargas líquidas de la ciudad, ha colapsado enviando esos fluidos sin tratar hacia las comunidades de la bahía de Cohana.

El estudio recorre la cuenca desde las fuentes de abastecimiento de agua potable para La Paz y El Alto ―en la laguna de Milluni que está próxima a los glaciares―, continúa por los ríos Seco y Seque, los ríos Pallina y Katari, hasta llegar a Chojasivi y la bahía de Cohana en el lago Titicaca, abarcando nueve de los veinte municipios de la cuenca.

La actividad productiva y de consumo en las ciudades más grandes, El Alto y Viacha, está provocando una contaminación de la zona lacustre donde están asentadas, recibiendo todo ese impacto, comunidades campesinas y ganaderas en pequeña escala.

Memoria del lago

En el espacio de diálogo, el relato del recorrido de los ríos provocó la memoria de Luis Flores, nacido en la comunidad Tiquipa (Chojasivi), a orillas del lago, y ahora migrante asentado en la ciudad de El Alto.

“Me fui a vivir a El Alto en el año 1982, en ese entonces El Alto era todavía disperso”, dijo Flores, antes de describir su experiencia de constantes retornos a Tiquipa y a un lago donde ahora flotan los residuos sólidos y hospitalarios, maderas y grasa de los talleres lava autos. “O sea, el lago (en el) que he estado, (donde) hasta consumía algunas veces el agua, lamentablemente, ahora está lleno de lodos”, comentó.

La historia de vida de Flores se puede comparar a la de miles de personas que se instalaron en la ciudad de El Alto en los últimos treinta años, pero que al mismo tiempo mantienen un vínculo con sus comunidades.

“En las asambleas se habla cada año (sobre) cómo podemos controlar, qué podemos hacer. Estamos acudiendo a las autoridades, tanto al municipio, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Gobernación y al gobierno igual, pero en realidad no existe una solución efectiva”, dijo Flores. La preocupación de los comunarios está centrada en los actuales desbordes del río y, curiosamente, en la reducción del nivel lacustre por temporadas.

El relato de Flores refiere a un problema que se añade a la contaminación extractiva y urbana: el cambio climático. Xavier Lazzaro, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y lector de la investigación de Revilla, explicó que desde el Observatorio Permanente del Lago Titicaca están viendo que este inmenso cuerpo de agua está respondiendo, además, a una variación intensa de temperatura.

“No es solo el aporte de contaminantes sino el aporte de sedimento que contribuye a reducir el volumen de agua de las bahías”, dijo Lazzaro, quien estudia hace años la respuesta del medio ambiente a la contaminación.

Para el arquitecto Guido Alejo Mamani, la planificación urbana estatal ha estado divorciada de la corriente o de la dinámica económica acaecida en El Alto. Los asentamientos urbanos crecieron con tal fuerza que ahora no existe espacio para la promesa electoral de un parque industrial. “Esa falta de lectura de los fenómenos ha sido la causa del surgimiento o recrudecimiento de lo que vendría a ser la ocupación informal del espacio”, dijo.

La ciudad crece al ritmo de la competencia en el capitalismo, generando diferenciación social. Alejo Mamani se pregunta ¿cómo conciliar este escenario con la sostenibilidad ambiental?, ¿cómo conjugar estos fenómenos con algo sostenible a futuro?

Múltiples desigualdades

La socióloga Silvia Escóbar, investigadora del CEDLA, remarcó un dato que aporta el estudio: el 90% de la población de la cuenca está concentrada en El Alto y Viacha, con un consiguiente despoblamiento de los municipios lacustres y fenómenos como el agotamiento de los recursos piscícolas, al mismo tiempo que la desaparición de una fuente de ingresos para los pescadores.

“Lo que está claro es que, en sociedades donde existen grandes desigualdades socioeconómicas, vivir en un ambiente libre de contaminación es un bien social que también se distribuye de manera desigual”, comentó Silvia Escóbar.

Más de 20 municipios están articulados a la cuenca Katari, el estudio de Carlos Revilla abarca nueve de ellos. ¿Cómo articular la cohesión social en todos ellos para trabajar en una perspectiva de evitar la contaminación? Aún no está dada la respuesta, pero esa articulación deberá incorporar los distintos niveles del gobierno estatal y de las comunidades en la región.

Otro de los aspectos identificados por el estudio es la necesidad de construir una acción colectiva en la cuenca Katari, tomando en cuenta a todos los actores sociales y políticos de la región.

Esto se percibe ahora más que urgente porque esa dinámica de desigualdad socioecológica “está afectando todas las condiciones socioeconómicas para la vida y está deteriorando, para el largo plazo, las posibilidades de permanecer en las zonas rurales”, dijo Escóbar.

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En medio de la campaña electoral y de todo lo que se comienza a decir sobre la renta minera, lo cierto es que el actual nivel de precios de los minerales lleva a pensar que el aporte tributario de este sector va a aumentar. La pregunta que queda pendiente es en qué magnitud y qué es lo que se debe hacer para que el país logre captar un porcentaje mayor de la renta minera.

¿Qué tanto puede aumentar el aporte del sector minero a la presión tributaria del país en el el actual contexto? En primer lugar podría ayudar tener una mirada retrospectiva a lo que ha sido el aporte minero en los últimos años, sobre todo en el período del denominado súper ciclo de precios (2003-2012).

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el aporte de la minería a la presión tributaria ha sido en promedio 1.3% en la última década, combinando momentos de precios altos y precios bajos de lo minerales. Si tomamos en cuenta solo el período de precios altos (2003-2012), el aporte promedio aumenta a casi 1.9%, teniendo como año pico el 2007, con un aporte de 3.4%.

En este otro cuadro se puede apreciar lo que significó el aporte de la minería tomando como referencia tres años diferentes (2007, 2012 y 2018), tanto como porcentaje del PBI, en millones de soles y también teniendo como referencia el tamaño de la economía peruana. Es importante subrayar que el tamaño de la economía peruana ya no es el mismo, por ejemplo si tomamos como referencia los años pico del súper ciclo de precios (mediados de la primera década del siglo XXI).

Como hemos mencionado en un artículo previo, con una economía peruana fuertemente golpeada por la pandemia y una drástica caída de los ingresos fiscales, la recuperación que se viene dando de los precios de los minerales, es una buena noticia. No hay que olvidar que si bien hace apenas unos años duplicamos la producción de cobre en el Perú, esto no se tradujo en un incremento del aporte tributario proveniente del sector minero, debido a que las empresas estaban recuperando sus inversiones. Habiendo terminado o estando por terminar en la mayoría de proyectos el período de recuperación de las inversiones y con el actual nivel de precios del cobre y de otros minerales, el aporte tributario de la minería puede aumentar a partir del próximo año. Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas hablan de un impacto fiscal de proyectos como Las Bambas, Toromocho, Constancia y la ampliación de Cerro Verde para el período 2022-2024.

Dicho esto cabe preguntar, si se opta por seguir aplicando el piloto automático -como ocurrió en el período del súper ciclo de precios-o si se hacen algunos ajustes a la política tributaria. Todo indica que el piloto automático no funcionó antes y tampoco va a funcionar en las actuales circunstancias.

Cabe recordar que, internacionalmente se considera un gasto adecuado en salud y educación cuando un Estado invierte hasta 6% de su PBI en cada uno de estos rubros. El Perú siempre ha estado lejos de dichas metas, de hecho, para alcanzarlas en el 2019 se hubiese necesitado elevar la recaudación tributaria en 3.3% del PBI en salud y 1.9% del PBI en educación, lo que da una recaudación adicional total de 5.2% de PBI. ¿Será posible que la minería ayude a cerrar esta brecha? Las cifras no son alentadoras si observamos su aporte histórico incluso con precios altos.

Por lo tanto,debemos responder la siguiente interrogante: ¿Qué se puede hacer para mejorar la participación del Estado en la renta minera?Hay que abrir en serio el debate sobre el tema tributario y la minería. Esperamos que estos temas sean considerados por las dos fuerzas políticas que han pasado a la segunda vuelta.

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La actual variación del precio internacional de los metales incidirá en la recuperación económica del Perú, a pocos meses de iniciar un nuevo gobierno y con candidatos que tienen miradas contrapuestas respecto a la gestión minera. Desde inicios de año los principales banqueros y firmas de Wall Street, como el JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America, están anunciando un posible superciclo en el precio de las materias primas.

Un hecho atípico que se presenta frente a una alta y prolongada demanda en plena pandemia, y del cual el mundo ha sido testigo solo cuatro veces: en la industrialización de Estados Unidos, durante el rearme global de los años 30, en la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial; y desde inicios de la década del 2000, debido al crecimiento de la demanda desde China.

Los inversionistas y colocadores de bonos son los principales interesados en tener noticias del incremento de los también llamados commodities (metales, petróleo, productos agrícolas esenciales, etc). Pero los expertos consultados por OjoPúblico indican que, si bien hay un alza importante en los precios de las materias primas por la recuperación de las actividades económicas, esto no necesariamente puede confirmar un superciclo.

El exministro de Economía David Tuesta señala que las cifras se elevan porque los gobiernos están incentivando el gasto y han aprobado estímulos tributarios y monetarios a favor de sus principales industrias, con el fin de reactivar su producción, pero también debido a un creciente interés por invertir en energías renovables. “Cuando hablamos de un superciclo nos referimos a 10 o 20 años de materias primas crecientes. No podemos saber si estamos en esa fase hasta que estemos a la mitad del proceso”, explicó.

“Lo que se está viendo con claridad es un ascenso en el precio del cobre y metales industriales, necesarios para obras de infraestructura y artefactos eléctricos. También un expectante apoyo a metales vinculados al uso de energías renovables, destinados a fabricar baterías y vehículos eléctricos, como el cobalto y el litio. En tanto, el oro tiene un ciclo propio, pues es la reserva de valor general para todas las monedas del mundo”, añadió el también director para Latinoamérica de PinBox Solution, empresa financiera y tecnológica.

COTIZACIÓN. Las principales web de cotización de materias primas muestran los picos que alcanzaron la plata, el oro, el aluminio, el cobre y el crudo en los últimos 26 años. Elaboración: Ojo Público

En efecto, en los últimos años, los portales de cotización de commodities muestran un incremento constante en el precio del cobre, y solo un leve congelamiento durante los primeros cuatro meses de la pandemia. Después de ello, su crecimiento ha sido sostenido. Según el London Metal Exchange (LME), en la primera semana de abril este mineral llegó a cotizar US$ 9 mil por tonelada.

El Perú es el segundo proveedor global de cobre. En febrero de 2020 la encuesta Mineral Commodity Summaries, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), confirmó esta ubicación tras registrar una producción de 2’ 445.000 toneladas métricas finas (TMF) en 2019. Una cifra que representa el 12% de la producción mundial.

Al cierre del 2020, la información de Aduanas muestra que las exportaciones peruanas de este mineral recuperaron sus cifras, pero sin alcanzar a los datos prepandemia: en febrero de ese año, el valor FOB registrado fue de US$ 840 millones, pero en plena cuarentena de abril del año pasado, los números descendieron a US$ 382 millones y, para diciembre, el país volvía a facturar US$ 722 millones. A inicios de un nuevo gobierno ¿Cómo impactará esta coyuntura en los proyectos de explotación minera que existen en nuestro país?

El 7 de mayo de 2021, el precio internacional del cobre llegó a su máximo histórico, impulsado por compras especulativas y adquisiciones del sector industrial, debido a que la economía de los países más grandes se está recuperando en este segundo año de pandemia. En la Bolsa de Metales de Londres (LME), este producto subió un 2,3%, a US$ 10,325 la tonelada, cifra que supera el máximo previo de US$ 10,190 establecido en 2011.

Empresas de cobre con millonaria facturación

Las principales productoras de cobre en el país son Southern, del Grupo México, que concentra el 21,6% de la producción nacional con sus proyectos en Tacna (Toquepala) y Moquegua (Cuajone). Le siguen Cerro Verde, de las empresas Freeport-McMoRan, Buenaventura y Sumitomo, que opera en Arequipa (18,7%); Antamina (17,7%), de la gigante suiza Glencore, con operaciones en Áncash; y Las Bambas (14%), de la china Minerals and Metals Group -MMG, en Apurímac.

Bruno Seminario, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, explicó a OjoPúblico que en el corto plazo los efectos del alza del cobre serán reducidos y se verán reflejados PRIMERO en un aumento de las ventas en las empresas productoras y de sus respectivas utilidades. Mientras que el país podrá aprovechar LUEGO una consecuente mayor recaudación del Impuesto a la Renta y canon. “Si la mina tiene una antigüedad de 10 o 15 años ese impacto es casi inmediato, pero si es nueva, los impuestos subirán muy poco debido a los convenios de estabilidad tributaria que los beneficia al iniciar sus operaciones”.

EN PANDEMIA. El crecimiento del cobre se detuvo durante cuatro meses, al principio de la pandemia, luego retomó su crecimiento. Elaboración: Ojo Público

El economista e investigador, precisa que la recaudación adicional que se logre con esta coyuntura servirá para paliar el daño fiscal generado por la crisis económica generada por la pandemia. “Este aumento en el pago de los impuestos, en una situación normal donde no hay límite de gasto, debería impulsar la inversión en el Gobierno Central y en los gobiernos regionales para dinamizar la economía. Pero eso no va a ocurrir, porque el Gobierno ya elevó el gasto público y todo el aumento de los impuestos deberá ser usado para reducir el déficit fiscal”, explicó.

Pese a las restricciones por el coronavirus, Southern Perú Copper Corporation cerró el 2020 con utilidades netas de US$ 790 millones y ventas por US$ 3.153 millones; un 7,3% más de lo que facturó en 2019. “Este aumento fue el resultado de un mayor volumen de ventas de cobre y molibdeno, y a mejores precios de cobre y plata”, señala en su memoria anual. Del mismo modo, Cerro Verde consolidó ingresos por US$ 2.538 y una utilidad neta de US$ 274 millones al cierre del primer año de pandemia.

En tanto, MMG -minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong- reportó ingresos totales por US$ 3.033 millones al cierre del 2020, un 1% más que en 2019. En su informe anual declaran fuertes utilidades pérdidas en las utilidades netas del primer semestre del año, los que que se compensaron en los seis meses siguientes al lograr US$ 188 millones. Sin embargo, el balance final fue de US$ 5,6 millones.

Antamina no ha hecho pública su memoria anual ni el monto de las utilidades alcanzadas en 2020 y que repartirán a sus accionistas. Cabe indicar que la primera de ellas depende de Noranda Antamina, la filial de la suiza Glencore constituida en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Los planes de Perú Libre y Fuerza Popular

Este escenario internacional encuentra al Perú con demandas sociales y conflictos latentes en comunidades donde opera el sector minero; y en medio de un cambio de gobierno que señalan a Pedro Castillo, de Perú Libre, como el candidato con mayor porcentaje de votación en estas regiones, como Cusco, Apurímac, Arequipa, Pasco, Junín, Moquegua, Áncash, y Cajamarca. Castillo ha anunciado una posible estatización y nacionalización de los yacimientos mineros; mientras que su contrincante, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha enfatizado que mantendrá el modelo económico.

El reporte de marzo de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales, de la Defensoría del Pueblo, señala la existencia de 80 conflictos sociales asociados a la minería en todo el país. Uno de ellos vinculado a Las Bambas donde la comunidad campesina de Pumamarca solicita renegociar el precio pagado por sus tierras en 2011 y que la empresa firme un convenio marco para formalizar sus compromisos sociales. Entre ellos, que se concrete la consulta previa para operar en el nuevo tajo Chalcobamba.

Antamina tiene otro proceso de diálogo con la comunidad campesina Ango Raju, en Huari, Áncash, que demanda el cumplimiento de los acuerdos para promover su desarrollo sostenible. En tanto, Southern registra dos conflictos latentes con el Frente de Defensa y la comunidad del distrito de Torata, en Moquegua, en compensación por los impactos ambientales generados por su mina Cuajone.

Los dos partidos que esperan llegar a la presidencia, tras la segunda vuelta electoral del 6 de junio, tienen opiniones y propuestas distintas para abordar la resolución de conflictos y el rol de la minería. Pedro Castillo, de Perú Libre, ha señalado a la prensa que está de acuerdo con la extracción minera «donde la naturaleza y la población la permitan».

En una entrevista con RPP, en la semana previa a la primera vuelta, Castillo dijo que en un eventual gobierno suyo se renegociarían los contratos con las grandes empresas para financiar su plan de gobierno. «Las mineras se están llevando las riquezas del país (…) No se va a espantar [la inversión], pero si se van [las empresas] que se vayan, vendrán otras. Que se vayan las empresas que han saqueado, pero quedará en nosotros la riqueza. Se va a quedar el oro, el uranio y el litio con nosotros».

En el programa de gobierno Perú Libre, presentado al Jurado Nacional de Eleccciones, se anuncia una reforma del canon minero y se considera viable la estatización o nacionalización de los principales sectores económicos, incluso el minero, en caso que las empresas no acepten «las nuevas condiciones de negociación».

«El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza inmediata. Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción», se lee en la página 62 del documento.

Por su parte, el plan de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) apoya las actividades extractivas e indica que promoverá el diálogo entre las empresas mineras y las comunidades para prevenir los conflictos sociales. Su objetivo es «armonizar las actividades extractivas con las vinculadas al desarrollo agrario y agropecuario, para lograr así una sana convivencia entre estos sectores productivos».

«La minería es una actividad extractiva que debe practicarse con el más estricto respeto al medio ambiente y a las comunidades aledañas a los yacimientos», añade, aunque no detalla cómo aterrizará dicha propuesta. Lo que sí indica el documento es que agilizarán los trámites de respuesta en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio del Ambiente.

Por ejemplo, Fujimori plantea mejorar la calidad y número de profesionales en ambos ministerios “para optimizar» los procesos de evaluación técnica, ambiental y social que requieren las autorizaciones mineras. «Revisaremos la normativa vigente para confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector», indica. Del mismo modo, propone actualizar los procedimientos administrativos de uso de suelos, agua y terrenos superficiales para formalizar la pequeña minería y minería artesanal.

Cabe recordar que durante las elecciones de 2011, la Minera Volcan -que opera en Cerro de Pasco- aportó con US$260 mil a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para una campaña de oposición a la candidatura de Ollanta Humala. Para entonces, él se enfrentaba en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori. La donación fue confirmada por el mismo vicepresidente de la minera, José Ignacio de Romaña Letts, en su manifestación al equipo de fiscales del caso Lava Jato, que investiga los aportes no declarados de la candidata fujimorista.

Siete proyectos mineros en marcha

El nuevo presidente o presidenta del Perú heredará la cartera de proyectos de construcción de Minas 2020-2029, que elaboró el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y en el cual se anuncia para este año la reanudación de siete proyectos valorizados en un total de US$ 3.577 millones. Estos se encuentran en las fases de ingeniería de detalle y factibilidad, y fueron postergados, entre otros factores, por la pandemia.

Tres de las obras listadas son para futuras extracciones de cobre. Una de ellas es la reconversión de la mina de oro Yanacocha, de Newmont Mining Corporation, en una productora de cobre que se llamará Yanacocha Sulfuros. Su inversión es de US$ 2.100 millones y se prevé su puesta en marcha para 2024. Las otras dos son el mencionado tajo Chalcobamba (US$ 130 millones), que operará Las Bambas en su yacimiento de Apurímac; y el proyecto Pampacancha, en Cusco, de Hudbay Peru S.A.C. (US$ 70 millones). Ambas podrían empezar a operar en 2022, según el documento del MEM.

Sin embargo, hay otros tres yacimientos cupríferos cuyo inicio de construcción estaba programado en 2018, pero aún no concluyen obras ni inician su actividad. Estas son: Mina Justa Marcobre S.A.C., en Ica; la Ampliación Toromocho Minera Chinalco Perú S.A., en Junín; y Anglo American Quellaveco S.A., en Moquegua. La primera tiene un nivel de avance del 90%, la segunda está a la espera de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y la última está a un 50% de ejecución.

Esteban Valle Riestra, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, señala que dichas obras ya obtuvieron luz verde y son las que tienen mayor probabilidad de iniciar operaciones en 2022. Pero considera que el incremento en el precio de los metales podría acelerar expedientes adicionales, incluso aquellos pospuestos de manera indefinida, como el proyecto Tía María, que ha generado múltiples conflictos sociales en Arequipa.

“Con el precio del cobre por las nubes existe la posibilidad de que las empresas ejerzan mayor presión para acelerar sus propuestas. Si en los próximos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial confirman que estamos ante un superciclo, al menos del cobre, el escenario puede cambiar. El mayor riesgo es que se reactive Tía María. Si bien los grandes proyectos no se desarrollan desde cero en un periodo corto de tiempo, las empresas suelen esperar este tipo de contextos para activar exploraciones que mantenían en perfil bajo por años”, explica.

En los foros empresariales mineros, el debate sobre Tía María se reactivó en 2020, como una alternativa para generar más ingresos al país, y algunos candidatos se manifestaron a favor y en contra de su ejecución. La obra cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde el 2015 y una licencia de construcción desde el 2019, pero no con la licencia social de todo el Valle del Tambo.

De acuerdo con Tuesta y Seminario, la posibilidad de que un próximo gobierno aproveche el alza del cobre para impulsar nuevos proyectos mineros, con el fin de obtener ganancias inmediatas, es improbable, pues estas obras tardan más de un periodo presidencial en desarrollarse y se requiere que los precios internacionales se mantengan altos por más de 10 años.

David Tuesta señala que, además de continuar con los proyectos que ya estaban programados, el nuevo gobierno podría proyectar un escenario de inversiones mineras a largo plazo, “pero esa solución no puede ser impuesta. Implica la búsqueda de equilibrios con las propias comunidades donde puede darse la operación”.

Para Bruno Seminario, esta aceleración de proyectos mineros se podría justificar si el precio internacional de los metales se mantiene en el tiempo, por más de 10 o 15 años. “Los metales son muy oscilantes por ahora. No olvidemos que, para confirmar que estamos entrando a esta fase o superciclo, el dólar tendría que depreciarse respecto a otras monedas. No tenemos elementos para afirmar que exista este riesgo por ahora”, sostiene.

“El aumento del precio de los commodities se rige por la demanda China, que es el principal comprador de estas materias primas. Pero China también vende productos manufacturados, y una eventual reducción del precio del dólar también les facilitará que vendan sus bienes finales a precios más baratos. Entonces, no es tan sencillo analizar si el efecto será positivo para el país”, añade.

En el Marco Macroeconómico Multianual, documento que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y rige las inversiones del país para los próximos años, se proyecta que los ingresos de minería e hidrocarburos crecerán este año en un 24%, “en línea con la evolución favorable de los precios de los principales commodities”. Pero también por el inicio del pago de Impuesto a la Renta de proyectos mineros que iniciaron sus operaciones en el periodo 2015 y 2016.

Según la información actualizada de la Sunat, la recaudación tributaria que proviene de la minería ya recuperó e incluso superó los valores registrados antes de la cuarentena. Solo en mayo y junio de 2020 se registraron niveles muy bajos de pago, de hasta S/149 millones. Pero en diciembre se registró el pago de S/670 millones en impuestos, y para febrero de este año ya se contaban S/919 millones en ingresos.

La última vez que el precio internacional de los metales e hidrocarburos alcanzó niveles sin precedentes fue durante la década de 2003 a 2012. Sin embargo, amparados en sus convenios de estabilidad, nueve empresas mineras litigaron y extendieron beneficios tributarios caducos para reducir el pago al fisco. Entre ellas, se encuentran Southern, Yanacocha, Antamina y Cerro Verde.

Lea el artículo original: Ojo Público

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En la nota firmada por Felipe Hartmann, Presidente Ejecutivo de la Sociedad Minera Illapa, este se disculpa por no poder atender la solicitud de reunión hecha por el Sindicato de Bolívar, a objeto de aclarar las versiones publicadas en medios internacionales y nacionales sobre la posible venta, encarado por la transnacional, a través del Banco de Montreal (BMO).

«Lamento no poder llevar a cabo la reunión presencial solicitada, debido a una agenda muy apretada que se tiene planificada ya con bastante anticipación» argumento Hartmann

Reestructuración

En la misma nota, Hartman advierte de una reorganización de los intereses de Glencore en la región y Bolivia, cuyos detalles, en versión del empresario minero, aún no fueron definidos por los ejecutivos de la transnacional.

«…comunico a ustedes que en consulta con el personal de Glencore que se encarga de estos asuntos, he sido informado de que está en consideración una reorganización de sus inversiones en la región incluida Bolivia y cuyos detalles aún están por definirse” señala la nota.

La nota de Illapa, pese a que evita reconocer la posible transacción de sus operaciones mineras, concluye asegurando que cualquier decisión de Glencore, «en ningún caso se afectarán» las inversiones comprometidas.

«Las decisiones que Glencore defina en ningún caso afectarán los compromisos contractuales y/o inversión que sus subsidiarias titulares de derechos o suscriptores de contratos que con el Estado han realizado», señala la nota de Illapa.

La nota concluye aseverando que las decisiones que vaya a asumir la transnacional Glencore, sobre las operaciones de Bolívar, Porco y Caballo Blanco, no afectaría la relación con sus trabajadores.

“Tampoco representaría afectaciones o cambios en la relación laboral entre empresa y sus trabajadores ni tampoco los convenios que apuntalan nuestra buena relación” concluye la nota.

En días pasados, el portal ingles Open Democracy, basado en datos de Fastmarkets, del Metall Bulletin, alertó de que la transnacional Glencore encargo al BMO Capital Markets la venta de sus operaciones mineras de zinc y plata en Sudamérica.

La cartera en oferta de Glencore incluye a las minas Aguilar en Argentina, Los Quenuales en Perú, las operaciones Sinchi Wayra e Illapa en Bolivia que comprende Porco, Bolívar y Caballo Blanco, así como su participación en el paquete de exploraciones que tiene en territorio colombiano.

En Bolivia las operaciones de Glencore están representada por la empresa Sinchi Wayra y la Sociedad Illapa. Esta última en sociedad con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en las operaciones Bolívar y Porco.

El 2017, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a través de su Reporte Anual de Industrias Extractivas, informó de la presencia de minerales de indio en el zinc que se extrae de Porcó y Bolívar, minerales que no serían declarados por Glencore.

“Estas minas fueron con certeza las principales fuentes de indio boliviano en los años noventa, el cual era recuperado ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y posteriormente en Asia”, asevera el estudio.

En la misma publicación, el CEDLA asevera que los yacimientos de zinc: Bolívar, Porco, Caballo Blanco, Colquiri, San Vicente, Huari Huari, Cerro Rico, Mallku Khota, Corocoro y Pulacayo Paca, poseen importantes concentraciones de indio en el país, de las cuales, varias están en manos de Glencore a través de Sinchi Wayra e Illapa.

Venta de minas en el mundo

El 31 de marzo del presente año, el portal Rumbo Minero hizo pública que Glencore consolido la venta de su participación en Mopani Copper Mines a la ZCCM Investment, propiedad del Estado de Zambia.

“ZCCM-IH es ahora el titular del 100% de las acciones emitidas en Mopani, transformando la empresa de una empresa de inversión a poseer y operar un activo minero multimillonario en Zambia” señala el comunicado de Rumbo Minero.

Lea el artículo original: RimayPampa

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El pasado 1 de mayo, entre varias puyas, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos a la presidencia en la segunda vuelta, optaron por enfrascarse en el debate en Chota en una competencia pura y dura de quién lograba ser más populista que el otro. Uno de los ofrecimientos más “llamativos” ha sido la propuesta de Keiko Fujimori de entregar el 40% del canon minero de manera directa a la población. Por supuesto no dijo cómo pensaba implementar su propuesta.

¿Hay antecedentes de una propuesta de este tipo en el Perú y es serio pensar que algo así pueda ser implementado? En realidad, hay dos referencias que podrían ser tomadas en cuenta. Una primera es la del ex gobernador de Ancash, Waldo Ríos que, en la campaña de las elecciones regionales del año 2014, ofreció entregar 500 soles por familia de llegar al gobierno regional. ¿Cómo acabó la propuesta y el propio Ríos? La propuesta nunca se implementó y Waldo Ríos terminó con una condena de un año de cárcel efectiva. ¿Qué ocurrió? El Ministerio Público consideró que Ríos había incurrido en el delito de inducción al voto, en la modalidad de quebrantamiento de la voluntad popular. Nada menos y cuidado con el antecedente. Posteriormente el ex gobernador purgó pena por actos de corrupción.

Otra variante de esta propuesta y que también buscaba el respaldo de la población en las zonas de influencia directa de la minería, fue la del canon comunal que soltó Alan García en la campaña de 2016. En realidad, con una propuesta de este tipo, García buscaba profundizar la experiencia del denominado ‘óbolo minero’ que se implementó con poco éxito durante su segundo gobierno (2006-2011). La idea que estaba a la base era que las poblaciones perciban de manera directa los beneficios económicos de la minería en sus territorios y así termine por aceptar la actividad.

En ambas propuestas, el carácter populista no radica solamente en que se juega con la expectativa legítima de la gente de tener ingresos, sino que saben perfectamente que implementarlas generaría mucho caos, desorden y problemas de todo tipo. Preguntas que quedan flotando: ¿cómo pretenden implementar las propuestas? ¿De qué ámbitos están hablando? ¿Se refieren a los distritos, provincias o regiones con presencia minera? ¿Cómo van a definir a la población beneficiaria? ¿Han tomado en cuenta que los ingresos del canon son volátiles y pueden ser durante mucho tiempo minúsculos? ¿Han hecho por lo menos una proyección seria de cuál sería el impacto real de una decisión de este tipo?

Incluso si la opción fuesen las comunidades (nos imaginamos que se refieren a las comunidades campesinas o poblaciones rurales del entorno de la actividades mineras), los que conocen un poco la realidad de estas poblaciones, saben perfectamente que muchas comunidades no están reconocidas formalmente, por lo general las directivas tienen problemas para formalizarse, los padrones no están actualizados, hay problemas de gestión y hay mucha movilidad y estamentos en la interna.

Por lo tanto, propuestas de este tipo están lejos de representar una alternativa seria y responden más a coyunturas electorales, como en la que estamos y al intento de ganar el respaldo de un sector de la población. Siempre puede resultar atractivo ofrecer que se va a repartir dinero alegremente, sin embargo si lo que se anuncia no está acompañado de una propuesta seria de diseño e implementación, en realidad estamos hablando de improvisación. Esto no significa estar en contra de la alternativa de diseñar programas, por ejemplo de bonos para paliar la crisis que vivimos o de mejorar los programas sociales vigentes. Es más, algunos de los programas sociales que se implementan con éxito en países vecinos, se financian precisamente de los ingresos fiscales de sectores extractivos.

¿El diseño actual del canon minero necesita algunos ajustes? Sin duda, sobre todo si tenemos en cuenta que hemos entrado a un nuevo momento de precios altos de los minerales y los ingresos van a aumentar. Como se sabe, el canon minero representa el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas involucradas en la actividad minera, metálica y no metálica y se distribuye de la siguiente manera:

Resulta pertinente mencionar que el canon que se genera durante un determinado ejercicio fiscal, no coincide con el que se distribuye durante ese mismo año. Ello es así porque el canon generado en un año fiscal resulta de sumar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría efectuados durante dicho período, más la regularización anual de este impuesto correspondiente a ese mismo año pero que se paga durante los meses de marzo y abril del año siguiente. Así, el canon que se genera cada año se distribuye, generalmente, con un desfase de entre 6 y 18 meses.

Ahora que hemos entrado a un nuevo momento de incremento de los precios de los minerales, discutamos en serio y a fondo cómo el país recupera de la mejor manera la renta extractiva y, sobre todo, cómo la utiliza para el beneficio de toda la población. Para discutir en serio estos temas hay que alejar los ofrecimientos irresponsables que se hacen en las campañas electorales para ganar votos.

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Como se sabe, en el período 2002-2013 vivimos un auge importante de los precios de las materias primas. El denominado súper ciclo de precios de las materias primas entusiasmó a más de uno y hasta un ex Ministro de Economía se animó a afirmar que habíamos entrado a una suerte de ciclo largo que proyectaba podía durar varias décadas.

Sin embargo el súper ciclo terminó el año 2013, aunque hay que reconocer que fue uno de los períodos más extensos de precios favorables para las materias primas que se haya vivido; por ejemplo, en el caso de los minerales,fue más importante que el que se tuvo en la década del 50 del siglo pasado. Ahora bien, el fin del súper ciclo no significó una caída abrupta de los precios de todas las materias primas a los niveles previos: en el post súper ciclo, por ejemplo,el precio del cobre o del oro nunca alcanzaron los niveles deprimidos de los años 2000 o 2001[1].

Como era de esperar, el fin del súper ciclo afectó fuertemente los niveles de crecimiento de América Latina, donde los commodities constituyen en promedio un 74% de las exportaciones y, por lo tanto, tienen un impacto directo en la balanza de pagos de los países. El post súper ciclo fue en toda la región sinónimo de desaceleración económica.

Terminado el período de bonanza se abrieron varias discusiones en la región: ¿qué tanto se aprovechó el súper ciclo? ¿Comenzamos a diversificar nuestras economías o nos volvimos más dependientes de las materias primas? ¿Guardamos pan para mayo? ¿Capturamos adecuadamente la renta de las materias primas?

Además, siendo conscientes de la excepcionalidad de estos períodos de precios altos, también quedó flotando la interrogante sobre cuándo se volvería a vivir una etapa similar y, por ejemplo, si corregiríamos varios de los errores cometidos.

¿Cómo caracterizamos el momento actual?

¿Los vientos favorables de precios altos de las materias primas han regresado en medio de la pandemia y la crisis global? Es importante reconocer que desde el último trimestre del año pasado, hemos entrado a un nuevo momento que, por el momento, se debe mirar con cautela. Lo cierto es que el índice general que elabora el Fondo Monetario Internacional a partir del precio de 68 materias primas, muestra una subida en promedio de 12.3% en el primer trimestre del presente año.

Una diferencia con el proceso previo (2002-2013), es que el comportamiento de las materias primas muestra evoluciones dispares. Por ejemplo, mientras que el índice de alimentos ha aumentado en 15.7% y el de energía (gas natural y propano, carbón y petróleo) todavía muestra una caída en relación a los precios de 2018, el de los metales básicos registra un alza de 49%: el cobre, zinc y en menor medida el plomo, entre otros, presentan subidas importantes, incluso en algunos casos batiendo los récords del período del súper ciclo.

¿Qué es lo que viene provocando que algunas cotizaciones superen los niveles del súper ciclo en medio de la pandemia? Son varios los factores que se pueden identificar: en primer lugar la rápida recuperación de algunas economías, como es el caso de China que, después de mucho tiempo, ha comenzado a registrar crecimientos de dos dígitos en el primer trimestre del año; luego la menor oferta mundial por la paralización de varias minas en operación que tuvieron que reducir sus operaciones el año pasado; el avance lento de nuevos proyectos mineros, a lo que se le añaden problemas de financiamiento y; una proyección de una mayor demanda, sobre todo de metales de base.

Ahora bien, ¿se puede proyectar cuánto puede durar el actual ciclo favorable de precios, por ejemplo de los minerales? Difícil hacer una proyección seria sobre todo por la variable pandemia, aunque organismos como el Banco Mundial señalan que los precios de las materias primas se mantendrán en los actuales niveles en lo que resta del 2021. Sin embargo, en la medida que el virus siga sin ser controlado, los riesgos de rebrotes en varias regiones en el mundo seguirán siendo una amenaza para la salud y la economía global. Lo que sí se puede proyectar es que una vez superada la pandemia, se producirá un ciclo importante de recuperación de la economía global que va a arrastrar favorablemente los precios de las materias primas.

¿Qué hacer?

¿Cómo enfrentar el actual contexto y, sobre todo, cómo prepararnos para aprovechar de la mejor manera una eventual recuperación sostenida de los precios de los minerales? ¿Qué cosas habría que corregir y cómo evitar el riesgo de repetir el piloto automático del pasado reciente?

En medio de una situación complicada, con una economía peruana fuertemente golpeada por la pandemia y una drástica caída de los ingresos fiscales, la recuperación que se viene dando de los precios de los minerales, es una buena noticia. No hay que olvidar que si bien hace apenas unos años duplicamos la producción de cobre en el Perú, esto no se tradujo en un incremento del aporte tributario proveniente del sector minero, debido a que las empresas han estado recuperando sus inversiones.

Habiendo terminado en la mayoría de casos el período de recuperación de las inversiones y con el actual nivel de precios del cobre y de otros minerales, el aporte tributario de la minería puede aumentar sustantivamente a partir del próximo año. Nuevamente cabe preguntar si se va a seguir aplicando el piloto automático -como ocurrió en el período 2002-2013- o se hacen algunos ajustes.

¿Qué se puede hacer para mejorar la participación del Estado en la renta minera? A nuestro modo de ver hay dos vías para darle al Estado peruano la flexibilidad que tienen otros países para regular actividades como la minería y mejorar la participación de la renta extractiva. La primera posibilidad sería derogar el Art. 62 de la Constitución de 1993 que protege los convenios de estabilidad tributaria. El país y el contexto actual son completamente diferentes al que teníamos a principios de la década del 90 y estos mecanismos ya no se justifican. Varios países con una importante actividad minera, como Australia, México, Brasil, Canadá, entre varios otros, no tienen este tipo de convenios.

Una segunda vía sería modificar el régimen contributivo de la minería para que la recaudación sea mayor y esté mejor alineada con los ciclos de los precios de las materias primas. Por lo tanto, de lo que se trata es de implementar instrumentos fiscales alternativos -o complementarios- que permitan al Estado participar de manera progresiva en las utilidades extraordinarias del sector.

Un primer instrumento fiscal podría ser una regalía que se aplique sobre el valor de producción o de las ventas en vez de sobre la utilidad operativa, como sucede con la regalía actual. ¿Qué ventaja trae esto? Primero, le genera ingresos al fisco desde el comienzo de la producción (y sin demora, lo que trae además un alivio para cubrir las expectativas que genera la llegada de un proyecto minero a una región, que si no aporta beneficios se puede traducir en malestar y conflictividad social); segundo, anula la utilidad de elevar los costos deducibles para pagar menos impuestos. Este tipo de regalía se aplica en el caso de Las Bambas (regalía contractual) y no ha sido ningún impedimento para que el proyecto se desarrolle.

El otro instrumento fiscal podría ser la creación de un impuesto sobre las rentas de recursos naturales -o RRT- que solo considera los flujos netos de efectivo. Por eso, los costos de exploración, el desarrollo y la explotación de los yacimientos se deducen de manera total e inmediata de los ingresos. El RTT se aplica cuando el flujo de caja de un proyecto minero se vuelve positivo, luego de haber alcanzado una tasa mínima de retorno.

El RRT (impuesto sobre las rentas de recursos naturales) busca generar una mayor recaudación durante los ciclos de mayor rentabilidad, los que típicamente coinciden con períodos de precios altos de los minerales. Pocos saben que ésta es una propuesta hecha por una misión del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI en el año 2006, que señaló que el régimen fiscal aplicado en ese momento en la minería peruana no era “suficientemente progresivo en su estructura” y recomendó la aplicación del RRT para “capturar una participación más alta de la renta minera”.

El RRT se aplicaría además del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría y de la Regalía, y de alguna forma reemplazaría al Impuesto Especial Minero, creado al inicio del gobierno de Humala. El Gravamen Especial Minero continuaría existiendo en la medida que existan empresas con convenios de estabilidad tributaria que se nieguen a pagar regalías y judicialicen esas obligaciones a fin de no pagarlas.

El debate sobre el tema tributario y la minería está abierto y esperamos que estos temas puedan ser considerados por las dos fuerzas políticas que han pasado a la segunda vuelta.

[1] En los primeros años del siglo XXI la onza de oro llegó a estar a US$270 y la libra de cobre a US$ 0.70 ctvs.

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La agenda de sociedad civil para las cadenas de suministro mineras responsables en los Andes • Juan Luis Dammert B. • NRGI

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• La iniciativa preferente de hidrocarburos pretende fortalecer el control del Estado en este sector, pero olvida los derechos de pueblos y comunidades y de las generaciones futuras, así como la prohibición del fracking.
• Tal y como fue presentada por el Ejecutivo, la reforma es una oportunidad perdida para transformar las promesas del gobierno en hechos.
• Urge abrir un debate amplio y representativo que incluya a los pueblos y comunidades, sobre el futuro del sector energético.

El pasado 26 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Iniciativa de reforma de la Ley de Hidrocarburos con la que pretende devolver al Estado el control de las actividades relacionadas al almacenamiento, transporte, distribución y venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Sin embargo, el pretendido fortalecimiento del Estado en esta como en anteriores reformas en materia energética, olvida establecer acciones para atender los problemas sociales y ambientales de fondo que históricamente ha provocado este sector; agravados hoy por un contexto de emergencia climática y crisis del agua que nos urgen a actuar de manera inmediata, efectiva y contundente.

Reformar la Ley de Hidrocarburos podría abrir la oportunidad de cambiar disposiciones establecidas por la Reforma Energética del gobierno de Peña Nieto que buscaron promover los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los bienes comunes y los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.

La Ley de Hidrocarburos vigente contiene disposiciones que dan prioridad al uso y ocupación de los territorios para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos, vulnerando diversos derechos de quienes habitan en ellos, comenzando por el derecho a la libre determinación. Dado que esta industria es considerada de utilidad pública, las empresas, incluyendo Pemex, pueden apelar a figuras como las servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de sus actividades, y las personas, comunidades y pueblos se verán obligados administrativa o judicialmente a ceder sus terrenos para el desarrollo de proyectos de gas y petróleo.

En el mismo sentido va la declaratoria de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos como de interés social y orden público en la Ley vigente “por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, incluyendo las que de forma tradicional han realizado las comunidades. La iniciativa de reforma del gobierno de la Cuarta Transformación en realidad no transforma lo más perjudicial de la reforma energética. De esta manera, deja intacto el conjunto de disposiciones legales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y de ejidos y comunidades campesinas sobre sus tierras y territorios, forzándoles a permitir las actividades de hidrocarburos sin importar las afectaciones a su entorno, sus formas de vida y sus derechos. Esto supone, además, un arma de presión por parte de las empresas en las negociaciones para la renta de las tierras que, la misma ley, prevé se hagan en negociación directa entre empresas y personas propietarias.

Finalmente, los estudios y evaluaciones de impacto social contemplados en la Ley de Hidrocarburos no son mecanismos efectivos para proteger los derechos humanos, pues no cumplen con las obligaciones internacionales en la materia al dejar en manos de las empresas la realización de las evaluaciones y excluyen la participación de las comunidades afectadas. Y, aunque la Ley vigente contempla “llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios”, esta obligación queda prácticamente inoperante frente a las figuras de uso y ocupación de los territorios, que les imposibilita rechazar y detener aquellos proyectos que les afectan. Todo ello convierte a estos instrumentos en meros trámites y formalidades que terminan por validar megaproyectos que ya han sido en realidad impuestos, impidiendo que sean una garantía efectiva para la defensa del territorio.

Por último, subrayamos que proponer una reforma a la Ley de Hidrocarburos peñista era una gran oportunidad para que el gobierno actual hiciera efectiva su promesa -expresada de manera reiterativa por el presidente a lo largo de estos más de dos años de mandato-, de no permitir el uso del fracking en el país, incluyendo la prohibición explícita de esta técnica en la citada Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, al igual que sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica, no aprovecha esta oportunidad y solamente presenta cambios que, aunque puedan ser pertinentes, no incorporan las demandas históricas que pueblos, comunidades y sociedad civil han exigido en su rechazo de la Reforma Energética, tanto en tribunales como ante instancias internacionales de derechos humanos.

Ante este contexto, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking hacemos un llamado al Poder Legislativo para:

• Que se incluya de manera explícita la prohibición del fracking en la iniciativa de Ley de Hidrocarburos.
• Que se incluyan en la iniciativa de Ley de Hidrocarburos propuestas para derogar las disposiciones lesivas a derechos humanos y colectivos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas de la ley vigente, como las figuras de uso y ocupación de los territorios y el carácter preferente.
• Que abran un debate amplio y representativo sobre esta y otras reformas legales en materia energética, que incluya la participación de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
• Que la atención a la emergencia climática se incluya como un eje central en todas las decisiones legislativas en materia energética.

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El escenario político que ha traído la primera vuelta está siendo analizado desde varios ángulos, pero claramente ha dejado sorprendidos a la mayoría de líderes de opinión y analistas que miran al país desde Lima y los grandes medios de comunicación.

En esas lecturas se devela que hay otro país, otro Perú cuyas dinámicas parecen pasar desapercibidas para los debates y análisis que se hacen desde la capital de la República. La primera vuelta ha dado un escenario de polarización entre 2 alternativas: la representada por Keiko Fujimori de Fuerza Popular y la que representa Pedro Castillo de Perú Libre.

No se trata solo de dos personas, es la disputa entre los representantes de dos formas muy distintas de entender el país y modelos de desarrollo completamente diferentes.

Por un lado Keiko Fujimori se ha encargado de reafirmar en esta campaña que será la continuadora del modelo que instauró su padre. Ha señalado que va profundizar las líneas de ese modelo y una defensa irrestricta de la Constitución de 1993, que le da sustento. En ese sentido, Keiko abiertamente ha expresado su respaldo al empresariado minero, comprometiéndose a impulsar los proyectos que están trabados y nuevos proyectos.

Por su parte el candidato Pedro Castillo, ha señalado que propone una nueva constitución que sea producto de una asamblea popular constituyente, y que en esta se ponga al estado como actor central de la actividad económica, recuperando su rol en el manejo del gas y la minería. Propone consultar al pueblo antes de impulsar un proyecto minero.

Se trata de miradas muy distintas de cómo abordar la minería en el país y el papel del estado en la regulación de esta actividad. Pero a eso hay que agregar la complejidad de un congreso fragmentado y sin mayorías, así como los antecedentes y capacidad real que tendrán estos candidatos para desarrollar sus propuestas. La candidata Fujimori tiene serios cuestionamientos de corrupción, además de indicios que continuará con el legado autoritario y conservador de su padre. Por el lado de Castillo, su partido Perú Libre y él como dirigente magisterial, son acusados de tener vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Lo cierto es que Castillo y su movimiento tienen una mayor cercanía a movimientos sociales como los ronderos de la sierra norte, así como con otras organizaciones y comunidades de regiones como el sur andino y la Amazonía. No es casual que zonas donde se desarrolla una intensiva actividad minera, como Puno, Cusco, Arequipa, o Apurímac le hayan dado un voto mayoritario al candidato del lápiz. Si alguna coincidencia podemos encontrar entre ambos candidatos, es que ambas tienes posturas similares en temas como su oposición al enfoque de género, a derechos sexuales, así como en su crítica a la labor de los organismos de derechos humanos y las ONGs.

Sería aventurado hacer una predicción del desenlace de esta segunda vuelta. Lo que si podemos afirmar es que en el estado peruano existe lo que podríamos llamar una hegemonía del modelo neoliberal instaurado por el fujimorismo, y está claro que los sectores políticos alineados en la defensa del modelo y la constitución del 93 van a cerrar filas con la candidata de Fuerza Popular. Habrá que ver las alianzas o ajustes al programa que pueda realizar Pedro Castillo para ampliar su base de apoyo y disputarle el escenario a su contrincante.

Recordemos que buena parte del voto en apoyo a la candidatura de Castillo proviene precisamente de regiones donde se realiza la actividad minera de manera intensiva desde hace décadas, pero esto no se ha visto reflejado en el desarrollo y beneficio de las comunidades y población más necesitadas. Asimismo de regiones históricamente postergadas por el estado y que se han visto más golpeadas por los efectos económicos y sociales de la pandemia.

En cualquiera de los casos, desde la sociedad civil lo que seguiremos defendiendo e insistiendo, es en la importancia de la defensa de los derechos humanos, la democracia y las libertades. De la misma manera, en que se promueva el ordenamiento territorial para planificar la actividad minera, y se informe, coordine y consulte debidamente con las comunidades que se verían afectadas o son aledañas de los proyectos mineros.

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El rol del gas de Camisea en el desarrollo del sur es un tema presente en la agenda del debate electoral. Lo han planteado más enfáticamente Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. La candidata de Juntos por el Perú (JP) plantea la creación de una Autoridad Nacional de Masificación del Gas, encargada de invertir y llevar este insumo a las provincias y distritos más alejados del país. Por su parte, el representante de Acción Popular (AP) propone el ingreso del gas proveniente de Bolivia al mercado nacional con el fin de reducir el precio del gas doméstico.

Ambas propuestas hacen pertinente la pregunta, ¿cuál es la situación actual de la gestión de este recurso en el país?

En 15 años de explotación, la mitad del gas ha sido destinado a la exportación a precios escandalosamente bajos. Ello gracias a los cambios en el contrato original realizados en el gobierno de Alejandro Toledo, teniendo a Pedro Pablo Kuczynski −entonces titular del ministerio de Economía− como el principal operador.

La otra mitad, dirigida al mercado interno, ha servido para la generación de electricidad y una pequeña parte para la mal llamada masificación vehicular y domiciliaria. Mal llamada debido a que después de 15 años solo Lima, el Callao e Ica tienen gas por tuberías. Del millón de conexiones existentes en el país, el 90% está en la capital.

Esta realidad contrasta con la de países vecinos como Bolivia y Colombia, que cuentan con menos reservas que Perú, pero cuyas redes de gasoductos cubren al 46% y 75% de su población, respectivamente. Y lo peor de todo, en el sur peruano, donde se encuentra este recurso, las familias no tienen gas en sus domicilios.

El proyecto de masificación 7 Regiones, para llevar gas por camiones a 113.000 familias de Cusco, Apurímac, Puno, Huancavelica, Junín, Ayacucho y Ucayali; se ha convertido en una verdadera mecedora manejada por Proinversión. Hace 7 años que se trata de hacer la concesión, sin resultados. En setiembre del 2020, la agencia pospuso una vez más la buena pro del proyecto.

Asimismo, el proyecto de gas virtual por camiones, que abastecía las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, ha fracasado. El año pasado, la empresa concesionaria Naturgy anunció su retiro del mercado por falta de rentabilidad y acusó al Estado de carecer de “coherencia en la política de masificación del gas natural”. El gas que pagan los hogares en estas ciudades sería 2,5 veces más caro comparado con Lima.

¿Es justo esto? Claro que no.

Es tiempo de relanzar el gasoducto del sur. Hay reservas suficientes y hay demanda potencial. La consultora Mott MacDonald, contratada en el gobierno de PPK para evaluar el proyecto, concluyó que el gasoducto es viable y sugirió mantener el trazo andino actual. El costo sería de 4.500 millones de dólares.

Saliendo de su letargo, los gobiernos regionales del sur se pronunciaron el pasado 24 de marzo exigiendo al Minem y Proinversión viabilizar el proyecto SIT Gas antes del cambio de gobierno y no seguir postergando la licitación del proyecto 7 Regiones. Hace falta que las organizaciones sociales y los gremios empresariales del sur también se pronuncien y hagan causa común.

Las investigaciones por corrupción iniciadas por la fiscalía deben seguir su curso hasta hallar a los responsables. Lo propio debe ocurrir con las denuncias ante el CIADI interpuestas por las empresas Enagás y Odebrecht por la cancelación del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Ello no debe impedir el relanzamiento de este importante proyecto, revisando su costo y con un enfoque de rentabilidad social. Para ello se necesita de un gobierno con voluntad política dispuesto a replantear las condiciones del contrato actual.

Lea el artículo original: La República

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