• 7 septiembre, 2026
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Luis Felipe Jiménez Cubillos

Foro Nacional por Colombia – Capítulo Región Central

Luego de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, quien tuvo como una de sus banderas políticas el impulso de la transición energética justa, la reducción de las emisiones, la descarbonización de la economía y la protección ambiental, en una apretada votación de segunda vuelta se impuso, por una diferencia menor a un punto porcentual, el abogado de ultra derecha, Abelardo De la Espriella, frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, quien le daría continuidad a los programas del expresidente Petro.

De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, fue electo con un programa de gobierno que propone, en asuntos ambientales y minero energéticos, hacer un tránsito de un ambientalismo “restrictivo y declarativo» hacia uno «productivo y regenerativo» que buscaría incentivar la generación de riqueza a través del uso de la biodiversidad en equilibrio con su protección y restauración (Defensores de la Patria, 2026). Este modelo de gestión ambiental esta consignado en un plan denominado “Agua, biodiversidad y comunidades (ABC). Bioeconomía, legalidad y prosperidad para Colombia: del desarrollo sostenible al desarrollo regenerativo”, en el que se reconocen diversas problemáticas, se exalta el valor del agua, pero donde se plantea enfáticamente promover el desarrollo de proyectos mineros, agropecuarios y energéticos de gran escala, centralizar el control de los recursos naturales para tranzarlos en mercados internacionales sin dar mención clara a las medidas de protección territorial, de inclusión comunitaria y garantía de derechos.

Las primeras señales del gobierno electo y de su equipo de empalme apuntan a una reconfiguración del modelo de gobernanza ambiental y minero-energética que coincide con la tendencia regional que preocupa a la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) y que están experimentando Argentina, Chile, Bolivia y Perú: el repliegue de garantías sociales, ambientales y étnicas para atraer otras inversiones extranjeras, ampliar la frontera extractiva, intensificar el modelo y abastecer la demanda internacional de minerales e hidrocarburos.

Para analizar este fenómeno, se revisarán las apuestas de flexibilización y desregulación que propone este nuevo gobierno, las medidas para intensificar el modelo extractivo, y las nulas iniciativas para avanzar en la transición energética del país.

1. Flexibilización y desregulación social y ambiental.

En relación con esta tendencia que esta experimentando América Latina con leyes y decisiones como la polémica reforma a la Ley de Glaciares en Argentina, la desaparición del ministerio de ambiente en Bolivia o la anulación de 43 decretos ambientales en Chile, el nuevo presidente de Colombia ya ha señalado su intención de simplificar y agilizar los permisos ambientales y el mecanismo de consulta previa. El equipo de transición ya prepara cerca de 90 decretos para los primeros días de gobierno donde se haría una revisión integral de los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa dentro de una estrategia de desregulación (Valora Analitik, 2026).

Esto podría generar un debilitamiento en los procedimientos de estudio y verificación de las condiciones técnicas, ambientales y sociales para avalar diferentes tipos de proyectos de infraestructura, energía, minería e hidrocarburos, y una trasgresión al derecho fundamental de los grupos étnicos a participar y tener un diálogo intercultural previo a la toma de decisiones y aprobación de proyectos que afecten su territorio y su cultura.

1.1 De garantía comunitaria a trámite estatal: el giro de enfoque

El programa de gobierno de De la Espriella ofrece «protección jurídica y seguridad total» a inversionistas y promete «agilizar» los trámites de consulta previa, en particular para proyectos de transmisión energética (La Silla Vacía, 2026a). Ese compromiso se concretó en el documento programático ABC del Milagro Ambiental, que anuncia un «Plan de Destrabe Ambiental» para simplificar y agilizar permisos ambientales y consultas previas mediante «plazos máximos claros, ventanillas únicas efectivas y procedimientos predecibles» (Defensores de la Patria, 2026).

Actualmente, la consulta previa posee unos tiempos estimados para realizarse de 30 días a cuatro meses en los casos más simples, aunque, en la práctica, se extienden en algunos casos cuando hay conflictos fuertes, muchas comunidades o temas por acordar. Al respecto, el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, biólogo marino y exdirector de Conservación Internacional Colombia, ha planteado que los tiempos actuales para surtir la consulta previa son un «mecanismo extorsivo» que el Estado debe asumir y no los promotores de los proyectos (La FM, 2026), enfatizando que la consulta previa debe ser liderada directamente por el Gobierno y no las empresas proponentes puesto que la delegación de esta responsabilidad en las empresas ha permitido interpretaciones discrecionales, retrasos y la proliferación de nuevas comunidades durante los procesos (Cambio, 2026; HSB Noticias, 2026).

Estas alusiones plantean algunas preocupaciones. Primero, la ambigüedad sobre si «agilizar» implica acortar los plazos legales vigentes o si se trata de mejorar la gestión sin sacrificar el estándar de participación (La Silla Vacía, 2026b). Segundo, el riesgo de que la simplificación afiance una lógica transaccional de la consulta (aprobación comunitaria a cambio de prebendas o desembolsos sin beneficio colectivo) cuando el proyecto ya está definido, en lugar de un diálogo intercultural que incorpore a las comunidades desde el diseño y este orientado a generar beneficios colectivos a largo plazo. Tercero, la posibilidad de que el Estado se haga cargo de las consultas previas puede implicar un conflicto de intereses al Estado, puesto que puede quedar atrapado en un doble rol como promotor de proyectos estratégicos y garante de los derechos de los pueblos étnicos, restando credibilidad a la posible neutralidad de la entidad estatal que asuma proceso.

Adicionalmente, estas apuestas enfrentan un reto normativo y jurisprudencial, ya que la consulta previa no es un trámite administrativo discrecional, sino un derecho fundamental, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, y en el artículo 330 de la Constitución Política (Corte Constitucional de Colombia, 1997), que ha evolucionado a través de Sentencias Constitucionales. Por ejemplo, la Sentencia de Unificación SU-039 de 1997 precisó que las consultas tienen el objetivo de dotar a las comunidades de conocimiento pleno sobre los proyectos que las afectan directamente, ilustrarlas sobre los posibles impactos en su cohesión social, cultural, económica y política, y brindarles la oportunidad de pronunciarse libremente antes de la adopción de cualquier medida. Posteriormente, la Sentencia SU-123 de 2018 diferenció una escala de participación según la intensidad de la afectación (participación, consulta o consentimiento libre, previo e informado) que exige un análisis detallado caso a caso. Este marco jurisprudencial, que protege este derecho fundamental, hace incompatible reducir o acortar los plazos de un procedimiento que involucra una multiplicidad de derechos y problemáticas complejas que difícilmente van a ser abordadas correcta y adecuadamente en pocas semanas. Una reforma de esas características corre el riesgo de multiplicar y escalar los conflictos socioambientales en torno a los proyectos (Ámbito Jurídico, 2026).

La experiencia reciente evidencia que no existe atajo institucional para este derecho, salvo una medida arbitraria y, claramente, inconstitucional. Por ejemplo, el piloto de fracking Kalé fue suspendido en abril de 2022 por un juzgado de Barrancabermeja al constatar la violación de la consulta previa de la comunidad Afrowilches; aunque el Tribunal Administrativo de Santander revocó esa decisión meses después, el precedente judicial quedó sentado, y los tiempos de consulta previa en proyectos de hidrocarburos en Colombia oscilan hoy entre 18 y 36 meses cuando no hay litigio paralelo (Americas Market Intelligence, 2026). Frente a ese antecedente, la promesa de «agilizar» los trámites mediante plazos máximos administrativos choca con un estándar jurisprudencial que condiciona la validez de la consulta a la calidad del diálogo intercultural, no a su duración.

1.2 Licenciamientos express: una vieja carta

En cuanto a los procesos de licenciamiento ambiental, el nuevo ministro de ambiente ha cuestionado públicamente las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) considerando que la entidad le hace un “hostigamiento sistemático» a los proyectos estratégicos (Cambio, 2026). Asimismo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómnez, ha planteado que las actividades extractivas son esenciales para la generación de riqueza en el país y que, debido a las actuaciones de los “ecopatas” o “ambientalistas extremos”, hacer minería es prácticamente imposible porque el proceso de licenciamiento ambiental puede tomar hasta 10 o 15 años (Ospina, 2026). A esto, los representantes del nuevo gobierno añaden que la sostenibilidad solo será viable si hay mayores ingresos derivados de las actividades extractivas, ya que “el principal problema para la sostenibilidad es la pobreza” (Niño, 2026a).

El nuevo gobierno pretende justificar la flexibilización del proceso de permisos y licencias ambientales bajo una hipótesis que no es nueva en Colombia, ni en Latinoamérica, sobre los beneficios teóricos de las actividades extractivas: a mayor extracción y exportación de materias primas, mayores ingresos y mejores condiciones socioeconómicas en el país.  La hipótesis ya está refutada también, puesto que, luego de 30 años de inversiones intensivas en extracción de minerales e hidrocarburos, la brecha de inequidad sigue siendo alta y la irrigación de esa riqueza generada bastante limitada. Al contrario, se ha visto que la vulneración de derechos culturales, sociales y ambientales en los territorios de extracción fue en incremento durante los periodos de mayores precios internacionales de la mano con la intensificación de las conflictividades socioambientales relacionadas con este tipo de actividades.

El cumplimiento del proceso de licenciamiento ha sido, en muchos casos, prenda de garantía para evitar que los proyectos minero energéticos vulneren a las poblaciones y sus territorios. Su flexibilización y debilitamiento solamente amenazan la rigurosidad con la que se pueden implementar estos procedimientos, por ende, las garantías ambientales y sociales con las que cuentan las personas en los lugares de impacto directo e indirecto de este tipo de proyectos.

La narrativa desarrollista que pretende justificar la reducción de este procedimiento, incluso el mecanismo de consultas previas, no es nuevo. En el 2014 tuvo un fuerte intento a través de un decreto que simplificaba los pasos para que los proyectos de infraestructura, minas e hidrocarburos tuvieran el permiso. Para esa época había varias preocupaciones por la simplificación del proceso, doce años después, al menos cuatro de ellas se mantendrían vigentes, a falta de conocer con más detalles la propuesta y el recurso normativo por el cual se simplificaría el licenciamiento ambiental.

Primero, los proyectos de gran impacto difícilmente pueden valorar y dimensionar sus efectos en pocos meses debido a la complejidad de algunos proyectos y la fragilidad de algunos ecosistemas, lo que puede forzar respuestas institucionales a pesar de la existencia de dudas y falta de certezas. Segundo, acelerar los procesos podría implicar la necesidad de contratar más personal y fortalecer las capacidades del personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las Corporaciones Autónomas Regional en las labores de evaluación y de seguimiento de los proyectos, aún más cuando este gobierno pretende limitar el gasto público e impulsar el fracking, una técnica que viene acompañada de mucha incertidumbre por los riesgos que puede implicar y donde se necesita mucha rigurosidad a la hora de implementarla y hacerle seguimiento a sus efectos.

Tercero, hasta qué punto puede haber acciones de licenciamiento selectivo, qué actividades y tipos de proyectos pueden tener mayor laxitud en sus tiempos y requisitos, ya que en el pasado se intentó. Cuarto, la participación ciudadana efectiva podría limitarse mucho más, esto teniendo en cuenta que las audiencias públicas, hoy en día, son meramente informativas y son espacios donde no se toman decisiones y se socializan los proyectos, lo que podría restringir más las garantías para participar en estas decisiones, empeorar la situación e incrementar la conflictividad que terminan siendo resueltos en tribunales, esto sin contar con las licencias que dependen de los procesos de consulta previa.

Aunque los voceros del gobierno afirman que las actividades energéticas y mineras se harían con exigencias ambientales, a pesar de la simplificación del proceso de licenciamiento, se advierte que esta propuesta contiene muchos riesgos, puesto que se puede dar un aval de sostenibilidad a proyectos con muchos impactos socioambientales irreversibles solo por el afán viabilizar inversiones y la generación de rentas, esto sin medir el costo que puede implicar recuperar estos daños, o el costo social y ambiental de permitir la degradación de ecosistemas y territorios (Alfonso, 2026). El sello de sostenibilidad debe ser revisado con detenimiento.

2. Apuesta por el fracking: la intensificación del modelo extractivo

El gobierno de De la Espriella ha sostenido en diferentes espacios que mantendrá y fortalecerá la extracción y exportación de hidrocarburos en el país. Su modelo de desarrollo busca profundizar el modelo extractivo en el país desestimando cualquier apuesta de descarbonización de la economía. El actual presidente en campaña anunció que haría fracking sin restricciones y su ministro de Hacienda ha sido enfático en reiterar la reanudación de la perforación de pozos petroleros y que se promoverá el “fracking ambiental” (con responsabilidad ambiental) para:  acceder a nuevas reservas de crudo y gas (Ospina, 2026), reducir la importación de gas que viene requiriendo el país desde diciembre de 2024, mejoren las condiciones de seguridad y autosuficiencia energética, y capturar regalías derivadas de esta actividad como motor de desarrollo territorial. Por su parte, el ministro de Ambiente ha señalado que, en caso de que se haga fracking, debe hacerse con los mejores estándares y solamente en los valles interandinos y en el Magdalena Medio, lo que no superaría 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional (Niño, 2026a).

2.1 Una discusión no zanjada

Colombia reabre la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de implementar el fracking en el país, por un lado, se mantienen las preocupaciones por los perjuicios sociales, los efectos ambientales en las aguas subterráneas, las emisiones fugitivas y la lucha contra el cambio climático. En el otro, se posiciona la narrativa sobre la necesidad de incrementar las reservas de hidrocarburos, garantizar la seguridad energética e incrementar las finanzas de la nación. En esa pugna, algunos estiman que, solo en el Valle Medio del Magdalena, podría haber un potencial de 4.600 millones de barriles de petróleo y 18 terapiés cúbicos de gas natural, una reserva que reduciría la importación de gas, el costo del gas para hogares e industrias y aportarían ingresos fiscales importantes.

La apuesta por el fracking en Colombia no es una situación novedosa, al igual que el intento por reducir y debilitar las licencias ambientales y la consulta previa. Es un compendio de medidas complementarias que son parte de una gran fórmula de la miopía rentista y el lobby extractivo. En el 2018 se conformó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el objetivo de analizar las implicaciones y posibles efectos que tendría la implementación de esta técnica en unos territorios específicos del país y brindar recomendaciones para realizar unos Proyectos Pilotos Integrales de Investigación (PPII) sobre el fracking en Colombia. Estas recomendaciones planteaban una indagación científica, muestreos técnicos, monitoreo, procesos de gobernanza y participación con la ciudadanía en estas zonas. Sin embargo, en el 2020 el gobierno nacional publicó el Decreto 328, donde se determinaron unos lineamientos para implementar los PPII desconociendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos en asuntos sociales y ambientales, suprimiendo el carácter investigativo de los PPII y avalando las acciones de exploración para la implementación del fracking de forma expedita.

El cuestionamiento público a estas medidas no se hizo esperar y esta iniciativa quedo suspendida por la pandemia del Covid-19, por el Paro Nacional y el Estallido Social que experimento el país entre el 2020 y 2022. Durante el gobierno de Gustavo Petro no hubo ningún respaldo al fracking y se intentó prohibir a través de siete iniciativas legislativas en el Congreso, de las cuales, seis fracasaron por falta de agendamiento de los debates. El último proyecto de ley antifracking fue radicado el 20 de julio y, a la fecha, no ha tenido debate.

2.2 Fracking ambientalista: promesa o eufemismo

Luego de una campaña política agresiva desde el discurso, el gobierno actual ha buscado moderar y matizar la forma en que se refiere al fracking catalogándolo de ambiental, sostenible, responsable, entre otros. Actualmente, afirma apostar por la implementación de PPII condicionados a cinco aspectos. Primero, un límite geográfico, confirmando que habría prohibición total de esta técnica en páramos, zonas de agua subterránea, áreas protegidas y territorios étnicos. Segundo, una línea base ambiental con medición independiente del estado del agua, el aire y el riesgo sísmico antes de operar. Tercero, un monitoreo en tiempo real por entidades técnicas con información pública para la ciudadanía. Cuarto, una cláusula de suspensión inmediata si los controles demuestran un daño ambiental irreversible. Quinto, exige licencia social mediante diálogo e información previa con las comunidades de las zonas de influencia (Niño, 2026b).

Si se suma esta apuesta a las restricciones que se le busca imponer al proceso de licenciamiento y de consulta previa, queda la sensación de que, al menos, tres de las condiciones mencionadas anteriormente podrían no tener viabilidad: i) a menor oportunidad para prever los efectos y monitorear adecuadamente el desarrollo de estas actividades desde las entidades encargadas de otorgar y controlar los permisos ambientales, menor posibilidad de que se garantice un monitoreo adecuado a riesgos no mapeados por la celeridad del procedimiento ante una técnica compleja; ii) si este monitoreo tiene falencias y no logra identificar los efectos negativos ambientales de la técnica, no es muy probable un escenario de suspensión del contrato previo a daños irreversibles causados; iii) sin procesos participativos y de consulta previa garantes de derechos y con metodologías dispuestas para la interacción bidireccional transparente, deliberativa e incluyente, difícilmente puede haber una licencia social, lo que llevaría a escenarios de escalamiento de conflictos ambientales; iv) una medición independiente para elaborar una línea de base ambiental corre el riesgo de ser manipulable, puede ofrecer un resultado inexacto o parcializado y requiere una medición oficial del Estado a través de su autoridad de licenciamiento ambiental.

A la fecha, se conoce que la empresa Drummond Energy estima hacer perforaciones de yacimientos no convencionales en 2027 entre los departamentos de Cesar y La Guajira, donde creen que puede haber hasta 20 terapiés cúbicos de gas natural. Estos son contratos de exploración y explotación firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2016 y en 2023 y no estarían en el marco de los PPII, ya que, según voceros de la empresa, no se necesita hacer investigación con los PPII porque ya tienen experiencia suficiente para hacer las perforaciones de estos yacimientos. Se espera que la explotación de no convencionales multiplique las reservas de gas 70 veces y las de crudo 4 veces, pero con la claridad de que se vería reflejado en 2030 (La Silla, 2026f).

Al final, de fondo, no se pone sobre la mesa el riesgo de seguir dependiendo macroeconómicamente de la exportación de hidrocarburos en contexto altamente fluctuantes y volátiles, ni se contemplan estrategias para diversificar la economía nacional y la canasta exportadora.

3. La ausencia de la transición energética justa: un vacío programático deliberado

A diferencia del capítulo dedicado a hidrocarburos y minería, el programa de gobierno de De la Espriella no contiene una apuesta explícita ni metas verificables para promover la transición energética justa. El plan “Salvación Nacional” respalda el fracking y los yacimientos no convencionales como «palanca estratégica», promete crear 150.000 empleos en el sector de hidrocarburos, generar entre 15 y 20 billones de pesos en regalías, y ofrece «protección jurídica y seguridad total» a los inversionistas (La Silla Vacía, 2026a). Cuando se refiere a energías renovables, el presidente electo lo ha hecho en términos condicionales, planteando que hay unas energías renovables que “pueden ser viables” dentro de una canasta energética que privilegia la generación a partir de fuentes convencionales como la hidráulica y térmica (El País, 2026, citado en documento de trabajo interno).

Esa incertidumbre se profundiza con las declaraciones del ministro de Ambiente, quien lamentó la pérdida de los 16.000 megavatios de energía eólica proyectados para La Guajira y calificó la Conferencia de Santa Marta para el abandono de combustibles fósiles como una «absoluta pérdida de tiempo» (La Silla Vacía, 2026c). El mensaje conjunto del gabinete entrante es el de una transición energética supeditada a la seguridad de suministro y a la rentabilidad fiscal de los hidrocarburos, y no orientada a contribuir en el cumplimiento de compromisos climáticos verificables, ni a reducir la dependencia macroeconómica en la extracción y exportación de minerales e hidrocarburos, ni a consolidar progresivamente una oferta energética basada en fuentes de energías renovables en el marco de la hoja de ruta para la transición energética justa adelantada por el gobierno saliente.

En ese sentido, este gobierno retoma las apuestas del expresidente Iván Duque, donde el gas vuelve a ser calificado como un combustible fundamental en la transición energética de Colombia para garantizar la seguridad energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Según el ministerio de ambiente, se busca avanzar hacia una matriz energética mas limpia sin poner en riesgo el abastecimiento. Proyectos estratégicos de gas natural offshore serían priorizados como una promover la protección de ecosistemas marinos y costeros y el fortalecimiento de comunidades, pero no es clara la ruta o estrategia para hacerlo (Ministerio de Ambiente, 2026).

3.1 Del discurso a los hechos: la suspensión de programas estratégicos

La ausencia de una apuesta por la transición energética justa no se limitó al discurso de campaña, también se materializó en acciones concretas durante el fallido proceso de empalme ministerial. El ministro de Minas y Energía saliente, Edwin Palma, denunció que el equipo de empalme del presidente electo solicitó formalmente, mediante derecho de petición, que se abstuvieran de continuar la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar durante el periodo de transición (Portafolio, 2026; Infobae, 2026a). Se trata de una iniciativa que permitió que hogares de estratos 1, 2 y 3 instalaran paneles solares para reducir su dependencia en subsidios, y que, según el balance oficial del Ministerio, llevó la capacidad solar instalada del país de 200 megavatios en 2022 a cerca de 4.400 megavatios en 2026, un crecimiento superior al 2.200 % (Noticias RCN, 2026).

Asimismo, para el desarrollo del empalme fallido, suceso que tiene unas serias repercusiones en la continuidad de políticas y programas energéticos (Infobae, 2026b; Noticias RCN, 2026), el perfil de la persona que lideraría esta tarea refuerza la lectura de un giro radical del gobierno hacia la priorización de los combustibles fósiles como fuente energética y de ingresos para el país. José Miguel Saab, quien había sido designado líder de la mesa de empalme del sector minero-energético (Diario La Libertad, 2026), preside la junta directiva de Independence Drilling S.A., una compañía de perforación y mantenimiento de pozos de petróleo y gas que ha sido señalada por ser presunta responsable de un desastre ambiental en el pozo Lisama 158, operado bajo contrato con Ecopetrol en el municipio de Barrancabermeja, Santander (El Colombiano, 2026). Su nombramiento fue cuestionado por los conflictos de interés que tendría para asumir la transición en un sector que él mismo definiría (El Colombiano, 2026).

A su vez, el programa de creación de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, establecidos mediante la Ley 2294 de 2023 y reglamentados por el Decreto 0977 de 2024, ha recibido un importante golpe con la resolución emitida por la nueva ministra de minas en la que se derogan los 10 Distritos Mineros conformados en el gobierno anterior para promover la asociatividad entre mineros de pequeña escala, impulsar la industrialización con base en minerales estratégicos, desarrollar nuevas alternativas productivas, garantizar condiciones laborales dignas y la resolución de conflictos relacionados con la minería. El argumento es que, según la ministra, este es un instrumento de ordenamiento territorial que no debía tener el alcance de sustituir o reemplazar la minería y por tanto debe ser modificado. En juego quedan las apuestas para promover la diversificación y reconversión productiva de territorios dependientes de las economías de enclave generadas por la actividad minera, la delimitación de las actividades frente a áreas de especial protección y los compromisos generados al respecto (López, 2026).

La ausencia de referencias, sumada a la suspensión de programas y el perfil del equipo minero-energético, sugiere una desconexión entre los compromisos nacionales e internacionales que el Estado colombiano ya suscribió para reducir sus emisiones y la hoja de ruta que se anuncia para el próximo cuatrienio. Al final, se ponen en riesgo avances sustanciales y parciales del gobierno saliente en fines estratégicos para el país como: la diversificación de la matriz energética del país; los acuerdos adquiridos entre empresas de generación eólica y comunidades indígenas en La Guajira luego de varios años de negociación; las apuestas y metas trazadas en la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa; los programas para el establecimiento de comunidades energéticas; el fortalecimiento de los mecanismos de participación para la asignación de títulos mineros; la definición de un plan para la diversificación económica y productiva regional y nacional en articulación con un programa de reindustrialización nacional, y los programas de delimitación de distritos mineros para la diversificación productiva, entre otros asuntos.

Todo esto conforma un coctel de medidas que aún no están completamente identificadas y que retroceden las apuestas del gobierno anterior para tratar de impulsar una transición energética justa, prácticas y actividades extractivas responsables, y una forma de gobernanza diferente del sector minero energético en el país.

Referencias

Ámbito Jurídico. (2026). Revisitando la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/revisitando-la-consulta-y-el-consentimiento-libre-previo-e-informado

Alfonso, J. (2026). Colombia: ¿qué será del medio ambiente con De la Espriella? Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/colombia-de-la-espriella-presidente-qu%C3%A9-le-espera-al-medio-ambiente/a-77833774

Americas Market Intelligence. (2026). Abelardo de la Espriella: apertura energética en Colombia. https://americasmi.com/insights/abelardo-de-la-espriella-apertura-energetica-colombia/

Cambio. (2024, 18 de junio). Transición energética en Colombia: ¿Qué dice la ley y cuál es la situación actual? https://cambio.com.co/articulo/transicion-energetica-en-colombia-que-dice-la-ley-y-cual-es-la-situacion-actual/

Cambio. (2026, 3 de julio). MinAmbiente designado Fabio Arjona ratifica la ANLA y anuncia reforma para agilizar licencias ambientales. https://cambiocolombia.com/medio-ambiente/articulo/2026/7/ministro-de-ambiente-designado-por-el-nuevo-gobierno-descarta-eliminar-la-anla-y-promete-agilizar-licencias

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2099_2021.html

Corte Constitucional de Colombia. (1997). Sentencia SU-039/97 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). https://www.corteconstitucional.gov.co

Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-201/17. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-201-17.htm

Diario La Libertad. (2026, 1 de julio). Abelardo de la Espriella conforma un equipo de empalme con más de 1.300 expertos: economistas, exministros, exgobernadores y juristas liderarán la transición. https://diariolalibertad.com/2026/07/01/abelardo-de-la-espriella-conforma-un-equipo-de-empalme-con-mas-de-1-300-expertos-economistas-exministros-exgobernadores-y-juristas-lideraran-la-transicion/

Diario Minero. (2026, 18 de junio). Minería ilegal de oro en Colombia: propuestas presidenciales. https://www.diariominero.com/columnas/mineria-ilegal-oro-colombia-propuestas-presidenciales/

El Colombiano. (2026, julio). Tres nombres polémicos y otros perfiles que coordinan el equipo de empalme de De la Espriella. https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/nombres-polemica-equipo-empalme-abelardo-de-la-espriella-OB38399142

El Espectador. (2026a, 3 de julio). «Declarar la Amazonía libre de explotación minera es populista. ¡Paja!»: nuevo Minambiente. https://www.elespectador.com/ambiente/declarar-la-amazonia-libre-de-explotacion-minera-es-populista-paja-nuevo-minambiente/

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France 24. (2026, 24 de junio). El ultraderechista Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20260624-colombia-abelardo-de-la-espriella-presidente-electo

HSB Noticias. (2026, julio). MinAmbiente ANLA Colombia no será eliminada: el gobierno busca evitar bloqueos a obras. https://www.hsbnoticias.com/minambiente-anla-colombia-no-eliminar-pero-no-frenar-proyectos/

Infobae. (2026a, 23 de julio). Ministro de Minas reveló que el equipo de empalme de De la Espriella pidió frenar el programa Colombia Solar: «Me sorprende mucho». https://www.infobae.com/colombia/2026/07/23/ministro-de-minas-revelo-que-el-equipo-de-empalme-de-de-la-espriella-pidio-frenar-el-programa-colombia-solar-me-sorprende-mucho/

Infobae. (2026b, 9 de julio). Ministro Edwin Palma calificó de «irresponsable» la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/09/ministro-edwin-palma-califico-de-irresponsable-la-suspension-del-empalme-del-sector-energetico-en-pleno-fenomeno-de-el-nino/

La FM. (2026, julio). Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, fija su posición sobre el fracking: «No hay ninguna barrera tecnológica insalvable». https://www.lafm.com.co/politica/fabio-arjona-ministro-designado-ministerio-ambiente-fracking-tecnologia-colombia-403931

La Silla Vacía. (2026a, mayo). Las propuestas verdes y no tan verdes de los candidatos presidenciales. https://www.lasillavacia.com/silla-amazonia/las-propuestas-verdes-y-no-tan-verdes-de-los-candidatos-presidenciales/

La Silla Vacía. (2026b, junio). Este es el plan ABC para medio ambiente y comunidades de De la Espriella. https://www.lasillavacia.com/silla-amazonia/amazonia-en-breve/este-es-el-plan-abc-para-medio-ambiente-y-comunidades-de-de-la-espriella/

La Silla Vacía. (2026c). Fabio Arjona Hincapié [perfil]. https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/este-es-fabio-arjona-ministro-de-ambiente-de-de-la-espriella/

La Silla Vacía. (2026d, mayo). Expertos evalúan las propuestas de los candidatos para el medio ambiente. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-verde/expertos-evaluan-las-propuestas-de-los-candidatos-para-el-medio-ambiente/

La Silla Vacía. (2026e). Hágase la luz: así es la crisis energética que le deja Petro a De la Espriella. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/hagase-la-luz-asi-es-la-crisis-energetica-que-le-deja-petro-a-de-la-espriella/

La Silla Vacía. (2026f). El frackinf empezará a desarrollarse en Colombia en 2027. https://www.lasillavacia.com/silla-amazonia/amazonia-en-breve/el-fracking-empezara-a-desarrollarse-en-colombia-en-2027/

Llanos Navarro, A. (2026, junio). Los territorios que más sufren el extractivismo votaron en contra de De la Espriella. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-verde/los-territorios-que-mas-sufren-el-extractivismo-votaron-contra-de-la-espriella/

López, D. (2026). Ministra de Minas anuncia la derogación de resoluciones que delimitaban diez distritos mineros especiales en el país. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/datos/ministra-de-minas-anuncia-la-derogacion-de-resolucion-que-delimitaba-diez-distritos-mineros-esenciales-en-el-pais-3583276

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2026). Gas natural, clave para una transición energética segura y con reducción de emisiones. https://www.minambiente.gov.co/gas-natural-clave-para-una-transicion-energetica-segura-y-con-reduccion-de-emisiones/

Niño, L. (2026a). Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente, explicó cómo será la política ambiental del Gobierno entrante y le dio el aval al fracking: “No será en todos los sitios”. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/03/fabio-arjona-nuevo-ministro-de-ambiente-explico-como-sera-la-politica-ambiental-del-gobierno-entrante-y-le-dio-el-aval-al-fracking-no-sera-en-todos-los-sitios/

Niño, L. (2026b). Este es el plan de Abelardo de la Espriella para afrontar la crisis energética e impulsar la industria petrolera en Colombia. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2026/06/24/este-es-el-plan-de-abelardo-de-la-espriella-para-afrontar-la-crisis-energetica-e-impulsar-la-industria-petrolera-en-colombia/

Noticias Caracol. (2026, julio). Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habla sobre el fracking: ¿se hará en áreas protegidas? https://www.noticiascaracol.com/politica/fabio-arjona-ministro-de-ambiente-designado-habla-sobre-el-fracking-se-hara-en-areas-protegidas-ex40

Noticias RCN. (2026, julio). Minenergía alerta por suspensión del empalme y advierte riesgos para la seguridad energética. https://www.noticiasrcn.com/economia/minenergia-alerta-por-suspension-del-empalme-y-advierte-riesgos-para-la-seguridad-energetica-1039080

Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Ospina, D. (2026). Ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella plantea reforma tributaria, fracking y cambios al 4×1.000 para enfrentar la crisis fiscal. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/12/ministro-de-hacienda-de-abelardo-de-la-espriella-anuncia-reforma-tributaria-fracking-y-cambios-al-4×1000-para-enfrentar-la-crisis-fiscal/

Portafolio. (2026, julio). Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió frenar Colombia Solar durante el empalme, reveló el ministro Edwin Palma. https://www.portafolio.co/energia/gobierno-de-abelardo-de-la-espriella-pidio-frenar-colombia-solar-durante-el-empalme-revelo-el-ministro-edwin-palma-498794

Valora Analitik. (2026, 25 de junio). Gobierno De la Espriella arrancará con 90 decretos: habrá planes de choque en salud, seguridad y desregulación. https://www.valoraanalitik.com/gobierno-de-la-espriella-arrancara-con-90-decretos-habra-planes-de-choque-en-salud-seguridad-y-desregulacion/