Bolivia frente a los desafíos de una crisis energética que no inició hoy

• 10 agosto, 2026
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Escribe:
Raúl Velásquez Guzmán
Analista en energía e hidrocarburos
Fundación Jubileo – Bolivia

Desde hace 25 años que en Bolivia la política energética se limitó a la política hidrocarburífera y ésta estuvo centrada en el gas natural como un generador de renta petrolera que fue distribuida mediante regalías, participaciones e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, universidades públicas, Fondo Indígena, Renta Dignidad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Tesoro General de la Nación (TGN).

Los actores sociales y políticos de entonces, pensaban que el país tenía tanto gas que estaba destinado no solo a ser el “centro energético” de la región, sino a expandir el uso de este energético en el mercado interno. Para ello se generaron proyectos de gas domiciliario, gas para la industria, gas vehicular y gas para la generación de electricidad; olvidando que se trataba de un recurso natural no renovable y, por lo tanto, finito en el tiempo, pero además descuidando el desarrollo de otras fuentes de energía renovable.

También es importante recordar que, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la economía nacional, la política hidrocarburífera fue construida a partir de demandas sociales, que iniciaron en con la llamada “guerra del gas” el año 2003, luego vino el Referéndum Nacional de Política Energética del 2004 (en el que ganó abrumadoramente el sí en las 5 preguntas – todas sobre hidrocarburos-), la Ley de Hidrocarburos N°3058 del 2005, la “nacionalización de los hidrocarburos” del 2006 y la Constitución Política del Estado del 2009 (aprobada mediante referéndum). Es decir que, si bien existe una responsabilidad ineludible por parte de quienes gobernaron el país en los últimos 20 años, también existe una co responsabilidad por parte de dirigentes, organizaciones sociales y la población en general que participó de estos procesos.

Transcurridos más de 20 años de los hechos descritos anteriormente, el país ha desarrollado una doble dependencia a la explotación de hidrocarburos.

Por una parte, al igual que muchos países en el mundo, existe una dependencia energética, toda vez que el 80% del consumo energético nacional depende de hidrocarburos, principalmente gas natural, diésel, gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Con una dependencia energética tan elevada, los hidrocarburos que no se producen se deben importar para satisfacer la demanda diaria energética de la población.

Por otra, en estas más de dos décadas, Bolivia también ha desarrollado una dependencia económica y fiscal a la explotación de hidrocarburos. El gas natural fue por muchos años el principal producto nacional de exportación, lo que generaba un importante flujo de dólares por las ventas de este energético tanto a la Argentina como al Brasil, todas estas divisas ingresaban al Banco Central de Bolivia y fortalecieron las Reservas Internacionales Netas especialmente en el periodo 2004 – 2014. Asimismo, los ingresos por concepto de regalías, participaciones, IDH, patentes e impuestos del régimen general, llegaron a representar, en promedio, más de un tercio de los ingresos fiscales del país en el periodo 2005 – 2023, existiendo casos extremos como los de Tarija o Chuquisaca, donde el presupuesto de los gobiernos departamentales supera en un 70% su dependencia a los ingresos que ambas regiones reciben por regalía departamental e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Es en este marco que la transición energética en Bolivia no puede limitarse solamente a un cambio de fuentes de generación de energía, sino que debe necesariamente considerar también una transición que permita desarrollar otros sectores de la economía, así como diversificar las fuentes de ingresos fiscales, al mismo tiempo que se optimiza el gasto público.

Bolivia: Producción promedio diaria de gas natural

La preocupación, sin duda, surge porque desde hace 10 años que viene cayendo la producción de gas natural, lo que se ha traducido en una caída en los ingresos de dólares al Banco Central de Bolivia desde el año 2015; así como en una contracción significativa de los presupuestos de todos los beneficiarios de la regalía e IDH. Como se observa en el gráfico anterior, durante más de dos décadas el Campo Incahuasi – Aquio es el único proyecto nuevo de magnitud en ser desarrollado en más de dos décadas cuya producción inició el año 2016 y sirvió para amortiguar la caída en la de los campos Sábalo, San Alberto y Margarita – Huacaya que comenzaron a declinar luego de haber sido sobre explotados en el periodo 2005 – 2014.

Bolivia: Participación porcentual por fuente de generación eléctrica

Adicionalmente, en esta lógica de basar la política energética en el gas natural, la generación de electricidad en el país que el año 2000 dependía en un 55% de hidroeléctricas, a mayo de 2026 éstas solo representan el 28% de la generación, siendo que el 67% depende en un de termoeléctricas que operan con gas natural; este valor en horas pico (entre 19: 00 – 20:30) durante días de calor puede alcanzar incluso al 82%. Si bien desde el año 2016 existió un mayor desarrollo de fuentes renovables no convencionales como la solar y eólica, éstas tienen un peso todavía menor al 10% y es imposible que puedan competir frente a las generadoras termoeléctricas que utilizan como principal insumo gas natural que está subvencionado a 1,3 $us la unidad energética.

Es fundamental un ajuste al precio del gas natural en el mercado interno por dos motivos: a) es urgente atraer inversión en exploración de hidrocarburos, para ello se requieren precios reales que cubran los costos operativos, de inversión y una razonable utilidad para las empresas petroleras y, b) para que las centrales hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas, eólicas y geotérmicas puedan competir en igualdad de condiciones con las termoeléctricas y así diversificar y equilibrar la matriz eléctrica nacional. El ajuste de este precio, al igual que el que debe darse aún con los de la gasolina y el diésel deben ir acompañados por políticas sociales adecuadamente focalizadas en la población más vulnerable que verá afectada su economía, pero ya no usando el precio como mecanismo de subvención, sino otros instrumentos directos.

Por otra parte, la producción de hidrocarburos líquidos también viene cayendo desde el año 2014, para ese entonces Bolivia producía más de 63.000 barriles por día, siendo que actualmente apenas supera los 22.000 barriles por día, una caída del -63%.

Bolivia: Producción promedio diaria de hidrocarburos líquidos

La caída en la producción de hidrocarburos líquidos es, sin duda, el problema estructural por detrás de los problemas de abastecimiento que vive Bolivia desde el año 2023, afectando la seguridad energética de la población que no puede acceder de manera regular y oportuna a dos de los principales energéticos que consume, dando así inicio desde ese momento a una crisis energética nunca antes vivida en el país. Como el país no produce todos los hidrocarburos que produce tiene que importarlos.

En la gráfica anterior, se advierte que ya el año 2015 Bolivia importaba el 45% del diésel que se consumía, lo que debió ser una preocupante alerta para el gobierno. En ese momento el país no sentía el requerimiento de dólares que ello suponía porque todavía las Reservas Internacionales Netas se mantenían en niveles altos, pero a medida que empezaron a decrecer al mismo tiempo que lo hacía la producción de hidrocarburos en el país la necesidad creciente de divisas para la importación de combustibles se hizo cada vez más evidente para el país, especialmente desde junio de 2023.

Sin duda, uno de los problemas más complejos que enfrentó el país fue la política de subvención a los precios de los hidrocarburos que estuvo vigente por 20 años desde el 2005 hasta diciembre de 2025, periodo de tiempo en que el país importaba diésel y gasolina a precios internacionales para venderlos a una tercera parte de su valor en el mercado interno, lo que generó un serio problema fiscal, económico y energético.

Si bien la lección aprendida debió ser que los precios de los combustibles no pueden mantenerse fijos (peor aun cuando el país importa la mayor parte de los mismos) en enero de 2026 el gobierno nacional realizó un ajuste parcial de los precios de algunos carburantes como gasolina y diésel, nuevamente los volvió a mantener fijos por un plazo de 6 meses que, con el Decreto Supremo N° 5662 de julio de este año fue ampliado hasta enero de 2027. Es importante subrayar que dicho ajuste fue hecho considerando un precio del barril de petróleo de 64,45 $us/bbl.

En junio de 2026 el gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5644 que, entre otros aspectos, permite que los actores privados puedan importar carburantes para su comercialización en el mercado interno a precios de mercado, mantiene también la posibilidad que YPFB importe y comercialice carburantes a los precios fijados en enero de 2026. En este marco, resulta previsible que, debido al conflicto bélico que aún persiste en Medio Oriente y que impacta al alza el precio internacional del petróleo y sus derivados, el Estado se encuentre subvencionando nuevamente el consumo de estos combustibles vendidos por la empresa petrolera nacional.

Sin duda, por la magnitud y las causas que han generado esta crisis, es fundamental distinguir entre las políticas necesarias para el corto y el largo plazo. En lo estructural, el país requiere de una nueva política energética plasmada en una ley que, por una parte, establezca el acceso a energía, seguridad energética, autarquía energética, diversificación energética y suficiencia energética como objetivos tanto para el sector eléctrico como para el de hidrocarburos. Por otra, esta ley de energía debería también establecer una hoja de ruta para una transición energética justa que deben seguir ambos sectores, estableciendo entre otras cosas: el acceso a información, energéticos de transición, mix energético, desarrollo de fuentes renovables y plazos.

En este sentido, de la ley de energía deberían desprenderse una nueva ley de electricidad y una nueva ley de hidrocarburos, entendiendo que, al igual que el sector minero, los de hidrocarburos y electricidad se caracterizan también por ser de largo plazo; por lo que las nuevas leyes sectoriales darán resultado en 5 a 8 años luego de ser aprobadas, si es que están bien hechas y logran atraer inversión con capital privado de riesgo.

En el corto plazo el país, lamentablemente, deberá seguir pagando las consecuencias de una política hidrocarburífera rentista, estatista y centrada en el gas natural, sumada a una deficiente gestión sectorial de 20 años; ello implica importar cada vez más hidrocarburos (no solo gasolina o diésel, probablemente pronto también gas natural), lo que a su vez, demanda más dólares de la economía, haciendo al país vulnerable de la geopolítica mundial que influye en los precios internacionales del petróleo y sus derivados y profundizando la urgencia de sincerar los precios de todos los hidrocarburos en el mercado interno, con el costo social y político que ello implica. Simultáneamente, es recomendable que el país avance de forma más acelerada con políticas de generación distribuida y microcentrales hidroeléctricas que pueden ayudar a palear la situación en hogares, pequeñas comunidades y empresas medianas y pequeñas.