Pandemia invisible: Impactos, extractivas y mujeres

Pandemia invisible: Impactos, extractivas y mujeres 1024 582 Javier Rojas

Valeria Urbina Cordano, DAR

Existe vasta literatura sobre los impactos que las extractivas han tenido en los derechos individuales y colectivos de las comunidades y pueblos indígenas. No sucede lo mismo, con los impactos diferenciados que causan en la vida de las mujeres, particularmente, en aquellas con especial situación de vulnerabilidad y desventaja histórica, a saber, mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes.

¿De qué manera la actividad extractiva afecta los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las mujeres en Perú? Luego de diversos esfuerzos de la academia y sociedad civil por llenar vacíos de información y documentar estas afectaciones, sabemos que estas industrias pueden tener impactos muy profundos en múltiples ámbitos de la autonomía de la mujer.

Uno de ellos, crítico y fundamental, es el relativo a su autonomía física. Diversos estudios coinciden en señalar un incremento de la violencia de género en contextos extractivos, siendo esta ejercida en el ámbito intrafamiliar y/o por agentes externos formales e informales. Ser mujer y estar en primera línea en la defensa del territorio y el ambiente es altamente riesgoso. En América Latina y en nuestro país, existen informes que visibilizan casos continuos de hostigamiento, amenazas, secuestro, detenciones arbitrarias, abuso sexual, criminalización y asesinatos a mujeres, con un mayor énfasis cuando ellas integran algún movimiento social y/o asumen cargos de liderazgo en su comunidad.

Casos emblemáticos como el hostigamiento y violencia psicológica ejercida contra Máxima Acuña y su familia, en Cajamarca; las agresiones sexuales contra defensoras ambientales en el marco del conflicto contra la Minera Majaz, en Piura; y la situación de criminalización por protesta ejercida contra Virginia Pinares, representante de la FIDTA-CCHEPG, en Apurímac, son solo algunos ejemplos de la realidad que viven muchas mujeres en sus territorios. Las tensiones que se generan entre comunidades y empresas debido a la falta de consulta, las condiciones de operación de estas últimas y escenarios de contaminación ambiental son, muchas veces, los detonantes de los escenarios de violencia.

La pandemia que vivimos por la COVID-19 ha agudizado de esta problemática en varios países de la región, incluyendo Perú. Como han denunciado organizaciones representativas de pueblos indígenas, existe una escalada de violencia hacia las personas defensoras ambientales, muchas mujeres, quienes durante los periodos de cuarentena se tornaron blancos fáciles para agentes agresores vinculados a la actividad extractiva.

En el país, la situación expuesta plantea ingentes retos que deben ser parte de la agenda del Gobierno interino, aprovechando, además, la formulación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Uno de ellos es, justamente, la visibilización oportuna y sistemática por parte del Estado y sector privado de las afectaciones que las mujeres y niñas viven en contextos extractivos. Otro de ellos, por último, es la implementación efectiva de mecanismos de protección inmediata a las mujeres defensoras de derechos humanos, así como de investigación y sanción a los agentes de violencia responsables.