Superar la precariedad del empleo y salir del extractivismo

Superar la precariedad del empleo y salir del extractivismo 1024 582 Javier Rojas

Frente a la ola de desempleo nacional y la crisis económica que se avecina post pandemia, especialistas apuntan a reflexionar sobre el modelo de desarrollo extractivista por ser recesivo en empleo, no contemplar un margen amplio de trabajo calificado y requerir fuertes inversiones pese a su actual baja productividad.

Durante un panel titulado Empleo de calidad ¿una década perdida?, organizado por Bolivia Debate, tres expertos se pronunciaron sobre este tema, además de profundizar aspectos que tienen que ver con la situación de la mujer durante la cuarentena.

Estos expertos Alberto Bonadona, Fernanda Wanderley y Enrique Velazco sostienen que para modificar la mala calidad del empleo y su precariedad deben perfilarse políticas con un enfoque económico y social, reemplazando el actual modelo de desarrollo por uno inclusivo, diversificado y descentralizado.

UN MODELO AGOTADO

Para Bonadona, economista y docente universitario, el modelo extractivista absorbe demasiada inversión con relación al poco trabajo que genera además “es poco intensivo en el uso de empleo pero muy intensivo en el uso de capital” y carece de sustentabilidad social o ambiental.

Asimismo, los rubros extractivos “tampoco demandan una mano de obra calificada, bien formada, que pueda generar productos de valor agregado”, observa Fernanda Wanderley, que dirige el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana (IISEC-UCB). No hay así, como apunta Wanderley, ningún incentivo para superar problemas estructurales como la falta de cobertura del sistema educativo o la vulnerabilidad del empleo de las mujeres.

A su vez, Enrique Velazco, director de la Fundación INASET, advierte que el extractivismo tiene atrapado al país en un modelo que perpetúa la pobreza y la desigualdad por el empleo precario: “el empleo es precario porque los mercados nuestros están totalmente desatendidos o avasallados por el contrabando, la productividad de nuestras empresas es bajísima y esa productividad es baja porque no hay políticas de competitividad y no hay políticas de competitividad porque lo que predomina es la cultura rentista afincada precisamente en el sector extractivo”. Añade que la narrativa del gran emprendedurismo boliviano esconde que la mayoría de los emprendedores lo son por necesidad, y recurren al autoempleo y la informalidad para generar ingresos ante la falta de alternativas de empleo de calidad.

Bajo la lógica de que la inversión determina el crecimiento, la agenda de los últimos años ha estado centrada en proyectos extractivos de alta inversión pero altos daños ambientales priorizados por su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB). “Es más importante crecer que preservar el bosque Chiquitano, o que las grandes represas se priorizan por el posible impacto en el PIB pero no por el impacto ambiental”, resume Velazco.

Señala que el crecimiento por la exportación de materias primas como la soya, el gas, el estaño o el litio bajo el modelo de extractivismo rentista es volátil, “como estamos viendo dolorosamente ahora que caen los precios del gas y se nos cae el crecimiento”.

La socióloga Wanderley lamenta que se siga postergando la integración de la dimensión ambiental en las políticas económicas y sociales en el actual contexto del cambio climático y de desequilibrios ambientales.

UN GRAN PLAN

Para salir de la crisis económica agudizada por la pandemia se necesita “un gran plan” de transición, explica Bonadona, que combine el empleo digno y economía diversificada.

Rubros importantes a priorizar tienen que ver con alimentos de alta calidad que valoricen la biodiversidad, los ecosistemas y los conocimientos ecológicos de las poblaciones locales, como la quirquiña o el copoazú, y, por ejemplo, el turismo que es según Bonadona una gran fuente de empleo, de distribución del ingreso y de divisas.

Para poder transitar hacia ese modelo, “debemos liberarnos del fetichismo del crecimiento que no tiene nada que ver con la calidad de la economía para la sociedad”, afirma Velazco. El enfoque debería estar en la diversificación para aumentar la productividad y la calidad del empleo. Esto redundaría de todas maneras en el crecimiento del PIB, pero sería un crecimiento orientado a la calidad y no un fin en sí mismo: “al crecer la cantidad [de trabajo digno y productivo] va a crecer la economía, pero también va a mejorar la remuneración a los trabajadores”. A esto es a lo que Velazco llama “economía para la gente”, que debe acompañarse de una visión social del desarrollo para salir del extractivismo rentista y generar “un crecimiento inclusivo, ya no dependiente de los precios externos”.

Bajo este nuevo enfoque se construiría el trabajo digno, explica Wanderley, un empleo que se valora socialmente, que es regulado por las leyes, que cuenta con los beneficios y que está libre de violencia. Añade Velazco que el trabajo digno tiene como base la realización personal, el ingreso, la inclusión y la equidad social.

BOLIVIA DEBATE

“Bolivia Debate: un futuro sustentable” es una iniciativa interinstitucional del Instituto Socioambiental Bolivia (ISA Bolivia), la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), la Fundación Jubileo, la Plataforma Digital “La Pública” y la Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

La serie, que consta de 16 paneles de reflexión virtuales, se ha organizado con el fin de estimular el análisis, el debate y la adecuada orientación programática y de las políticas públicas sobre temas prioritarios para el futuro del país.

El problema que se plantea la serie de paneles es que de cara a las elecciones presidenciales de 2020, la democracia boliviana enfrenta una situación muy delicada. En el proceso de preparación de las nuevas elecciones, la atención del país ha estado centrada inicialmente en la definición de candidatos –y hoy, principalmente, en el problema de la pandemia-, y no así en las bases programáticas de cada agrupación política y sus respectivas orientaciones de políticas.

Esta situación resulta extremadamente peligrosa considerando la crisis económica, ambiental, institucional y sanitaria que enfrenta Bolivia, que determina que la consolidación de la democracia, pase hoy por desafíos complejos. Entre ellos destaca el de impulsar modelos de desarrollo sustentables e inclusivos, con capacidad de satisfacer las necesidades y demandas de la población, en un marco de equidad, de estabilidad económica y de adecuado funcionamiento del Estado. Asimismo, el escenario de la pandemia del COVID-19 está planteando nuevos cuestionamientos sobre las interrelaciones políticas, sociales, económicas y ambientales a nivel global, nacional y local.

MUJERES EN PANDEMIA

Respecto a las mujeres durante esta cuarentena,  Fernanda Wanderley indica que la pandemia afecta a todas las familias, pero de forma muy desigual. Entre los grupos más vulnerables están las trabajadoras no asalariadas que han perdido ingresos, y en particular las jefas de hogar con escaso acceso a servicios básicos y viviendas dignas.

Al igual que para otros grupos en situación de precariedad económica, el confinamiento y distanciamiento social no son una opción realista para las mujeres pobres que se ven obligadas a exponerse al contagio para poner pan en la mesa. Por otro lado, el incremento de la violencia doméstica en el contexto de confinamiento es la cara más dramática de la inequidad de género.

Además de los impactos en los ingresos, prosigue Wanderley, la pandemia está desnudando la gran desatención del Estado a los sistemas de protección social. De pronto nos fijamos en el valor de actividades cotidianas realizadas mayormente por mujeres en los hogares y los espacios públicos el aseo, la compra y la preparación de alimentos, y la atención de los niños, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. Trabajos que todavía no son correctamente computados en las medidas de generación de riqueza de los países, debido a que muchos de ellos no tienen un precio en el mercado. Es fundamental empezar a ver el trabajo invisibilizado de los cuidados como bien público y caminar hacia un sistema universal de protección social que no delegue la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto en las espaldas de las mujeres pobres.

Fernanda Wanderley, investigadora: “A los esfuerzos personales o colectivos que cada mujer  o mujeres hacen para lidiar con la crisis, hay que reflexionar sobre un cambio prioritario para construir la nueva normalidad post covid-19 con la ampliación de las políticas de cuidado en el centro de una nueva generación políticas sociales y económicas. Este cambio tiene que ir de la mano de políticas económicas orientadas a promover los sectores económicos generadores de trabajo y ambientalmente sostenibles para avanzar en la erradicación de la pobreza y la distribución justa de la riqueza. La pregunta ahora es ¿qué plantean los partidos políticos en estas vísperas de elecciones respecto a los cuidados y la protección social universal, como temas que atañen en lo concreto al mundo de las mujeres?”.

La mala salud del empleo infantil, juvenil y mujeres

Datos de la Encuesta de hogares de 2018 (INE) indican que desde los diez años un porcentaje creciente de niñas y niños están insertos en el mercado laboral, sea como población ocupada o buscando trabajo. A los diez años alrededor del 8% trabajan y esta cifra se va incrementando con el avance de la edad, llegando al 22% a los 14 años; al 27% a los 17 años; y 37% a los 18 años.

Con datos del Observatorio de deuda social de la Universidad Católica Boliviana (UCB), la socióloga Fernanda Wanderley advierte sobre el ingreso temprano al mercado de trabajo de adolescentes entre 14 a 17 años que combinan trabajo con el estudio. Este ingreso temprano al mercado de trabajo perjudica la formación educativa, sobre todo en los niveles de secundaria. Por otra parte, la baja cobertura en el acceso a educación inicial también repercute en los niveles de formación posteriores.

Las mujeres se enfrentan a importantes brechas laborales respecto de los hombres. Una de las más preocupantes es la brecha de ingreso, en general por cada Bs 100 que gana un hombre, una mujer recibe Bs 80.

Mientras que alrededor del 80% de la población masculina en edad de trabajar están ocupados o buscando trabajo remunerado; en el caso de las mujeres la cifra llega solo a 63%. Más de 70% de las mujeres ocupadas no cuentan con trabajo asalariado. Y de las que reciben salarios, 4% son trabajadoras del hogar.

Situación injusta

Desigualdad y violencia, son la dura realidad para las mujeres en Bolivia, donde 7 de cada 10 mujeres económicamente activas trabajan en condiciones de informalidad y sin que se respeten sus derechos laborales. Y aunque en Bolivia la participación laboral de las mujeres es la más alta de Latinoamérica (62%) tiene una marcada desigualdad en salario y carga laboral.

Según la OPS, Bolivia encabeza la lista de 13 países de Latinoamérica con los más altos casos de violencia física contra las mujeres y es segundo en cuanto a violencia sexual.

Según el último informe de la CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, Bolivia es el país donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica. En el país, las cifras más alarmantes aparecen el 2019 con más de 30.000 casos de violencia, 7.000 casos más que en el 2018.