La segunda vuelta electoral y la minería

La segunda vuelta electoral y la minería 1024 582 Javier Rojas

CooperAcción

El escenario político que ha traído la primera vuelta está siendo analizado desde varios ángulos, pero claramente ha dejado sorprendidos a la mayoría de líderes de opinión y analistas que miran al país desde Lima y los grandes medios de comunicación.

En esas lecturas se devela que hay otro país, otro Perú cuyas dinámicas parecen pasar desapercibidas para los debates y análisis que se hacen desde la capital de la República. La primera vuelta ha dado un escenario de polarización entre 2 alternativas: la representada por Keiko Fujimori de Fuerza Popular y la que representa Pedro Castillo de Perú Libre.

No se trata solo de dos personas, es la disputa entre los representantes de dos formas muy distintas de entender el país y modelos de desarrollo completamente diferentes.

Por un lado Keiko Fujimori se ha encargado de reafirmar en esta campaña que será la continuadora del modelo que instauró su padre. Ha señalado que va profundizar las líneas de ese modelo y una defensa irrestricta de la Constitución de 1993, que le da sustento. En ese sentido, Keiko abiertamente ha expresado su respaldo al empresariado minero, comprometiéndose a impulsar los proyectos que están trabados y nuevos proyectos.

Por su parte el candidato Pedro Castillo, ha señalado que propone una nueva constitución que sea producto de una asamblea popular constituyente, y que en esta se ponga al estado como actor central de la actividad económica, recuperando su rol en el manejo del gas y la minería. Propone consultar al pueblo antes de impulsar un proyecto minero.

Se trata de miradas muy distintas de cómo abordar la minería en el país y el papel del estado en la regulación de esta actividad. Pero a eso hay que agregar la complejidad de un congreso fragmentado y sin mayorías, así como los antecedentes y capacidad real que tendrán estos candidatos para desarrollar sus propuestas. La candidata Fujimori tiene serios cuestionamientos de corrupción, además de indicios que continuará con el legado autoritario y conservador de su padre. Por el lado de Castillo, su partido Perú Libre y él como dirigente magisterial, son acusados de tener vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Lo cierto es que Castillo y su movimiento tienen una mayor cercanía a movimientos sociales como los ronderos de la sierra norte, así como con otras organizaciones y comunidades de regiones como el sur andino y la Amazonía. No es casual que zonas donde se desarrolla una intensiva actividad minera, como Puno, Cusco, Arequipa, o Apurímac le hayan dado un voto mayoritario al candidato del lápiz. Si alguna coincidencia podemos encontrar entre ambos candidatos, es que ambas tienes posturas similares en temas como su oposición al enfoque de género, a derechos sexuales, así como en su crítica a la labor de los organismos de derechos humanos y las ONGs.

Sería aventurado hacer una predicción del desenlace de esta segunda vuelta. Lo que si podemos afirmar es que en el estado peruano existe lo que podríamos llamar una hegemonía del modelo neoliberal instaurado por el fujimorismo, y está claro que los sectores políticos alineados en la defensa del modelo y la constitución del 93 van a cerrar filas con la candidata de Fuerza Popular. Habrá que ver las alianzas o ajustes al programa que pueda realizar Pedro Castillo para ampliar su base de apoyo y disputarle el escenario a su contrincante.

Recordemos que buena parte del voto en apoyo a la candidatura de Castillo proviene precisamente de regiones donde se realiza la actividad minera de manera intensiva desde hace décadas, pero esto no se ha visto reflejado en el desarrollo y beneficio de las comunidades y población más necesitadas. Asimismo de regiones históricamente postergadas por el estado y que se han visto más golpeadas por los efectos económicos y sociales de la pandemia.

En cualquiera de los casos, desde la sociedad civil lo que seguiremos defendiendo e insistiendo, es en la importancia de la defensa de los derechos humanos, la democracia y las libertades. De la misma manera, en que se promueva el ordenamiento territorial para planificar la actividad minera, y se informe, coordine y consulte debidamente con las comunidades que se verían afectadas o son aledañas de los proyectos mineros.