Nota de Prensa
Rumbo a la COP26 ¿existe una transición
justa y sustentable en América Latina?

El último informe, de agosto de 2021, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alerta que las evidencias sobre los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos, en algunos casos irreversibles y se han intensificado de tal forma que no existen precedentes en miles de años.

En este escenario la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) organizan el debate virtual: Transición energética: ¿justa y sustentable para América Latina?, a desarrollarse en dos jornadas, la primera el 31 de agosto y la segunda el 2 de septiembre, de 16:00 a 18:00 (hora Bolivia). En las mismas se abordarán temas referidos a la transformación energética regional en el actual escenario de crisis estructural, profundizada por la emergencia sanitaria y los efectos desiguales del calentamiento global y las posibles implicancias en la economía de los países y en particular en los sectores de energía y minería.

El objetivo de estos espacios, con miras a la COP26 auspiciada por Naciones Unidas, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, en noviembre de este año, busca visibilizar y debatir sobre el paradigma de la “transición energética global” planteada como respuesta central para enfrentar el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible. Se analizará la transición energética considerando las diversas miradas e intereses que son parte del estrecho vínculo entre el modelo de desarrollo, energía, recursos naturales y territorio.

Esta problemática se encuentra frente a un permanente debate de organismos internacionales e instituciones multilaterales que expresan que la crisis económica, la crisis climática y el escenario de reactivación económica podrían ser para América Latina “una ventana de oportunidades para plantear acciones y propuestas climáticas para una recuperación verde”, con el riesgo que esta propuesta verde sea una nueva agenda de extracción de recursos naturales que se expanda espacialmente e implique nuevos recursos energéticos y  minerales,  ignorando la devastación generada por el desarrollo de agrocombustibles, hidroeléctricas y la minería.

A partir de este escenario, desde la sociedad civil se plantea la necesidad de construir una alternativa o “transición justa” y un “nuevo modelo energético” que enfrente al riesgo de un intercambio desigual de un nuevo ciclo de reprimarización de nuestras economías para la transición o transiciones de países industrializados liderada por las corporaciones y empresas.

Jornadas de debate

Las jornadas de análisis contarán con la participación de expertos de Latinoamérica en materia energética y minera, quienes desarrollarán sus intervenciones bajo la interrogante de si la transición energética planteada es ¿justa y sustentable en América Latina?

El 31 de agosto se desarrollará la primera jornada con la temática ¿la matriz energética regional es sustentable y socialmente justa? En este espacio se analizará la evolución y situación actual de la matriz energética regional, que permitirá conocer la generación, la transformación y el consumo de energía en la región, además de avanzar en la lectura sobre la realidad de una posible transición energética de países caracterizados por menores emisiones históricas de carbono, pero dependientes de la renta de las industrias extractivas y con escaso desarrollo tecnológico. Estarán presentes investigadores de Argentina y Bolivia.

La segunda jornada se realizará el 2 de septiembre, en la cual se debatirá la temática: minerales y otros materiales estratégicos para la transición energética, en la que se expondrán investigaciones sobre tierras raras y niobio en Brasil, molibdeno en Chile y Perú, madera balsa en Ecuador y níquel en Bolivia, con el fin de avanzar en el debate sobre la situación y los riesgos de un potencial nuevo escenario de suministro de minerales y otros materiales determinados como estratégicos para la transición energética de economías industrializadas y materiales críticos o esenciales para el funcionamiento y desarrollo de su industria. Todo esto frente a la situación de las políticas nacionales de industrialización y desarrollo tecnológico de los sectores de minería y energía hacia una transformación económica y energética regional en América Latina y en cada país.

Cada jornada virtual será transmitida por las plataformas de la RLIE y el CEDLA, las mismas que contarán con rondas de preguntas y un posterior debate sobre las distintas problemáticas planteadas en este evento.

La RLIE, conformada por 12 organizaciones de ocho países latinoamericanos, se propone ampliar el debate en la sociedad sobre el papel, las alternativas y los posibles riesgos para América Latina en el escenario actual de transición energética global, frente a la necesidad y las posibilidades de una transformación energética regional justa y sustentable, en un marco de crisis estructural profundizada por la emergencia sanitaria y los efectos desiguales del calentamiento global.

www.redextractivas.org
www.cedla.org

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• Estudios y Evaluaciones de impacto previstas en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica para autorizar proyectos, son incongruentes con marco internacional de derechos humanos.
• El Poder Legislativo debe armonizar la normativa interna para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En la ultima década el Estado Mexicano ha otorgado miles de permisos a distintos sectores para la implementación de megaproyectos; para marzo de 2019, se habían entregado 25 607 concesiones mineras y hasta 2012, el último dato actual y vigente sobre proyectos de construcción de presas, ascendía a 4 mil 200 proyectos. En este contexto, nos parece fundamental llamar en primera instancia al Estado Mexicano respecto a su obligación internacional de estudiar el impacto de los proyectos, y reflexionar, cuestionar y discutir acerca del modelo de desarrollo vigente en nuestro país que se sostiene y se implementa favoreciendo los privilegios e intereses de unas cuantas personas, generalmente quienes tienen mayor riqueza y poder, y las industrias en detrimento de los derechos de la mayoría, y en particular de grupos históricamente discriminados.

En este contexto, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentamos la publicación Estudios y Evaluaciones de impacto social a la luz del marco de derechos humanos. El caso de la legislación de hidrocarburos y de la industria eléctrica, en el que se analizan las figuras de Estudios de Impacto Social (Eis) y Evaluaciones de Impacto Social (Evis) previstas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, a la luz del marco internacional de derechos humanos de pueblos indígenas.

Durante la presentación realizada en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participaron Itzel Silva Monroy, abogada e investigadora de Fundar, Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Jesús Euan Barbosa, defensora comunitaria de la tierra y el territorio, de la Comunidad de San José Tipceh, en Yucatán, Magdalena Cervantes, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se resaltó que la falta estudios previos de impacto puede desembocar en graves afectaciones a los derechos humanos.

La publicación presentada, revisa si los Eis y las Evis requeridas para autorizar proyectos en las industrias de hidrocarburos y eléctrica se encuentran acordes con la obligación internacional del Estado de estudiar los posibles impactos negativos de los megaproyectos que pretendan efectuarse sobre territorio de pueblos indígenas. Con base en nuestra publicación anterior, Realizar estudios de impacto antes de autorizar megaproyectos: una obligación del Estado Mexicano, en la que se identifican los estándares mínimos que deben cumplir dichos procesos de evaluación, el análisis sobre estas dos figuras muestra que son una tergiversación de la obligación internacional de México, y que incumplen en general con los criterios debidos.

Entre las incongruencias más significativas se destaca que las Evis son realizadas o contratadas por las empresas interesadas en los permisos para los proyectos, lo que es contrario al estándar de independencia e imparcialidad que debe regir en la elaboración de los estudios, ya que representa un claro conflicto de interés que los impactos sean analizados por las empresas interesadas en el desarrollo de los proyectos. Asimismo, la realización de los Eis y de las Evis, como se encuentran actualmente en las leyes de Hidrocarburos y de Industria Eléctrica, no prevé la participación de los pueblos que podrían verse afectados con los proyectos, ni el que sus resultados deban ser compartidos y consultados con ellos. Esto a pesar de que su participación es una exigencia que deriva de la propia naturaleza de los estudios, pues en la medida en que pretenden documentar los posibles impactos negativos sobre la vida de los pueblos, se requiere necesariamente de su conocimiento e involucramiento para la identificación de los impactos. En el caso de los Eis, además, se establece que la información que se obtenga en ellos debe ser entregada a las personas interesadas en los permisos de los proyectos, no los pueblos y sus integrantes.

En este sentido, durante la presentación de la publicación, la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, resaltó el deber internacional que tiene el Estado Mexicano de cumplir con su obligación, enfatizando la importancia de la prevención de impactos sociales y ambientales que los proyectos puedan generar en comunidades, pueblos indígenas y grupos que han sido históricamente discriminados. Asimismo destacó que “se requiere la divulgación y el acceso público a evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto social en estos contextos, y sobre la implementación de estrategias específicas para defensoras y defensores de derechos humanos, que incluye a periodistas, que sufren ataques, intimidación o amenazas por sus cuestionamiento a determinados proyectos, prácticas de corrupción o actividades adversas a los derechos humanos donde están involucrados actores empresariales”.

Es importante recordar que, la obligación del Estado Mexicano de analizar los impactos negativos de los proyectos antes de autorizarlos proviene del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente desde 1991, as como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ello, y debido a sus múltiples incompatibilidades, es necesario que el Estado Mexicano ajuste toda su legislación interna –no solo las normas del sector energético– conforme a la obligación internacional de estudios de impacto y sus estándares, debiendo preverlo también respecto de pueblos no indígenas.

Desde Fundar, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que, en el próximo periodo de sesiones, promuevan e implementen las reformas legales necesarias para llevar a cabo la armonización legislativa, que es a su vez, una obligación del Estado derivada del propio derecho internacional. Mientras dicha armonización ocurre, México debe abstenerse de autorizar proyectos si no ha cumplido con la obligación y los estándares mínimos para dichos estudios; seguir haciéndolo, no solo compromete su responsabilidad internacional, sino también, perpetúa la discriminación y las violaciones a derechos contra los pueblos y las comunidades indígenas.

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La dependencia de las actividades extractivas en las economías de los países proveedores de materias primas, obliga a establecer nuevos elementos de reflexión y debate, referidos al rol de la minería y su dependencia, además, establecer el rol que queremos jugar dentro de la transición energética; sin embargo: ¿cuál es el debate sobre la minería en Bolivia?, ¿qué minería queremos en el país?

En este escenario, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a través de la Plataforma Energética propone la realización del Webinar:

Presente y futuro de la minería nacional – debate y evaluación de un ciclo que culmina

A realizarse el martes 25 y miércoles 26 del presente año, a partir de horas 18:00, donde abordaremos:

• Orientación, limitaciones y contradicciones de un ciclo minero (1ª Jornada, 25 de mayo)
• Operadores mineros entre encrucijadas y desafíos (2ª Jornada, 26 de mayo)

 El evento contará con la participación de profesionales y ex autoridades del sector minero, ex dirigentes, además operadores y trabajadores de la minería estatal y cooperativizada, quienes: analizarán y debatirán la actual situación minera del país, sus políticas, desafíos y oportunidades para encarar las nuevas demandas de la minería y su gobernanza.

Para participar de este evento y plantear tus preguntas inscríbete haciendo clic aquí.

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La actividad minera de Milluni envía aguas ácidas hacia la cuenca Katari y a estas se suman las aguas residuales de la aglomeración urbana de El Alto, contaminando los cultivos, el ganado y la salud humana de las comunidades próximas al lago menor del Titicaca. El investigador Carlos Revilla H. afirma que este proceso genera una desigualdad socioecológica al propiciar un medio ambiente degradado para las poblaciones campesinas que, con anterioridad, han sido ya desfavorecidas en términos sociales, económicos y políticos.

El estudio en que se sustenta Revilla titula ¿Somos nosotros mismos? Desigualdades socioecológicas y urbanización en la cuenca del río Katari y fue presentado el pasado 4 de mayo en el espacio de diálogo “Situación ambiental y causas de las desigualdades socioecológicas en la cuenca del Río Katari”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con el apoyo de la Embajada de Suecia, en el que participaron otros investigadores y pobladores de las comunidades impactadas.

La evidencia muestra que la actividad minera de Milluni, actualmente explotada por cooperativas, ha generado aguas ácidas que impiden la agricultura y la ganadería en las comunidades asentadas aguas abajo.

A medida que la cuenca desciende y recorre otros municipios, recibe los desechos de las aglomeraciones urbanas que contienen tanto aguas domiciliarias como aguas industriales. En El Alto, la ciudad más grande del conjunto, la planta de tratamiento de Puchukollo, diseñada para purificar las descargas líquidas de la ciudad, ha colapsado enviando esos fluidos sin tratar hacia las comunidades de la bahía de Cohana.

El estudio recorre la cuenca desde las fuentes de abastecimiento de agua potable para La Paz y El Alto ―en la laguna de Milluni que está próxima a los glaciares―, continúa por los ríos Seco y Seque, los ríos Pallina y Katari, hasta llegar a Chojasivi y la bahía de Cohana en el lago Titicaca, abarcando nueve de los veinte municipios de la cuenca.

La actividad productiva y de consumo en las ciudades más grandes, El Alto y Viacha, está provocando una contaminación de la zona lacustre donde están asentadas, recibiendo todo ese impacto, comunidades campesinas y ganaderas en pequeña escala.

Memoria del lago

En el espacio de diálogo, el relato del recorrido de los ríos provocó la memoria de Luis Flores, nacido en la comunidad Tiquipa (Chojasivi), a orillas del lago, y ahora migrante asentado en la ciudad de El Alto.

“Me fui a vivir a El Alto en el año 1982, en ese entonces El Alto era todavía disperso”, dijo Flores, antes de describir su experiencia de constantes retornos a Tiquipa y a un lago donde ahora flotan los residuos sólidos y hospitalarios, maderas y grasa de los talleres lava autos. “O sea, el lago (en el) que he estado, (donde) hasta consumía algunas veces el agua, lamentablemente, ahora está lleno de lodos”, comentó.

La historia de vida de Flores se puede comparar a la de miles de personas que se instalaron en la ciudad de El Alto en los últimos treinta años, pero que al mismo tiempo mantienen un vínculo con sus comunidades.

“En las asambleas se habla cada año (sobre) cómo podemos controlar, qué podemos hacer. Estamos acudiendo a las autoridades, tanto al municipio, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Gobernación y al gobierno igual, pero en realidad no existe una solución efectiva”, dijo Flores. La preocupación de los comunarios está centrada en los actuales desbordes del río y, curiosamente, en la reducción del nivel lacustre por temporadas.

El relato de Flores refiere a un problema que se añade a la contaminación extractiva y urbana: el cambio climático. Xavier Lazzaro, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y lector de la investigación de Revilla, explicó que desde el Observatorio Permanente del Lago Titicaca están viendo que este inmenso cuerpo de agua está respondiendo, además, a una variación intensa de temperatura.

“No es solo el aporte de contaminantes sino el aporte de sedimento que contribuye a reducir el volumen de agua de las bahías”, dijo Lazzaro, quien estudia hace años la respuesta del medio ambiente a la contaminación.

Para el arquitecto Guido Alejo Mamani, la planificación urbana estatal ha estado divorciada de la corriente o de la dinámica económica acaecida en El Alto. Los asentamientos urbanos crecieron con tal fuerza que ahora no existe espacio para la promesa electoral de un parque industrial. “Esa falta de lectura de los fenómenos ha sido la causa del surgimiento o recrudecimiento de lo que vendría a ser la ocupación informal del espacio”, dijo.

La ciudad crece al ritmo de la competencia en el capitalismo, generando diferenciación social. Alejo Mamani se pregunta ¿cómo conciliar este escenario con la sostenibilidad ambiental?, ¿cómo conjugar estos fenómenos con algo sostenible a futuro?

Múltiples desigualdades

La socióloga Silvia Escóbar, investigadora del CEDLA, remarcó un dato que aporta el estudio: el 90% de la población de la cuenca está concentrada en El Alto y Viacha, con un consiguiente despoblamiento de los municipios lacustres y fenómenos como el agotamiento de los recursos piscícolas, al mismo tiempo que la desaparición de una fuente de ingresos para los pescadores.

“Lo que está claro es que, en sociedades donde existen grandes desigualdades socioeconómicas, vivir en un ambiente libre de contaminación es un bien social que también se distribuye de manera desigual”, comentó Silvia Escóbar.

Más de 20 municipios están articulados a la cuenca Katari, el estudio de Carlos Revilla abarca nueve de ellos. ¿Cómo articular la cohesión social en todos ellos para trabajar en una perspectiva de evitar la contaminación? Aún no está dada la respuesta, pero esa articulación deberá incorporar los distintos niveles del gobierno estatal y de las comunidades en la región.

Otro de los aspectos identificados por el estudio es la necesidad de construir una acción colectiva en la cuenca Katari, tomando en cuenta a todos los actores sociales y políticos de la región.

Esto se percibe ahora más que urgente porque esa dinámica de desigualdad socioecológica “está afectando todas las condiciones socioeconómicas para la vida y está deteriorando, para el largo plazo, las posibilidades de permanecer en las zonas rurales”, dijo Escóbar.

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En medio de la campaña electoral y de todo lo que se comienza a decir sobre la renta minera, lo cierto es que el actual nivel de precios de los minerales lleva a pensar que el aporte tributario de este sector va a aumentar. La pregunta que queda pendiente es en qué magnitud y qué es lo que se debe hacer para que el país logre captar un porcentaje mayor de la renta minera.

¿Qué tanto puede aumentar el aporte del sector minero a la presión tributaria del país en el el actual contexto? En primer lugar podría ayudar tener una mirada retrospectiva a lo que ha sido el aporte minero en los últimos años, sobre todo en el período del denominado súper ciclo de precios (2003-2012).

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el aporte de la minería a la presión tributaria ha sido en promedio 1.3% en la última década, combinando momentos de precios altos y precios bajos de lo minerales. Si tomamos en cuenta solo el período de precios altos (2003-2012), el aporte promedio aumenta a casi 1.9%, teniendo como año pico el 2007, con un aporte de 3.4%.

En este otro cuadro se puede apreciar lo que significó el aporte de la minería tomando como referencia tres años diferentes (2007, 2012 y 2018), tanto como porcentaje del PBI, en millones de soles y también teniendo como referencia el tamaño de la economía peruana. Es importante subrayar que el tamaño de la economía peruana ya no es el mismo, por ejemplo si tomamos como referencia los años pico del súper ciclo de precios (mediados de la primera década del siglo XXI).

Como hemos mencionado en un artículo previo, con una economía peruana fuertemente golpeada por la pandemia y una drástica caída de los ingresos fiscales, la recuperación que se viene dando de los precios de los minerales, es una buena noticia. No hay que olvidar que si bien hace apenas unos años duplicamos la producción de cobre en el Perú, esto no se tradujo en un incremento del aporte tributario proveniente del sector minero, debido a que las empresas estaban recuperando sus inversiones. Habiendo terminado o estando por terminar en la mayoría de proyectos el período de recuperación de las inversiones y con el actual nivel de precios del cobre y de otros minerales, el aporte tributario de la minería puede aumentar a partir del próximo año. Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas hablan de un impacto fiscal de proyectos como Las Bambas, Toromocho, Constancia y la ampliación de Cerro Verde para el período 2022-2024.

Dicho esto cabe preguntar, si se opta por seguir aplicando el piloto automático -como ocurrió en el período del súper ciclo de precios-o si se hacen algunos ajustes a la política tributaria. Todo indica que el piloto automático no funcionó antes y tampoco va a funcionar en las actuales circunstancias.

Cabe recordar que, internacionalmente se considera un gasto adecuado en salud y educación cuando un Estado invierte hasta 6% de su PBI en cada uno de estos rubros. El Perú siempre ha estado lejos de dichas metas, de hecho, para alcanzarlas en el 2019 se hubiese necesitado elevar la recaudación tributaria en 3.3% del PBI en salud y 1.9% del PBI en educación, lo que da una recaudación adicional total de 5.2% de PBI. ¿Será posible que la minería ayude a cerrar esta brecha? Las cifras no son alentadoras si observamos su aporte histórico incluso con precios altos.

Por lo tanto,debemos responder la siguiente interrogante: ¿Qué se puede hacer para mejorar la participación del Estado en la renta minera?Hay que abrir en serio el debate sobre el tema tributario y la minería. Esperamos que estos temas sean considerados por las dos fuerzas políticas que han pasado a la segunda vuelta.

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El pasado 1 de mayo, entre varias puyas, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos a la presidencia en la segunda vuelta, optaron por enfrascarse en el debate en Chota en una competencia pura y dura de quién lograba ser más populista que el otro. Uno de los ofrecimientos más “llamativos” ha sido la propuesta de Keiko Fujimori de entregar el 40% del canon minero de manera directa a la población. Por supuesto no dijo cómo pensaba implementar su propuesta.

¿Hay antecedentes de una propuesta de este tipo en el Perú y es serio pensar que algo así pueda ser implementado? En realidad, hay dos referencias que podrían ser tomadas en cuenta. Una primera es la del ex gobernador de Ancash, Waldo Ríos que, en la campaña de las elecciones regionales del año 2014, ofreció entregar 500 soles por familia de llegar al gobierno regional. ¿Cómo acabó la propuesta y el propio Ríos? La propuesta nunca se implementó y Waldo Ríos terminó con una condena de un año de cárcel efectiva. ¿Qué ocurrió? El Ministerio Público consideró que Ríos había incurrido en el delito de inducción al voto, en la modalidad de quebrantamiento de la voluntad popular. Nada menos y cuidado con el antecedente. Posteriormente el ex gobernador purgó pena por actos de corrupción.

Otra variante de esta propuesta y que también buscaba el respaldo de la población en las zonas de influencia directa de la minería, fue la del canon comunal que soltó Alan García en la campaña de 2016. En realidad, con una propuesta de este tipo, García buscaba profundizar la experiencia del denominado ‘óbolo minero’ que se implementó con poco éxito durante su segundo gobierno (2006-2011). La idea que estaba a la base era que las poblaciones perciban de manera directa los beneficios económicos de la minería en sus territorios y así termine por aceptar la actividad.

En ambas propuestas, el carácter populista no radica solamente en que se juega con la expectativa legítima de la gente de tener ingresos, sino que saben perfectamente que implementarlas generaría mucho caos, desorden y problemas de todo tipo. Preguntas que quedan flotando: ¿cómo pretenden implementar las propuestas? ¿De qué ámbitos están hablando? ¿Se refieren a los distritos, provincias o regiones con presencia minera? ¿Cómo van a definir a la población beneficiaria? ¿Han tomado en cuenta que los ingresos del canon son volátiles y pueden ser durante mucho tiempo minúsculos? ¿Han hecho por lo menos una proyección seria de cuál sería el impacto real de una decisión de este tipo?

Incluso si la opción fuesen las comunidades (nos imaginamos que se refieren a las comunidades campesinas o poblaciones rurales del entorno de la actividades mineras), los que conocen un poco la realidad de estas poblaciones, saben perfectamente que muchas comunidades no están reconocidas formalmente, por lo general las directivas tienen problemas para formalizarse, los padrones no están actualizados, hay problemas de gestión y hay mucha movilidad y estamentos en la interna.

Por lo tanto, propuestas de este tipo están lejos de representar una alternativa seria y responden más a coyunturas electorales, como en la que estamos y al intento de ganar el respaldo de un sector de la población. Siempre puede resultar atractivo ofrecer que se va a repartir dinero alegremente, sin embargo si lo que se anuncia no está acompañado de una propuesta seria de diseño e implementación, en realidad estamos hablando de improvisación. Esto no significa estar en contra de la alternativa de diseñar programas, por ejemplo de bonos para paliar la crisis que vivimos o de mejorar los programas sociales vigentes. Es más, algunos de los programas sociales que se implementan con éxito en países vecinos, se financian precisamente de los ingresos fiscales de sectores extractivos.

¿El diseño actual del canon minero necesita algunos ajustes? Sin duda, sobre todo si tenemos en cuenta que hemos entrado a un nuevo momento de precios altos de los minerales y los ingresos van a aumentar. Como se sabe, el canon minero representa el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas involucradas en la actividad minera, metálica y no metálica y se distribuye de la siguiente manera:

Resulta pertinente mencionar que el canon que se genera durante un determinado ejercicio fiscal, no coincide con el que se distribuye durante ese mismo año. Ello es así porque el canon generado en un año fiscal resulta de sumar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría efectuados durante dicho período, más la regularización anual de este impuesto correspondiente a ese mismo año pero que se paga durante los meses de marzo y abril del año siguiente. Así, el canon que se genera cada año se distribuye, generalmente, con un desfase de entre 6 y 18 meses.

Ahora que hemos entrado a un nuevo momento de incremento de los precios de los minerales, discutamos en serio y a fondo cómo el país recupera de la mejor manera la renta extractiva y, sobre todo, cómo la utiliza para el beneficio de toda la población. Para discutir en serio estos temas hay que alejar los ofrecimientos irresponsables que se hacen en las campañas electorales para ganar votos.

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Como se sabe, en el período 2002-2013 vivimos un auge importante de los precios de las materias primas. El denominado súper ciclo de precios de las materias primas entusiasmó a más de uno y hasta un ex Ministro de Economía se animó a afirmar que habíamos entrado a una suerte de ciclo largo que proyectaba podía durar varias décadas.

Sin embargo el súper ciclo terminó el año 2013, aunque hay que reconocer que fue uno de los períodos más extensos de precios favorables para las materias primas que se haya vivido; por ejemplo, en el caso de los minerales,fue más importante que el que se tuvo en la década del 50 del siglo pasado. Ahora bien, el fin del súper ciclo no significó una caída abrupta de los precios de todas las materias primas a los niveles previos: en el post súper ciclo, por ejemplo,el precio del cobre o del oro nunca alcanzaron los niveles deprimidos de los años 2000 o 2001[1].

Como era de esperar, el fin del súper ciclo afectó fuertemente los niveles de crecimiento de América Latina, donde los commodities constituyen en promedio un 74% de las exportaciones y, por lo tanto, tienen un impacto directo en la balanza de pagos de los países. El post súper ciclo fue en toda la región sinónimo de desaceleración económica.

Terminado el período de bonanza se abrieron varias discusiones en la región: ¿qué tanto se aprovechó el súper ciclo? ¿Comenzamos a diversificar nuestras economías o nos volvimos más dependientes de las materias primas? ¿Guardamos pan para mayo? ¿Capturamos adecuadamente la renta de las materias primas?

Además, siendo conscientes de la excepcionalidad de estos períodos de precios altos, también quedó flotando la interrogante sobre cuándo se volvería a vivir una etapa similar y, por ejemplo, si corregiríamos varios de los errores cometidos.

¿Cómo caracterizamos el momento actual?

¿Los vientos favorables de precios altos de las materias primas han regresado en medio de la pandemia y la crisis global? Es importante reconocer que desde el último trimestre del año pasado, hemos entrado a un nuevo momento que, por el momento, se debe mirar con cautela. Lo cierto es que el índice general que elabora el Fondo Monetario Internacional a partir del precio de 68 materias primas, muestra una subida en promedio de 12.3% en el primer trimestre del presente año.

Una diferencia con el proceso previo (2002-2013), es que el comportamiento de las materias primas muestra evoluciones dispares. Por ejemplo, mientras que el índice de alimentos ha aumentado en 15.7% y el de energía (gas natural y propano, carbón y petróleo) todavía muestra una caída en relación a los precios de 2018, el de los metales básicos registra un alza de 49%: el cobre, zinc y en menor medida el plomo, entre otros, presentan subidas importantes, incluso en algunos casos batiendo los récords del período del súper ciclo.

¿Qué es lo que viene provocando que algunas cotizaciones superen los niveles del súper ciclo en medio de la pandemia? Son varios los factores que se pueden identificar: en primer lugar la rápida recuperación de algunas economías, como es el caso de China que, después de mucho tiempo, ha comenzado a registrar crecimientos de dos dígitos en el primer trimestre del año; luego la menor oferta mundial por la paralización de varias minas en operación que tuvieron que reducir sus operaciones el año pasado; el avance lento de nuevos proyectos mineros, a lo que se le añaden problemas de financiamiento y; una proyección de una mayor demanda, sobre todo de metales de base.

Ahora bien, ¿se puede proyectar cuánto puede durar el actual ciclo favorable de precios, por ejemplo de los minerales? Difícil hacer una proyección seria sobre todo por la variable pandemia, aunque organismos como el Banco Mundial señalan que los precios de las materias primas se mantendrán en los actuales niveles en lo que resta del 2021. Sin embargo, en la medida que el virus siga sin ser controlado, los riesgos de rebrotes en varias regiones en el mundo seguirán siendo una amenaza para la salud y la economía global. Lo que sí se puede proyectar es que una vez superada la pandemia, se producirá un ciclo importante de recuperación de la economía global que va a arrastrar favorablemente los precios de las materias primas.

¿Qué hacer?

¿Cómo enfrentar el actual contexto y, sobre todo, cómo prepararnos para aprovechar de la mejor manera una eventual recuperación sostenida de los precios de los minerales? ¿Qué cosas habría que corregir y cómo evitar el riesgo de repetir el piloto automático del pasado reciente?

En medio de una situación complicada, con una economía peruana fuertemente golpeada por la pandemia y una drástica caída de los ingresos fiscales, la recuperación que se viene dando de los precios de los minerales, es una buena noticia. No hay que olvidar que si bien hace apenas unos años duplicamos la producción de cobre en el Perú, esto no se tradujo en un incremento del aporte tributario proveniente del sector minero, debido a que las empresas han estado recuperando sus inversiones.

Habiendo terminado en la mayoría de casos el período de recuperación de las inversiones y con el actual nivel de precios del cobre y de otros minerales, el aporte tributario de la minería puede aumentar sustantivamente a partir del próximo año. Nuevamente cabe preguntar si se va a seguir aplicando el piloto automático -como ocurrió en el período 2002-2013- o se hacen algunos ajustes.

¿Qué se puede hacer para mejorar la participación del Estado en la renta minera? A nuestro modo de ver hay dos vías para darle al Estado peruano la flexibilidad que tienen otros países para regular actividades como la minería y mejorar la participación de la renta extractiva. La primera posibilidad sería derogar el Art. 62 de la Constitución de 1993 que protege los convenios de estabilidad tributaria. El país y el contexto actual son completamente diferentes al que teníamos a principios de la década del 90 y estos mecanismos ya no se justifican. Varios países con una importante actividad minera, como Australia, México, Brasil, Canadá, entre varios otros, no tienen este tipo de convenios.

Una segunda vía sería modificar el régimen contributivo de la minería para que la recaudación sea mayor y esté mejor alineada con los ciclos de los precios de las materias primas. Por lo tanto, de lo que se trata es de implementar instrumentos fiscales alternativos -o complementarios- que permitan al Estado participar de manera progresiva en las utilidades extraordinarias del sector.

Un primer instrumento fiscal podría ser una regalía que se aplique sobre el valor de producción o de las ventas en vez de sobre la utilidad operativa, como sucede con la regalía actual. ¿Qué ventaja trae esto? Primero, le genera ingresos al fisco desde el comienzo de la producción (y sin demora, lo que trae además un alivio para cubrir las expectativas que genera la llegada de un proyecto minero a una región, que si no aporta beneficios se puede traducir en malestar y conflictividad social); segundo, anula la utilidad de elevar los costos deducibles para pagar menos impuestos. Este tipo de regalía se aplica en el caso de Las Bambas (regalía contractual) y no ha sido ningún impedimento para que el proyecto se desarrolle.

El otro instrumento fiscal podría ser la creación de un impuesto sobre las rentas de recursos naturales -o RRT- que solo considera los flujos netos de efectivo. Por eso, los costos de exploración, el desarrollo y la explotación de los yacimientos se deducen de manera total e inmediata de los ingresos. El RTT se aplica cuando el flujo de caja de un proyecto minero se vuelve positivo, luego de haber alcanzado una tasa mínima de retorno.

El RRT (impuesto sobre las rentas de recursos naturales) busca generar una mayor recaudación durante los ciclos de mayor rentabilidad, los que típicamente coinciden con períodos de precios altos de los minerales. Pocos saben que ésta es una propuesta hecha por una misión del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI en el año 2006, que señaló que el régimen fiscal aplicado en ese momento en la minería peruana no era “suficientemente progresivo en su estructura” y recomendó la aplicación del RRT para “capturar una participación más alta de la renta minera”.

El RRT se aplicaría además del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría y de la Regalía, y de alguna forma reemplazaría al Impuesto Especial Minero, creado al inicio del gobierno de Humala. El Gravamen Especial Minero continuaría existiendo en la medida que existan empresas con convenios de estabilidad tributaria que se nieguen a pagar regalías y judicialicen esas obligaciones a fin de no pagarlas.

El debate sobre el tema tributario y la minería está abierto y esperamos que estos temas puedan ser considerados por las dos fuerzas políticas que han pasado a la segunda vuelta.

[1] En los primeros años del siglo XXI la onza de oro llegó a estar a US$270 y la libra de cobre a US$ 0.70 ctvs.

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• La iniciativa preferente de hidrocarburos pretende fortalecer el control del Estado en este sector, pero olvida los derechos de pueblos y comunidades y de las generaciones futuras, así como la prohibición del fracking.
• Tal y como fue presentada por el Ejecutivo, la reforma es una oportunidad perdida para transformar las promesas del gobierno en hechos.
• Urge abrir un debate amplio y representativo que incluya a los pueblos y comunidades, sobre el futuro del sector energético.

El pasado 26 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Iniciativa de reforma de la Ley de Hidrocarburos con la que pretende devolver al Estado el control de las actividades relacionadas al almacenamiento, transporte, distribución y venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Sin embargo, el pretendido fortalecimiento del Estado en esta como en anteriores reformas en materia energética, olvida establecer acciones para atender los problemas sociales y ambientales de fondo que históricamente ha provocado este sector; agravados hoy por un contexto de emergencia climática y crisis del agua que nos urgen a actuar de manera inmediata, efectiva y contundente.

Reformar la Ley de Hidrocarburos podría abrir la oportunidad de cambiar disposiciones establecidas por la Reforma Energética del gobierno de Peña Nieto que buscaron promover los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los bienes comunes y los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.

La Ley de Hidrocarburos vigente contiene disposiciones que dan prioridad al uso y ocupación de los territorios para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos, vulnerando diversos derechos de quienes habitan en ellos, comenzando por el derecho a la libre determinación. Dado que esta industria es considerada de utilidad pública, las empresas, incluyendo Pemex, pueden apelar a figuras como las servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de sus actividades, y las personas, comunidades y pueblos se verán obligados administrativa o judicialmente a ceder sus terrenos para el desarrollo de proyectos de gas y petróleo.

En el mismo sentido va la declaratoria de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos como de interés social y orden público en la Ley vigente “por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, incluyendo las que de forma tradicional han realizado las comunidades. La iniciativa de reforma del gobierno de la Cuarta Transformación en realidad no transforma lo más perjudicial de la reforma energética. De esta manera, deja intacto el conjunto de disposiciones legales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y de ejidos y comunidades campesinas sobre sus tierras y territorios, forzándoles a permitir las actividades de hidrocarburos sin importar las afectaciones a su entorno, sus formas de vida y sus derechos. Esto supone, además, un arma de presión por parte de las empresas en las negociaciones para la renta de las tierras que, la misma ley, prevé se hagan en negociación directa entre empresas y personas propietarias.

Finalmente, los estudios y evaluaciones de impacto social contemplados en la Ley de Hidrocarburos no son mecanismos efectivos para proteger los derechos humanos, pues no cumplen con las obligaciones internacionales en la materia al dejar en manos de las empresas la realización de las evaluaciones y excluyen la participación de las comunidades afectadas. Y, aunque la Ley vigente contempla “llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios”, esta obligación queda prácticamente inoperante frente a las figuras de uso y ocupación de los territorios, que les imposibilita rechazar y detener aquellos proyectos que les afectan. Todo ello convierte a estos instrumentos en meros trámites y formalidades que terminan por validar megaproyectos que ya han sido en realidad impuestos, impidiendo que sean una garantía efectiva para la defensa del territorio.

Por último, subrayamos que proponer una reforma a la Ley de Hidrocarburos peñista era una gran oportunidad para que el gobierno actual hiciera efectiva su promesa -expresada de manera reiterativa por el presidente a lo largo de estos más de dos años de mandato-, de no permitir el uso del fracking en el país, incluyendo la prohibición explícita de esta técnica en la citada Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, al igual que sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica, no aprovecha esta oportunidad y solamente presenta cambios que, aunque puedan ser pertinentes, no incorporan las demandas históricas que pueblos, comunidades y sociedad civil han exigido en su rechazo de la Reforma Energética, tanto en tribunales como ante instancias internacionales de derechos humanos.

Ante este contexto, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking hacemos un llamado al Poder Legislativo para:

• Que se incluya de manera explícita la prohibición del fracking en la iniciativa de Ley de Hidrocarburos.
• Que se incluyan en la iniciativa de Ley de Hidrocarburos propuestas para derogar las disposiciones lesivas a derechos humanos y colectivos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas de la ley vigente, como las figuras de uso y ocupación de los territorios y el carácter preferente.
• Que abran un debate amplio y representativo sobre esta y otras reformas legales en materia energética, que incluya la participación de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
• Que la atención a la emergencia climática se incluya como un eje central en todas las decisiones legislativas en materia energética.

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El escenario político que ha traído la primera vuelta está siendo analizado desde varios ángulos, pero claramente ha dejado sorprendidos a la mayoría de líderes de opinión y analistas que miran al país desde Lima y los grandes medios de comunicación.

En esas lecturas se devela que hay otro país, otro Perú cuyas dinámicas parecen pasar desapercibidas para los debates y análisis que se hacen desde la capital de la República. La primera vuelta ha dado un escenario de polarización entre 2 alternativas: la representada por Keiko Fujimori de Fuerza Popular y la que representa Pedro Castillo de Perú Libre.

No se trata solo de dos personas, es la disputa entre los representantes de dos formas muy distintas de entender el país y modelos de desarrollo completamente diferentes.

Por un lado Keiko Fujimori se ha encargado de reafirmar en esta campaña que será la continuadora del modelo que instauró su padre. Ha señalado que va profundizar las líneas de ese modelo y una defensa irrestricta de la Constitución de 1993, que le da sustento. En ese sentido, Keiko abiertamente ha expresado su respaldo al empresariado minero, comprometiéndose a impulsar los proyectos que están trabados y nuevos proyectos.

Por su parte el candidato Pedro Castillo, ha señalado que propone una nueva constitución que sea producto de una asamblea popular constituyente, y que en esta se ponga al estado como actor central de la actividad económica, recuperando su rol en el manejo del gas y la minería. Propone consultar al pueblo antes de impulsar un proyecto minero.

Se trata de miradas muy distintas de cómo abordar la minería en el país y el papel del estado en la regulación de esta actividad. Pero a eso hay que agregar la complejidad de un congreso fragmentado y sin mayorías, así como los antecedentes y capacidad real que tendrán estos candidatos para desarrollar sus propuestas. La candidata Fujimori tiene serios cuestionamientos de corrupción, además de indicios que continuará con el legado autoritario y conservador de su padre. Por el lado de Castillo, su partido Perú Libre y él como dirigente magisterial, son acusados de tener vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Lo cierto es que Castillo y su movimiento tienen una mayor cercanía a movimientos sociales como los ronderos de la sierra norte, así como con otras organizaciones y comunidades de regiones como el sur andino y la Amazonía. No es casual que zonas donde se desarrolla una intensiva actividad minera, como Puno, Cusco, Arequipa, o Apurímac le hayan dado un voto mayoritario al candidato del lápiz. Si alguna coincidencia podemos encontrar entre ambos candidatos, es que ambas tienes posturas similares en temas como su oposición al enfoque de género, a derechos sexuales, así como en su crítica a la labor de los organismos de derechos humanos y las ONGs.

Sería aventurado hacer una predicción del desenlace de esta segunda vuelta. Lo que si podemos afirmar es que en el estado peruano existe lo que podríamos llamar una hegemonía del modelo neoliberal instaurado por el fujimorismo, y está claro que los sectores políticos alineados en la defensa del modelo y la constitución del 93 van a cerrar filas con la candidata de Fuerza Popular. Habrá que ver las alianzas o ajustes al programa que pueda realizar Pedro Castillo para ampliar su base de apoyo y disputarle el escenario a su contrincante.

Recordemos que buena parte del voto en apoyo a la candidatura de Castillo proviene precisamente de regiones donde se realiza la actividad minera de manera intensiva desde hace décadas, pero esto no se ha visto reflejado en el desarrollo y beneficio de las comunidades y población más necesitadas. Asimismo de regiones históricamente postergadas por el estado y que se han visto más golpeadas por los efectos económicos y sociales de la pandemia.

En cualquiera de los casos, desde la sociedad civil lo que seguiremos defendiendo e insistiendo, es en la importancia de la defensa de los derechos humanos, la democracia y las libertades. De la misma manera, en que se promueva el ordenamiento territorial para planificar la actividad minera, y se informe, coordine y consulte debidamente con las comunidades que se verían afectadas o son aledañas de los proyectos mineros.

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El Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua dulce. Sin embargo, este recurso se encuentra distribuido naturalmente de manera muy desigual en el territorio y no se ubica necesariamente en los lugares donde existe una mayor demanda.

En la actualidad, se reconoce internacionalmente que la cuenca constituye una unidad de gestión básica de los recursos hídricos, siendo la unidad territorial preferente desde el enfoque de la gestión integrada de recursos hídricos.

La unidad de gestión por cuencas posee un fundamento natural, al ser las principales formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las precipitaciones. Además, en su ámbito se produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas físicos y bióticos, y el sistema socioeconómico, formado por los usuarios de las cuencas[1].

Como se sabe, el agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Por ese motivo cada 22 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Mundial del Agua.

El territorio peruano está organizado, desde un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos, en 3 grandes vertientes hidrográficas: Amazonas, Pacífico y del Titicaca, y cada una de ellas está conformada por cuencas hidrográficas e intercuencas, con un total de 159 y 70 unidades, respectivamente, su distribución es la siguiente:

Amazonas: 84 cuencas

Pacífico: 62 cuencas y 65 intercuencas

Titicaca: 13 cuencas y 70 intercuencas

El Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua dulce. Sin embargo, este recurso se encuentra distribuido naturalmente de manera muy desigual en el territorio y no se ubica necesariamente en los lugares donde existe una mayor demanda. Nuestra costa peruana concentra el 65% de la población[2], pero solo cuenta con el 2.18% de la disponibilidad del agua que se produce, siendo Lima la ciudad más vulnerable: la segunda capital en el mundo asentada en un desierto y solo llueve 9 milímetros al año.

Por otro lado existen en el territorio nacional, y en relación a las vertientes y las cuencas, algunos riesgos para estas importantes zonas donde se preserva el agua. Según el geoportal “Geografías en conflictos” de CooperAcción, vastos territorios de las 3 vertientes principales de nuestro país presentan concesiones mineras, como se puede apreciar en el mapa.

Asimismo, las cuencas hidrográficas cumplen importantes servicios como el abastecimiento de agua dulce, la protección de poblaciones ante peligros naturales, el suministro de energía, la regulación del flujo de agua, entre otras.

Es por eso que resulta de vital importancia conocer la naturaleza de las cuencas e intercuencas de nuestro país, así como sus aportes al equilibrio de los ecosistemas y su importancia en el abastecimiento de agua para la población, que se pueden ver más afectados por las expansión de las concesiones mineras que se realizan sobre estos territorios.

[1]Diccionario de Geografía
[2]Inei 2017

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Senior Regional Coordinator, Latin America & Caribbean (LAC)

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The primary responsibility of the Senior Regional Coordinator, LAC is to lead and coordinate regional advocacy initiatives and movement building, as well as enabling a learning culture in line with PWYP’s Vision 2025 strategy and operational plans.

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Con la privatización progresiva de la producción se ha ido reduciendo el espacio para que el Estado capture la renta minera a través del control público de la misma. Por ello, es sumamente relevante abrir el debate sobre la aplicación de un verdadero royalty a la industria minera nacional, considerado que este último representa el pago por un derecho exclusivo de explotación, cuyo valor se fija en base al nivel de extracción y/o producción minera y no sobre las utilidades operacionales de la actividad extractiva, lo que asegura un flujo permanente de ingresos públicos que no está sujeto a los vaivenes de los precios del mineral rojo.

En el marco del alza que ha experimentado el precio del cobre, el que durante las últimas semanas se ha cotizado por sobre los 4 dólares la libra y en donde además se proyecta que en el corto y mediano plazo se mantenga en estos niveles, es que se ha generado un fuerte debate público en torno a los escasos aportes efectivos que ha realizado la gran minería al gobierno central durante los últimos años, considerando que para el periodo de 2015 a 2019 representaron en promedio sólo el 5% de los ingresos fiscales. Esta situación ha llevado a distintos sectores políticos y de la sociedad civil a pronunciarse sobre la necesidad de avanzar en el establecimiento de un verdadero royalty o regalía a la actividad extractiva, activando a su vez la discusión parlamentaria de los distintos proyectos[1] que buscan establecer en favor del Estado una compensación por la explotación de los recursos minerales.

Dicha discusión ha develado las visiones e interpretaciones -muchas de estas antojadizas- que el actual Gobierno y el gremio minero les han dado a los distintos instrumentos fiscales que se disponen para “capturar” la renta que genera la actividad minera en beneficio del interés público, aludiendo que el actual Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEM) cumple la función y/o “reemplaza” la aplicación de una regalía o royalty, por lo cual resulta necesario poner en común algunos elementos que permitan contribuir al entendimiento y la discusión pública en torno al rol que juegan las regalías y los distintos argumentos que respaldan su cobro.

Como un primer punto, es importante tener presente el concepto de renta económica y su aplicación al sector minero. En términos simples, la renta representa una ganancia extraordinaria que se genera del valor de la producción descontando los costos, incluyendo entre estos últimos el pago por el trabajo, la tecnología y el retorno normal del capital. En efecto, la “renta minera” se genera a partir de los ingresos que se obtienen de la venta de los productos que provee un determinado yacimiento minero, descontando el pago de los factores productivos relacionados, el que generalmente se conforma por los costos de exploración, extracción, producción, el costo del capital y el premio por riesgo (recompensa por invertir en un activo con riesgo).

En particular, el valor que presenta la renta de los minerales está determinado por su escasez y los niveles de explotación presentes y futuros, lo que en la literatura especializada se denomina “renta de Hotelling”. Si aplicamos estos términos a la industria del cobre, podemos observar que sin duda la producción cuprífera depende de un factor escaso y no renovable, como lo son los yacimientos del metal rojo. Sólo por este último hecho, el mercado tiene asociado una considerable renta.

Ante dicha condición de mercado, una de las principales características de las industrias extractivas (como la del cobre) es que tienden a generar cuantiosas rentas que elevan el retorno del capital de los inversionistas mineros a niveles que están por sobre su rentabilidad normal (se estima en un 10% promedio). Siguiendo con el ejemplo del cobre, a nivel nacional los economistas Gino Sturla y Ramón López estimaron que durante el último súper ciclo de precios de los commodities, entre los años 2005 y 2014, la gran minería del cobre generó una renta total de 389.000 millones de dólares (MM US$), de los cuales 114.000 MM US$ fueron “regalados” a la gran minería privada (que se agrupa en el GMP-10). Es decir, sin un mayor esfuerzo productivo y por el beneficio otorgado por el alza en los precios del mineral rojo, las 10 principales empresas privadas del cobre recibieron 114.000 MM US$ por sobre el retorno esperado de su capital, recursos frescos que, según los mismos autores, podrían haber financiado anualmente la gratuidad completa de la educación en todos sus niveles, junto con otros gastos que permitirían cubrir derechos sociales.

Por lo tanto, resulta fundamental entender que dichas rentas regaladas o ganancias extraordinarias que obtuvo el GMP-10 durante el súper ciclo, no es otra cosa que el valor que presenta el recurso extraído, el que bajo ninguna instancia ha sido estimado y por ello considerado como un cargo en la contabilidad de las empresas, lo cual ha representado una clara pérdida patrimonial para el país, considerando que este último es el legítimo dueño del recurso según lo establece la cuestionada constitución de 1980[2]. En consecuencia, desde un punto de vista de política pública, dichas rentas podrían ser grabadas y captadas por el Estado sin afectar las decisiones de inversión y producción de las extractivas, dado que estas representan una sobre ganancia para el capital.

Sin duda, esta última idea comienza a esbozar el segundo punto importante a considerar en el debate público: ¿por qué es necesario establecer un royalty o regalía a la minería? En general, con el cobro de patentes administrativas, royalties e impuestos adicionales al sector minero, se busca establecer una contraprestación y/o pago al Estado (legítimo dueño) por la explotación del recurso mineral considerando a este como un factor productivo esencial, lo cual puede compararse con el pago a otros factores como el trabajo o el capital.

Los principales argumentos que respaldan la aplicación de un tratamiento fiscal especial para dicho sector, se pueden sintetizar en tres ideas fuerza: la primera, dice relación con la existencia de ganancias extraordinarias (o rentas), producto de la condición de escasez que presentan los recursos cupríferos y las barreras de entrada que generalmente se observan en este tipo de industria (por ejemplo, contratos y/o concesiones de explotación, entre otros); la segunda, porque en casi todo el mundo las empresas mineras explotan un recurso que no es de su propiedad, sino que del Estado, por ende, el dueño debe recibir un pago por conceder el derecho exclusivo a explotar el recurso minero, adicional al pago de impuestos que comúnmente se les cobra a otros sectores; y, la tercera, porque la explotación del mineral implica una declinación del stock de capital natural que posee el país, por lo cual se busca establecer estrategias fiscales que permitan capturar las rentas mineras generadas y reinvertirlas o transformarlas en otras formas de capital (físico o humano), siguiendo así los lineamientos de la reconocida regla de capital constante o “regla de Hartwick”.

En términos generales, las estrategias que han utilizado los gobiernos para transformar la renta minera en recursos fiscales están directamente relacionadas con el modelo político y económico que presenta el país. Estas van desde una activa participación del Estado en la producción, ya sea a través de una empresa pública o de la participación accionaria, hasta la aplicación de distintos instrumentos tributarios que permitan capturar la sobre ganancia de dicha actividad, considerando que en muchas ocasiones se aplican combinaciones de ambas.

Tal es el caso de la industria nacional del cobre, en donde la alicaída empresa Codelco representa una porción cada vez menor de la producción cuprífera nacional, considerando que de los 5,7 millones de toneladas métricas de cobre fino (MM de TM de cobre fino) generadas el 2019, la producción privada representó un 71% y la cuprífera estatal tan solo un 29%, no obstante, por el régimen fiscal especial que esta presenta, durante la última década ha contribuido con más de la mitad de los aportes fiscales del sector. En este sentido, con la privatización progresiva de la producción se ha ido reduciendo el espacio para que el Estado capture la renta minera a través del control público de la misma, por lo que la actual discusión sobre el régimen tributario aplicado al sector se vuelve absolutamente relevante.

En concordancia con lo anterior, es importante tener presente que desde el año 2006 en Chile está vigente el impuesto específico a la minería (IEM), conocido erróneamente como “Royalty Minero”. En términos generales, el gravamen se aplica sobre la renta imponible operacional de la actividad minera (RIOM[3]) obtenida por un explotador minero, en donde el valor de la tasa impositiva está determinado por el nivel de ventas anuales y el margen operativo de la actividad minera, presentando una tasa efectiva progresiva que varía entre el 5 y 14% de la RIOM. Desde su entrada en vigencia en 2006 a la fecha, este ha aportado en promedio el 1,1% del total de ingresos fiscales del país y, en los últimos cuatro años solo un 0,4% de ellos, contribuciones que representan unos 209 millones de dólares anuales.

Ahora bien, es importante tener presente que, si bien la participación del IEM en los ingresos de la nación ha venido disminuyendo, la producción cuprífera nacional ha ido en aumento pasando de 5,3 MM de TM de cobre fino generados en el 2006 a 5,7 MM de TM para el 2019, lo cual denota el bajo rendimiento que ha presentado el instrumento al momento de compensar la pérdida de patrimonio natural del país, visibilizando, a su vez, los problemas que presentan las estrategias de recaudación fiscal que establecen instrumentos basados en utilidades, ya que estos son muy sensibles a la volatilidad de los precios del mineral y, cuando estos se encuentran a la baja, el margen de apropiación estatal de la renta minera se ve afectado considerablemente.

Por todo lo expuesto, es sumamente relevante abrir el debate sobre la aplicación de un verdadero royalty a la industria minera nacional, considerado que este último representa el pago por un derecho de exclusivo de explotación, cuyo valor se fija en base al nivel de extracción y/o producción minera y no sobre las utilidades operacionales de la actividad extractiva, lo que asegura un flujo permanente de ingresos públicos que no está sujeto a los vaivenes de los precios del mineral rojo. Claramente estos ingresos fiscales, en el corto plazo, le permitirían al país financiar políticas económicas y sociales que den respuesta a los impactos de la pandemia y, en el mediano plazo, avanzar en la entrega de bienes públicos, en la promoción de la diversificación económica y el desarrollo local.

[1] Revisar el proyecto de ley “Establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio”, disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/ tramitacion.aspx?prmID=12617&prmBOLETIN=12093-08 y el proyecto de resolución “la adopción de medidas que permitan recaudar rentas ante el alza del precio del cobre y la instalación de una mesa de trabajo que proponga un cambio en la estructura de tributación minera”, disponible en: https://www.camara.cl/ verdoc.aspx?prmid=6664&prmtipo=PROYECTO_ACUERDO

[2] La constitución de 1980 mantuvo los principios “nacionalizadores del cobre” consignando el derecho y resguardo sobre los yacimientos mineros en su artículo 19 número 24, estableciendo que el «Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas…», no obstante, en su inciso siguiente se establece la posibilidad, por medio de sentencia judicial, de concesionar terrenos para la exploración y extracción de minerales.

[3] La RIOM se determina ajustando la renta líquida imponible (base del impuesto de primera categoría – IDPC), en donde, en términos generales, solo se consideran los ingresos y gastos relacionados con la explotación de las sustancias mineras y se restringen las aceleraciones de gastos (depreciación y amortización) permitidas por la Ley para efectos de determinar el IPDC.

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• Llaman OSC y Academia a blindar ANP de exploración y explotación minera y de hidrocarburos tras aval unánime en el Congreso.
• Existen 73 proyectos mineros al interior de territorios de resguardo en México, en oposición al objetivo prioritario de preservarlos.

La iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como el establecimiento de asentamientos humanos, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios. Sin embargo, urge que las senadoras y los senadores voten a favor de dicho proyecto en beneficio de los ecosistemas y del interés público, frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil saludamos que las legisladoras y legisladores hayan escuchado la voz de especialistas y se sumen a las miles de personas que han firmado una petición en línea para exigir el cese de actividades mineras en las ANP. Ante este paso que dio la Cámara de Diputados, con una abrumadora mayoría de 407 votos a favor, hacemos un llamado urgente para que las comisiones responsables dictaminen a favor esta iniciativa y, con ello, fortalezcan la creación de leyes para preservar los refugios naturales de nuestro país, para garantizar nuestro derecho a un ambiente sano establecido en el artículo 4 de la Constitución.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), a la fecha existen 73 proyectos mineros al interior de ANP (federales, estatales y municipales), incluso en sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, entre otras. Además, la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas supuestamente “protegidas”, una superficie que equivale a la del estado de México.

Es importante subrayar que en las ANP se garantiza la conservación de cientos de especies en riesgo que son amenazadas por la caza o para usarse con fines ornamentales, además dichas áreas son territorio fundamental para la provisión de servicios ecosistémicos de nutrientes, soporte y regulación (hidrológica, climática, suelo, etc.). Asimismo, las ANP resguardan entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad nacional, principalmente de los pueblos originarios que son los que generalmente allí habitan. Además, estas áreas proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental. Sin embargo, las ANP tienen al enemigo en casa, pues las leyes vigentes permiten que se instalen minas dentro de ellas.

Con la iniciativa se busca impedir una afectación mayor provocada por la actividad extractiva de gran escala que ha impactado severamente el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de la poblaciones, especialmente por el alto consumo de agua y la destrucción irreversible de grandes espacios territoriales para obtener recursos minerales a bajo costo. Al mismo tiempo, la medida favorece que pueda preservar el manejo de las reservas con las que cuentan conforme a sus propias modos de vida y desarrollo.

Por otro lado, no existen medidas o acciones preventivas y de mitigación de los impactos ambientales que las actividades mineras provocan a perpetuidad. Es fundamental descartar de una vez por todas el mito de ‘la minería sustentable’ dado que no existe, como lo han demostrado diversos especialistas en la materia, en México y en otros países. De hecho, organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han mencionado que esta actividad representa un alto riesgo socioambiental en el corto y largo plazo, por la falta de capacidad para evitar filtraciones químicas, de vapores y otros elementos tanto al subsuelo como al mismo aire que respiramos.

El Senado debe velar por el interés público y votar a favor de esta reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que prohíbe las actividades mineras dentro de las ANP. Además, instamos al Senado a abrir la discusión sobre la necesidad de realizar cambios profundos en la actual Ley Minera, con el fin de contar con una legislación que ponga en el centro el bienestar colectivo y los derechos humanos y no los intereses del sector privado.

Desde la sociedad civil colaboraremos con el Senado para instarlo a la aprobación inmediata de la iniciativa, recordándoles que ya cuenta con el amplio aval de la ciudadanía representada por las y los legisladores en la Cámara de Diputados.

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El 5 de marzo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) con apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) realizó la presentación del libro Enfoque de género en contextos extractivos y de infraestructura en la Amazonía peruana. El encuentro virtual tuvo como objetivo presentar los resultados de una investigación sobre enfoque de género en la Amazonía, enfatizando en impactos diferenciados y recomendaciones recogidas en diferentes espacios de diálogo con mujeres indígenas amazónicas, a partir de sus percepciones.

El evento contó con la exposición de las autoras Rocilda Nunta, Delfina Catip y Mayra Dongo. Asimismo, la participaron de Lizardo Cauper, presidente de la Aidesep; Ruth Troncosso, representante de Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad); e Iris Olivera, coordinadora del programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR. Las autoras hicieron énfasis en los problemas que existen en la Amazonía, como la tala ilegal, los derrames de petróleo, la construcción de carreteras, la minería ilegal, los proyectos de hidrocarburos en Loreto y Ucayali, los cuales ponen en riesgo sus sitios sagrados y modos de vida.

Rosilda Nunta, directora del Programa Nacional Mujer Indígena de Aidesep, explicó que el libro se realizó en colaboración con las nueve bases regionales de Aidesep, durante dos años de trabajo de encuentros regionales, nacionales e internacionales; teniendo como objetivo conocer cómo se percibe el tema de género en las comunidades, desde la percepción de las mujeres y los hombres. Rocilda expresó que, un avance para aterrizar el enfoque de género en el contexto de actividades extractivas se ha relacionado la Agenda del programa Mujer de Aidesep con los Principios Rectores para las Mujeres Indígenas presentado por el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas”, sobre el cual se han orientado las recomendaciones.

Mayra Dongo, especialista en el trabajo con pueblos indígenas con enfoque interseccional, comentó que el libro presenta oportunidades identificadas para integrar el enfoque de género en las distintas etapas del proyecto de inversión; además, entre las recomendaciones señaló la importancia de prever indicadores de género en las políticas públicas así como de acercar dichas políticas públicas y sus planes al contexto y realidad de las mujeres indígenas, considerando el desarrollo de actividades extractivas en sus territorios; en ese sentido, es clave identificar las visiones de desarrollo de los pueblos indígenas en la consulta previa se refuerce la participación activa de las mujeres indígenas y que ellas puedan ser capacitadas con el fin de realizar una participación efectiva, y en el caso de las evaluaciones de impacto ambiental, se integren las evaluaciones de impacto de género, teniendo en cuenta los impactos diferenciados.

Por su parte, Delfina Catip mencionó que “[…]Debemos tener la oportunidad de participar en todos los procesos de diversas actividades extractivas porque la vida de nuestro pueblo, la nueva generación y pueblos indígenas en contacto inicial están en juego. Es hora de que el Estado y las empresas consideren los derechos de las mujeres deban atenderse en sus dimensiones individual y colectiva. Debe de respetar la atención de nuestra forma de vida y desarrollo que queremos como pueblos indígenas. Finalmente, quiero hacer un llamado al Estado para que desarrolle urgente una medida de protección integral de las personas defensoras del medio ambiente porque en estos tiempos las actividades extractivas generan impactos a la población y de manera diferenciada a las mujeres, y las actividades legales están siendo una amenaza para los pueblos indígenas.[…]”

Del mismo modo, Ruth Troncosso explicó que es importante seguir recolectando las preocupaciones de los hombres y mujeres de los diferentes pueblos indígenas a nivel regional, ya que permitirá que todas las bases de Aidesep tengan una guía ante las actividades extractivas y de infraestructura que se realizan en diversas partes del país.

Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, resaltamos la necesidad de identificar y abordar los impactos diferenciados hacia las mujeres indígenas y con ello la oportunidad de promover su participación activa en la toma de decisiones sobre los proyectos extractivos y las políticas públicas.

• Dato: La investigación “Enfoque de género en contextos extractivos y de infraestructura en la Amazonía peruana” fue realizado por el Programa Mujer Indígenas de AIdesep en colaboración con DAR, y el apoyo de la Unión Europea durante la ejecución del proyecto Empoderando a pueblos indígenas de la Amazonía peruana para la defensa de sus derechos a través de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

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Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día de celebración: es un día de lucha, un momento para visibilizar la lucha por la igualdad. En ese contexto, una de las problemáticas quizá menos visibles en el Perú es la de las mujeres que ven vulnerados sus derechos en el contexto de actividades extractivas.

Como sabemos, la economía del país es fuertemente dependiente del extractivismo: minería, hidrocarburos, pero también otras actividades extractivas como la pesca industrial son priorizadas por el Estado para generar renta y crecimiento económico, pero tienen diversos impactos ambientales y sociales en los territorios donde se realizan. De lo que no se habla tanto es de que esos impactos son diferenciados: no afectan de la misma manera a hombres y mujeres.

Estas diferencias e inequidades pueden observarse a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Al inicio, en los procesos de conversaciones iniciales, consulta previa y mecanismos de participación ciudadana, así como en las negociaciones de venta de tierras o acuerdos de servidumbre, el protagonismo en la toma de decisiones corresponde, por lo general, a los varones. Ello se debe a que, en la mayoría de los casos, las mujeres no son titulares de la propiedad de la tierra ni son consideradas “socias calificadas” en las comunidades campesinas o indígenas, y por lo tanto su opinión, necesidades, problemas, intereses, no son considerados[1].

Según la ENAHO, del total de personas que trabajan la tierra y tienen propiedad, el 82% corresponde a los varones y sólo el 18% a las mujeres. Además, apenas un porcentaje pequeño (7%) de mujeres ocupa cargos comunales en el país[2]. En el caso de la gestión del agua, dicho sea de paso, solo el 6% de las Juntas de Usuarios de Agua para Riego son presididas por mujeres; mientras que a nivel local las Autoridades Administradoras de Agua no registran presencia de mujeres (0%) (Remy, coord. 2020).

Esta condición de inequidad estructural tiene como consecuencia que las mujeres en contextos extractivos se ven afectadas por decisiones que transforman por completo las dinámicas locales, pero en las cuales no han participado o no han tenido mayor poder de decisión.

En el período de construcción, se produce un crecimiento acelerado de las economías locales. La contratación de mano de obra en esta fase abre la oportunidad para que los sectores con más recursos inviertan para producir bienes y servicios que son adquiridos por las empresas extractivas y las empresas contratistas. Se construyen hoteles, restaurantes, se instalan lavanderías, farmacias, peluquerías, sastrerías, llegan las agencias bancarias. Esta dinámica puede durar entre dos o tres años, aunque depende de la magnitud del proyecto. En estas actividades, en particular en el sector servicios, las mujeres tienen mayores oportunidades de empleo, pero los salarios son más bajos en comparación a los de los varones. La tendencia estructural de brecha salarial entre hombres y mujeres se traduce, en esta fase, en que las mujeres tienen menos oportunidades de capturar la renta generada por la inversión extractiva, lo que refuerza y amplía las inequidades preexistentes.

En el período de explotación, en tanto, se reduce drásticamente la fuerza de trabajo empleada por la empresa extractiva, se contrata mano de obra con altos niveles de especialización, se reduce la mano de obra no calificada y en particular se reduce la contratación de mujeres. En el Perú, la participación laboral de las mujeres en el sector minero es apenas de 6%[3].

En tanto, en esta fase las mujeres son quienes más cargan con algunas de las consecuencias de la actividad extractiva en el territorio. Por ejemplo, debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, las mujeres se ven en la obligación de incorporarse a trabajos que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de rol de cuidado cotidiano[4]. En muchos contextos, es común el incremento de la venta y consumo de alcohol, lo que suele incidir en la violencia familiar; además, la presencia de mano de obra masculina con capacidad de gasto incentiva negocios como la prostitución, asociada a la trata de personas.

En los contextos en que se produce contaminación, la labor de cuidado tradicionalmente vinculada a las mujeres lleva a que ellas carguen con la mayor parte del problema. Por ejemplo, si las fuentes de agua se contaminan, a raíz de un derrame petrolero, derrame de relaves o algún evento similar, es más probable que sean las mujeres quienes tengan que hacerse cargo de desplazarse para conseguir agua limpia, pues con frecuencia son las mujeres y niñas las principales usuarias, proveedoras y gestoras del agua en sus hogares (ONU Mujeres, 2018). En promedio, cuando no hay agua en la vivienda, la carga para conseguir agua se distribuye de manera desigual: 72% mujeres y 28% hombres (24% adultos y 4% niños) (BID, 2016).

De igual manera, en los casos en que la contaminación incide en la aparición de enfermedades, como ocurre en las más de 10 regiones afectadas por contaminación con metales tóxicos en el Perú, el trabajo de cuidado de los enfermos es más probable que recaiga en las mujeres.

Por último, tanto en contextos de resistencia como en los de coexistencia con actividades extractivas se producen conflictos de carácter socio ambiental. En respuesta a los mismos, los Estados implementan diferentes estrategias que tienen el denominador común el criminalizar las protestas de la población. En este contexto, las mujeres son muchas veces el blanco de la violencia de género, tanto desde el Estado como de las empresas, configurándose procesos de violencia institucional, violencia física, violencia sexual, estigmatizaciones y hostilización contra las mujeres defensoras ambientales, entre otras afectaciones[5].

Así pues, en contextos extractivos pueden reforzarse las brechas preexistentes. Desde una mirada interseccional, la lucha por la igualdad en contextos extractivos debe considerar un conjunto de discriminaciones y vulneraciones que se entrecruzan: la exclusión histórica de las mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio, las desigualdades persistentes en el trabajo de cuidado, las transformaciones en las dinámicas económicas locales y familiares, los impactos ambientales y en la salud, las diversas violencias que viven las mujeres en contextos extractivos. Para abordar la complejidad de los conflictos socioambientales, pues, es indispensable incorporar de manera transversal el enfoque de género, tanto desde el Estado, las empresas y las organizaciones sociales e instituciones de sociedad civil.

En este escenario complejo, las mujeres vienen asumiendo en el Perú un importante liderazgo en defensa de sus territorios y de la naturaleza. Mujeres de gran coraje como Máxima Chaupe en Cajamarca, Ruth Buendía en Junín, Melchora Surco en Espinar, Virginia Pinares en Apurímac, Agostina Mayap en Amazonas, las mujeres de la histórica Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande (ADIMTA) en Piura, Yolanda Zurita y otras mujeres líderes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, entre otras muchas defensoras ambientales, son mujeres que nos inspiran y a las que rendimos desde aquí un homenaje en solidaridad con su lucha.

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[1] Julia Cuadros: “Impactos del extractivismo en las mujeres de América Latina”. En: Revista Pulso Ambiental.

[2]https://wayka.pe/el-problema-de-la-mujer-y-la-tierra-por-kely-alfaro/

[3]https://energiminas.com/participacion-de-mujeres-en-mineria-peruana-es-6-4-en-canada-y-australia-ronda-el 20/#:~:text=En%20la%20mediana%20y%20gran,hombres%20y%209.62%25%20son%20mujeres.

[4] http://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/

[5] Rocío Silva Santisteban: “Mujeres y conflictos ecoterritoriales: impactos, estrategias, resistencias” (2017).

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• OEFA presentó medida cautelar pidiendo se le “embargue” a Pluspetrol aproximadamente US$ 380 millones para garantizar se realice la remediación ambiental en torno al Lote 8 y 192.
• Además, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ejecutivo a defender los intereses nacionales y exigir a la petrolera cumpla con sus responsabilidades considerando su anuncio de liquidación.
• Sociedad civil organizada presenta Amicus Curiae y piden ser parte del proceso judicial.

Ante la anunciada liquidación de Pluspetrol Norte S.A, el último 14 de enero el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) presentó ante el 37° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima una solicitud de medida cautelar pidiendo un embargo en forma de retención en cuenta bancaria hasta por la suma de casi US$ 380 millones con el fin de garantizar el costo de remediación que debe asumir la empresa privada para implementar las medidas correctivas ordenadas por el OEFA en el ámbito de los lotes 8 y 192 (ex 1AB).

De manera sorpresiva, el pasado 16 de diciembre de 2020 la empresa Pluspetrol Norte, que operó hasta 2015 el Lote 192 (antes llamado 1AB), en la región Loreto, anunció que iniciará un proceso de disolución y liquidación. La empresa presentó defectuosamente su propuesta de plan de abandono de sus operaciones al Ministerio de Energía y Minas (MEM), por lo que fue rechazado.

En el plan de abandono, Pluspetrol Norte no precisa cómo remediará los pasivos ambientales, ubicados en la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, ni información para corregir las 245 infracciones administrativas. Según el OEFA, solo las multas ascienden a US$ 2.9 millones, sin considerar las impuestas por incumplimiento a medidas correctivas, cuyos mandatos tienen por objeto lograr la remediación ambiental y cuyos plazos de cumplimiento vencieron desde antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria por COVID-19.

“La única forma de evitar que no se remedien los daños ambientales generados por Pluspetrol Norte es separar y resguardar el financiamiento necesario para concretarlo e incluso, en caso de ingresar la empresa a un procedimiento administrativo concursal, esta acreencia ambiental esté garantizada y no sea considerada una acreencia común debido a que nuestra Ley General Concursal, Ley N° 27809 no considera entre los créditos priorizados de pago a las acreencias ambientales no garantizadas como se puede observar en el primer inciso de su artículo 42”, comentó Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).

PIDEN CELERIDAD

Ante la “pasividad” del Poder Judicial por pronunciarse sobre la urgente medida cautelar solicitada por el OEFA, el último 3 de marzo el organismo estatal presentó al 37° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima una serie de documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo sobre el caso con el fin que se dé celeridad a su pedido judicial.

Los documentos mencionados, expresan la preocupación de la Defensoría del Pueblo en torno a la falta de remediación ambiental de los lotes operados por la empresa Pluspetrol Norte S.A. y la urgencia de que el Estado peruano adopte medidas destinadas a evitar que la anunciada liquidación de la referida empresa constituya un “mecanismo dirigido a evadir la obligación de remediar los impactos ambientales, respecto de los cuales se ha determinado su responsabilidad”.

“La falta de cumplimiento de las medidas dispuestas por OEFA, entre ellas, la remediación ambiental de los impactos ambientales generados, así como el anuncio de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte S.A., motivada por los actos administrativos emitidos por la entidad fiscalizadora, y presuntamente destinada a evadir el cumplimiento de estas obligaciones, no solo pone en riesgo el ambiente y los recursos naturales, sino que pone en riesgo al derecho a un ambiente equilibrado, la vida y la salud de las personas, por lo que requiere medidas inmediatas por parte del Estado”, se lee en el reciente documento presentado por el OEFA.

En su preocupación por defender los intereses nacionales, el pasado 12 de febrero la Defensoría cursó oficios a la Presidencia del Consejo Ministros, Poder Judicial, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Minas exhortándolos a tomar las medidas necesarias para que Pluspetrol cumpla con remediar los pasivos ambientales.

La Defensoría recomienda a la PCM “liderar, impulsar e interponer con urgencia las medidas y recursos necesarios ante las instancias correspondientes, a fin de evitar que la decisión de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte S.A. tenga por efecto la imposibilidad de cumplimiento de remediación de impactos ambientales a su cargo, así como del cumplimiento de otras medidas dispuestas por la entidad fiscalizadora”.

Al respecto, César Gamboa, Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales recordó que la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 establece en su Principio 4 que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.”

“A consecuencia de ello, el Estado no solo promueve inversiones, sino que debe asegurarse de que estas sean sostenibles, lo que implica obligar al responsable a tomar medidas de prevención y remediación pertinentes cuando este genere impactos negativos al ambiente y salud de las personas”, resaltó Gamboa.

SOCIEDAD CIVIL PRESENTA AMICUS CURIAE

Recientemente el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú – IDLADS presentó un Amicus Curiae con el fin de garantizar la remediación ambiental que debe asumir la empresa Pluspetrol Norte en los lotes 8 y 192 (antes, 1AB) en resguardo del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado y la salud de las poblaciones indígenas. Asimismo, solicitó al Poder Judicial se le incorpore en el proceso cautelar como litisconsorte a favor de OEFA para defender y garantizar juntos la remediación del ambiente.

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La razón no ingenieril: desconfianza en su responsabilidad ambiental

El incumplimiento de los compromisos ambientales por parte de una empresa minera que ocasiona pasivos contaminantes en su entorno genera desconfianza social sobre su desempeño futuro; por lo que la evaluación del desempeño pasado en materia ambiental con frecuencia es un criterio ciudadano para la decisión de otorgarle la licencia social. Pero, lamentablemente no es un criterio que forme parte de la evaluación de las decisiones gubernamentales para poner bajo la lupa los estudios e instrumentos claves que determinan el nivel de riesgo y las medidas para su mitigación. Este sería el caso del antecedente de incumplimiento de obligaciones ambientales de la Compañía Minera Quiruvilca S.A, quien no ejecutó el plan de cierre de la mina Quiruvilca, compañía minera que en ese entonces habría sido empresa subsidiaria de la empresa Southern Peaks Mining-SPM[1].

Preocupa ese mal antecedente que genera desconfianza sobre su responsabilidad ambiental porque la SPM es también propietaria del Proyecto Minero Ariana que ejecuta la empresa Ariana Operaciones Mineras, en la cuenca del Alto Mantaro (Junín), donde parte de la infraestructura hidráulica del sistema de Marcapococha que trasvasa aguas a la cuenca del río Eulalia para el abastecimiento de agua para Lima y Callao, sería vulnerable al alto peligro de falla de la presa de relaves del proyecto Ariana.

En esta última semana, el pasivo no cerrado/remediado del depósito de relaves/relavera Catalina de la Unidad Minera Quiruvilca, a cargo de su empresa subsidiaria, regresa ahora como factor de contaminación del río Moche, interpelando la responsabilidad ambiental que dice cumplir la SMP. Su subsidiaria la Compañía Minera Quiruvilca S.A, a fines del 2017, quien después de haberse declarado en quiebra, dejo de operar y abandonó los componentes mineros sin cumplir con el plan de cierre de la mina, incluido el cierre de la relavera Santa Catalina. Desde enero 2018 a enero 2021, han pasado tres años, tiempo durante el cual los materiales tóxicos de esta relavera se han filtrado y han venido contaminando al río Moche. La titular minera no cumplió con el plan de cierre, le resultó menos costoso/rentable no hacerse cargo del cierre y usar la opción normativa-administrativa de dejar que el estado, es decir la Dirección General de Minería-DGM del Viceministerio de Minas, se haga cargo del cierre cobrando el valor de la carta de fianza; valor que habría sido de lejos menor al costo de cierre/remediación. Pero, tampoco el estado cumplió con hacerse cargo, es decir, la DGM.

Ahora, la irresponsabilidad ambiental de la titular minera y del Ministerio de Energía y Minas, vuelve a salir a la luz, en los documentos anexados al Informe 005-2021-GRLL-GRDN-SGDC/SLM, que sustenta la solicitud de prórroga de la Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente ante la contaminación del río Moche (Oficio 348-2021-GRLL/GOB dirigida al Jefe de INDECI). Así lo muestran los oficios del gobernador regional de La Libertad cursados en el último mes de este año.

Primero, con fecha 11 de enero de este año, mediante Oficio 056-2021-GRLL-GOB, se dirige al Ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado (con atención: Ing. Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz, DGM), para “solicitarle que nos informe de manera urgente sobre las acciones que se vienen realizando respecto al plan de cierre de minas de la unidad fiscalizable Quiruvilca (…). Debido a que la relavera Santa Catalina está completamente abandonada, los sedimentos y las aguas se están filtrando y descargando directamente al río Moche sin recibir ningún tipo de tratamiento”. Posteriormente se precisa la información, en el Oficio 0080-2021-GRLL-GGR/GREMH, dirigido al Viceministro de Minas, Jorge Montero Cornejo, de fecha 14 enero 2021, donde se afirma: “es oportuno informar que el Gobierno Regional de La Libertad informó sobre los graves problemas generados por la minería ilegal en los alrededores del pueblo de Quiruvilca, que tiene como comienzo a finales del año 2017, a consecuencia del abandono de las operaciones de explotación del Proyecto “Mina Quiruvilca”, el cual estuvo a cargo de la Compañía Minera Quiruvilca S.A.”.Es decir, de la subsidiaria de SPM. Mal antecedente. Sobre esto ninguna explicación pública aún.

La razón ingenieril: la probabilidad de un peligro sísmico generando fallas de la presa de relaves

Los altos ejecutivos de la empresa Ariana Operaciones Mineras[2], expresan que Ariana es un ejemplo de minería moderna que ha cumplido con todas las exigencias normativas y administrativas, de tal modo que cuenta con el EIA detalladoaprobado en mayo 2016, la autorización de construcción en el 2018 y la aprobación de modificaciones del EIA correspondientes a dos Informes Técnicos Sustentatorios-ITS aprobados en enero 2019 y marzo 2020. También han reiterado que desde el punto de vista hidrológico el proyecto minero no afectará al sistema de trasvase Marcapococha, pues “los estudios concluyen que la mina no tiene influencia sobre las aguas subterráneas, ni sobre las lagunas superficiales, ni sobre el túnel transandino”. Sin embargo, no resulta convincente la conclusión de la inexistencia del riesgo sísmico que conlleve tanto a fallas estructurales de la presa de relaves como al fenómeno de licuefacción/licuación, produciendo una cadena de amenazas que podrían afectar/interrumpir a algunos componentes del sistema de trasvase Marcapomacocha. Recordemos que mediante el túnel trasandino Cuevas-Milloc del sistema Marcapomacocha se trasvasa el agua de la cuenca alta del río Mantaro, y que en la zona del proyecto donde se ubican sus componentes mineros se encuentra parte dela infraestructura hidráulica del sistema Marcapomacocha: la represa Pucrococha, el canal Tucto y el túnel transandino Cuevas-Milloc. El agua del Alto Mantaro es así trasvasada hacia el río Santa Eulalia de la cuenca del río Rímac.

El argumento central negacionista del riesgo desencadenado con un sismo extremo probable, es que los estudios realizados han contemplado todos los controles de ingeniería necesarios que permiten descartar cualquier posibilidad de afectación al sistema de trasvase por parte del proyecto Ariana. Aquí copiamos el mapa de la infraestructura hidráulica en el entorno del proyecto Ariana publicado (https://mundominero.com.pe/el-proyecto-ariana-y-el-compromiso-con-el-medio-ambiente/). Como podemos observar el canal Tucto está en una ubicación topográficamente vulnerable (por exposición y resistencia constructiva) a una peligrosa inundación de masa de relaves con aceleración creciente.

Esta simple e insuficiente conclusión, es abordada en el estudio especializado cuyos resultados y metodología se presenta en el Informe titulado “Análisis de Riesgo de la Presa de Relaves en la Mina de Cobre y Zinc Propuesta Ariana, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú” de autoría del especialista Steven H. Emerman, Ph.D; que próximamente será presentada y publicada. Del que destacaremos sólo una parte de su argumentación a continuación.

La presa de relaves de la mina Ariana estaría ubicada en la microcuenca Iscumachay. La forma de la microcuenca aclara que un derrame de relaves fluirá hacia el norte en el río Carispaccha. La presa de relaves se podría convertir en un peligro de alto riesgo si se produce una falla en sus cimientos que la desestabilice y fisure/fracture de tal modo que se produzca desborde/derrame de los relaves contenidos, sea durante la operación minera o después del cierre de la misma. El autor señala que desde 1952, se tienen registrados 18 fallas de presas de relaves en el Perú y el diseño de la presa tendría que dar seguridades de resistencia de la presa ante fenómenos no controlables que podrían desestabilizarla; el problema es que no las da.

En este caso, el autor revisa y cuestiona los supuestos de la resistencia de la presa de relaves a fenómenos sísmicos y sostiene que existe alta probabilidad de colapso de la presa. Por una parte, se habría minimizado la ocurrencia e intensidad del fenómeno sísmico, al haber delimitado que el período de retorno de un probable sismo en la zona de ubicación de la presa, sería de 475 años basados en la información de la sismicidad regional, sin haber incorporado información de las fallas geológicas locales (fracturas de la corteza terrestre) y fallas en las cercanías de la presa. Por otra parte, las mediciones de campo realizadas en el lecho de lago, donde se construye y operará la relavera, no serían aplicables a suelos de arcilla blanda cuestiona el autor, concluyendo que la resistencia del cimiento de la presa resulta desconocida. No menos importante es su afirmación de que la probabilidad de la falla de la presa de relaves aumentaría si se hubiera incorporado rigurosamente la posible licuefacción/licuación de los suelos del cimiento de la presa donde se colocarían los relaves en contexto sísmico.

Al contrario, en los cálculos del análisis de estabilidad sísmica para el diseño de la presa, se habría supuesto – sin ninguna comprobación del mismo a pesar de su importancia – que el nivel de la napa freática está (siempre) debajo de la presa, el drenaje natural funciona perfectamente, y que no habría probabilidad de que coincidan el fenómeno sísmico con una alta precipitación en la zona. Lo que distaría de la realidad, dada la siguiente afirmación que cito al autor: “aunque los consultores afirmaron que podría producirse licuefacción de la plaza de relaves si tuviera menos de 400 metros de ancho”. Pero tampoco existe un plan para mantener ese ancho de la plaza. Además, el autor detalla, es probable la licuación de existir nivel freático alto y/o precipitación pluvial excesiva (lo que suele suceder en zonas andinas en la estación de diciembre-marzo y podría ser mayor por la extrema variabilidad asociada al cambio climático). Encuentra además que la tecnología de relaves filtrados que elimina agua no ha sido incluida en la Plan de mitigación.

Escenarios de riesgo a consecuencia de la inundación de relaves por falla/colapso de la relavera

La pregunta central aquí es ¿qué territorios están expuestos y son vulnerables de afectación/daño a consecuencia de la inundación de relaves por falla/colapso de la presa de relaves (durante y después de la operación-desarrollo del proyecto minero Ariana)? Consideramos, a partir de los aportes del Informe citado, dos escenarios:

Escenarios en la subcuenca del río Mantaro cuyos impactos se extenderían al río Mantaro e instalaciones adyacentes, en la parte andina del departamento de Junín. El autor simula las consecuencias del colapso de la presa con relaves, identificando un primer escenario de territorialidad de los impactos en un afluente del río Mantaro y las zonas como centros poblados cercanos aguas abajo (escenario probable). Inundación que con la fuerza del caudal del río y la pendiente podría llegar hasta el mismo río Mantaro y las instalaciones adyacentes (Peor escenario).
Escenario cuyos impactos comprometerían fallas en el abastecimiento de agua para Lima Metropolitana.
Otro posible escenario de la territorialidad de cadena de impactos a partir del desborde y desplazamiento de masas de relaves a consecuencia del colapso de la presa sería la obstrucción y/o destrucción/fractura de la infraestructura que asegura el traslado de agua dulce de la cuenca de Junín al Tunel Trasandino, tales como la bocatoma de aguas y los canales que transportan el agua, entre ellos el más vulnerable el canal Tucto. Si eso sucede, la consecuencia sería el colapso temporal y/o contaminación de las aguas cuyo destino es abastecer a Lima Metropolitana, extendiéndose así la territorialidad de los impactos finales hasta la ciudad al menos temporalmente.

Esta mayor vulnerabilidad del canal Tucto, en contexto sísmico, es reconocido por la titular minera, cuando sustenta la consistencia de su diseño para mitigar el riesgo: “La ingeniería del depósito de relaves contempla un dique principal antisísmico físicamente estable debido a su amplia base de 200 metros, una altura de 28 metros y la operación con un borde libre de 4 metros, el que se irá recreciendo por etapas con el método aguas abajo. Teniendo en cuenta la presencia del canal Tucto, se ha previsto la implementación de 03 diques de contención antisísmicos adicionales” (Mario Guerra, gerente de operaciones mineras; 2020 en mundominero.com.pe). Pero, resulta insuficiente para absolver con suficiencia las observaciones del doctor Steven Emerman, que le dan la razón a la ciudadanía de Lima y Callao que considera justa y razonable la preocupación y demanda presentada por instituciones tales como CooperAcción e IDL y personalidades de la sociedad de Lima y Junín [3], así como los reiterados cuestionamientos y preocupación de SEDAPAL, entidad comprometida con asegurar el abastecimiento de agua potable de Lima Metropolitana y el Callao.

[1] De acuerdo al reporte del Ing. JuanAste Daffós, publicado el 18 de diciembre 2019: “Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver, propietaria de Cía Minera Quiruvilca, y luego SPM se la venda a ella misma a través de otras de sus subsidiarias, primero a Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a Cía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial; para en diciembre 2017 declararse en quiebra, dejando de operar desde enero 2018 en que abandonó la mina”. En:https://muqui.org/tag/ariana/; visitada el 8 febrero 2021).
[2] La información de los representantes de la empresa sobre el proyecto se toma de las entrevistas publicadas (visitadas el 09 febrero 2021): i- el 18 diciembre 2020 en https://energiminas.com/entrevista-southern-peaks-estima-que-proyecto-ariana-iniciara-operaciones-a-principios-de-2024/; ii-el 4 de diciembre 2020 en https://energiminas.com/ceo-de-southern-peaks-ariana-no-tiene-influencia-sobre-aguas-subterraneas-ni-sobre-el-tunel-transandino/; y, iii- el último trimestre 2020 en https://mundominero.com.pe/el-proyecto-ariana-y-el-compromiso-con-el-medio-ambiente/
[3] Demanda interpuesta en mayo del 2019 en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, exigiendo que se disponga el cese inmediato del proyecto polimetálico Ariana.

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El Ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha señalado que una particularidad de este contexto es que en plena crisis internacional, los precios de nuestras exportaciones, sobre todo las mineras, han subido. Sin embargo, habría que profundizar un poco más en el análisis para identificar las características de la situación que estamos viviendo y en el caso de la minería, tomar en cuenta distintas variables.

Lo cierto es que hay varios aspectos en el panorama global en tiempos de pandemia que es importante subrayar para tratar de precisar bien las tendencias y ver cómo se vienen comportando, por ejemplo, las inversiones mineras a nivel global y en nuestro país. A continuación identificaremos algunas de tendencias principales.

Las inversiones y los precios de los minerales

En condiciones normales el comportamiento de las inversiones mineras siempre ha estado influido por los precios de los minerales. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, cuando en la década del 90 del siglo pasado, los precios de los minerales comenzaron a caer, sobre todo desde 1997 (crisis rusa y asiática), las inversiones también retrocedieron, hasta el año 2002. A partir del 2002- 2003 se inicia un período sostenido de recuperación de los precios de las materias primas en general y de las mineras en particular (el denominado súper ciclo) y los flujos de inversión se dispararon, aunque tuvieron un breve bache el año 2009, debido al estallido de la crisis financiera. Con el fin del súper ciclo, los precios y las inversiones volvieron a caer a partir del año 2013 y unos años más tarde iniciaron un proceso de recuperación, más bien modesto, que también jaló las inversiones.

Sin embargo, el año pasado ha sido atípico: los precios de los minerales, luego de una caída al inicio de la pandemia, se incrementaron, en algunos casos logrando alcanzar niveles récord, muy similares a los de la etapa del súper ciclo. Sin embargo las inversiones no han reaccionado e incluso, como se puede apreciar-tomamos como referencia las inversiones en exploración minera que es el dato más sensible a los cambios de tendencia-,cayeron: pasaron de 9.8 billones de dólares en 2019 a 8.3 billones en 2020. ¿Cuál es la explicación? En primer lugar, la dimensión y el impacto de la pandemia y la incertidumbre en la que vive el planeta y que afecta los flujos de inversión: no sabemos cuándo ni cómo saldremos de esta situación, más aun cuando siguen apareciendo nuevas variantes del virus, los procesos de vacunación avanzan lentamente y la eficacia de las propias vacunas comienza a ser discutida, precisamente por la aparición de nuevas cepas. En circunstancias como esta, los mercados financieros se mueven con mucha cautela, más aun cuando se trata de proyectos de inversión de enorme riesgo, de gran envergadura y de lenta maduración, como es el caso de los mineros.

La recuperación de los precios de los minerales, desde la segunda mitad del año pasado, ha estado atada a las características de valor de refugio en épocas turbulentas de algunos metales (sobre todo el oro) y en el caso de los metales de base (sobre todo cobre), por la paralización por algunos meses de varias minas en el mundo (menor oferta) y, al mismo tiempo, por la rápida recuperación de la economía china, que en la actualidad es la economía determinante en la variable precios. ¿Qué pasará más adelante? Es muy difícil pronosticar, hay que observar con cautela; todas las proyecciones que se puedan hacer tienen un amplio margen de error.

Las inversiones mineras por regiones y metales

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la tendencia de menores inversiones en el último año se ha presentado en casi todas las regiones del mundo con actividad minera y no solo en el Perú. En la actualidad, pese al menor dinamismo, América del Norte (Canadá y Estados Unidos) y América Latina, son los principales destinos de los flujos de inversión en exploración minera. Oceanía ocupa el tercer lugar con una participación del 16% de las inversiones en exploración y África recibe el 12%.

En el caso de América Latina, Chile aparece en el 2020 como el principal destino de las inversiones mineras, con una participación de 22%, seguido de México (21%), Perú (18%), Brasil (10%), Ecuador (8%) y Colombia (5%). Estos 7 países concentran el 91% de la inversión minera en la región.

Otro dato importante es que si uno ve el comportamiento de las inversiones por metales, destaca nítidamente el oro, que concentra el 52% de los presupuestos globales, con un valor de 4,3 billones de dólares, seguido por el cobre con una participación del 21% de los presupuestos de inversión, por un valor de 1,9 billones de dólares. Luego aparecen el zinc y el plomo (5%) y el níquel (4%).

Algunas conclusiones

Desde el fin del súper ciclo (2013) se ha instalado en el Perú una narrativa desde el sector empresarial minero, que busca explicar la caída de las inversiones, básicamente, por factores internos: tramitología, consulta previa, etc. Cada vez que aparecen las cifras de inversión en minería, se insiste en los mismos argumentos.

En esta ocasión se ha vuelto a repetir el mismo mensaje:por ejemplo, Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros del Perú, ha señalado que: “En este año es urgente la necesidad de abordar dos temas principales para impulsar nuestras exploraciones. Por un lado, la simplificación de las regulaciones (que deben incluir la eliminación la eliminación del silencio administrativo negativo) y, por otro lado, el reemplazo de la consulta previa con un acuerdo previo” (Gestión del 27 de enero). En la misma línea,apuntando a una mayor desregulación social y ambiental, se ubican los voceros de la Sociedad Nacional de Minería.

Lo cierto es que las cifras globales y las tendencias, no avalan las posiciones y los argumentos del sector empresarial minero. Para comenzar, las inversiones no solo han retrocedido en el Perú; lo mismo ha ocurrido en el resto del mundo. Las estadísticas muestran con claridad que las inversiones están fuertemente correlacionadas con la evolución de las cotizaciones internacionales de los minerales. Además, en el caso peruano, con las mismas regulaciones ambientales y sociales, en un momento distinto, se batieron todos los récords de inversión minera.

Por eso siempre es bueno revisar las tendencias de la inversión minera a nivel global y los factores claves que explican su comportamiento y, sobre todo, tener mucho cuidado con algunos mensajes que solo muestran una parte de la realidad.

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El desarrollo de la actividad minera en tiempos de la pandemia del COVID-19 sin duda es un tema que genera controversia, más allá de su importante aporte al PBI nacional, esta actividad no ha dejado de presentar dificultades y conflictos sobre los que hay que reflexionar.

La minería ha sido una de las actividades que, desde que se decretó el estado de emergencia y la primera cuarentena a mediados de marzo del año 2020, fue considerada por el gobierno como una de las actividades esenciales y ha seguido operando, aunque con algunas restricciones.

En todo este tiempo, el sector ha continuado presentando conflictos, sobre todo en zonas de minería a tajo abierto, donde no se ha resuelto ni llegado a acuerdos sobre temas pendientes con las comunidades aledañas. Tal ha sido el caso de la minera MMG- Las Bambas en Apurímac y Cusco, Hudbay y Antapaccay en Cusco. También el conflicto sigue latente con la intención de Southern Copper Corporation en Arequipa de seguir adelante con el proyecto Tía María.

Asimismo, se establecieron una serie de protocolos sanitarios para evitar o reducir el mínimo los contagios entre los trabajadores mineros. Sin embargo, los trabajadores del sector denunciaron una serie de deficiencias en varias empresas, que habrían superado los 10 mil contagios de coronavirus el año pasado, según estimaciones de la Federación de los trabajadores del sector (FNTMMSP).

Por otro lado, en una nota reciente del diario El Comercio, señalan que el 2020 cerró con el menor monto en inversión orientada a exploración minera de los últimos 15 años: US$375 millones, cifra inferior en 30% a la inversión ejecutada en el 2019, de acuerdo a estadísticas del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Según los entrevistados en la nota, el retroceso observado no se debe solo a la pandemia, sino también a la “sobrerregulación” que restaría competitividad a la industria minera. En esa línea señalan que habría una mala calidad de las regulaciones, el injusto trato a una actividad y la intención de no retirar la consulta previa de la etapa de exploración.

Igualmente señalaron que hay una excesiva demora en la aprobación de permisos y licencias para explorar, por parte del Estado. Es el caso de la declaración de impacto ambiental (DIA). Según el diario, en otros países como Chile o Canadá la aprobación de un DIA se hace en mucho menos tiempo que en el Perú.

“Pese a todo, los mineros visualizan un 2021 con mayor actividad exploratoria debido a que las compañías del sector han aprendido a manejar los protocolos sanitarios contra el COVID-19 y a que muchas de ellas están interesadas en acelerar la exploración para recuperar el tiempo perdido por la cuarentena en el 2020”[1], dice la referida nota.

La pregunta que nos debemos hacer es si el obstáculo principal para que se desarrollen nuevas exploraciones mineras es solo la “tramitología” como señalan los representantes del sector, o también tiene que ver con las deficiencias de las relaciones de algunas empresas con las comunidades donde operan, así como la falta de gestión de conflictos por parte de las autoridades gubernamentales. De la misma manera, las autoridades deben vigilar un estricto cumplimiento de protocolos para no exponer a los trabajadores mineros al contagio del coronavirus, de un sector que se precia de seguir altos estándares internacionales.

Como hemos señalado antes, hay regiones o localidades donde claramente la población ha optado por otro modelo de desarrollo, como es el caso del distrito de Tambogrande en Piura, o donde hay legítimas dudas y cuestionamientos a los estudios de impacto ambiental, como el caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo en Arequipa.

De cara a este proceso electoral que está en curso, es vital que se retome el tema de un nuevo pacto nacional sobre la minería, que tenga en el Estado peruano un real árbitro de las negociaciones y resolución de conflictos con la población ante eventuales tensiones. Así como los empresarios demandan mayor celeridad en los permisos y acción más efectiva del estado para atender las demandas de la población, estos deben tener más en cuenta que los cuestionamientos de las comunidades no son “agendas antimineras”, como se ha dicho en el pasado, si no el legítimo reclamo de la población a decidir su modelo de desarrollo, a verse beneficiadas de la explotación de estos recursos, así como a que se absuelvan todas sus dudas y temores sobre eventuales impactos socioambientales de los proyectos en sus territorios.

[1] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/mineria-el-drama-de-la-busqueda-de-futuras-minas-en-el-peru-se-agota-el-pipeline-de-nuevos-proyectos-greenfield-brownfield-aptz-noticia/

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• Con el fin de promover la inversión, las empresas de infraestructura o extractivas gozan de permisivas leyes que las protegen por encima de los derechos de las comunidades y trabajadores, siendo las más afectadas las mujeres.
• Ante este escenario, la población más vulnerable son las mujeres que no solo ven atropellados sus derechos humanos por las empresas, también enfrentan los problemas de una sociedad que refuerza al hombre como el eje del sector laboral.

En los últimos 30 años, los distintos gobiernos han dado una serie de facilidades legislativas y económicas para fomentar la inversión en el país, no obstante, el esfuerzo estatal por proteger los derechos de las personas que dependen de las industrias extractivas ha sido insuficiente. Esto se evidencia con el aumento de la conflictividad social relacionada con este sector, siendo las más afectadas las mujeres que son discriminadas no solo por el empleador, sino también por la sociedad que prioriza la masculinidad en la relación laboral.

Además, tanto las empresas como el Estado presentan como sujetos interlocutores a los hombres para los procesos de relacionamiento, ofertas laborales, tomas de decisiones, consulta, reparaciones más que a las mujeres. En ese sentido, existe el riesgo que el ingreso de las empresas o nuevas actividades a las comunidades indígenas pueden alterar los roles de género.

“Las actividades extractivas (petróleo e infraestructura) en Loreto han afectado el territorio de las mujeres indígenas. El impacto se hace visible con la pérdida de la biodiversidad acuática, contaminación de suelos, plantas, aire y agua, escasez de alimentos, entre otros. Incluso se transforma en violencia contra la mujer y su familia”, comentó Claudia Zúñiga, especialista de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El panorama es similar en Urubamba (Cusco), según advierten las mujeres indígenas de la zona, las actividades petroleras han producido la escasez de peces. A lo que se suma la contaminación por mercurio que afecta la salud de los pobladores, principalmente de los niños.

En la costa peruana, en Ica, si bien no se ha dado una afectación al ecosistema, pero sí existen precarias condiciones laborales para la población local empleada en la agroindustria. Estas malas prácticas han afectado la salud de la población.

““Los horarios de trabajo en las mujeres de la agroexportación sobrepasan las diez horas. Las infecciones urinarias son muy recurrentes porque trabajan durante todo el día y ni siquiera pueden ir a un centro de salud. No están aseguradas y el horario de las postas es durante sus turnos de trabajo. Sobre su tratamiento muchas veces no pueden tomar las pastillas cada ocho horas porque siguen en el trabajo de campo”, precisó Rosario Huayanca Zapata de la Comisión de Derechos Humanos de Ica.

En esta parte del país, las empresas agroexportadoras siguen instalando pozos a pesar que hay una ley que lo prohíbe. Afectando al cultivo de la pequeña agricultura, por que desciende el volumen de la recarga acuífera para el riego de sus cultivos, añadió Zapata.

“En la región andina, a consecuencia de más de 30 años de actividad minera en la zona de Espinar (Cusco) se han afectado las fuentes de agua. Los caudales y quebradas en la zona de Tintaya y Antapaccay se han reducido considerablemente, al igual que los niveles de agua subterránea. Como consecuencia de la ampliación del Proyecto Coroccohuayco, se verán afectadas otras fuentes de agua de las que depende la comunidad”, explicó Allison Peralta, representante de CooperAcción.

Frente a los impactos mencionados anteriormente las mujeres resisten y enfrentan a través de algunas actividades que realizan en sus territorios como la gestión de pozos, evaluación de calidad de agua y diseño de piscigranjas en las comunidades, reforestación de árboles frutales y maderables, entre otras. Además, realizan la siembra de chacras familiares, forman comités de vigilancia, toman acuerdos comunales y realizan denuncias públicas mediante radio u otros medios que tienen a su alcance.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que las mujeres indígenas son sujetos de derecho y no simplemente víctimas o blanco de violaciones de derechos humanos.

Ante este complejo escenario, el próximo sábado 28 de noviembre se realizará el Taller de formación con enfoque de género sobre derechos humanos y actividades extractivas y de infraestructura, organizado por DAR, CooperAcción, CODEH Ica, Diakonia y Derecho sin Fronteras.

El objetivo del evento es generar un espacio de encuentro en formación de capacidades y promoción del fortalecimiento del liderazgo sobre Derechos Humanos con enfoque de género para impulsar la Plataforma nacional de mujeres sobre empresas y derechos humanos.

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