“Desde el Cedla se considera necesario evaluar la minería que se dejó y la que nos toca encarar (…). ¿Qué políticas, que acciones se tomaron, quiénes fueron los afectados y quiénes los beneficiarios, dónde estuvieron las contradicciones”, plantea cuestionamientos el investigador, Alfredo Zaconeta en entrevista con Brújula Digital.

El especialista en minería del Cedla señala que desde esta institución se propone replantear el caso del oro, que es el que más llama la atención por los bajos niveles regalitarios que deja a las regiones, considerando que se trata de un recurso natural no renovable.

“El tema regalitario e impositivo se debe mirar muy al fondo porque es un recurso no renovable que está masivamente explotándose en el país y el valor total que deja es de solo el 2,7%, y además la herencia que deja, que no hay compensación tributaria, pero si un legado ambiental y de conflictividad social”, sostiene.

Zaconeta dijo que uno de los grandes beneficiarios con las bajas regalías fueron las cooperativistas auríferas, que el 2020 han representado el 94% de la explotación nacional.

“Hay un dominio casi total del sector cooperativo y esto nos debe llamar a la reflexión, porque esta explotación masiva ha representado el 2020, $us 1.263 millones de recaudación, y de este valor, el 2.7% se llega a cobrar por regalías”, apunta.

El investigador hace notar que la actual Ley de Minería y Metalurgia 535 Morales, que establece techos regalitarios entre 2,5% y 3%, ratifica la ley minera 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada, que daba como tope de impuestos para minerales normales de 7%, para aquellos que sean explotados con sofisticación técnica 5% y para el caso de los yacimientos marginales sólo el 2,7%.

Sin embargo lamenta que de yacimientos con alta producción sigan declarando las cooperativas mineras, como “marginales” para pagar lo mínimo en regalías.

“Pero la norma establecía el 2,7% de regalías con un tope de precio de 700 dólares la onza troy, pero la cotización está por encima de los $us 1.800, más del doble”, señala.

Contrariamente a lo que le sucedió al sector aurífero, Zaconeta alerta que la pandemia llegó al país para agravar la situación de la minería estatal.

“La pandemia vino a agravar esta situación, particularmente la minería estatal tuvo una caída casi del 47% de la producción total, y si bien hubo un incremento en recaudación, y hay un fenómeno que pasaron los primeros meses y se ve una escalada de los precios, es la culminación y el inicio de un nuevo ciclo”, expresa.

Para evaluar el presente y el futuro de la minería nacional, el Cedla preparó un foro con expertos en el tema minero como: Héctor Córdova, expresidente de Comibol; Esteban Pari, exsecretario departamental de Minería; Fernando Cáceres, exdirector de Exploración de Sergeomín, José Luis Chorolque, exviceministro de Cooperativas, entre otros.

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La actual variación del precio internacional de los metales incidirá en la recuperación económica del Perú, a pocos meses de iniciar un nuevo gobierno y con candidatos que tienen miradas contrapuestas respecto a la gestión minera. Desde inicios de año los principales banqueros y firmas de Wall Street, como el JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America, están anunciando un posible superciclo en el precio de las materias primas.

Un hecho atípico que se presenta frente a una alta y prolongada demanda en plena pandemia, y del cual el mundo ha sido testigo solo cuatro veces: en la industrialización de Estados Unidos, durante el rearme global de los años 30, en la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial; y desde inicios de la década del 2000, debido al crecimiento de la demanda desde China.

Los inversionistas y colocadores de bonos son los principales interesados en tener noticias del incremento de los también llamados commodities (metales, petróleo, productos agrícolas esenciales, etc). Pero los expertos consultados por OjoPúblico indican que, si bien hay un alza importante en los precios de las materias primas por la recuperación de las actividades económicas, esto no necesariamente puede confirmar un superciclo.

El exministro de Economía David Tuesta señala que las cifras se elevan porque los gobiernos están incentivando el gasto y han aprobado estímulos tributarios y monetarios a favor de sus principales industrias, con el fin de reactivar su producción, pero también debido a un creciente interés por invertir en energías renovables. “Cuando hablamos de un superciclo nos referimos a 10 o 20 años de materias primas crecientes. No podemos saber si estamos en esa fase hasta que estemos a la mitad del proceso”, explicó.

“Lo que se está viendo con claridad es un ascenso en el precio del cobre y metales industriales, necesarios para obras de infraestructura y artefactos eléctricos. También un expectante apoyo a metales vinculados al uso de energías renovables, destinados a fabricar baterías y vehículos eléctricos, como el cobalto y el litio. En tanto, el oro tiene un ciclo propio, pues es la reserva de valor general para todas las monedas del mundo”, añadió el también director para Latinoamérica de PinBox Solution, empresa financiera y tecnológica.

COTIZACIÓN. Las principales web de cotización de materias primas muestran los picos que alcanzaron la plata, el oro, el aluminio, el cobre y el crudo en los últimos 26 años. Elaboración: Ojo Público

En efecto, en los últimos años, los portales de cotización de commodities muestran un incremento constante en el precio del cobre, y solo un leve congelamiento durante los primeros cuatro meses de la pandemia. Después de ello, su crecimiento ha sido sostenido. Según el London Metal Exchange (LME), en la primera semana de abril este mineral llegó a cotizar US$ 9 mil por tonelada.

El Perú es el segundo proveedor global de cobre. En febrero de 2020 la encuesta Mineral Commodity Summaries, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), confirmó esta ubicación tras registrar una producción de 2’ 445.000 toneladas métricas finas (TMF) en 2019. Una cifra que representa el 12% de la producción mundial.

Al cierre del 2020, la información de Aduanas muestra que las exportaciones peruanas de este mineral recuperaron sus cifras, pero sin alcanzar a los datos prepandemia: en febrero de ese año, el valor FOB registrado fue de US$ 840 millones, pero en plena cuarentena de abril del año pasado, los números descendieron a US$ 382 millones y, para diciembre, el país volvía a facturar US$ 722 millones. A inicios de un nuevo gobierno ¿Cómo impactará esta coyuntura en los proyectos de explotación minera que existen en nuestro país?

El 7 de mayo de 2021, el precio internacional del cobre llegó a su máximo histórico, impulsado por compras especulativas y adquisiciones del sector industrial, debido a que la economía de los países más grandes se está recuperando en este segundo año de pandemia. En la Bolsa de Metales de Londres (LME), este producto subió un 2,3%, a US$ 10,325 la tonelada, cifra que supera el máximo previo de US$ 10,190 establecido en 2011.

Empresas de cobre con millonaria facturación

Las principales productoras de cobre en el país son Southern, del Grupo México, que concentra el 21,6% de la producción nacional con sus proyectos en Tacna (Toquepala) y Moquegua (Cuajone). Le siguen Cerro Verde, de las empresas Freeport-McMoRan, Buenaventura y Sumitomo, que opera en Arequipa (18,7%); Antamina (17,7%), de la gigante suiza Glencore, con operaciones en Áncash; y Las Bambas (14%), de la china Minerals and Metals Group -MMG, en Apurímac.

Bruno Seminario, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, explicó a OjoPúblico que en el corto plazo los efectos del alza del cobre serán reducidos y se verán reflejados PRIMERO en un aumento de las ventas en las empresas productoras y de sus respectivas utilidades. Mientras que el país podrá aprovechar LUEGO una consecuente mayor recaudación del Impuesto a la Renta y canon. “Si la mina tiene una antigüedad de 10 o 15 años ese impacto es casi inmediato, pero si es nueva, los impuestos subirán muy poco debido a los convenios de estabilidad tributaria que los beneficia al iniciar sus operaciones”.

EN PANDEMIA. El crecimiento del cobre se detuvo durante cuatro meses, al principio de la pandemia, luego retomó su crecimiento. Elaboración: Ojo Público

El economista e investigador, precisa que la recaudación adicional que se logre con esta coyuntura servirá para paliar el daño fiscal generado por la crisis económica generada por la pandemia. “Este aumento en el pago de los impuestos, en una situación normal donde no hay límite de gasto, debería impulsar la inversión en el Gobierno Central y en los gobiernos regionales para dinamizar la economía. Pero eso no va a ocurrir, porque el Gobierno ya elevó el gasto público y todo el aumento de los impuestos deberá ser usado para reducir el déficit fiscal”, explicó.

Pese a las restricciones por el coronavirus, Southern Perú Copper Corporation cerró el 2020 con utilidades netas de US$ 790 millones y ventas por US$ 3.153 millones; un 7,3% más de lo que facturó en 2019. “Este aumento fue el resultado de un mayor volumen de ventas de cobre y molibdeno, y a mejores precios de cobre y plata”, señala en su memoria anual. Del mismo modo, Cerro Verde consolidó ingresos por US$ 2.538 y una utilidad neta de US$ 274 millones al cierre del primer año de pandemia.

En tanto, MMG -minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong- reportó ingresos totales por US$ 3.033 millones al cierre del 2020, un 1% más que en 2019. En su informe anual declaran fuertes utilidades pérdidas en las utilidades netas del primer semestre del año, los que que se compensaron en los seis meses siguientes al lograr US$ 188 millones. Sin embargo, el balance final fue de US$ 5,6 millones.

Antamina no ha hecho pública su memoria anual ni el monto de las utilidades alcanzadas en 2020 y que repartirán a sus accionistas. Cabe indicar que la primera de ellas depende de Noranda Antamina, la filial de la suiza Glencore constituida en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Los planes de Perú Libre y Fuerza Popular

Este escenario internacional encuentra al Perú con demandas sociales y conflictos latentes en comunidades donde opera el sector minero; y en medio de un cambio de gobierno que señalan a Pedro Castillo, de Perú Libre, como el candidato con mayor porcentaje de votación en estas regiones, como Cusco, Apurímac, Arequipa, Pasco, Junín, Moquegua, Áncash, y Cajamarca. Castillo ha anunciado una posible estatización y nacionalización de los yacimientos mineros; mientras que su contrincante, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha enfatizado que mantendrá el modelo económico.

El reporte de marzo de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales, de la Defensoría del Pueblo, señala la existencia de 80 conflictos sociales asociados a la minería en todo el país. Uno de ellos vinculado a Las Bambas donde la comunidad campesina de Pumamarca solicita renegociar el precio pagado por sus tierras en 2011 y que la empresa firme un convenio marco para formalizar sus compromisos sociales. Entre ellos, que se concrete la consulta previa para operar en el nuevo tajo Chalcobamba.

Antamina tiene otro proceso de diálogo con la comunidad campesina Ango Raju, en Huari, Áncash, que demanda el cumplimiento de los acuerdos para promover su desarrollo sostenible. En tanto, Southern registra dos conflictos latentes con el Frente de Defensa y la comunidad del distrito de Torata, en Moquegua, en compensación por los impactos ambientales generados por su mina Cuajone.

Los dos partidos que esperan llegar a la presidencia, tras la segunda vuelta electoral del 6 de junio, tienen opiniones y propuestas distintas para abordar la resolución de conflictos y el rol de la minería. Pedro Castillo, de Perú Libre, ha señalado a la prensa que está de acuerdo con la extracción minera «donde la naturaleza y la población la permitan».

En una entrevista con RPP, en la semana previa a la primera vuelta, Castillo dijo que en un eventual gobierno suyo se renegociarían los contratos con las grandes empresas para financiar su plan de gobierno. «Las mineras se están llevando las riquezas del país (…) No se va a espantar [la inversión], pero si se van [las empresas] que se vayan, vendrán otras. Que se vayan las empresas que han saqueado, pero quedará en nosotros la riqueza. Se va a quedar el oro, el uranio y el litio con nosotros».

En el programa de gobierno Perú Libre, presentado al Jurado Nacional de Eleccciones, se anuncia una reforma del canon minero y se considera viable la estatización o nacionalización de los principales sectores económicos, incluso el minero, en caso que las empresas no acepten «las nuevas condiciones de negociación».

«El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza inmediata. Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción», se lee en la página 62 del documento.

Por su parte, el plan de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) apoya las actividades extractivas e indica que promoverá el diálogo entre las empresas mineras y las comunidades para prevenir los conflictos sociales. Su objetivo es «armonizar las actividades extractivas con las vinculadas al desarrollo agrario y agropecuario, para lograr así una sana convivencia entre estos sectores productivos».

«La minería es una actividad extractiva que debe practicarse con el más estricto respeto al medio ambiente y a las comunidades aledañas a los yacimientos», añade, aunque no detalla cómo aterrizará dicha propuesta. Lo que sí indica el documento es que agilizarán los trámites de respuesta en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio del Ambiente.

Por ejemplo, Fujimori plantea mejorar la calidad y número de profesionales en ambos ministerios “para optimizar» los procesos de evaluación técnica, ambiental y social que requieren las autorizaciones mineras. «Revisaremos la normativa vigente para confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector», indica. Del mismo modo, propone actualizar los procedimientos administrativos de uso de suelos, agua y terrenos superficiales para formalizar la pequeña minería y minería artesanal.

Cabe recordar que durante las elecciones de 2011, la Minera Volcan -que opera en Cerro de Pasco- aportó con US$260 mil a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para una campaña de oposición a la candidatura de Ollanta Humala. Para entonces, él se enfrentaba en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori. La donación fue confirmada por el mismo vicepresidente de la minera, José Ignacio de Romaña Letts, en su manifestación al equipo de fiscales del caso Lava Jato, que investiga los aportes no declarados de la candidata fujimorista.

Siete proyectos mineros en marcha

El nuevo presidente o presidenta del Perú heredará la cartera de proyectos de construcción de Minas 2020-2029, que elaboró el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y en el cual se anuncia para este año la reanudación de siete proyectos valorizados en un total de US$ 3.577 millones. Estos se encuentran en las fases de ingeniería de detalle y factibilidad, y fueron postergados, entre otros factores, por la pandemia.

Tres de las obras listadas son para futuras extracciones de cobre. Una de ellas es la reconversión de la mina de oro Yanacocha, de Newmont Mining Corporation, en una productora de cobre que se llamará Yanacocha Sulfuros. Su inversión es de US$ 2.100 millones y se prevé su puesta en marcha para 2024. Las otras dos son el mencionado tajo Chalcobamba (US$ 130 millones), que operará Las Bambas en su yacimiento de Apurímac; y el proyecto Pampacancha, en Cusco, de Hudbay Peru S.A.C. (US$ 70 millones). Ambas podrían empezar a operar en 2022, según el documento del MEM.

Sin embargo, hay otros tres yacimientos cupríferos cuyo inicio de construcción estaba programado en 2018, pero aún no concluyen obras ni inician su actividad. Estas son: Mina Justa Marcobre S.A.C., en Ica; la Ampliación Toromocho Minera Chinalco Perú S.A., en Junín; y Anglo American Quellaveco S.A., en Moquegua. La primera tiene un nivel de avance del 90%, la segunda está a la espera de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y la última está a un 50% de ejecución.

Esteban Valle Riestra, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, señala que dichas obras ya obtuvieron luz verde y son las que tienen mayor probabilidad de iniciar operaciones en 2022. Pero considera que el incremento en el precio de los metales podría acelerar expedientes adicionales, incluso aquellos pospuestos de manera indefinida, como el proyecto Tía María, que ha generado múltiples conflictos sociales en Arequipa.

“Con el precio del cobre por las nubes existe la posibilidad de que las empresas ejerzan mayor presión para acelerar sus propuestas. Si en los próximos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial confirman que estamos ante un superciclo, al menos del cobre, el escenario puede cambiar. El mayor riesgo es que se reactive Tía María. Si bien los grandes proyectos no se desarrollan desde cero en un periodo corto de tiempo, las empresas suelen esperar este tipo de contextos para activar exploraciones que mantenían en perfil bajo por años”, explica.

En los foros empresariales mineros, el debate sobre Tía María se reactivó en 2020, como una alternativa para generar más ingresos al país, y algunos candidatos se manifestaron a favor y en contra de su ejecución. La obra cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde el 2015 y una licencia de construcción desde el 2019, pero no con la licencia social de todo el Valle del Tambo.

De acuerdo con Tuesta y Seminario, la posibilidad de que un próximo gobierno aproveche el alza del cobre para impulsar nuevos proyectos mineros, con el fin de obtener ganancias inmediatas, es improbable, pues estas obras tardan más de un periodo presidencial en desarrollarse y se requiere que los precios internacionales se mantengan altos por más de 10 años.

David Tuesta señala que, además de continuar con los proyectos que ya estaban programados, el nuevo gobierno podría proyectar un escenario de inversiones mineras a largo plazo, “pero esa solución no puede ser impuesta. Implica la búsqueda de equilibrios con las propias comunidades donde puede darse la operación”.

Para Bruno Seminario, esta aceleración de proyectos mineros se podría justificar si el precio internacional de los metales se mantiene en el tiempo, por más de 10 o 15 años. “Los metales son muy oscilantes por ahora. No olvidemos que, para confirmar que estamos entrando a esta fase o superciclo, el dólar tendría que depreciarse respecto a otras monedas. No tenemos elementos para afirmar que exista este riesgo por ahora”, sostiene.

“El aumento del precio de los commodities se rige por la demanda China, que es el principal comprador de estas materias primas. Pero China también vende productos manufacturados, y una eventual reducción del precio del dólar también les facilitará que vendan sus bienes finales a precios más baratos. Entonces, no es tan sencillo analizar si el efecto será positivo para el país”, añade.

En el Marco Macroeconómico Multianual, documento que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y rige las inversiones del país para los próximos años, se proyecta que los ingresos de minería e hidrocarburos crecerán este año en un 24%, “en línea con la evolución favorable de los precios de los principales commodities”. Pero también por el inicio del pago de Impuesto a la Renta de proyectos mineros que iniciaron sus operaciones en el periodo 2015 y 2016.

Según la información actualizada de la Sunat, la recaudación tributaria que proviene de la minería ya recuperó e incluso superó los valores registrados antes de la cuarentena. Solo en mayo y junio de 2020 se registraron niveles muy bajos de pago, de hasta S/149 millones. Pero en diciembre se registró el pago de S/670 millones en impuestos, y para febrero de este año ya se contaban S/919 millones en ingresos.

La última vez que el precio internacional de los metales e hidrocarburos alcanzó niveles sin precedentes fue durante la década de 2003 a 2012. Sin embargo, amparados en sus convenios de estabilidad, nueve empresas mineras litigaron y extendieron beneficios tributarios caducos para reducir el pago al fisco. Entre ellas, se encuentran Southern, Yanacocha, Antamina y Cerro Verde.

Lea el artículo original: Ojo Público

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En la nota firmada por Felipe Hartmann, Presidente Ejecutivo de la Sociedad Minera Illapa, este se disculpa por no poder atender la solicitud de reunión hecha por el Sindicato de Bolívar, a objeto de aclarar las versiones publicadas en medios internacionales y nacionales sobre la posible venta, encarado por la transnacional, a través del Banco de Montreal (BMO).

«Lamento no poder llevar a cabo la reunión presencial solicitada, debido a una agenda muy apretada que se tiene planificada ya con bastante anticipación» argumento Hartmann

Reestructuración

En la misma nota, Hartman advierte de una reorganización de los intereses de Glencore en la región y Bolivia, cuyos detalles, en versión del empresario minero, aún no fueron definidos por los ejecutivos de la transnacional.

«…comunico a ustedes que en consulta con el personal de Glencore que se encarga de estos asuntos, he sido informado de que está en consideración una reorganización de sus inversiones en la región incluida Bolivia y cuyos detalles aún están por definirse” señala la nota.

La nota de Illapa, pese a que evita reconocer la posible transacción de sus operaciones mineras, concluye asegurando que cualquier decisión de Glencore, «en ningún caso se afectarán» las inversiones comprometidas.

«Las decisiones que Glencore defina en ningún caso afectarán los compromisos contractuales y/o inversión que sus subsidiarias titulares de derechos o suscriptores de contratos que con el Estado han realizado», señala la nota de Illapa.

La nota concluye aseverando que las decisiones que vaya a asumir la transnacional Glencore, sobre las operaciones de Bolívar, Porco y Caballo Blanco, no afectaría la relación con sus trabajadores.

“Tampoco representaría afectaciones o cambios en la relación laboral entre empresa y sus trabajadores ni tampoco los convenios que apuntalan nuestra buena relación” concluye la nota.

En días pasados, el portal ingles Open Democracy, basado en datos de Fastmarkets, del Metall Bulletin, alertó de que la transnacional Glencore encargo al BMO Capital Markets la venta de sus operaciones mineras de zinc y plata en Sudamérica.

La cartera en oferta de Glencore incluye a las minas Aguilar en Argentina, Los Quenuales en Perú, las operaciones Sinchi Wayra e Illapa en Bolivia que comprende Porco, Bolívar y Caballo Blanco, así como su participación en el paquete de exploraciones que tiene en territorio colombiano.

En Bolivia las operaciones de Glencore están representada por la empresa Sinchi Wayra y la Sociedad Illapa. Esta última en sociedad con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en las operaciones Bolívar y Porco.

El 2017, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a través de su Reporte Anual de Industrias Extractivas, informó de la presencia de minerales de indio en el zinc que se extrae de Porcó y Bolívar, minerales que no serían declarados por Glencore.

“Estas minas fueron con certeza las principales fuentes de indio boliviano en los años noventa, el cual era recuperado ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y posteriormente en Asia”, asevera el estudio.

En la misma publicación, el CEDLA asevera que los yacimientos de zinc: Bolívar, Porco, Caballo Blanco, Colquiri, San Vicente, Huari Huari, Cerro Rico, Mallku Khota, Corocoro y Pulacayo Paca, poseen importantes concentraciones de indio en el país, de las cuales, varias están en manos de Glencore a través de Sinchi Wayra e Illapa.

Venta de minas en el mundo

El 31 de marzo del presente año, el portal Rumbo Minero hizo pública que Glencore consolido la venta de su participación en Mopani Copper Mines a la ZCCM Investment, propiedad del Estado de Zambia.

“ZCCM-IH es ahora el titular del 100% de las acciones emitidas en Mopani, transformando la empresa de una empresa de inversión a poseer y operar un activo minero multimillonario en Zambia” señala el comunicado de Rumbo Minero.

Lea el artículo original: RimayPampa

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El rol del gas de Camisea en el desarrollo del sur es un tema presente en la agenda del debate electoral. Lo han planteado más enfáticamente Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. La candidata de Juntos por el Perú (JP) plantea la creación de una Autoridad Nacional de Masificación del Gas, encargada de invertir y llevar este insumo a las provincias y distritos más alejados del país. Por su parte, el representante de Acción Popular (AP) propone el ingreso del gas proveniente de Bolivia al mercado nacional con el fin de reducir el precio del gas doméstico.

Ambas propuestas hacen pertinente la pregunta, ¿cuál es la situación actual de la gestión de este recurso en el país?

En 15 años de explotación, la mitad del gas ha sido destinado a la exportación a precios escandalosamente bajos. Ello gracias a los cambios en el contrato original realizados en el gobierno de Alejandro Toledo, teniendo a Pedro Pablo Kuczynski −entonces titular del ministerio de Economía− como el principal operador.

La otra mitad, dirigida al mercado interno, ha servido para la generación de electricidad y una pequeña parte para la mal llamada masificación vehicular y domiciliaria. Mal llamada debido a que después de 15 años solo Lima, el Callao e Ica tienen gas por tuberías. Del millón de conexiones existentes en el país, el 90% está en la capital.

Esta realidad contrasta con la de países vecinos como Bolivia y Colombia, que cuentan con menos reservas que Perú, pero cuyas redes de gasoductos cubren al 46% y 75% de su población, respectivamente. Y lo peor de todo, en el sur peruano, donde se encuentra este recurso, las familias no tienen gas en sus domicilios.

El proyecto de masificación 7 Regiones, para llevar gas por camiones a 113.000 familias de Cusco, Apurímac, Puno, Huancavelica, Junín, Ayacucho y Ucayali; se ha convertido en una verdadera mecedora manejada por Proinversión. Hace 7 años que se trata de hacer la concesión, sin resultados. En setiembre del 2020, la agencia pospuso una vez más la buena pro del proyecto.

Asimismo, el proyecto de gas virtual por camiones, que abastecía las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, ha fracasado. El año pasado, la empresa concesionaria Naturgy anunció su retiro del mercado por falta de rentabilidad y acusó al Estado de carecer de “coherencia en la política de masificación del gas natural”. El gas que pagan los hogares en estas ciudades sería 2,5 veces más caro comparado con Lima.

¿Es justo esto? Claro que no.

Es tiempo de relanzar el gasoducto del sur. Hay reservas suficientes y hay demanda potencial. La consultora Mott MacDonald, contratada en el gobierno de PPK para evaluar el proyecto, concluyó que el gasoducto es viable y sugirió mantener el trazo andino actual. El costo sería de 4.500 millones de dólares.

Saliendo de su letargo, los gobiernos regionales del sur se pronunciaron el pasado 24 de marzo exigiendo al Minem y Proinversión viabilizar el proyecto SIT Gas antes del cambio de gobierno y no seguir postergando la licitación del proyecto 7 Regiones. Hace falta que las organizaciones sociales y los gremios empresariales del sur también se pronuncien y hagan causa común.

Las investigaciones por corrupción iniciadas por la fiscalía deben seguir su curso hasta hallar a los responsables. Lo propio debe ocurrir con las denuncias ante el CIADI interpuestas por las empresas Enagás y Odebrecht por la cancelación del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Ello no debe impedir el relanzamiento de este importante proyecto, revisando su costo y con un enfoque de rentabilidad social. Para ello se necesita de un gobierno con voluntad política dispuesto a replantear las condiciones del contrato actual.

Lea el artículo original: La República

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“De la lectura del documento señalado, se entiende que al aprobarse esta ley se estará perjudicando al sector cooperativista más aun cuando hay retraso en la otorgación de Contratos Administrativos Mineros y la Adecuación de Derechos Mineros”, señala la nota.

En versión de los cooperativistas, la causa para la existencia de minería ilegal en el país, particularmente en el sector minero aurífero, se debe a la burocracia administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

“Al analizar los motivos por los cuales existe minería ilegal, no se considera el motivo esencial, cual es la burocracia existente en la AJAM, por ellos las federaciones manifestamos nuestro descontento por la no apertura del espacio de discusión y análisis de esta normativa a nuestro sector” indica la misiva.

Entre sus alegatos, los cooperativistas auríferos, aseguran que su sector atraviesa dificultades al momento de comercializar el oro por los “desajustes en el mercado que implica problemas impositivos”; sin embargo, el reporte del London Metal Exchange informa que el precio de la onza troy de oro, cotizó este viernes 1.737 dólares.

Uso de mercurio

En su nota, los cooperativistas mineros rechazan toda intención para eliminar el uso del mercurio en sus operaciones, alegando que es responsabilidad del Poder Ejecutivo “dar cumplimiento a convenios internacionales relacionados a este tema”.

“Se visualiza claramente que al establecer como objetivo eliminar la utilización de mercurio, esta norma no va contra de la minería tradicional, solo afecta a los auríferos, por lo que debería contemplar la normativa un plan de emergencia en el cual se considere asistencia técnica, utilización de nuevas tecnologías sustitutivas al uso de mercurio y canales o mecanismos de financiamiento que faciliten a las cooperativas el remplazo de este producto”, señala la carta de FECOMAN.

El CEDLA, en su estudio El oro en Bolivia – mercado, producción y medio ambiente, sostiene que el reemplazo del mercurio el posible; sin embargo, estas alternativas son poco difundidas, principalmente por factores de costos.

“El reemplazo del mercurio por el cianuro para la separación del oro es, por sus costos, una opción todavía poco difundida y solamente utilizada, cuando ocurre, en emprendimientos mineros de alta inversión” señala el estudio.

En el mismo documento, el CEDLA asevera, que hasta 2012, los países comprendidos en la Amazonía sudamericana consumían aproximadamente 510 toneladas al año de mercurio en la minería aurífera, de esta cantidad, Bolivia abarcó el 23% del consumo anual. Según está estadística, nuestro país habría emitido aproximadamente 45 toneladas de mercurio a la atmosfera el año 2012.

Según estimaciones del Viceministerio de Cooperativas, en La Paz funcionarían más de 1100 cooperativas mineras que se dedican exclusivamente a la explotación de oro, aunque se desconoce la cantidad exacta de gente que trabaja en este rubro.

Lea el artículo original: RimayPampa

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La investigadora de la Fundación Jubileo, Sandra Sánchez, durante el webinario titulado Retos y brechas para industrialización del litio, organizado por Natural Resource Governance Institute, afirmó que debe evaluarse una nueva estrategia del proyecto boliviano que fue paralizado en 2019.

En noviembre de ese año, el Gobierno anuló el decreto que autorizaba la sociedad mixta entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la alemana ACI Systems (Asisa) luego de una serie de protestas en Potosí, cuya población exigía una regalía mayor al 3 por ciento.

Respecto a esos conflictos, Sánchez indicó que se debe generar acuerdos políticos entre el Estado y la sociedad civil organizada que exige saber el manejo de sus recursos naturales. “No podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que generar estos acuerdos, pero incorporando herramientas de control”, dijo.

A su turno, Carlos Arce, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), afirmó que mucha gente se ha creado una idea de que el litio puede sustituir a los ingresos del sector hidrocarburos.

Sin embargo, aseguró que el proyecto del litio boliviano, en el mejor de los casos, generaría una renta de 250 a 300 millones de dólares con la capacidad total de producción de planta proyectada, pero estos montos están lejos de los ingresos obtenidos por la venta de gas que, en 2020, con la disminución provocada por la pandemia, llegaron a 1.623 millones.

Arze afirmó que es fundamental imponer una política de transparencia en el proyecto del litio.

Dijo que el contrato con la firma alemana generó conflictos porque las poblaciones movilizadas exigían una mayor participación, porque “se habían creado la ilusión de que el litio es la nueva panacea económica, social y tecnológica”.

Daniela Desormeaux, investigadora chilena, resaltó que el litio no es el nuevo petróleo, ni que Bolivia, Argentina y Chile, que poseen la mayor reserva mundial de litio, serán los nuevos Arabia Saudita.

Dijo que si bien los países apuntan al menor uso de recursos hidrocarburíferos en sus políticas energéticas, esto implica una transición lenta. Además que el aumento de la producción de litio en países como Australia llevó a la caída del precio a partir de 2017.

Bolivia posee la mayor reserva de litio

Santa Sánchez, investigadora de la Fundación Jubileo, destacó que Bolivia posee la mayor reserva mundial de litio, al albergar al menos 21 millones de toneladas. Le siguen Argentina, con 17 millones, y Chile, con 9 millones.

Sin embargo, mencionó que en Potosí, donde se encuentra el salar de Uyuni, que posee las reservas de litio, existe una sensación de que desde épocas coloniales se saquearon los recursos naturales y que ello no se plasmó en la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

Bajo este contexto, surge el interés de controlar y fiscalizar los avances respecto al proyecto del litio.

Lea el artículo original: Los Tiempos

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“La producción de los principales minerales durante la gestión 2020, se redujo con relación a los programado, debido a una mala administración, generando problemas de mercado interno, derivando en iliquidez”, explica el informe.

La estatal Huanuni, situada en Oruro, pasó de producir 7.073 toneladas métricas finas (TMF) de estaño en 2019, a 5.469 TMF, que representa una caída de 22,6%

En el caso de la mina Colquiri del departamento de La Paz, bajó su extracción de estaño de 3.355 TMF a 2.960 y la producción de zinc se redujo de 13.966 a 11.499 TMF un 11,7% menos en comparación de 2019.

La metalúrgica de Vinto en Oruro registró un descenso de 43.3% en su producción de estaño metálico, que bajo de 11.517 TMF el 2019 a 6.540 TMF en 2020.

El caso más significativo es el que presenta la fundición de Karachipampa en Potosí que apena logró producir 400 TMF de plomo metálico, de las 8.171 proyectadas y la plata metálica apenas 3.682 Kg, de los 45.850 programadas por la COMIBOL.

Baja ejecución en proyectos de inversión

Según los datos de la rendición pública de cuentas, la ejecución de los proyectos de inversión llegó solo al 17%, que representa que, del presupuesto programado, que alcanzaba más de 634,2 millones de bolivianos, sólo se ejecutó 108,4 millones de bolivianos.

“La baja ejecución del avance físico de los proyectos se debe a una falta de liquidez, debido a una mala administración” añadiendo que el avance físico de las obras se vio afectada por la cuarentena decretada a causa de la Pandemia COVID – 19 y el cambio de autoridades.

Descenso en el valor de producción

Los datos expuestos también evidencian que la producción nacional registró una caída del 42% en el valor de producción, pese al incremento en el precio de minerales en el mercado internacional. La producción de 2020 alcanzó solo a 2.621 millones de dólares, cifra menor a los 4.495 millones de dólares logrados el 2019.

Este hecho repercutió de forma directa en las exportaciones de minerales, que en 2020 se redujeron en 1.902 millones de dólares. El año Bolivia exportó minerales por un valor de 4.254 millones de dólares, cifra que se redujo a 2.352 millones de dólares.

Cayó la renta minera

Como consecuencia del descenso en los volúmenes de producción en la gestión de 2020 la renta minera, por concepto de regalías mineras, disminuyó en un 69%, descendiendo de 587 millones de dólares, cifra lograda el 2019, a 182 millones de dólares logrados el 2020.

Crisis minera constante

A través del boletín «La industria minera ante la crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe», de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) ya advirtió el pasado año que la minería del país ingreso en una crisis mucho antes de la llegada del COVID – 19 a Bolivia.

“La actividad minera representó el 2018 el 5.59% del PIB de Bolivia, mostrando una reducción, ya que el 2014 representaba el 6.18%” asevera el boletín.

En versión del CEDLA “el gobierno de transición al igual que el de Evo Morales, por 14 años no comprendieron la actividad minera en toda la cadena productiva, no se pudo delinear una política que garantice la minería a mediano y largo plazo”.

Lea el artículo original: Rimay Pampa

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Por: Sebastián Ochoa / Sputnik Mundo

En el último día de 2020, Argentina y Bolivia firmaron una nueva adenda al contrato para la venta de gas vigente desde 2006. Acordaron, hasta finales de este año, que por el gasoducto se irían hasta 20 millones de m cúbicos diarios de gas, cuando el acuerdo original establecía que fueran 27 millones m3 diarios. ¿Por qué se produjo esta baja, que se registra desde 2014? Por una parte, Argentina comenzó a proveerse de su propio shale gas, del yacimiento de Vaca Muerta, con lo cual se dirige al autoabastecimiento. Y Bolivia, por motivos «geológicos», no logra acrecentar su producción de este energético.

En 2006, los entonces presidentes Néstor Kirchner (2003-2007), de Argentina, y Evo Morales (2006-2019) firmaron un acuerdo para la venta de gas boliviano durante 20 años, hasta 2026. En los 15 años que lleva vigente este convenio, se realizaron cinco adendas, que son modificaciones a los términos originales del documento. La última se firmó el 31 de diciembre de 2020.

Son 15 años en los cuales las energías alternativas ocuparon más espacio, así como el mercado de la electricidad. Años en los cuales Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita se convirtieron en los mayores exportadores de gas, podio logrado a partir de la implementación del fracking.

«El primer problema es que no se conocen los textos de los últimos acuerdos, que son las adendas al contrato original. Desde la cuarta adenda que no tenemos acceso público. Pero el dato más importantes del último contrato es la reducción en los volúmenes de gas enviados», dijo a Sputnik Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Las dos campanas

En la renegociación del contrato entre Argentina y Bolivia hay dos versiones. El país presidido por Alberto Fernández filtró información a través de la agencia estatal Télam. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia distribuyó un comunicado, cuyos datos disienten en cierta medida con la versión argentina.

De acuerdo a la información de Télam, Bolivia se comprometió a enviar 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas entre enero y abril. Entre mayo y agosto, que son los meses más fríos, incrementarían a 14 MMm3/d. En septiembre se reduciría a 13 MMm3/d y para la llegada del verano bajaría a 10 MMm3/d.

De cumplirse estos números, Bolivia estaría reduciendo su envío de gas en un 30% con relación a 2020, cuando se llegó a enviar 20,4 MMm3/d durante el invierno.

Pero según el comunicado del Ministerio de Hidrocarburos, en el contrato Bolivia se comprometió a enviar un mínimo de nueve millones de metros cúbicos diarios y un máximo de 20,4 MMm3/d. Lo mismo que en 2020.

Sputnik intentó tener la palabra de alguna autoridad de este ministerio, pero no fue posible porque —adujeron— les aquejaban múltiples tareas.

Según la campana argentina, Bolivia en la última adenda redujo el precio de su gas. Esto se debería a que no pudo cumplir con los volúmenes comprometidos en el contrato. De acuerdo a la Secretaría de Energía de ese país, los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acusaron «razones geológicas» que impedirían alcanzar la cifra acordada.

«En 2015, Bolivia estaba produciendo hasta 61 MMm3/d. Pero en el último año no hemos llegado a 50 MMm3/d. Hay una caída vinculada con la reducción de los yacimientos viejos. Los grandes megacampos ya están cansados y entregan muy poco gas. Además, no hay nuevas incorporaciones de yacimientos importantes», explicó Arze, quien estudió Economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz.

Más gas

El 24 de diciembre de 2020, el presidente Luis Arce anunció que en el bloque Caipipendi, del departamento de Tarija, se descubrió un campo de gas natural con una reserva de un trillón de pies cúbicos —TCF, por sus siglas en Inglés—. Esta zona es explotada por las empresas Repsol, de España, la europea Shell, la argentina Pan American Energy (PAE) y YPFB.

En 2018, la empresa canadiense Sproule informó que Bolivia cuenta con una reserva comprobada de gas de 10,7 TCF, que a este ritmo de explotación se agotaría en 14 años, es decir en 2032. Si el anuncio de Arce se comprueba, el país contaría con 11,7 TCF.

Actualmente, Bolivia solamente vende gas a Argentina y a Brasil, además exporta gas licuado de petróleo (GLP) a Paraguay y a Perú. A partir de 2023 prevé exportar este energético a la empresa Acron, de Rusia.

En 1999, Brasil suscribió un contrato con Bolivia por la compra de hasta 30 MMm3/d durante 20 años, plazo que se cumplió en 2019. Desde entonces, se envían hasta 10 MMm3/d al país gobernado por Jair Bolsonaro, destinados mayormente a empresas privadas de los estados del sur. También recibe gas natural licuado (GNL) proveniente de Asia.

«Cambió el mundo del gas. Ahora hay demasiado GNL. Los precios con los que vendemos a Brasil son bastante bajos. Pero en un momento Brasil ha montado estas regasificadoras en sus puertos, adonde traen mucho GNL», explicó Arze. «Además, mediante ley se estableció un programa de impulso a la propia producción de gas de Brasil, para dejar de depender de las importaciones de Bolivia», dijo.

«Un elemento nuevo que ha aparecido, es que hay leyes, normas, programas en muchos países para impulsar las energías limpias alternativas», comentó el investigador del CEDLA. «Se está apuntando a que haya un cambio en el uso de combustibles fósiles por energía eléctrica», evidenció.

«Es muy difícil la perspectiva para el sector del gas. Se acabó su ciclo. Deberíamos pensar en otros tipos de negocios, en otro tipo de matriz productiva. Es fundamental apuntar a la capacidad hidrológica que tenemos para producir energía eléctrica», además de eólica, solar y térmica, mencionó Arze. Y agregó: «También debemos apuntar al desarrollo de la industrialización del litio, para estar al día en los mercados energéticos».

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El pasado martes 29 de diciembre, en una ceremonia encabezada por el presidente Sebastián Piñera, AES Gener apagó la central a carbón Ventanas 1, la cual funcionó durante 56 años en la Bahía de Quintero. Si bien esto había sido anunciado por el ministro Jobet en diciembre de 2019 en medio de la realización de la COP25 en Madrid, había un grado de incertidumbre sobre si efectivamente este anuncio se concretaría el año 2020.

El acto encabezado por Piñera solo se entiende como una forma de dar visibilidad a una acción previamente acordada. Pero lo que no se publicita es que días antes del acto de “cierre”, cuando la empresa AES Gener, propietaria de esta termoeléctrica, solicitó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el retiro y cese de operaciones de la central, la salida incorporaba una letra chica consistente en dar paso al denominado Estado de Reserva Estratégico (ERE) de Ventanas 1 por un total de 60 meses. Esto quiere decir que, si bien la central se apagará, se mantendrá como respaldo en el sistema eléctrico durante cinco años, por si eventualmente se llegara a requerir de su funcionamiento, retornando al sistema eléctrico nacional sin problema alguno.

Lo anterior, que podría tener algún sentido con otras centrales, resulta completamente irrisorio en el caso de esta unidad termoeléctrica, pues es una central de 56 años de antigüedad, con una tecnología completamente obsoleta y con una potencia instalada de 114 MW, lo que es marginal considerando que Chile tiene una capacidad instalada superior a los 24.000 MW. Por lo mismo y al contrario de lo expresado por el Gobierno, desde Fundación Terram creemos que no hay nada que celebrar ante el anuncio de paralización de esta generadora, debido a que la única que ganará será la empresa, ya que por este nuevo estado AES Gener recibirá en los próximos cinco años un pago correspondiente al 60% del pago por potencia de la central, a pesar de que paradójicamente esta no opere.

El Estado de Reserva Estratégica, en el caso de AES Gener, pareciera que operará como una especie de subsidio otorgado a una empresa que ha contribuido durante años a contaminar diversas zonas del país. En definitiva se premia a esta empresa por contaminar, lo que desde Fundación Terram consideramos lamentable, pues la empresa está tomando esta oportunidad para paralizar la termoeléctrica más ineficiente del sistema, la cual generaba los mayores costos operacionales de las 15 termoeléctricas que AES Genere posee, debido a su obsolescencia tecnológica. Sin ir más lejos, según el Coordinador Eléctrico, durante el año 2020 Ventanas 1 solo operó 1.400 horas, aportando el 2,5% del total de electricidad generada por AES Gener en Ventanas. Además, representaba solo un 4% de la potencia total instalada que AES Gener aporta al sistema nacional.

Es decir, este cierre más parece un gesto para mejorar la imagen de la empresa ante la opinión pública –y, paradójicamente, con el apoyo del Gobierno-, ya que en nada aporta en términos netos a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y por tanto a la efectiva descarbonización. Además, lo más probable es que el carbón que no quemará esta unidad, lo quemaran las otras tres centrales pertenecientes a la misma firma que operan en la Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví, como son Ventanas II, Nueva Ventanas y la tan cuestionada Campiche.

También debiese producirse otra desconexión programada, correspondiente a la central Bocamina I de Enel Chile, una termoeléctrica de 130 MW de potencia instalada y con 50 años de antigüedad emplazada en la comuna de Coronel, región del BioBío. Pero entre Ventanas 1 y Bocamina 1 hay diferencias, pues la filial de la italiana Enel no se acogerá al denominado Estado de Reserva Estratégica, lo que da más consecuencia y legitimidad a la acción emprendida. Es más, la empresa ha comprometido iniciar el desmantelamiento de esta unidad termoeléctrica durante 2021.

Si bien consideramos que Chile está avanzando en el proceso de descarbonización, nos parece que aún se requiere mayor compromiso desde las empresas y el Gobierno, sin generar subsidios encubiertos a unidades obsoletas como Ventanas 1. Por ello, estamos convencidos de que para dar credibilidad a la descarbonización en Chile no basta con apagar centrales viejas, con tecnologías obsoletas y que aportan marginalmente al sistema eléctrico, sino que el Gobierno y las empresas deben comprometerse con el desmantelamiento de estas unidades y la descontaminación de los lugares donde operaron durante años. A esto, el Gobierno debería sumar la actualización de la normativa ambiental de acuerdo a los criterios recomendados por la Organización Mundial de Salud, porque las Zonas de Sacrificio necesitan de acciones con efectos concretos y no de eventos comunicacionales.

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Recientemente, en distintos espacios públicos e instancias sectoriales se han relevado términos como minería “sustentable”, “responsable” o “verde”, a propósito de eventuales escenarios de reactivación económica post COVID – 19. Si bien, es un avance que el sector minero discuta la compleja situación hídrica que afecta al país o la peligrosidad que representan los relaves mineros abandonados –tanto para comunidades como ecosistemas–, lo cierto es que los términos antes señalados son difícilmente aplicables al sector extractivo nacional.

La extracción de recursos naturales no renovables, en esencia, no permite establecer un proceso productivo “sustentable”, ya que, por una parte, el tiempo necesario para que estos puedan ser repuestos por la naturaleza excede con creces varias generaciones humanas, a lo que se suma que la actual sobre explotación de minerales compromete la capacidad de las generaciones futuras para usar y disponer de estos mismos. A su vez, denominar a la operación minera como “responsable”, desconociendo su largo historial de impactos socioambientales (como el abandono y colapso de relaves mineros, la afectación severa de glaciares y otras fuentes de suministro hídrico como salares, humedales o vegas, entre otros; la contaminación local en zonas de sacrificio, hechos de corrupción y clientelismo –como en el caso SQM–, etc.), no hace otra cosa que tensionar aún más una imagen del sector que ya se encuentra bastante desacreditada en los territorios donde se emplaza, considerando que actualmente el principal desafío del sector es la obtención de la “licencia social” para operar –según lo propuesto por la consultora EY en su reciente estudio sobre los 10 principales riesgos de la industria minera .

En cuanto al concepto de “minería verde”, ya desarrollado en países mineros de larga data como Australia, Canadá y China , en términos generales este busca establecer una minería baja en emisiones e impactos, incorporando al proceso productivo metas de eficiencia hídrica, fomentando el uso de energías renovables, la economía circular (enfocada en el reprocesamiento de relaves), la reducción de la huella de carbono e incluyendo cambios tecnológicos a objeto de alcanzar una minería más verde, trazable y sostenible . En esta misma línea, el año 2017 la estatal Codelco anunció un ambicioso plan de vender “cobre verde”, sin embargo, dos años más tarde lo abandonó al identificar diversas dificultades para garantizar que la trazabilidad de cada cátodo de cobre exportado utilice prácticas “sustentables” con el entorno; experiencia que nos muestra las dificultades de aplicación que representa el término “verde” para el sector.

Por otra parte, en julio del 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera estableció una mesa de trabajo denominada “Mesa de Minería Verde”, la cual se conformó principalmente por representantes de la industria, con una baja participación de la sociedad civil, sesionando en cuatro ocasiones que permitieron definir tres ejes temáticos de trabajo relacionados a la gestión hídrica, reducción de emisiones y la promoción de la economía circular, identificando los problemas y desafíos de cada uno.

Ante esto, y considerando que en distintos espacios públicos representantes del sector extractivo han relevado a la minería verde como una supuesta respuesta sustentable para la reactivación económica post pandemia, resulta pertinente evaluar el comportamiento de sector en cada uno de los ejes propuestos por la “Mesa” y con ello develar que hay detrás de la supuesta categoría de “verde” para la producción minero–extractiva nacional.

En materia hídrica, el país enfrenta un complejo escenario de escasez con una sequía que se prolonga por once años, la cual se agudiza en las regiones del norte debido a una condición estructural de menos disponibilidad de agua, no obstante, justamente en estas zonas es donde se desarrollan gran parte de las actividades mineras. Así, el sector acentúa la presión sobre el agua disponible en regiones con una alta estrechez y también presenta distintos escenarios de contaminación y destrucción de fuentes de suministro hídrico (glaciares, humedales, salares, bofedales, entre otros), lo que en Fundación Terram hemos denominado el “triple impacto” de la minería en el agua. Esta situación es, sin duda, el principal desafío político del sector, ya que 29 de los 117 conflictos informados por el Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto de Derechos Humanos del año 2018 (información que se mantiene vigente), dicen relación con distintos escenarios de tensión y controversias entre la minería y las comunidades por la propiedad y acceso –en cantidad y calidad– al agua .

Como una forma de recudir el consumo de agua que proviene de fuentes continentales y con ello dar respuesta al problema de suministro hídrico antes mencionado, el sector extractivo ha comenzado a implementar plantas desalinizadoras, solución que si bien resuelve una parte del problema no presenta una mirada integral del vínculo entre agua, energía y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), trasladando de este modo su restricción hídrica a un problema energético y climático. Lo cual pone en duda el cumplimiento de las metas sectoriales en materia de reducción de emisiones.

En este sentido, el uso de estas tecnologías ha presentado diversas alertas ambientales: por una parte, al aumento de las emisiones de GEI del sector producto mayor consumo de energía que implica la implementación de los sistemas de impulsión y desalación, y por otra, a las externalidades negativas que dicen relación con el manejo de la salmuera no tratada que se vierte al medio ambiente, como también con la disposición de aguas saladas o desaladas que, luego de ser utilizadas, se depositan en cuerpos de agua continentales afectando la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas, dado que éstas presenta una alta salinidad y una composición química distinta.

Respecto de la promoción de la economía circular, el sector históricamente ha desarrollado una cadena valor más bien lineal, disponiendo en el territorio nacional un alto volumen de residuos mineros (estériles, ripios o relaves, entre otros), de estos los “relaves mineros” son los que constituyen el mayor riesgo para las poblaciones humanas, dado que poseen sustancias peligrosas y metales pesados con potenciales efectos cancerígenos para las personas. Esta ha sido una de las principales deudas socioambientales que el sector no ha resuelto, ya que a la fecha el país cuenta con un total de 742 depósitos de relaves, de los cuales 463 se encuentran inactivos y otros 173 abandonados, muchos de estos sin un tratamiento adecuado de sus riesgos e impactos, escenario que releva la urgencia de avanzar en una Ley de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) que resuelva dicha situación.

En definitiva, para que la minería pueda denominarse “verde”, resulta fundamental que el sector comprenda que tanto en el mundo como en el país están ocurriendo cambios sustantivos en materia ambiental y social, los que apuntan realmente a promover procesos productivos de bajo impacto, con un fuerte enfoque en derechos humanos y protección de la naturaleza, que además se hacen cargo de la urgencia climática que atraviesa el planeta implementando nuevas formas de producción bajas en carbono. En esta línea, la industria minera debiese avanzar en un compromiso global que establezca plazos y metas concretas en materia de reducción de GEI para sus ciclos productivos. Asimismo, a nivel nacional es importante avanzar en la solución de las problemáticas socioambientales expuestas, implementando políticas públicas que regulen a la actividad extractiva y sus impactos, considerando prioritario avanzar en materias de gestión hídrica y PAM. De lo contrario, “sustentable”, “responsable” y “verde”, sólo seguirán formando parte de una campaña comunicacional o de una llamativa pero vacía declaración de intenciones del sector minero.

Lea el artículo original: El Mostrador

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El debate político de la vacancia presidencial opacó al debate que se vivía en redes sociales, alrededor del Acuerdo de Escazú. Existen dos bandos uno a favor y otro en contra del acuerdo; este último, en base a inexactitudes, falsedades y preocupaciones sobre el impacto de dicho acuerdo en el Perú.

Una primera lección sobre el debate del Acuerdo de Escazú es que, a partir de ahora, la población y los grupos de interés deberán exigir la misma practica de profundo debate público, con todos los tratados internacionales o, al menos, con los que Sí implican una afectación a la soberanía.

Se ha incentivado con falsa información el temor chauvinista por el peso de nuestra historia de malos negocios con nuestros recursos naturales. Desde el siglo XIX, con los contratos del guano, pasando por el caso de Brea y Pariñas, hasta los recientes proyectos de exportación del gas de Camisea a un precio inconveniente y el Acuerdo Energético Perú Brasil para venderle electricidad a este último.

Una segunda lección es que el Acuerdo de Escazú no trata sobre la disposición, gestión o uso de los recursos naturales, sino de elevar la protección de los derechos de participación, acceso la información y justicia en la gestión ambiental. El acuerdo no regula cómo el Estado otorga las concesiones ni obliga a cambiar la manera en la que se aprueba la licencia ambiental; obliga a los Estados a mejorar la entrega de información ambiental de decisiones políticas o proyectos de inversión, así como incluye o mejora mecanismos de participación en la gestión ambiental.

Se ha incentivado con falsa información el temor chauvinista por el peso de nuestra historia de malos negocios con nuestros recursos naturales. Desde el siglo XIX, con los contratos del guano, pasando por el caso de Brea y Pariñas, hasta los recientes proyectos de exportación del gas de Camisea a un precio inconveniente y el Acuerdo Energético Perú Brasil para venderle electricidad a este último.

Una segunda lección es que el Acuerdo de Escazú no trata sobre la disposición, gestión o uso de los recursos naturales, sino de elevar la protección de los derechos de participación, acceso la información y justicia en la gestión ambiental. El acuerdo no regula cómo el Estado otorga las concesiones ni obliga a cambiar la manera en la que se aprueba la licencia ambiental; obliga a los Estados a mejorar la entrega de información ambiental de decisiones políticas o proyectos de inversión, así como incluye o mejora mecanismos de participación en la gestión ambiental.

Fuente: La República

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La tendencia decreciente de la producción de gas natural en Bolivia y la caída del precio internacional del petróleo ponen al sector hidrocarburos en un preocupante escenario. Según proyecciones elaboradas por Gas Energy Latin América (GELA), es posible llegar a un déficit energético a partir de 2025, es decir, que las importaciones sean mayores que las exportaciones.

El déficit energético pondría en riesgo, incluso, el pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías.

Un análisis elaborado por esta consultora refleja que los ingresos por exportación de gas en 2019 llegaron a 2.580 millones de dólares, mientras que las importaciones de combustibles (diésel y gasolina) alcanzaron los 1.426 millones.

Por similares conceptos, en 2020 prevé ingresos de 1.664 millones y egresos de 558 millones, lo que representa una reducción del 36 por ciento en el valor de las ventas con relación al 2019.

En 2025, considerando un precio promedio del barril de petróleo de 45 dólares, proyecta ingresos por venta de gas próximos a los 465 millones y egresos por importación de combustibles de al menos 1.019 millones.

Para Álvaro Ríos, analista en hidrocarburos y socio director de GELA, estas cifras son preocupantes porque hacen referencia a un déficit energético a partir de 2025, cuando las importaciones superen con 555 millones de dólares a las exportaciones.

“Este déficit energético va a mermar dólares para el país, pero lo que es peor no va a haber con qué pagar el IDH, no va a haber con qué pagar regalías, porque la producción de gas está cayendo dramáticamente, la producción de petróleo y condensado también y, por lo tanto, no va a haber qué refinar”, explica Ríos.

De momento, Bolivia tiene un superávit energético que llegó a su punto alto en 2014, cuando las exportaciones de gas llegaron a 2.911 millones de dólares y las importaciones de combustibles a 1.110 millones. En opinión de Ríos, a partir de 2015 surge una tendencia decreciente del superávit energético, lo que amerita tomar medidas radicales desde 2021 con el nuevo Gobierno.

El especialista propone una profunda reactivación del sector, sobre todo en exploración para reactivar la producción gasífera y petrolera. Destaca la potencialidad que tiene el país, pero considera que el sistema impositivo, la estructuración y la forma como está organizada YPFB requieren una reforma.

Datos de GELA muestran que actualmente hay cuatro pozos exploratorios que se encuentran en perforación (Ñancahuazú X1, Boicobo X1, Sopotindi X1 y Caranda X1005) y que se tiene programado iniciar la perforación de otros seis entre 2021 y 2022. Sin embargo, Ríos señala que de seis pozos exploratorios al menos cuatro resultarán negativos y se debe “cruzar los dedos de las manos y los pies” para que los otros dos salgan positivos.

Por su parte, Carlos Arze, investigador senior del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), en ocasión del “Seminario: Hidrocarburos en América Latina-Retos para superar la dependencia”, dijo que la caída de la producción surge porque la norma boliviana, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, no establece la obligatoriedad de reemplazo de reservas por parte de las empresas operadoras.

En consecuencia, las inversiones se concentraron en la explotación y no en exploración. Datos presentados por Arze reflejan que, entre 2006 y 2013, el 74 por ciento de las inversiones anuales fueron destinadas a explotación, mientras que entre 2014 y 2019 el 60 por ciento.

CAMBIOS EN YPFB Y SUBSIDIARIAS

Entre las estrategias que contempla la Agenda de Reactivación de Hidrocarburos, elaborada por el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se incorpora la necesidad de cambios estructurales en la estatal petrolera y sus subsidiarias.

Según un boletín del Ministerio de Hidrocarburos, los cambios en dichas empresas deberán ser respaldados por adecuaciones en la normativa vigente, misma que no corresponde a las condiciones actuales del sector en Bolivia y en la región, cuya principal característica es la lenta recuperación de las actividades productivas.

La agenda establece que es imprescindible la recuperación de reservas y producción de gas para cumplir los contratos de exportación.

Lee el artículo original: Los Tiempos

La entrada Los Tiempos • Proyección: ingresos de gas boliviano caerán en 36% en 2020 y 82% en 2025 aparece primero en RLIE.

• Cerca de 35% es el aporte del sector extractivo a los ingresos fiscales del país.
• El presupuesto de Tarija depende en 74% de la exportación de gas, pero la distribución es desigual.
• Pese a la proximidad de un megacampo, en Palos Blancos, el empleo ha sido temporal, se desplazó la actividad agropecuaria, se cambiaron modos de vida y se incrementó la violencia contra la mujer.

Más de una tercera parte de los ingresos fiscales que sostienen al país se generan por la explotación de los hidrocarburos. En el caso de las poblaciones más cercanas a los megacampos, como la comunidad de Palos Blancos, en el municipio de Entre Ríos de Tarija, los beneficios económicos fueron momentáneos; lo que perdura son los impactos sociales y ambientales.

A casi 15 años de actividad extractiva en la región, las mujeres de Palos Blancos perciben una alta dependencia del empleo de corto plazo, oportunidades de trabajo prioritariamente masculino, distorsión de la economía local, abandono de la actividad agropecuaria, impactos ambientales, imposición de la actividad extractiva sobre la planificación territorial, además de la naturalización de las desigualdades entre hombres y mujeres, y el incremento de múltiples violencias contra la mujer.

Estas conclusiones son el resultado del estudio Mujeres e Hidrocarburos, realizado por Fundación Jubileo junto con el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento y el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Empresariales de Tarija de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, integrantes del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia.

Con base en una metodología de investigación y de testimonios de la población que habita en la comunidad de Palos Blancos, muy próxima al Campo Margarita, se establece la ausencia del Estado y la necesidad de impulsar un debate sobre la compleja problemática social debido a la alteración de la forma de vida de comunidades cercanas donde se implementan proyectos extractivos de recursos naturales. Al mismo tiempo, pretende contribuir a la elaboración de políticas públicas para atender esta situación de un modo más certero.

La frase que da el título a la investigación “Solo fue de paso”, reiterada por las mujeres de la región, evoca una suerte de lamento por lo efímero y pasajero de los beneficios obtenidos por la actividad extractiva; pero, al mismo tiempo, advierte que se perdió una oportunidad.

El peso de los hidrocarburos

En Bolivia, por su condición de productor de materias primas (minerales e hidrocarburos), el debate sobre la explotación de los recursos naturales no renovables se ha centrado en aspectos como la propiedad, administración y fundamentalmente la captura de renta para el Estado; y, de forma reciente, se ha abierto el debate sobre la problemática ambiental. Sin embargo, los impactos sociales que se generan por la explotación de minerales e hidrocarburos no han sido visibilizados en su totalidad, omitiendo la discusión sobre la problemática que viven las comunidades aledañas a proyectos extractivos.

La actividad hidrocarburífera comenzó en Bolivia el siglo pasado, por el año 1920, con la exploración en Bermejo y la posterior explotación del petróleo, fundamentalmente. Fue a mediados de los años 90 cuando se inició el boom del gas natural, convirtiéndose éste en el principal hidrocarburo explotado.

Los departamentos productores de hidrocarburos son cuatro: Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba; en el primero se concentra el 60% de la producción hidrocarburífera boliviana que proviene principalmente del campo Margarita-Huacaya, Sábalo y San Alberto.

En el estudio se identifican tres características que marcaron al sector hidrocarburos en Bolivia y Tarija, durante los últimos 15 años:

El campo Margarita en Entre Ríos

El Campo Margarita se encuentra ubicado en la provincia O’Connor, dentro del municipio de Entre Ríos, y forma parte del Bloque Caipipendi. Fue descubierto el año 1998 e inició su producción el año 2004.

Actualmente, si bien YPFB ejerce la propiedad de los yacimientos y de la producción, las empresas petroleras encargadas de la exploración y explotación del Bloque Caipendi son: Repsol YPF E&P Bolivia, Shell Bolivia y Panamerican Energy E&P Bolivia.

Entre los hitos importantes de este proyecto hidrocaburífero se destacan:

– Durante el 2007, la perforación de los pozos Margarita 4 y Huacaya X1

– Construcción de la planta de procesamiento, el 2010.

– Ampliación de la planta de tratamiento, el 2013.

Estos importantes momentos destacan por los cuantiosos montos de inversión, la contratación de empresas de servicios y el innegable efecto económico que ocasionaron en poblaciones aledañas. Sin embargo, una vez que estas perforaciones y construcciones concluyeron, la actividad hidrocarburífera volvió a ser intensiva en capital, pero no en mano de obra.

Por su parte, la comunidad de Palos Blancos, capital del cantón Chimeo del municipio de Entre Ríos, es aledaña al campo. La comunidad de Palos Blancos está situada justo en el punto de intersección de la carretera principal que conecta la ciudad capital de Tarija con las ciudades intermedias de Yacuiba y Villamontes, lo que le otorga un lugar geopolítico estratégico en la región de mayor explotación hidrocarburífera del país.

Acceder a indicadores sociales específicos de la comunidad de Palos Blancos no fue posible, por lo que el análisis se realizó en torno a datos del municipio de Entre Ríos. En líneas generales, sus indicadores se encuentran por debajo del promedio tarijeño, con índices de migración de su población hacia las comunidades de Caraparí, Yacuiba y Villamontes.

El primer paso

A casi 15 años desde que Palos Blancos convive con la industria extractiva, se consideró necesario desarrollar una investigación en este territorio, para conocer el estado de situación a partir de los impactos experimentados por la actividad hidrocarburífera en la zona.

El estudio es el primero en la línea de psicología ambiental, del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento, producto del Programa de Cooperación Interuniversitaria VLIR-UOS. Esta línea se enfoca en analizar cómo fenómenos ambientales afectan al comportamiento, la organización y la dinámica familiar y la vida de los individuos. Busca también indagar sobre los factores que incrementan el comportamiento proambiental, para contribuir a reducir el cambio climático.

Para Fundación Jubileo y la Universidad Católica Boliviana, este estudio es el primer paso para un debate amplio de políticas públicas, tanto en el nivel nacional como local, con el objeto de fortalecer la presencia del Estado para atender una problemática concreta y presente en un grupo poblacional vulnerable, interpelar a las autoridades locales sobre la distribución y uso de la renta hidrocarburífera que hasta el momento no ha cambiado sustancialmente la vida en las comunidades, e incluir a estas comunidades locales en la planificación y construcción de una visión de desarrollo inclusiva, sostenible y ambientalmente sustentable.

Marcela Losantos, Coordinadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana San Pablo

Sandra Sánchez, Analista en Hidrocarburos, Fundación Jubileo

Agosto 2020

Lea el artículo original: Cabildeo

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Por el coronavirus (Covid-19), durante el segundo semestre de este año habrá una reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las recaudaciones tributarias, que golpeará a los tres niveles del Estado: central, departamental y municipal, señala un estudio de la Fundación Jubileo.

“La crisis del coronavirus, la caída de los precios internacionales del petróleo, la cuarentena y paralización de actividades, y otras medidas aplicadas con el objetivo de atenuar el impacto del Covid-19 ocasionará menor recaudación de impuestos. A partir de julio, el mayor efecto será la caída del IDH y regalías”, señala el estudio titulado “Caída de ingresos de municipios y gobernaciones”, expuesto por el investigador René Martínez.

En el caso de los gastos, anticipan que habrá una menor ejecución, principalmente de la inversión, debido a la paralización de actividades.

El experto explicó que los principales recursos que financian, en el caso del Gobierno central, son los impuestos y la renta por la explotación de recursos naturales (IDH y regalías), que ahora son afectadas por la menor recaudación de impuestos, y a partir de julio se sumará el efecto de la caída del precio de los hidrocarburos.

En el caso de las gobernaciones tienen como principal recurso las regalías, principalmente de hidrocarburos. Otra fuente de ingresos proviene del IDH y de la coparticipación a través del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).

Para los municipios, el principal ingreso es la coparticipación tributaria y, en segundo lugar, están los recursos del IDH. Sólo en el caso de municipios más poblados, como las principales ciudades capitales, la recaudación de impuestos tiene un peso importante; el resto es altamente dependiente de las transferencias por coparticipación.

El descenso

Sobre la caída de hidrocarburos, Martínez explicó que desde fines de febrero pasado, el precio del barril de petróleo cayó por debajo del precio referencial del Presupuesto General (51,37 dólares por barril), lo que conlleva a que los ingresos por la renta del gas sean menores. Pero el peor momento se dio entre mediados de marzo y mayo, a la fecha continúa con una cotización baja.

“Los ingresos recibidos entre enero y junio de 2020, provenientes de la renta de hidrocarburos, aún no consideran el desplome de los precios del petróleo, y es previsible que registre una fuerte caída a partir de julio, pero desde agosto hacia adelante será peor. Pero no sólo por IDH sino que habrá una reducción en la coparticipación que será alto, porque las recaudaciones impositivas registraron un descenso del 30% hasta junio”, indicó el investigador.

Para Jubileo, la suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, si bien esta determinación puede, en cierta medida, compensar la caída del IDH, sólo permitirá atenuar la disminución de ingresos.

Sobre los gastos que realizaron los niveles del Estado, dijo que por un lado se reducen las inversiones y por otro lado se hacen modificaciones presupuestarias. A mayo pasado, el nivel central registra la mayor ejecución con el 36%, con relación al presupuesto aprobado; mientras que los gobiernos departamentales alcanzaron un 24%, y los municipios sólo ejecutaron un 20%.

En una anterior publicación de este medio, dos expertos calcularon que las regiones y universidades recibirán 53% menos de lo fijado en el Presupuesto General del Estado (PGE 2020), a causa de las menores ventas de gas y la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales.

Para 2020 se ha presupuestado, inicialmente, un monto de  9.777  millones de bolivianos por IDH y regalías,  considerando un precio del barril de petróleo proyectado de  51,37 dólares.

Lea el artículo original: Página Siete

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Casi todos los bolivianos se benefician de la venta de gas, y ello implica que a nivel nacional existe alta dependencia de estos ingresos en la economía nacional, y analizaron Tarija por ser el departamento que mayores recursos percibió en el auge de los precios del petróleo, que repercutió en el precio del gas que se vende a mercados vecinos, señaló.

Informó que Tarija recibió entre 2006-2015 más de 3.700 millones de dólares, el Producto Interno Bruto (PIB) departamental y su presupuesto dependen de los hidrocarburos, pero no hubo eficiencia en el gasto para desarrollar algún sector sostenible.

“Hoy por hoy hay una baja de ingresos en hidrocarburos por bajo precio y hay baja producción; no tenemos sectores que paliaran este presupuesto”, y se destinó recursos a programas de salud o bonos de agricultura, y ahora estos se ven insostenibles, debido a que no hay recursos, señaló.

Palos blancos

En ese contexto, Sánchez explicó que el análisis lo hicieron en la comunidad Palos Blanco, aledaña al campo Margarita y se abordó con las mujeres del lugar temas como la calidad de vida en los últimos años, educación, salud, parte social, cultural, política y medioambiental, con las que viven más tiempo en el lugar y las que nacieron con la era de los hidrocarburos.

La base de la economía de la comunidad era la ganadería y la agricultura, sectores que promovían el desarrollo productivo, indicaban las mujeres que vivían más tiempo en el lugar.

Entre tanto, la nueva generación señaló que en la época de las petroleras la vida era mejor en el lugar, ya que los hombres eran bien pagados, y esto se observó en el proceso de construcción de la planta de Procesamiento de Entre Ríos .

ENTRE RÍOS

El municipio de Entre Ríos es una pequeña ciudad capital de la provincia de Burdet O’Connor en el departamento de Tarija y tiene una superficie de 6.406 km², representa 17,2% de la superficie departamental y 0,58% con relación al territorio nacional; tiene una población de 21.378 habitantes de acuerdo con el Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas; esto corresponde a 4,5% del total de habitantes que tiene el departamento de Tarija.

La comunidad de Palos Blancos es la capital del cantón Chimeo del municipio de Entre Ríos y está ubicada en el límite fronterizo de las provincias Burnet O’Connor y Gran Chaco. En ambas provincias se encuentran los principales pozos de gas y petróleo del departamento de Tarija.

La comunidad de Palos Blancos está situada justo en el punto de intersección de la carretera principal que conecta la ciudad capital de Tarija con las ciudades intermedias de Yacuiba y Villamontes, lo que le otorga un lugar geopolítico estratégico en la región de mayor explotación hidrocarburífera del país.

El Campo Margarita, aledaño a la comunidad de Palos Blancos, fue descubierto en 1998, pero su producción comenzó en 2004. Seis años después, en 2010, recién se inició la Fase 1, con la construcción de la planta de procesamiento de gas del Campo Margarita, a la que le siguieron dos fases consecutivas para la ampliación y mejora de las instalaciones.

La inversión en la planta fue de 600 millones de dólares, y provocó un fuerte movimiento económico en la zona, y había dinero, pero pasa la construcción y la actividad disminuye, ya que el sector hidrocarburífero es más intensivo en capital que en mano de obra.

Los relatos de las mujeres del lugar señalan que los hombres se acostumbraron a ganar bien y por lo tanto decidieron buscar mayores ingresos en otras regiones del país, como Santa Cruz, y ya no quisieron volver a la agricultura y ganadería.

En lo social destruyo la cohesión que había en el lugar, ya que con la llegada de las petroleras, cada uno busco trabajo en la empresa, señaló.

Uno de los objetivos de países productores de petróleo, es pasar los recursos de la renta a sectores que sean sostenibles a futuro, ante posibles hechos que se presenten, como demanda baja, disminución de precios, que están ajenas a las decisiones locales, acotó.

La actual situación por la que atraviesa la economía nacional y mundial, promueve una reflexión sobre esos temas para encararlos mejor en el mediano y largo plazo.

AUSENCIA

Pero en el caso de Palos Blancos, se observó ausencia casi del Estado, ya que todas las necesidades que tiene la región son solicitadas a las petroleras que operan en el lugar, como jardines, posta sanitaria, entre otras.

Pero también se observó que tampoco hay juzgados de familia o defensoría de la mujer, por lo que no se pueden obtener datos de tipos de violencia.

Lea el artículo original: El Diario

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En un reporte analizado a través de una sesión en webinar, la Fundación Jubileo advierte que la caída de los ingresos por impuestos y la venta de hidrocarburos en medo de la crisis por la pandemia del Covid-19 seguirá afectando las arcas del gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios en todo el segundo semestre de 2020.

La entidad recomienda una coordinación, tanto de los entes públicos, como las organizaciones sociales, para encontrar una fórmula para que la falta de recursos no afecte al país.

“Al mes de junio, los diferentes niveles de Gobierno deberían esperar recibir alrededor del 50% de ingresos. Pero solo hay un 34% de lo que se tenía programado en el presupuesto. La coparticipación es la principal fuente de financiamiento de los municipios. Esto nos muestra que es notable el efecto de la crisis que estamos atravesando en los diferentes niveles de gobierno. El nivel central también está recibiendo una porción significativamente menor de lo que son sus ingresos”, explicó el analista económico de Jubileo, René Martínez.

IDH

El experto también analizó la otra fuente de financiamiento más importante como la renta por hidrocarburos: regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“En el caso de IDH, al mes de julio se ha recibido aproximadamente un 56% de los recursos que se tenían programados en el presupuesto 2020. Se recibió lo que se tenía previsto, un 56% y quizás más. Pero hay un gran problema. El precio que se utiliza para el cálculo para la transferencia de recursos, tiene un rezago de entre tres a seis meses. Los efectos por la baja del precio del petróleo, todavía no se han sentido en el presupuesto”, señaló.

Significa que por el periodo de rezago de entre tres a seis meses, el efecto por la caída de los hidrocarburos recién se va a registrar en el segundo semestre de este año 2020.

El atenuante será la devolución de $us 200 millones del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH) a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), especialmente, a favor de los gobiernos municipales, en un 78%, que les va a ayudar a contener esta disminución de ingresos.

Necesidad de recursos

Por esta reducción, Martínez explicó a EL DEBER que, el país de acá en adelante va a necesitar grandes recursos de financiamiento externo para poder sobrellevar estos momentos complicados.

Propuso que, en el largo plazo, se debata los temas estructurales que se han postergado por mucho tiempo como la necesidad de un pacto fiscal, una mayor generación de ingresos públicos, su mejor redistribución; o temas como las competencias municipales, viabilidad de los municipios más pequeños para afrontar sus atribuciones, entre otros.

“Se necesitan espacios de concertación y diálogo de aquí en adelante para tratar temas de la economía en su conjunto. Arrastrábamos desequilibrios macroeconómicos muy complejos antes de la crisis del coronavirus, herencia de las políticas del anterior gobierno que no han sido resueltos y que podrían llevarnos a una situación de inestabilidad económica en el corto y mediano plazo. Se requieren espacios de concertación no solo con instancias públicas, sino de manera amplia, con actores políticos, sociales, para ir delineando alternativas y salidas”, finalizó Martínez.

Lea el artículo original: El Deber

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BLOQUE DE DOMINACIÓN Y PATRÓN DE DESARROLLO

La investigación “Producción y reproducción de desigualdades: organización social y poder político”, escrita por Luis Tapia y por Marxa Chávez en colaboración con el Cedla, indica que durante los últimos 15 años se ha consolidado un régimen de acumulación en la economía, cuyo “rasgo dominante es el extractivismo, sobre todo de recursos hidrocarburíferos, mineros y también de bosques, ganadería y agroindustria, orientada al mercado mundial”.

Para los investigadores, “el rasgo que distinguía al régimen político del Movimiento al Socialismo (MAS) es haber aumentado el grado de control del excedente extractivista en el área de hidrocarburos (…) que le permitió al gobierno de Morales financiar el poder político de la nueva burocracia dominante”, indican en parte de su libro.

Tapia y Chávez señalan que la estructura económica boliviana no se modificó con el cambio de gobierno en 2006. “En la medida en que se trata de un régimen compuesto de capitalismo de Estado y de régimen neoliberal (…) le permitió al Estado contar con mayores recursos para intervenir en la promoción de la acumulación privada”, puntualizan.

En la investigación, los autores señalan que se consolidó un nuevo bloque dominante de grupos -tradicionales y emergentes- en la economía y la política, sobre la base de un régimen normativo e institucional impulsado por el Gobierno del MAS y que continúa vigente.

“El Gobierno (del MAS) ha producido también una normativa gubernamental orientada a fomentar la acumulación del capital, favoreciendo a algunos sectores corporativos con los cuales ha establecido vínculos o relaciones más estrechas. El de la agroindustria es el principal, seguido por el de los cooperativistas mineros y el de los productores de coca del Chapare”, argumentan.

El reporte del Cedla indica que en el sector hidrocarburos, la producción en Bolivia continúa a cargo de empresas transnacionales. “Lo que ha cambiado es el régimen de propiedad, permitiendo al Estado controlar un porcentaje mayor del excedente producido en esas actividades”.

Sin embargo, en los otros ámbitos de la economía extractivista (como la minería, la explotación de bosques y otros recursos naturales), sigue vigente “un régimen neoliberal, tanto en el sentido de la privatización de los medios de producción, como —y, sobre todo— del régimen impositivo, que es la contribución del capital al Estado boliviano”, indican los autores

Tapia y Chávez señalan que otro rasgo neoliberal en estos otros ámbitos tiene que ver con “la desregulación laboral, que influye en las mayores tasas de explotación del trabajo, junto con las correspondientes mayores tasas de ganancia”.

El estudio indica que la consolidación de un patrón de desarrollo centrado en el extractivismo ocurrió mediante el establecimiento de “un patrón de relacionamiento diferenciado y selectivo con los diferentes núcleos corporativos de la sociedad”, estableciéndose progresivamente que el partido de gobierno se convierta en un canal de ingreso al Estado a condición de “la cancelación de la autonomía política de muchos sectores corporativos de la sociedad civil aliados del Gobierno”.

Las implicancias de esta manera de relación entre el Estado y la sociedad no son otras que una sociedad civil despolitizada -sin voz, sin poder- para transformar las causas que producen y reproducen las desigualdades.

Sin voz, sin poder, un evento virtual

El libro de Luis Tapia y Marxa Chávez será presentado en un evento de Zoom “Sin voz, sin poder: política y desigualdad social en Bolivia”, el miércoles 8 de julio, a partir de las 18:30. En el evento estarán como comentaristas Raquel Gutiérrez Aguilar, Carlos Revilla y Huáscar Salazar Lohman.

Esta investigación forma parte de la iniciativa del Índice de Pobreza Multidimensional, del Cedla, que mide la pobreza y las desigualdades en Bolivia desde múltiples dimensiones. Una de las dimensiones es poder y voz.

Fuente: El Diario

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A un año del pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la situación de contaminación que afectó a los habitantes de Puchuncaví y Quintero en agosto de 2018, una vez más constatamos que el Estado de Chile, pero particularmente el Gobierno actual, no ha  cumplido con la tarea encomendada y por tanto se está muy lejos de terminar con la contaminación del aire, agua y suelos que afectan a los habitantes de la zona. Los hechos nos muestran una realidad muy distinta a lo señalado por la ministra Carolina Schmidt en la cuenta pública del Ministerio del Medio Ambiente o a las palabras pronunciadas por el propio Presidente Sebastián Piñera en reiteradas ocasiones en las que se ha comprometido a terminar con las Zonas de Sacrificio.

En mayo de 2019, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acogiendo con esto los recursos de protección presentados por diversas entidades. Según el pronunciamiento del máximo tribunal, diversos órganos e integrantes del poder Ejecutivo, entre los que se identificaban al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente, Oficina Nacional de Emergencia, entre otros, incurrieron en faltas de actuación que implicaron la vulneración de derechos establecidos en la Constitución,  tales como el derecho a la vida e integridad psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud. Derechos que hoy siguen siendo vulnerados.

Tras la sentencia pronunciada se prendió una luz de esperanza en los habitantes de la Bahía de Quintero, quienes creyeron que por primera vez en más de 50 años de contaminación en las aguas, aire y suelos, podría comenzar a pasar algo que cambiaría su destino. Sin embargo, a 12 meses de este pronunciamiento, todo sigue prácticamente igual y esa esperanza se ha ido transformando en frustración e, incluso, rabia.

Es lamentable tener que decirlo, así tan claramente, pero si se analiza lo ordenado por el tribunal supremo hace exactamente un año, en una sentencia que consta de 15 medidas para resolver la grave contaminación que afecta a la zona, resulta evidente que los avances en la materia son prácticamente nulos.

El primer punto señala que “La autoridad sectorial deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”. Esto resulta clave, pues es el punto de partida para el desarrollo de varias medidas indicadas en el fallo, sin embargo, estos estudios no se han realizado. 

Para decirlo claramente, a un año de emitido el fallo de la suprema y a más de un año y nueve meses de ocurridos los episodios de intoxicación masiva en las comunas de Puchuncaví y Quintero, la autoridad sanitaria y ambiental aún no ha establecido cuáles fueron los contaminantes y las empresas involucradas en los episodios de contaminación masiva acecidos en 2018, información que resulta extremadamente relevante para los habitantes del lugar y para la adecuada ejecución del fallo.

Por otro lado, tampoco se han implementado otras acciones que podrían paliar la dramática situación que afecta a los habitantes de la Bahía de Quintero, más aún en un escenario de COVID 19, en el cual esta población pasa a ser extremadamente vulnerable, como lo establecido en el punto h de esta sentencia, el cual indica “que la Oficina Nacional de Emergencia proceda, a la brevedad, a elaborar un Plan de Emergencia que permita enfrentar situaciones de contaminación como las ocurridas los días 21 y 23 agosto y 4 de septiembre de 2018 en las comunas de Quintero y Puchuncaví, instrumento en el que deberá incorporar, además, todas las medidas de coordinación, de disposición de recursos y las demás que se estimen atinentes y útiles para “solucionar los problemas derivados” de esos eventos. Medida que tampoco se ha implementado.                                   

Lo cierto es que el fallo de la Suprema, en los hechos, no ha ocasionado ningún cambio significativo, a tal punto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le ha tenido que oficiar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que informe del estado de avance del cumplimiento de la sentencia. Mientras tanto, las personas que allí habitan, siguen viviendo en una zona altamente contaminada.

Lea el artículo original: Radio U Chile

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En 2019, el Estado boliviano perdió más de 50 millones de dólares en ingresos por la explotación de oro, pese a una mayor venta del metal dorado y el alza de precios. Expertos afirman que se debe corregir algunas contradicciones que están insertas en la Ley de Minería.

“El año pasado, Bolivia registró 42 toneladas extraídas con un valor cercano a los 2.000 millones de dólares, (la exportación más alta de todos los minerales) las que dejaron menos de 50 millones de dólares al Estado, una de las más bajas de los principales metales”, calculó el investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.

Explicó que la “extraordinaria” utilidad que obtienen los operadores se debe sobre todo, a que no pagan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), a que se apropian del valor del metal y a que pagan la menor regalía comparado con los otros minerales.

En criterio de Córdova, por estas razones, la extracción del metal dorado seguirá creciendo y el Estado perdiendo patrimonio a manos “llenas”, mientras no cambien las estructuras de la explotación aurífera y el precio siga subiendo en el mercado internacional.

Un claro ejemplo es que el oro se convierte en refugio durante los momentos de crisis. Por eso, durante la cuarentena que se dispuso a nivel mundial por el coronavirus, su precio subió de manera constante y se ha mantenido por encima de los 1.700 dólares la onza troy en las últimas semanas. Cuando en el mismo periodo de 2019 estaba en unos 1.200 dólares.

“El bajo aporte al Estado se debe a la medida que se tomó hace unos años de bajar la alícuota de la regalía aurífera para impedir el contrabando de oro boliviano a los países vecinos y favorecer a las cooperativas del sector. Se dijo que la alícuota de 2,5% sólo se aplicaría a yacimientos marginales operados en pequeña escala. Diez años después, todas las operaciones auríferas declaran que explotan oro de yacimientos marginales y en pequeña escala. Nadie paga la verdadera alícuota de 7%”, observó Córdova.

Actualmente, casi el 100% del oro extraído es declarado a nombre de alguna cooperativa; sin embargo, numerosos testimonios indican que, en la zona aurífera de La Paz, se ven empresas privadas haciendo las operaciones mineras.

De acuerdo con los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), al primer trimestre de 2020, el valor de las exportaciones de los minerales creció en 3%, comparado con igual fecha de 2019, impulsado principalmente por el aumento en la cotización del oro (ver gráfica).

También señala que el 41% de los principales exportados lo representó el oro; seguido del zinc con 31%; plata con 14%; estaño con el 7%, y otros con menor participación.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Pablo Poveda, precisó que en el primer trimestre de 2020 en relación a 2019, el volumen de exportación de minerales cayó en 11% de 406.732 a 360.201 toneladas, mientras que el valor creció en 3% de 946 millones a 976 millones de dólares.

“La caída del volumen se debe a la menor demanda del mercado mundial que afectó principalmente a la minería tradicional de zinc, plomo, estaño y plata. Estas caídas de la producción, acompañadas por la caída de precios el primer trimestre de 2020 en relación a los de 2019, se reflejaron también en el valor de las exportaciones polimetálicas”, indicó.

Mientras que el valor de venta de oro y plata se vieron incrementados, por el alza de precio que se dio durante los tres primeros meses del año, que llegó a compensar la caída en volumen y en valor del envío de minerales tradicionales.

Según Póveda, esto se da porque los inversores, frente a la caída de los precios de otras materias primas como el petróleo o el zinc, vuelcan sus inversiones a la producción de oro provocando el aumento de sus precios.

Otra razón para el aumento de la demanda del metal dorado se debe a su importante rol en la revolución industrial y la transición energética.

En el mundo los expertos señalan que en 2022 el precio del oro puede llegar a cotizar en unos 3.000 dólares la onza troy.

“Tomando en cuenta este escenario, la política para el oro debería convertirse en estratégica, es decir que, el Estado debería tener el control de la comercialización de oro, para mantenerlo como reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Las bajas regalías responden a favorecer a la producción marginal que está en manos de cooperativas”, enfatizó.

Sin embargo, pese a que la ley prohíbe la asociación con capitales privados y extranjeros, los cuentapropistas acuden a éstos para financiar la explotación de sus yacimientos, a cambio de más del 70% de su producción para el inversionista. “La política también debería corregir estas contradicciones de la Ley de Minería”, sugirió el investigador.

Morales: “El oro es un activo como cualquier otro”

“A pesar de que muchos expertos consideran al oro como una excelente inversión, si se examina la trayectoria de sus precios se verá que ha tenido fuertes fluctuaciones. Por ejemplo luego de la crisis internacional financiera, la onza troy cotizó a 1.800 dólares para bajar en los años siguientes a 1.200, lo que mostró que el oro es un activo como cualquier otro y que no siempre brilla”, consideró el expresidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales.

Aunque también indicó que sin duda, los inversores en los mercados bursátiles y de commodities anticiparon desde el primer trimestre de este año, una situación de crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.

Si bien el oro sigue siendo un activo de refugio en épocas de turbulencia, como se evidenció en abril y mayo, cuando su cotización mostró tendencia de subida, pero puede registrar a la baja en el caso de que las economías de los países industrializados se estabilicen.

“Siempre es muy difícil hacer pronósticos de precios futuros. Si los mercados se tranquilizan, el mejor pronóstico del precio para mañana es el precio de hoy”, analizó Morales.

Entretanto, según el investigador del CEDLA, Pablo Póveda, el oro se convierte en refugio de valor porque por sus propiedades naturales se convierte en dinero mundial, es la objetivación material de la energía humana que se consume en el proceso de de extracción del mineral..

“Las inversiones en oro también son una opción escogida frente a la caída de las tasas de interés bancarias, que caen debido a la inyección de dólares por la Reserva Federal para impedir que la actividad económica se detenga ante la emergencia sanitaria del COVID-19”, explicó.

Lea el artículo original: Página Siete

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