Webinar sobre Cambio Climático y Actividades Extractivas

América Latina lleva décadas apostándole a la explotación de minerales e hidrocarburos, entre otro tipo de proyectos extractivos, como motor de crecimiento económico y generación de renta. Este hecho, sumado al aumento de los precios de estos recursos naturales conllevó al avance de la frontera extractivista. Es decir, cada vez más territorios y comunidades se han visto asediados por proyectos mineros y petroleros que, además, utilizan tecnología más agresiva para el medio ambiente, la población y el clima, como la minería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la fracturación hidráulica.

Así, la puesta por este modelo de desarrollo ha implicado la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la disminución del agua disponible para la población y otras actividades, la deforestación y pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de poblaciones. Es decir, ha agravado tanto las causas como las consecuencias del cambio climático en la región. Ahora que desde 2011 los precios de algunos minerales han caído y que el petróleo se comenzó a desplomar en 2014, los países latinoamericanos se encuentran en una nueva disyuntiva ¿qué hacer para seguir generando ingresos para los Estados?

Pese a que esta situación puede representar una oportunidad para repensar el modelo e insertarnos en una ruta sostenible que asegure realmente el bienestar de la población, esta no es la dirección que los países han escogido. Su respuesta ha sido muy diferente: sumergirse en una carrera hacia el fondo, que incluye aumentar los volúmenes de producción, ocupar nuevos territorios y relajar la regulación social, ambiental y fiscal para facilitar la operación de los proyectos y hacerlos más rentables para las empresas.[1]

Es en este contexto que se produjo la aprobación del Acuerdo de París por parte de 195 países el pasado mes de diciembre, en el que se comprometieron a evitar un aumento de la temperatura global superior a 2°C e, idealmente, a 1.5°C. Entre otras medidas para lograrlo, el Panel Intergubernamental para Cambio Climático (IPCC) ha sido muy claro, 80% de las reservas de petróleo, gas y carbón deben quedarse bajo tierra, es decir, no deben ser explotadas. También implica la necesidad de implementar medidas para reducir emisiones provocadas por otras actividades que consumen grandes cantidades de energía y que suponen la deforestación y remoción de suelo, como la minería.

Obviamente, esto representa un reto para una región como la nuestra, con una elevada dependencia de la actividad extractiva, pues cumplir con el Acuerdo supone poner límites drásticos a la misma. Pero también representa una importante oportunidad para vincular mucho más dos temas que han estado, en la práctica de la política y los presupuestos públicos, separados: el cambio climático y el extractivismo. Ejemplo de ello es que, mientras se firman compromisos internacionales y se crean normativas nacionales para atender el calentamiento global, una buena parte de los ingresos de los países de la región proviene de la explotación minera y petrolera; como un reflejo de ello, montos importantes del presupuesto se van también al desarrollo de esta actividad. Mientras tanto, el gasto público dirigido a cambio climático que se ha podido detectar (pues aún existen importantes vacíos de información) es muy reducido y completamente insuficiente.[2]

Argentina atraviesa una situación de crisis energética resultado de un incremento de consumo energético basado en energía “barata” proveniente del petróleo crudo y del gas natural, ambos subsidiados por el Estado Nacional, así como también, como su importación. Los subsidios fueron una herramienta cortoplacista para compensar los atrasos tarifarios, la inflación y la falta de inversión los que fomentaron un uso poco racional de la energía. Este esquema resultó en un alto costo para la Administración Central que destinará en 2016, al menos, un 6% el presupuesto nacional a cuestiones energéticas.

Dentro de las partidas presupuestarias asociadas al sector energético, el 98% corresponden al financiamiento de energías provenientes de los hidrocarburos (petróleo y gas) y los subsidios[1] (Gráfico 1), los cuales son 130 veces superiores al monto que se destina en el sector energético a medidas para la generación limpia. Con el 1,13% de los fondos le sigue la energía nuclear, 0,46% la solar, 0,29% hidráulica y el resto conformado por carbón (0,01%), agroenergía (0,01%), eficiencia energética (0,11%) y eólica (0,0002%).

Pero no sólo son las partidas presupuestarias  favorecen a las industrias extractivas. Por ejemplo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) la entrega de la copia del acuerdo del proyecto de inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia de Neuquén (sospechado de contener cláusulas secretas con un elevados costo económico para el país[1]) , la Oficina Anticorrupción que la información solicitada está alcanzada por el régimen de excepciones.

En lo que atañe a la industria minera, las partidas presupuestarias vinculadas a la exploración minera un 0,016% del mismo se destina a actividades vinculadas. Sin embargo, la minería se caracteriza por tener un esquema impositivo con diversas exenciones, en pos de atraer inversiones. Además, recientemente se eliminaron los derechos de exportación del 5% a minerales metalíferos y no metalíferos basados en una escueta fundamentación y en un contexto de elevada conflictividad socio-ambiental (como el derrame de cianuro en la Provincia de San Juan) y los escasos esfuerzos para avanzar en la protección ambiental de las fuentes de agua a través de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y Ambiente Periglacial.

Con el objetivo de conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, la ley establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares (ING), indicando la prohibición de realizar determinadas actividades en tales zonas entre las cuales se incluye la exploración y explotación minera e hidrocarburíferas. De los 11 ING a realizarse, sólo se presentaron 5, mientras que se carece información de los restantes, que coinciden con las provincias de mayor conflictividad en su vinculación con la actividad minera.

Finalmente, las medidas y programas que proliferan en ambos sectores son respuesta a externalidades negativas en el corto plazo, como respuestas a coyunturas particulares como crisis energética o búsqueda de inversiones, sin considerar el mayor impacto ambiental a largo plazo.

Por su ubicación geográfica, Colombia ha sido uno de los países más afectados por los extremos cambios climatológicos. El fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011 fue uno de los más fuertes de su género, los registros de los organismos especializados confirmaron que Colombia junto con la India y Pakistán fueron los países más afectados en el planeta por dicho fenómeno natural[1] cuya valoración económica en daños alcanzó[2] los 11,2 billones de pesos colombianos, equivalentes a 6.052 millones de dólares[3]. Sumado a esto, fenómenos de sequía inducidos tanto por  las actividades humanas, como por factores naturales, generaron en el año 2014 la muerte de “más de  20 mil animales, entre chigüiros, babillas y vacas, en Paz de Ariporo (Casanare). Dicha tragedia fue atribuida por defensores ambientales y por la misma población a la intervención de las compañías petroleras como Pacific Rubiales, Geo Park, Cecolsa, Ecopetrol, Petrominerales, Parex y New Granada”[4].

Aumentos en la temperatura media y en los niveles de precipitación anual, son los nuevos escenarios de cambio climático 2011-2100 para el país. Así lo señaló el primer resultado de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y otros autores (2015). Frente a lo anterior, y teniendo en cuenta el histórico de perdidas económicas derivadas de fenómenos climáticos, Colombia ha presentado dentro de las llamadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDCs) y en las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en inglés), el desarrollo de planes, políticas, y proyectos; así como la identificación de alternativas y oportunidades de desarrollo bajo en carbono y medidas de adaptación al cambio climático.  No obstante, y de manera contradictoria el gobierno colombiano ha establecido en los últimos periodos de gobierno, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo (2010-2014/ 2014-2018[1])  la extracción y exportación de recursos naturales no renovables como uno de los pilares de la economía nacional, incorporando incluso la explotación de gas metano en depósitos de carbón a través de técnicas de extracción tan controvertidas como el Fracking.

La aplicación del Principio sobre Responsabilidades Comunes pero diferenciadas, contenido en la CMNUCC debe continuar aplicándose, y esto incluye a su vez el compromiso de países en desarrollo como Colombia de orientar sus economías hacia procesos limpios y sostenibles, si bien lograr esto requiere de apoyo financiero y tecnológico internacional, ningún avance podrá lograrse si los modelos económicos, políticos e ideológicos se mantienen como hasta ahora. El poder acceder a los recursos financieros internacionales movilizados por el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en ingles) representa para Colombia una gran oportunidad para cambiar los paradigmas de desarrollo dependientes de los combustibles fósiles y acceder a los recursos necesarios para implementar no solo medidas de mitigación que permitan lograr el compromiso internacional de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030, sino también las medidas necesarias de adaptación al cambio climático, especialmente teniendo en cuenta que “mas del 48% de la población se encuentra ubicada en zonas de amenaza por inundaciones y  que cerca del 37% del territorio nacional podría enfrentar riesgos de desabastecimiento de agua en periodos secos”[2].

En Colombia, el precepto de desarrollo sostenible bajo una visión multisectorial continúa siendo un proceso que genera gran oposición por parte de algunos sectores de la economía, especialmente el sector minero-energético; Sin embargo, es necesario asumir una posición rigurosa pero participativa, que permita dirigir en una sola dirección los recursos financieros tanto nacionales como internacionales que ya están siendo destinados para afrontar la lucha contra el cambio climático.

A nivel mundial, la energía derivada de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) es la principal fuente de contaminantes que contribuyen con el aumento de la temperatura del planeta debido a las emisiones de gases efecto invernadero.

Es importante mencionar que en diciembre pasado, representantes de todo el mundo se dieron cita en París para acordar un nuevo régimen climático que limitara elevar la temperatura en 2°C a fin de siglo. El denominado Acuerdo de París es un espacio en que todos los gobiernos del orbe realzan la urgencia y necesidad de restringir el calentamiento global en base a distintas medidas que contribuyan a este fin, incluyendo con esto, a un llamado a dejar de utilizar las energías sucias como motor de crecimiento.

Lamentablemente cuando volvemos a la realidad local y analizamos cómo podemos contrarrestar el calentamiento global, y la forma de responder al inminente cambio climático -que ya estamos percibiendo- es evidente la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo que se lleva adelante. Entramos allí en una discusión del paradigma que impera hoy en Chile, sabiendo que nuestros denominados recursos naturales y las industrias asociadas a ellos -como la minería, pesquera, forestal y celulosa especialmente- son la base de nuestro crecimiento económico. Y que al mismo tiempo, son recursos limitados que son extraídos sin dejar espacio para la regeneración (algunos directamente no se regeneran a escala humana, como los minerales); y además, son las industrias que más energía y electricidad consumen comparado con otros sectores.

En Chile, a diferencia de otros países de América Latina, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) corresponde al sector energía. Cuando hablamos de cambio climático y emisión de GEI, las estadísticas del Ministerio de Medio Ambienteindican que el sector energía emite el 74,7% de estos gases, principalmente mediante el consumo de combustibles fósiles (carbón y petróleo para la generación eléctrica). Esto demuestra que nuestra matriz energética y eléctrica es muy sucia.

Por otra parte, las cifras de Balance Nacional de Energía, para el consumo final nos muestran que el 16% de toda la energía del país la consume solamente la industria minera, mismo porcentaje que ostenta el consumo residencial a nivel nacional. Si asociamos el consumo de energía utilizado por el área de transporte usado en la minería, se traduce en que esta industria utiliza el 20% de la matriz energética. Y si sumamos el consumo eléctrico minero, el porcentaje aumenta al 32%.

Al analizar las estadísticas con el fin de relacionar la minería como la principal industria extractiva en Chile, y su consumo de energía -incluyendo la electricidad-, nos damos cuenta que este tipo de industrias son muy dañinas, no solo por su impacto directo en el consumo y contaminación del agua; pérdida de biodiversidad, impacto en las comunidades o injusta distribución de riqueza, sino que también tiene estrecha relación con las emisiones de gases efecto invernadero en un país como el nuestro, al ser uno de los sectores que más energía consume.

El extractivismo no sólo es minería, sin embargo, la minería es un motor importante en Chile, ya que representa el 56,8% de las exportaciones. Sólo a modo de ejercicio, el país cuenta con el 30% de las reservas de cobre del mundo y se nos ha hecho creer por largo tiempo que el cobre es el sueldo de Chile. No obstante, del total de las arcas fiscales, las empresas mineras solo aportan al Fisco un 8,9% al año 2014. Lejos de ser un aporte mayoritario en contradicción con el impulso a todo nivel que se le otorga a esta industria.

El problema que tiene el extractivismo es que no considera que estamos viviendo en un planeta con recursos finitos, y que extraerlos sin capacidad de regeneración, nos ha llevado a la actual crisis ambiental que vivimos. Situación agudizada por el evidente calentamiento global y sus efectos, como la redistribución de las precipitaciones (sequía, desertificación e inundaciones), derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, migraciones forzadas, solo por nombrar algunas. Y a esto hay que agregar el hecho de que el extractivismo demanda mucha energía, la que está asociada a energía sucia proveniente de combustibles fósiles.

Seguir profundizando un modelo extractivista en un planeta finito no es más que continuar cavando nuestra propia extinción como especie. Eternizar la visión sobre que el sector minero es una salvación para los ingresos fiscales -sin considerar que estamos sometidos al vaivén de los precios internacionales de los metales o que tampoco existe una adecuada redistribución de la riqueza que genera esta industria-, no hace más que incentivar una discusión que busque migrar hacia otro modelo de desarrollo, una alternativa menos contaminante, que consuma menos energía y que finalmente sea más equitativa.

Guatemala ha ido incrementado con el paso de las décadas las emisiones de gases de efecto invernadero, producto del crecimiento urbanístico, del modelo agrícola monocultivista intensivo y extensivo, y recientemente el modelo extractivista que responde a la tendencia mundial de cambio de matriz energética, con lo cual ha ido impulsándose en el país la producción de agro-combustibles por encima de la producción de alimentos. Asimismo, los patrones de consumo impuestos por la llamada globalización, hacen que las emisiones de CO2 se incrementen paulatinamente.

Del año 1971 hasta el 2011, la emisión de CO2 en el país se incrementó en 8.15 millones de toneladas métricas, es decir en tan solo 4 décadas el país aumentó dicha emisión de gas de efecto invernadero en un 356%, cifra alarmante que ha generado un incremento de la temperatura en el país, según el Banco Mundial de 0.2°C por década.

Guatemala se ubica entre los cinco primeros países del mundo más afectados por las inundaciones, los huracanes y los terremotos, con el 40,8 por ciento de la población expuesta a cinco o más amenazas simultáneamente.

Además, debe señalarse que más de la mitad de la población  vive en zonas rurales, de la cual el 70% vive en condiciones de pobreza, siendo en su mayoría población indígena. Las condiciones de desigualdad económico-social profundizan aún más los efectos del cambio climático, haciendo a la población rural, indígena y campesina la más vulnerable al cambio climático y los desastres naturales frecuentes que afectan al país. Según el Banco Mundial (2014) “Como resultado de la deforestación generalizada y la degradación de las tierras, la tala y quema en la agricultura y la sobreexplotación de los recursos hídricos de subsistencia, los guatemaltecos dependen de recursos naturales degradados y de tierras de baja productividad, lo que lleva a un aumento de la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad.

Aunado a lo anterior, es de mencionar que la industria extractiva,  de la forma cómo se realiza en la actualidad, atenta contra la  riqueza natural del país, impacta las condiciones excepcionales de biodiversidad, coloca en peligro los recursos hídricos y el entorno ambiental en donde se desarrolla. En particular, la minería a cielo abierto vulnera el derecho a la tierra y al territorio de muchas comunidades rurales y profundiza el riesgo ante el cambio climático.

A nivel social, la degradación ambiental  profundiza las desigualdades y empeora las condiciones de pobreza en que vive la población rural.

Como parte del impulso del modelo de desarrollo extractivista, se permite la expansión territorial de empresas extranjeras y nacionales, sin importarles  la posición de los habitantes de pueblos indígenas y mestizos de las consecuencias ambientales en donde tienen lugar las actividades extractivas.

Al realizar un análisis de los impacto socio-ecológico de los proyectos mineros, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente  IARNA afirmó “la industria minera no es la mejor opción para los territorios en los que se desarrolla ya que: i) la actividad no ocurre en el marco de un plan nacional de ordenamiento territorial que la identifica como la mejor opción socio-ambiental, ii) no existe un marco legal que privilegie y garantice la defensa de los intereses nacionales sobre los intereses empresariales, y iii) no ocurre con base en acuerdos claros con las autoridades locales y las comunidades establecidas en los territorios mineros”. (URL/IARNA, 2009:216)

Finalmente, es importante mencionar que la situación se torna cada vez más alarmante, mientras tanto se criminaliza, reprime y controla a la población principalmente indígena que busca defender su territorio, su capacidad de acción se ve restringida por las condiciones de precariedad, donde prevalece el hambre, desnutrición, falta de acceso a servicios básicos, en la  mayoría del área rural. La respuesta del Estado-gobierno, se da por medio de programas asistencialistas y clientelares, como lo ha sido el denominado Pacto Hambre Cero.

Ministros de Estado, funcionarios públicos, representantes de las empresas mineras y petroleras más grandes del mundo junto a sociedad civil de los cincos continentes, se dieron cita en Lima el febrero pasado para participar de la VII Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés. El EITI tiene como objetivo vigilar la rendición de cuentas del Estado y las empresas del sector extractivo de lo reciben y entregan, respectivamente.

Durante este encuentro, en el plano nacional, se presentó el V Informe de Conciliación Nacional de Perú  y los avances las comisiones EITI regionales en Piura y Moquegua sobre cómo fortalecer la rendición de cuentas de los recursos económicos que reciben los gobiernos regionales, municipalidades y universidades por las actividades extractivas ejecutadas en sus jurisdicciones. Esta experiencia busca contribuir con la mejora de la transparencia en los flujos de pagos tributarios (impuesto a la renta) y no tributarios (regalías y canon) de las empresas extractivas.

En el ámbito global, la atención estuvo en la elección de los nuevos representantes de los tres sectores en el Board del EITI. La independencia de la sociedad civil corrió un grave riesgo. Al final,  los otros sectores del EITI (estado y empresas) respetaron la representación de la sociedad civil, pero queda el sinsabor de que se pretendió debilitarla.

Otro elemento en juego fue atajar las corrientes de opinión que buscaban disminuir el estándar actual del EITI aprobado en Sidney (2013). Dicho estándar obliga que se presente información desagregada –empresa por empresa–de los pagos significativos entregados a los gobiernos para la elaboración de los reportes EITI de cada país. Hasta el momento hay algunos desacuerdos en este punto.

Asimismo, la demanda de incorporar mayor información en los informes EITI que mejore las condiciones de las poblaciones que viven en territorios donde se producen actividades extractivas también estuvo entre las propuestas desde la sociedad civil nacional e internacional. Incorporar una  dimensión social y ambiental dentro del EITI ya lo han realizado de manera voluntaria Colombia, Mongolia, Filipinas, Liberia, Noruega, lo que podría ser replicado en otros países.

Se trata de que los Informes EITI contengan información sobre el cumplimiento de los compromisos de las empresas en los estudios de impacto ambiental; sus gastos por permisos, licencias y derechos; al igual que los pagos para monitorear, remediar, rehabilitar y mitigar los impactos ambientales de los proyectos. Además, también se podría incluir información sobre las líneas de base y los procesos de fiscalización ambiental. Esto reflejaría el compromiso de las empresas para promover inversiones más sostenibles.

En un contexto donde es necesario implementar medidas para mitigar y adaptarnos al cambio climático, debates como este son importantes pues guarda estrecha relación con la gestión ambiental. Urge modificar el uso de energías fósiles por renovables. No obstante, diversos países fomentan normas que aceleran inversiones, sobre todo en hidrocarburos y minería, sin mecanismos de transparencia y participación adecuados, flexibilizando los estándares socio-ambientales. Por ejemplo, en mayo de 2015 en Perú, se aprobó la última norma (cuarto paquetazo) que pone en riesgo la elaboración de los estudios de impacto ambiental y los territorios indígenas. Con ello, se demuestra la dualidad discursiva en los compromisos sobre el cambio climático versus la agresiva apuesta por las industrias extractivas.

Debido a la importancia de este tema, algunos países impulsan la incorporación de información referida al cambio climático en alianzas de transparencia como el EITI, pues los actuales procesos de construcción y de implementación de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) de cada país, deben contener adecuados canales de acceso a la información y participación de la población para que sean legítimos y cuenten con el debido respaldo.

La Conferencia Global permitió discutir el actual panorama de las industrias extractivas e incorporar temas importantes en el sector, como los aspectos ambientales y sociales, siendo aún un pendiente. El sector extractivo gana más transparentando más información: genera mayor confianza y consentimiento de la población cuando da a conocer los reales impactos de los proyectos, de tal manera las poblaciones afectadas puedan ser partícipes de estas decisiones y de los beneficios.

El Acuerdo de París abre una nueva dimensión a los esfuerzos en materia de transparencia alrededor de las industrias extractivas. Desde el día en que se firmó, en diciembre del 2015, contar con datos completos y la divulgación sobre los activos y producción de combustibles fósiles se volvió un asunto global.

La lógica es simple. El cambio climático es un problema global. Solo hay un número que cuenta –las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera alrededor del planeta. Cualquiera que sea tu opinión sobre los detalles del Acuerdo de París, lo relevante es que éste ha establecido un proceso firmado por 195 jefes de Estado y gobierno, en el que se fijan una meta y un presupuesto de carbono en común.

Bajo ese presupuesto, menos de la mitad de los combustibles fósiles ya descubiertos y “probados” como reservas pueden ser producidos. Entonces, ¿quién puede producir los hidrocarburos restantes y de quién serán los activos obsoletos? Esto será la madre de todas las negociaciones multilaterales –países, compañías y activistas, todos están buscando arreglos que vayan más allá de las fronteras nacionales.

Y – ya que necesitamos información independiente para verificar datos sobre activos, producción y emisiones- ahora la transparencia no sirve solamente a los intereses de ciudadanos de un Estado Nación individual sino, de hecho, sirven al mundo entero.

La racionalidad y justificación detrás de los esfuerzos alrededor de la transparencia en los aproximadamente 20 años en que ha existido como norma internacional, han estado basadas en derechos nacionales de ciudadanos. Debido a que por ley los ciudadanos de cada país en el mundo (con la notable excepción de Estados Unidos) son dueños de los recursos del subsuelo, el argumento de la transparencia ha sido que los ciudadanos merecen acceso completo a la información y análisis sobre los recursos naturales, tal como si fueran accionistas de una compañía. Ha sido difícil lograr esto en la práctica –por ejemplo, es reciente el logro para modelar y predecir qué tipo de flujos de ingresos de estos proyectos deberían llegar al tesoro público. Pero ha servido como empuje legítimo para campañas de transparencia: la necesidad de que cada Estado sirva a su ciudadanía y proteja sus intereses en cualquier acuerdo con compañías multinacionales.

Pero ahora, de repente, la misma información y análisis necesita servir a una política global.

Tomemos la industria del carbón como ejemplo. Necesita ser abandonada tan pronto como sea posible. Pero, ¿será realista que países como India y China, o Indonesia y Mozambique, acepten limitaciones en su toma soberana de decisiones, y abandonen su industria del carbón, si no ven que los productores de carbón de los países ricos – EUA, Australia y Alemania- se mueven primero? Y si se necesita ese tipo de secuencia para asegurar la justicia económica, ¿cómo vamos a asegurar que los acuerdos se cumplan, a menos que se cuente con datos y mediciones en cada etapa del proceso disponibles a nivel global, para una audiencia global?

En OpenOil creemos que el cambio climático es sólo el primer límite planetario que requerirá de un manejo global – y por lo tanto marcos de datos abiertos- de recursos naturales. El uso de la tierra, agua y biodiversidad le siguen de cerca. Todos son casos en los que vamos a necesitar manejar los recursos naturales como una comunidad global. Por lejano que parezca ahora, al final no habrá otra alternativa que un genuino “desarrollo sustentable”.

La presentación tuvo por finalidad exponer los retos que la atención al cambio climático representa en una región como la latinoamericana en la que durante las últimas décadas se ha impulsado la explotación de minerales e hidrocarburos como modelo de crecimiento económico y generación de renta pública.

Esta actividad supone impactos sociales, ambientales y climáticos incompatibles con el desarrollo sostenible y la mitigación y adaptación al calentamiento global. De esta manera, es necesario que las políticas de cambio climático se vinculen con las políticas extractivas y que se tomen medidas integrales para atender esta problemática, que pasen por la construcción e impulso de alternativas económicas, fiscales y sociales al extractivismo. El financiamiento internacional y nacional en materia de cambio climático debe, por tanto, alinearse a este objetivo y promover acciones encaminadas en esta dirección. En todo ello, el acceso a la información y la participación y propuestas desde los territorios, los pueblos y las comunidades son clave. Para que esto sea posible, deben establecerse medidas de protección de las y los defensores territoriales y de derechos humanos que puedan actuar en condiciones de seguridad.

Señaló que algunas de las acciones adoptadas para la mitigación al cambio climático son el fomento de proyectos hidroeléctricos y la producción de agrocombustibles. Estas acciones provocan actualmente crisis sociales y ambientales en las zonas de implementación por las cuestionables concesiones otorgadas en cuanto a procedimiento, violaciones a los Derechos Humanos y efectos negativos en el ambiente. Se suma como políticas de prioridad nacional para el desarrollo, la promoción de proyectos mineros y zonas de desarrollo que buscan la concentración y sobre explotación de los bienes naturales en detrimento de las condiciones socioambientales de las poblaciones.

Señaló que esto se ha visto reflejado en la voluntad del actual gobierno por incluir el combate al cambio climático dentro de la política pública ecuatoriana, pero sin dejar de lado de la ampliación de la frontera petrolera y minera, con el objetivo de incrementar los recursos económicos provenientes de la extracción de petróleo y minerales. El ejemplo más claro de esta disyuntiva es la finalización de la iniciativa Yasuní ITT, y la decisión de extraer las reservas petroleras del Parque Nacional Yasuní.

Desde la sociedad civil, podemos marcar claramente dos posiciones conceptuales, uno reformista de mejoras o correcciones del modelo (la gestión ambiental, bajo un enfoque de derechos, impulsando la matriz productiva o energética, etc.) u otra mas cuestionadora del modelo de desarrollo (bajo el buen vivir, derechos de la naturaleza, etc.). Ninguna de estas visiones o estrategias son contradictorias sino complementarias para generar cambios y asumir retos como por ejemplo, conectar la discusión climática como movimientos urbanos (ciclistas, jóvenes) o el sector privado (energías renovables, residuos solidos). El lenguaje climático debe convertirse en políticas publicas, y las INDC Contribuciones Nacionales que después del 2020, serán mas que vinculantes, son una ruta a seguir, pero no la única.

Asimismo, mencionó la relevancia de las actividades que se impulsan desde el GFLAC, al analizar estos temas desde la perspectiva del financiamiento como eje transversal en búsqueda de un mejor uso del financiamiento y que éste se dirija a sectores prioritarios en el marco de un desarrollo de bajo carbono y resiliente al clima, con respeto a los derechos humanos y promoviendo la sustentabilidad. Resaltó el trabajo que se ha realizado en conjunto organizaciones que son parte del GFLAC, tal es el caso de todas las que participaron en el seminario.

Los pasados 14 y 15 de marzo se celebro el foro global del Grupo de Expertos en Cambio Climático organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE). Este espacio tiene como objetivo crear un foro de convergencia y colaboración informal para facilitar el proceso de las negociaciones internacionales, apoyando las discusiones mediante insumos técnicos. Este año el foro se centró en la importancia del marco de transparencia creado en el Acuerdo de Paris, representado en su artículo 13.

El marco de transparencia para la acción y para los medios de implementación, fue sin duda uno de los avances más significativos derivados del Acuerdo de Paris. Los países han manifestado que una cooperación más óptima requiere en buena medida del fortalecimiento de los lazos de confianza entre las partes. En este sentido, en el Foro se discutieron 3 aspectos principalmente: 1) ¿Cuáles serán los siguientes pasos para la implementación del marco de transparencia, no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional?; 2) ¿Cómo se usará el marco de transparencia para la acción y para los medios de implementación en particular para el caso de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs)?; y 3) ¿Quién será responsable de establecer los lineamientos para la implementación de dicho marco de transparencia?

Una de los aspectos más significativos en el marco de transparencia es la creación de mecanismos de medición, reporte y verificación, no sólo para la acción, es decir, para medir el avance de las medidas de adaptación y mitigación, sino también para los medios de implementación, es decir, para medir el apoyo provisto a través del financiamiento, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades. Esto para tener mejor conocimiento sobre lo que se ha hecho, lo que se necesita y lo que falta, y con ello cerrar las brechas para mejorar y hacer más eficiente la acción.

En el GFLAC se realizaron estudios de 31 INDCs de América Latina y el Caribe demostrando que muy pocos países realimente integraron compromisos y/o necesidades de financiamiento, lo que no permite conocer como se visualiza su implementación[1].

El GFLAC en colaboración con sus aliados y miembros, realizaron una evaluación del marco de transparencia, rendición de cuentas y participación de las INDCs[2], concluyendo que muy poco países realmente pusieron en marcha estos espacios de convergencia multi-actor, para garantizar no sólo una amplia integración de actividades, sino también porque la sociedad juega un rol fundamental en el seguimiento y apoyo en el cumplimiento de acciones.

El 15 y 16 de marzo la OECD organizó una sesión más de su Grupo de Expertos de Cambio Climático (CCXG), una iniciativa que reúne a delegados gubernamentales, representantes de organismos no gubernamentales, de la academia y expertos para mantener un diálogo informal sobre el avance político o técnico de las discusiones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés).

En esta ocasión se deliberó sobre el marco de transparencia que el artículo 13 del Acuerdo de París adoptado en la COP21 creará y las maneras en la que este marco podrá mejorar el entendimiento del apoyo recibido y provisto tanto por países desarrollados como por países en desarrollo y de la acción en mitigación y adaptación que los países reportarán en persecución de sus contribuciones nacionalmente determinadas.

En mi capacidad personal, participé como co-facilitador de la sesión que se concentró en la transparencia de apoyo provisto y recibido, en donde los delegados dieron sus aportes sobre cómo el marco de transparencia ayudaría a mejorar la granularidad y claridad de los datos que los países presentan en la actualidad, sea a través de sus comunicaciones nacionales, reportes bienales o reportes bienales de actualización.

Las discusiones sobre financiamiento durante estos dos días de taller llevaron a conclusiones sobre la información y la manera en la que se reporta frente a objetivos globales que tendrán que alcanzarse bajo el Acuerdo de París.  Este diálogo debe ayudar a que los países en desarrollo participantes puedan identificar pendientes y puntos críticos relacionados a las negociaciones que se vendrán para ellos desde este año hasta 2020. Al respecto, intentaré esbozar algunos de los retos pendientes en relación a las negociaciones sobre financiamiento bajo la UNFCCC.

La COP21 reiteró el compromiso de países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares anuales hasta 2025 en línea con las necesidades y prioridades de países en desarrollo, procurando mantener un balance entre adaptación y mitigación y con una reconsideración de este valor después de 2025 informado por el proceso de balance global que el artículo 14 del Acuerdo establece.

Sin embargo, alcanzar estos objetivos ideales de transparencia, de conmensurabilidad en los datos reportados tanto desde el lado de la provisión como del lado de la recepción y que los flujos financieros puedan informarse y estar en línea con prioridades y necesidades más que con rentabilidad o con tendencias de mercado es un reto que depende en gran parte del avance de las negociaciones pendientes para la implementación del Acuerdo y para esto, es importante que los países en desarrollo estén conscientes de que el Acuerdo de París no representa una culminación del trabajo relacionado a financiamiento por haber acordado que los países desarrollados continuarán proveyendo de recursos financieros a los países en desarrollo en continuación de sus compromisos bajo la Convención (art 9.1 del AP). De hecho, hay muchos detalles por definir en el periodo antes de 2020 que los países deben seguir muy de cerca y que deben mantenerse como prioridades en la negociación.

La mayoría de estos pendientes tienen que ver con el “cómo” de las decisiones y acuerdos de la COP21 y que serán encargados al APA (Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo de París) para definir modalidades y detalles técnicos. Un caso claro es que para la COP22 se deberá haber iniciado un proceso para identificar la información que los países desarrollados presentarán bienalmente en relación a  información cuantitativa y cualitativa de los recursos financieros provistos y proyectados.

Para esto, es importante que los países en desarrollo estén familiarizados con las guías, formatos tabulares y metodologías que se utilizan en la generación de los reportes de países desarrollados, lo cual es en sí extraordinario desde el punto de vista técnico y no será el caso de muchos a menos de que se priorice el “bigger picture” y se dedique técnicos a realizar estos análisis. De lo contrario, esta información será acordada por países desarrollados solamente y criticada después, cuando la oportunidad de influir directamente sobre ella se haya ido.

Otra arista de trabajo para operacionalizar las provisiones financieras del AP, y en muchos aspectos también una negociación técnica, será la relacionada a las modalidades, proceso y lineamientos para cuantificar los flujos financieros movilizados por intervenciones públicas. Este ha sido desde 2009 uno de los retos más grandes para contabilizar el progreso hacia el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares anuales y la diferencia conceptual más grande entre la “movilización” y la “provisión”. Lo cierto es que existen diferencias de opinión sobre la causalidad y la atribución que se le puede dar a un país cuando un programa de desarrollo de capacidades ayuda a generar un sistema nacional de coordinación con el sector privado interno que causa una movilización de flujos hacia cambio climático y es esencial que los países también realicen un análisis consciente de lo que esto implica para la contabilidad internacional frente a los resultados que ellos presenten sobre su contribución nacionalmente determinada.

Otro pendiente adicional, pero probablemente el más completo y “macro” sobre el tema financiero son también la adopción de modalidades, procedimientos y lineamientos para el marco de transparencia de acción y soporte incluyendo los tipos de flexibilidad que se concederán a países en desarrollo (que está directamente relacionado a la diferenciación en la rigurosidad de reporte que tendrán que presentar) y las consistencias metodológicas entre las contribuciones nacionalmente determinadas y las metodologías par reportar el progreso de acciones.

Entre la bifurcación caricaturizada que suelen hacer los delegados entre temas “técnicos” y “políticos” creo que es importante que los países en desarrollo se den cuenta de la importancia política que tiene que estas discusiones tengan un sustento y una fuerza técnica. Será ahora (entre 2016 y 2020) más importante que nunca que los insumos técnicos apropiados se envíen al proceso de negociaciones o que sean los técnicos en sí, con la familiaridad de las capacidades de cálculo o reporte de cada país los que puedan mantener una discusión informal sobre la mejor manera de acomodar estas nuevas modalidades.

Si bien algo en lo que los países en desarrollo han tenido mayor debilidad es en su capacidad para coordinar posiciones conjuntas antes de sesiones de la UNFCCC ahora es el momento en el que este ejercicio debe realizarse con más urgencia.

Es importante despolitizar el proceso de ideas caricaturizadas o simplistas como “los países en desarrollo deben tener toda la flexibilidad de decidir cómo reportan y no tener formatos homologados” porque este es un incentivo para que no se creen capacidades y se realicen trabajos mediante consultorías de corta duración cuando en realidad la discusión debe ahora profundizar en detalles que ayuden a identificar estos puntos comunes y desarrollarlos para canalizar la cooperación de una manera más focalizada y efectiva. Sin esta seriedad, los países en desarrollo seguirán siendo llevados por una marea de pasividad o de sobre simplificación de un proceso que representa ahora un gran reto para el régimen climático.

Durante el 3 y 4 de Marzo de este año se llevó a cabo el IV Diálogo Regional de Finanzas del Clima de Latinoamérica y el Caribe (LAC) en Asunción, Paraguay.  Asunción reunió este año representantes de ministerios de Medio Ambiente, Finanzas y Planeación de varios países de LAC; así como expertos en diferentes áreas de financiamiento climático que actualmente desarrollan trabajo en la región.

Esta versión del dialogo permitió reflexionar sobre los resultados obtenidos en cuanto a financiamiento en el reciente acuerdo histórico alcanzado en Paris y sus implicaciones para LAC. Tres áreas fueron centro de discusión: rastreo de flujos actuales de financiamiento en la región, oportunidades y desafíos que se abren luego del acuerdo de Paris, y enfoques para avanzar en la movilización e implementación efectiva de recursos públicos y privados en el contexto de cada país.

En la primera área, varios ejercicios se están realizando en la región, estos indican que el financiamiento climático se ha enfocado primordialmente en temas de mitigación, en particular en el área forestal; por otra parte existen vacios importantes en cuanto a la adaptación, área que en 2014 capturó alrededor del 17% del total de fondos según la CELAC. A nivel de país, existe una tendencia a la inclusión de financiamiento climático en los presupuestos nacionales y a la creación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento; sin embargo, en la mayoría de los casos estos sistemas se encuentran aun en etapas iniciales.

Segundo, dos puntos destacan como clave para aprovechar las oportunidades que se abren frente a la transición ya imparable hacia un desarrollo limpio y resiliente: la integración de las agendas de cambio climático (INDCs) con la agenda de objetivos de desarrollo sostenible (ODS); así como el avance en la definición de planes concretos de inversión para la implementación de estas agendas y el apalancamiento de financiamiento privado. De avanzar en estos puntos los países de la región estarían en una posición ventajosa para la atracción de inversión y fondos internacionales de financiamiento climático.

En particular, el desarrollo de planes de inversión podría ayudar a generar una discusión más sofisticada con actores clave como los Ministerios de Finanza, una preocupación recurrente entre los participantes del dialogo este año. Además podría dar un marco  de trabajo para introducir el manejo de riesgos climáticos a lo largo de las inversiones nacionales, un tema de prioridad en las agendas de los países de la región en términos de los impactos de eventos climáticos, así como de seguridad energética y económica.

Esta cita anual de los países de la región ofrece un espacio de gran valor para el intercambio de experiencias entre los países de la LAC. Varios países se encuentran en diferentes etapas en la transformación hacia un desarrollo limpio y resiliente, aprender y avanzar en este proceso de manera conjunta será clave para maximizar el potencial de los países de la región en cuanto a la movilización de financiamiento climático y asegurar el cumplimiento decidido del acuerdo de Paris.