Foro Nacional por Colombia – Capítulo Región Central

Luego de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, quien tuvo como una de sus banderas políticas el impulso de la transición energética justa, la reducción de las emisiones, la descarbonización de la economía y la protección ambiental, en una apretada votación de segunda vuelta se impuso, por una diferencia menor a un punto porcentual, el abogado de ultra derecha, Abelardo De la Espriella, frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, quien le daría continuidad a los programas del expresidente Petro.

De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, fue electo con un programa de gobierno que propone, en asuntos ambientales y minero energéticos, hacer un tránsito de un ambientalismo “restrictivo y declarativo» hacia uno «productivo y regenerativo» que buscaría incentivar la generación de riqueza a través del uso de la biodiversidad en equilibrio con su protección y restauración (Defensores de la Patria, 2026). Este modelo de gestión ambiental esta consignado en un plan denominado “Agua, biodiversidad y comunidades (ABC). Bioeconomía, legalidad y prosperidad para Colombia: del desarrollo sostenible al desarrollo regenerativo”, en el que se reconocen diversas problemáticas, se exalta el valor del agua, pero donde se plantea enfáticamente promover el desarrollo de proyectos mineros, agropecuarios y energéticos de gran escala, centralizar el control de los recursos naturales para tranzarlos en mercados internacionales sin dar mención clara a las medidas de protección territorial, de inclusión comunitaria y garantía de derechos.

Las primeras señales del gobierno electo y de su equipo de empalme apuntan a una reconfiguración del modelo de gobernanza ambiental y minero-energética que coincide con la tendencia regional que preocupa a la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) y que están experimentando Argentina, Chile, Bolivia y Perú: el repliegue de garantías sociales, ambientales y étnicas para atraer otras inversiones extranjeras, ampliar la frontera extractiva, intensificar el modelo y abastecer la demanda internacional de minerales e hidrocarburos.

Para analizar este fenómeno, se revisarán las apuestas de flexibilización y desregulación que propone este nuevo gobierno, las medidas para intensificar el modelo extractivo, y las nulas iniciativas para avanzar en la transición energética del país.

1. Flexibilización y desregulación social y ambiental.

En relación con esta tendencia que esta experimentando América Latina con leyes y decisiones como la polémica reforma a la Ley de Glaciares en Argentina, la desaparición del ministerio de ambiente en Bolivia o la anulación de 43 decretos ambientales en Chile, el nuevo presidente de Colombia ya ha señalado su intención de simplificar y agilizar los permisos ambientales y el mecanismo de consulta previa. El equipo de transición ya prepara cerca de 90 decretos para los primeros días de gobierno donde se haría una revisión integral de los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa dentro de una estrategia de desregulación (Valora Analitik, 2026).

Esto podría generar un debilitamiento en los procedimientos de estudio y verificación de las condiciones técnicas, ambientales y sociales para avalar diferentes tipos de proyectos de infraestructura, energía, minería e hidrocarburos, y una trasgresión al derecho fundamental de los grupos étnicos a participar y tener un diálogo intercultural previo a la toma de decisiones y aprobación de proyectos que afecten su territorio y su cultura.

1.1 De garantía comunitaria a trámite estatal: el giro de enfoque

El programa de gobierno de De la Espriella ofrece «protección jurídica y seguridad total» a inversionistas y promete «agilizar» los trámites de consulta previa, en particular para proyectos de transmisión energética (La Silla Vacía, 2026a). Ese compromiso se concretó en el documento programático ABC del Milagro Ambiental, que anuncia un «Plan de Destrabe Ambiental» para simplificar y agilizar permisos ambientales y consultas previas mediante «plazos máximos claros, ventanillas únicas efectivas y procedimientos predecibles» (Defensores de la Patria, 2026).

Actualmente, la consulta previa posee unos tiempos estimados para realizarse de 30 días a cuatro meses en los casos más simples, aunque, en la práctica, se extienden en algunos casos cuando hay conflictos fuertes, muchas comunidades o temas por acordar. Al respecto, el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, biólogo marino y exdirector de Conservación Internacional Colombia, ha planteado que los tiempos actuales para surtir la consulta previa son un «mecanismo extorsivo» que el Estado debe asumir y no los promotores de los proyectos (La FM, 2026), enfatizando que la consulta previa debe ser liderada directamente por el Gobierno y no las empresas proponentes puesto que la delegación de esta responsabilidad en las empresas ha permitido interpretaciones discrecionales, retrasos y la proliferación de nuevas comunidades durante los procesos (Cambio, 2026; HSB Noticias, 2026).

Estas alusiones plantean algunas preocupaciones. Primero, la ambigüedad sobre si «agilizar» implica acortar los plazos legales vigentes o si se trata de mejorar la gestión sin sacrificar el estándar de participación (La Silla Vacía, 2026b). Segundo, el riesgo de que la simplificación afiance una lógica transaccional de la consulta (aprobación comunitaria a cambio de prebendas o desembolsos sin beneficio colectivo) cuando el proyecto ya está definido, en lugar de un diálogo intercultural que incorpore a las comunidades desde el diseño y este orientado a generar beneficios colectivos a largo plazo. Tercero, la posibilidad de que el Estado se haga cargo de las consultas previas puede implicar un conflicto de intereses al Estado, puesto que puede quedar atrapado en un doble rol como promotor de proyectos estratégicos y garante de los derechos de los pueblos étnicos, restando credibilidad a la posible neutralidad de la entidad estatal que asuma proceso.

Adicionalmente, estas apuestas enfrentan un reto normativo y jurisprudencial, ya que la consulta previa no es un trámite administrativo discrecional, sino un derecho fundamental, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, y en el artículo 330 de la Constitución Política (Corte Constitucional de Colombia, 1997), que ha evolucionado a través de Sentencias Constitucionales. Por ejemplo, la Sentencia de Unificación SU-039 de 1997 precisó que las consultas tienen el objetivo de dotar a las comunidades de conocimiento pleno sobre los proyectos que las afectan directamente, ilustrarlas sobre los posibles impactos en su cohesión social, cultural, económica y política, y brindarles la oportunidad de pronunciarse libremente antes de la adopción de cualquier medida. Posteriormente, la Sentencia SU-123 de 2018 diferenció una escala de participación según la intensidad de la afectación (participación, consulta o consentimiento libre, previo e informado) que exige un análisis detallado caso a caso. Este marco jurisprudencial, que protege este derecho fundamental, hace incompatible reducir o acortar los plazos de un procedimiento que involucra una multiplicidad de derechos y problemáticas complejas que difícilmente van a ser abordadas correcta y adecuadamente en pocas semanas. Una reforma de esas características corre el riesgo de multiplicar y escalar los conflictos socioambientales en torno a los proyectos (Ámbito Jurídico, 2026).

La experiencia reciente evidencia que no existe atajo institucional para este derecho, salvo una medida arbitraria y, claramente, inconstitucional. Por ejemplo, el piloto de fracking Kalé fue suspendido en abril de 2022 por un juzgado de Barrancabermeja al constatar la violación de la consulta previa de la comunidad Afrowilches; aunque el Tribunal Administrativo de Santander revocó esa decisión meses después, el precedente judicial quedó sentado, y los tiempos de consulta previa en proyectos de hidrocarburos en Colombia oscilan hoy entre 18 y 36 meses cuando no hay litigio paralelo (Americas Market Intelligence, 2026). Frente a ese antecedente, la promesa de «agilizar» los trámites mediante plazos máximos administrativos choca con un estándar jurisprudencial que condiciona la validez de la consulta a la calidad del diálogo intercultural, no a su duración.

1.2 Licenciamientos express: una vieja carta

En cuanto a los procesos de licenciamiento ambiental, el nuevo ministro de ambiente ha cuestionado públicamente las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) considerando que la entidad le hace un “hostigamiento sistemático» a los proyectos estratégicos (Cambio, 2026). Asimismo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómnez, ha planteado que las actividades extractivas son esenciales para la generación de riqueza en el país y que, debido a las actuaciones de los “ecopatas” o “ambientalistas extremos”, hacer minería es prácticamente imposible porque el proceso de licenciamiento ambiental puede tomar hasta 10 o 15 años (Ospina, 2026). A esto, los representantes del nuevo gobierno añaden que la sostenibilidad solo será viable si hay mayores ingresos derivados de las actividades extractivas, ya que “el principal problema para la sostenibilidad es la pobreza” (Niño, 2026a).

El nuevo gobierno pretende justificar la flexibilización del proceso de permisos y licencias ambientales bajo una hipótesis que no es nueva en Colombia, ni en Latinoamérica, sobre los beneficios teóricos de las actividades extractivas: a mayor extracción y exportación de materias primas, mayores ingresos y mejores condiciones socioeconómicas en el país.  La hipótesis ya está refutada también, puesto que, luego de 30 años de inversiones intensivas en extracción de minerales e hidrocarburos, la brecha de inequidad sigue siendo alta y la irrigación de esa riqueza generada bastante limitada. Al contrario, se ha visto que la vulneración de derechos culturales, sociales y ambientales en los territorios de extracción fue en incremento durante los periodos de mayores precios internacionales de la mano con la intensificación de las conflictividades socioambientales relacionadas con este tipo de actividades.

El cumplimiento del proceso de licenciamiento ha sido, en muchos casos, prenda de garantía para evitar que los proyectos minero energéticos vulneren a las poblaciones y sus territorios. Su flexibilización y debilitamiento solamente amenazan la rigurosidad con la que se pueden implementar estos procedimientos, por ende, las garantías ambientales y sociales con las que cuentan las personas en los lugares de impacto directo e indirecto de este tipo de proyectos.

La narrativa desarrollista que pretende justificar la reducción de este procedimiento, incluso el mecanismo de consultas previas, no es nuevo. En el 2014 tuvo un fuerte intento a través de un decreto que simplificaba los pasos para que los proyectos de infraestructura, minas e hidrocarburos tuvieran el permiso. Para esa época había varias preocupaciones por la simplificación del proceso, doce años después, al menos cuatro de ellas se mantendrían vigentes, a falta de conocer con más detalles la propuesta y el recurso normativo por el cual se simplificaría el licenciamiento ambiental.

Primero, los proyectos de gran impacto difícilmente pueden valorar y dimensionar sus efectos en pocos meses debido a la complejidad de algunos proyectos y la fragilidad de algunos ecosistemas, lo que puede forzar respuestas institucionales a pesar de la existencia de dudas y falta de certezas. Segundo, acelerar los procesos podría implicar la necesidad de contratar más personal y fortalecer las capacidades del personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las Corporaciones Autónomas Regional en las labores de evaluación y de seguimiento de los proyectos, aún más cuando este gobierno pretende limitar el gasto público e impulsar el fracking, una técnica que viene acompañada de mucha incertidumbre por los riesgos que puede implicar y donde se necesita mucha rigurosidad a la hora de implementarla y hacerle seguimiento a sus efectos.

Tercero, hasta qué punto puede haber acciones de licenciamiento selectivo, qué actividades y tipos de proyectos pueden tener mayor laxitud en sus tiempos y requisitos, ya que en el pasado se intentó. Cuarto, la participación ciudadana efectiva podría limitarse mucho más, esto teniendo en cuenta que las audiencias públicas, hoy en día, son meramente informativas y son espacios donde no se toman decisiones y se socializan los proyectos, lo que podría restringir más las garantías para participar en estas decisiones, empeorar la situación e incrementar la conflictividad que terminan siendo resueltos en tribunales, esto sin contar con las licencias que dependen de los procesos de consulta previa.

Aunque los voceros del gobierno afirman que las actividades energéticas y mineras se harían con exigencias ambientales, a pesar de la simplificación del proceso de licenciamiento, se advierte que esta propuesta contiene muchos riesgos, puesto que se puede dar un aval de sostenibilidad a proyectos con muchos impactos socioambientales irreversibles solo por el afán viabilizar inversiones y la generación de rentas, esto sin medir el costo que puede implicar recuperar estos daños, o el costo social y ambiental de permitir la degradación de ecosistemas y territorios (Alfonso, 2026). El sello de sostenibilidad debe ser revisado con detenimiento.

2. Apuesta por el fracking: la intensificación del modelo extractivo

El gobierno de De la Espriella ha sostenido en diferentes espacios que mantendrá y fortalecerá la extracción y exportación de hidrocarburos en el país. Su modelo de desarrollo busca profundizar el modelo extractivo en el país desestimando cualquier apuesta de descarbonización de la economía. El actual presidente en campaña anunció que haría fracking sin restricciones y su ministro de Hacienda ha sido enfático en reiterar la reanudación de la perforación de pozos petroleros y que se promoverá el “fracking ambiental” (con responsabilidad ambiental) para:  acceder a nuevas reservas de crudo y gas (Ospina, 2026), reducir la importación de gas que viene requiriendo el país desde diciembre de 2024, mejoren las condiciones de seguridad y autosuficiencia energética, y capturar regalías derivadas de esta actividad como motor de desarrollo territorial. Por su parte, el ministro de Ambiente ha señalado que, en caso de que se haga fracking, debe hacerse con los mejores estándares y solamente en los valles interandinos y en el Magdalena Medio, lo que no superaría 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional (Niño, 2026a).

2.1 Una discusión no zanjada

Colombia reabre la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de implementar el fracking en el país, por un lado, se mantienen las preocupaciones por los perjuicios sociales, los efectos ambientales en las aguas subterráneas, las emisiones fugitivas y la lucha contra el cambio climático. En el otro, se posiciona la narrativa sobre la necesidad de incrementar las reservas de hidrocarburos, garantizar la seguridad energética e incrementar las finanzas de la nación. En esa pugna, algunos estiman que, solo en el Valle Medio del Magdalena, podría haber un potencial de 4.600 millones de barriles de petróleo y 18 terapiés cúbicos de gas natural, una reserva que reduciría la importación de gas, el costo del gas para hogares e industrias y aportarían ingresos fiscales importantes.

La apuesta por el fracking en Colombia no es una situación novedosa, al igual que el intento por reducir y debilitar las licencias ambientales y la consulta previa. Es un compendio de medidas complementarias que son parte de una gran fórmula de la miopía rentista y el lobby extractivo. En el 2018 se conformó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el objetivo de analizar las implicaciones y posibles efectos que tendría la implementación de esta técnica en unos territorios específicos del país y brindar recomendaciones para realizar unos Proyectos Pilotos Integrales de Investigación (PPII) sobre el fracking en Colombia. Estas recomendaciones planteaban una indagación científica, muestreos técnicos, monitoreo, procesos de gobernanza y participación con la ciudadanía en estas zonas. Sin embargo, en el 2020 el gobierno nacional publicó el Decreto 328, donde se determinaron unos lineamientos para implementar los PPII desconociendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos en asuntos sociales y ambientales, suprimiendo el carácter investigativo de los PPII y avalando las acciones de exploración para la implementación del fracking de forma expedita.

El cuestionamiento público a estas medidas no se hizo esperar y esta iniciativa quedo suspendida por la pandemia del Covid-19, por el Paro Nacional y el Estallido Social que experimento el país entre el 2020 y 2022. Durante el gobierno de Gustavo Petro no hubo ningún respaldo al fracking y se intentó prohibir a través de siete iniciativas legislativas en el Congreso, de las cuales, seis fracasaron por falta de agendamiento de los debates. El último proyecto de ley antifracking fue radicado el 20 de julio y, a la fecha, no ha tenido debate.

2.2 Fracking ambientalista: promesa o eufemismo

Luego de una campaña política agresiva desde el discurso, el gobierno actual ha buscado moderar y matizar la forma en que se refiere al fracking catalogándolo de ambiental, sostenible, responsable, entre otros. Actualmente, afirma apostar por la implementación de PPII condicionados a cinco aspectos. Primero, un límite geográfico, confirmando que habría prohibición total de esta técnica en páramos, zonas de agua subterránea, áreas protegidas y territorios étnicos. Segundo, una línea base ambiental con medición independiente del estado del agua, el aire y el riesgo sísmico antes de operar. Tercero, un monitoreo en tiempo real por entidades técnicas con información pública para la ciudadanía. Cuarto, una cláusula de suspensión inmediata si los controles demuestran un daño ambiental irreversible. Quinto, exige licencia social mediante diálogo e información previa con las comunidades de las zonas de influencia (Niño, 2026b).

Si se suma esta apuesta a las restricciones que se le busca imponer al proceso de licenciamiento y de consulta previa, queda la sensación de que, al menos, tres de las condiciones mencionadas anteriormente podrían no tener viabilidad: i) a menor oportunidad para prever los efectos y monitorear adecuadamente el desarrollo de estas actividades desde las entidades encargadas de otorgar y controlar los permisos ambientales, menor posibilidad de que se garantice un monitoreo adecuado a riesgos no mapeados por la celeridad del procedimiento ante una técnica compleja; ii) si este monitoreo tiene falencias y no logra identificar los efectos negativos ambientales de la técnica, no es muy probable un escenario de suspensión del contrato previo a daños irreversibles causados; iii) sin procesos participativos y de consulta previa garantes de derechos y con metodologías dispuestas para la interacción bidireccional transparente, deliberativa e incluyente, difícilmente puede haber una licencia social, lo que llevaría a escenarios de escalamiento de conflictos ambientales; iv) una medición independiente para elaborar una línea de base ambiental corre el riesgo de ser manipulable, puede ofrecer un resultado inexacto o parcializado y requiere una medición oficial del Estado a través de su autoridad de licenciamiento ambiental.

A la fecha, se conoce que la empresa Drummond Energy estima hacer perforaciones de yacimientos no convencionales en 2027 entre los departamentos de Cesar y La Guajira, donde creen que puede haber hasta 20 terapiés cúbicos de gas natural. Estos son contratos de exploración y explotación firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2016 y en 2023 y no estarían en el marco de los PPII, ya que, según voceros de la empresa, no se necesita hacer investigación con los PPII porque ya tienen experiencia suficiente para hacer las perforaciones de estos yacimientos. Se espera que la explotación de no convencionales multiplique las reservas de gas 70 veces y las de crudo 4 veces, pero con la claridad de que se vería reflejado en 2030 (La Silla, 2026f).

Al final, de fondo, no se pone sobre la mesa el riesgo de seguir dependiendo macroeconómicamente de la exportación de hidrocarburos en contexto altamente fluctuantes y volátiles, ni se contemplan estrategias para diversificar la economía nacional y la canasta exportadora.

3. La ausencia de la transición energética justa: un vacío programático deliberado

A diferencia del capítulo dedicado a hidrocarburos y minería, el programa de gobierno de De la Espriella no contiene una apuesta explícita ni metas verificables para promover la transición energética justa. El plan “Salvación Nacional” respalda el fracking y los yacimientos no convencionales como «palanca estratégica», promete crear 150.000 empleos en el sector de hidrocarburos, generar entre 15 y 20 billones de pesos en regalías, y ofrece «protección jurídica y seguridad total» a los inversionistas (La Silla Vacía, 2026a). Cuando se refiere a energías renovables, el presidente electo lo ha hecho en términos condicionales, planteando que hay unas energías renovables que “pueden ser viables” dentro de una canasta energética que privilegia la generación a partir de fuentes convencionales como la hidráulica y térmica (El País, 2026, citado en documento de trabajo interno).

Esa incertidumbre se profundiza con las declaraciones del ministro de Ambiente, quien lamentó la pérdida de los 16.000 megavatios de energía eólica proyectados para La Guajira y calificó la Conferencia de Santa Marta para el abandono de combustibles fósiles como una «absoluta pérdida de tiempo» (La Silla Vacía, 2026c). El mensaje conjunto del gabinete entrante es el de una transición energética supeditada a la seguridad de suministro y a la rentabilidad fiscal de los hidrocarburos, y no orientada a contribuir en el cumplimiento de compromisos climáticos verificables, ni a reducir la dependencia macroeconómica en la extracción y exportación de minerales e hidrocarburos, ni a consolidar progresivamente una oferta energética basada en fuentes de energías renovables en el marco de la hoja de ruta para la transición energética justa adelantada por el gobierno saliente.

En ese sentido, este gobierno retoma las apuestas del expresidente Iván Duque, donde el gas vuelve a ser calificado como un combustible fundamental en la transición energética de Colombia para garantizar la seguridad energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Según el ministerio de ambiente, se busca avanzar hacia una matriz energética mas limpia sin poner en riesgo el abastecimiento. Proyectos estratégicos de gas natural offshore serían priorizados como una promover la protección de ecosistemas marinos y costeros y el fortalecimiento de comunidades, pero no es clara la ruta o estrategia para hacerlo (Ministerio de Ambiente, 2026).

3.1 Del discurso a los hechos: la suspensión de programas estratégicos

La ausencia de una apuesta por la transición energética justa no se limitó al discurso de campaña, también se materializó en acciones concretas durante el fallido proceso de empalme ministerial. El ministro de Minas y Energía saliente, Edwin Palma, denunció que el equipo de empalme del presidente electo solicitó formalmente, mediante derecho de petición, que se abstuvieran de continuar la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar durante el periodo de transición (Portafolio, 2026; Infobae, 2026a). Se trata de una iniciativa que permitió que hogares de estratos 1, 2 y 3 instalaran paneles solares para reducir su dependencia en subsidios, y que, según el balance oficial del Ministerio, llevó la capacidad solar instalada del país de 200 megavatios en 2022 a cerca de 4.400 megavatios en 2026, un crecimiento superior al 2.200 % (Noticias RCN, 2026).

Asimismo, para el desarrollo del empalme fallido, suceso que tiene unas serias repercusiones en la continuidad de políticas y programas energéticos (Infobae, 2026b; Noticias RCN, 2026), el perfil de la persona que lideraría esta tarea refuerza la lectura de un giro radical del gobierno hacia la priorización de los combustibles fósiles como fuente energética y de ingresos para el país. José Miguel Saab, quien había sido designado líder de la mesa de empalme del sector minero-energético (Diario La Libertad, 2026), preside la junta directiva de Independence Drilling S.A., una compañía de perforación y mantenimiento de pozos de petróleo y gas que ha sido señalada por ser presunta responsable de un desastre ambiental en el pozo Lisama 158, operado bajo contrato con Ecopetrol en el municipio de Barrancabermeja, Santander (El Colombiano, 2026). Su nombramiento fue cuestionado por los conflictos de interés que tendría para asumir la transición en un sector que él mismo definiría (El Colombiano, 2026).

A su vez, el programa de creación de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, establecidos mediante la Ley 2294 de 2023 y reglamentados por el Decreto 0977 de 2024, ha recibido un importante golpe con la resolución emitida por la nueva ministra de minas en la que se derogan los 10 Distritos Mineros conformados en el gobierno anterior para promover la asociatividad entre mineros de pequeña escala, impulsar la industrialización con base en minerales estratégicos, desarrollar nuevas alternativas productivas, garantizar condiciones laborales dignas y la resolución de conflictos relacionados con la minería. El argumento es que, según la ministra, este es un instrumento de ordenamiento territorial que no debía tener el alcance de sustituir o reemplazar la minería y por tanto debe ser modificado. En juego quedan las apuestas para promover la diversificación y reconversión productiva de territorios dependientes de las economías de enclave generadas por la actividad minera, la delimitación de las actividades frente a áreas de especial protección y los compromisos generados al respecto (López, 2026).

La ausencia de referencias, sumada a la suspensión de programas y el perfil del equipo minero-energético, sugiere una desconexión entre los compromisos nacionales e internacionales que el Estado colombiano ya suscribió para reducir sus emisiones y la hoja de ruta que se anuncia para el próximo cuatrienio. Al final, se ponen en riesgo avances sustanciales y parciales del gobierno saliente en fines estratégicos para el país como: la diversificación de la matriz energética del país; los acuerdos adquiridos entre empresas de generación eólica y comunidades indígenas en La Guajira luego de varios años de negociación; las apuestas y metas trazadas en la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa; los programas para el establecimiento de comunidades energéticas; el fortalecimiento de los mecanismos de participación para la asignación de títulos mineros; la definición de un plan para la diversificación económica y productiva regional y nacional en articulación con un programa de reindustrialización nacional, y los programas de delimitación de distritos mineros para la diversificación productiva, entre otros asuntos.

Todo esto conforma un coctel de medidas que aún no están completamente identificadas y que retroceden las apuestas del gobierno anterior para tratar de impulsar una transición energética justa, prácticas y actividades extractivas responsables, y una forma de gobernanza diferente del sector minero energético en el país.

Referencias

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Alfonso, J. (2026). Colombia: ¿qué será del medio ambiente con De la Espriella? Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/colombia-de-la-espriella-presidente-qu%C3%A9-le-espera-al-medio-ambiente/a-77833774

Americas Market Intelligence. (2026). Abelardo de la Espriella: apertura energética en Colombia. https://americasmi.com/insights/abelardo-de-la-espriella-apertura-energetica-colombia/

Cambio. (2024, 18 de junio). Transición energética en Colombia: ¿Qué dice la ley y cuál es la situación actual? https://cambio.com.co/articulo/transicion-energetica-en-colombia-que-dice-la-ley-y-cual-es-la-situacion-actual/

Cambio. (2026, 3 de julio). MinAmbiente designado Fabio Arjona ratifica la ANLA y anuncia reforma para agilizar licencias ambientales. https://cambiocolombia.com/medio-ambiente/articulo/2026/7/ministro-de-ambiente-designado-por-el-nuevo-gobierno-descarta-eliminar-la-anla-y-promete-agilizar-licencias

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2099_2021.html

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Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-201/17. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-201-17.htm

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Diario Minero. (2026, 18 de junio). Minería ilegal de oro en Colombia: propuestas presidenciales. https://www.diariominero.com/columnas/mineria-ilegal-oro-colombia-propuestas-presidenciales/

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Infobae. (2026b, 9 de julio). Ministro Edwin Palma calificó de «irresponsable» la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/09/ministro-edwin-palma-califico-de-irresponsable-la-suspension-del-empalme-del-sector-energetico-en-pleno-fenomeno-de-el-nino/

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La Silla Vacía. (2026b, junio). Este es el plan ABC para medio ambiente y comunidades de De la Espriella. https://www.lasillavacia.com/silla-amazonia/amazonia-en-breve/este-es-el-plan-abc-para-medio-ambiente-y-comunidades-de-de-la-espriella/

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La Silla Vacía. (2026d, mayo). Expertos evalúan las propuestas de los candidatos para el medio ambiente. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-verde/expertos-evaluan-las-propuestas-de-los-candidatos-para-el-medio-ambiente/

La Silla Vacía. (2026e). Hágase la luz: así es la crisis energética que le deja Petro a De la Espriella. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/hagase-la-luz-asi-es-la-crisis-energetica-que-le-deja-petro-a-de-la-espriella/

La Silla Vacía. (2026f). El frackinf empezará a desarrollarse en Colombia en 2027. https://www.lasillavacia.com/silla-amazonia/amazonia-en-breve/el-fracking-empezara-a-desarrollarse-en-colombia-en-2027/

Llanos Navarro, A. (2026, junio). Los territorios que más sufren el extractivismo votaron en contra de De la Espriella. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-verde/los-territorios-que-mas-sufren-el-extractivismo-votaron-contra-de-la-espriella/

López, D. (2026). Ministra de Minas anuncia la derogación de resoluciones que delimitaban diez distritos mineros especiales en el país. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/datos/ministra-de-minas-anuncia-la-derogacion-de-resolucion-que-delimitaba-diez-distritos-mineros-esenciales-en-el-pais-3583276

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2026). Gas natural, clave para una transición energética segura y con reducción de emisiones. https://www.minambiente.gov.co/gas-natural-clave-para-una-transicion-energetica-segura-y-con-reduccion-de-emisiones/

Niño, L. (2026a). Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente, explicó cómo será la política ambiental del Gobierno entrante y le dio el aval al fracking: “No será en todos los sitios”. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/03/fabio-arjona-nuevo-ministro-de-ambiente-explico-como-sera-la-politica-ambiental-del-gobierno-entrante-y-le-dio-el-aval-al-fracking-no-sera-en-todos-los-sitios/

Niño, L. (2026b). Este es el plan de Abelardo de la Espriella para afrontar la crisis energética e impulsar la industria petrolera en Colombia. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2026/06/24/este-es-el-plan-de-abelardo-de-la-espriella-para-afrontar-la-crisis-energetica-e-impulsar-la-industria-petrolera-en-colombia/

Noticias Caracol. (2026, julio). Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habla sobre el fracking: ¿se hará en áreas protegidas? https://www.noticiascaracol.com/politica/fabio-arjona-ministro-de-ambiente-designado-habla-sobre-el-fracking-se-hara-en-areas-protegidas-ex40

Noticias RCN. (2026, julio). Minenergía alerta por suspensión del empalme y advierte riesgos para la seguridad energética. https://www.noticiasrcn.com/economia/minenergia-alerta-por-suspension-del-empalme-y-advierte-riesgos-para-la-seguridad-energetica-1039080

Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Ospina, D. (2026). Ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella plantea reforma tributaria, fracking y cambios al 4×1.000 para enfrentar la crisis fiscal. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/12/ministro-de-hacienda-de-abelardo-de-la-espriella-anuncia-reforma-tributaria-fracking-y-cambios-al-4×1000-para-enfrentar-la-crisis-fiscal/

Portafolio. (2026, julio). Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió frenar Colombia Solar durante el empalme, reveló el ministro Edwin Palma. https://www.portafolio.co/energia/gobierno-de-abelardo-de-la-espriella-pidio-frenar-colombia-solar-durante-el-empalme-revelo-el-ministro-edwin-palma-498794

Valora Analitik. (2026, 25 de junio). Gobierno De la Espriella arrancará con 90 decretos: habrá planes de choque en salud, seguridad y desregulación. https://www.valoraanalitik.com/gobierno-de-la-espriella-arrancara-con-90-decretos-habra-planes-de-choque-en-salud-seguridad-y-desregulacion/

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Desde hace 25 años que en Bolivia la política energética se limitó a la política hidrocarburífera y ésta estuvo centrada en el gas natural como un generador de renta petrolera que fue distribuida mediante regalías, participaciones e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, universidades públicas, Fondo Indígena, Renta Dignidad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Tesoro General de la Nación (TGN).

Los actores sociales y políticos de entonces, pensaban que el país tenía tanto gas que estaba destinado no solo a ser el “centro energético” de la región, sino a expandir el uso de este energético en el mercado interno. Para ello se generaron proyectos de gas domiciliario, gas para la industria, gas vehicular y gas para la generación de electricidad; olvidando que se trataba de un recurso natural no renovable y, por lo tanto, finito en el tiempo, pero además descuidando el desarrollo de otras fuentes de energía renovable.

También es importante recordar que, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la economía nacional, la política hidrocarburífera fue construida a partir de demandas sociales, que iniciaron en con la llamada “guerra del gas” el año 2003, luego vino el Referéndum Nacional de Política Energética del 2004 (en el que ganó abrumadoramente el sí en las 5 preguntas – todas sobre hidrocarburos-), la Ley de Hidrocarburos N°3058 del 2005, la “nacionalización de los hidrocarburos” del 2006 y la Constitución Política del Estado del 2009 (aprobada mediante referéndum). Es decir que, si bien existe una responsabilidad ineludible por parte de quienes gobernaron el país en los últimos 20 años, también existe una co responsabilidad por parte de dirigentes, organizaciones sociales y la población en general que participó de estos procesos.

Transcurridos más de 20 años de los hechos descritos anteriormente, el país ha desarrollado una doble dependencia a la explotación de hidrocarburos.

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Por una parte, al igual que muchos países en el mundo, existe una dependencia energética, toda vez que el 80% del consumo energético nacional depende de hidrocarburos, principalmente gas natural, diésel, gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Con una dependencia energética tan elevada, los hidrocarburos que no se producen se deben importar para satisfacer la demanda diaria energética de la población.

Por otra, en estas más de dos décadas, Bolivia también ha desarrollado una dependencia económica y fiscal a la explotación de hidrocarburos. El gas natural fue por muchos años el principal producto nacional de exportación, lo que generaba un importante flujo de dólares por las ventas de este energético tanto a la Argentina como al Brasil, todas estas divisas ingresaban al Banco Central de Bolivia y fortalecieron las Reservas Internacionales Netas especialmente en el periodo 2004 – 2014. Asimismo, los ingresos por concepto de regalías, participaciones, IDH, patentes e impuestos del régimen general, llegaron a representar, en promedio, más de un tercio de los ingresos fiscales del país en el periodo 2005 – 2023, existiendo casos extremos como los de Tarija o Chuquisaca, donde el presupuesto de los gobiernos departamentales supera en un 70% su dependencia a los ingresos que ambas regiones reciben por regalía departamental e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Es en este marco que la transición energética en Bolivia no puede limitarse solamente a un cambio de fuentes de generación de energía, sino que debe necesariamente considerar también una transición que permita desarrollar otros sectores de la economía, así como diversificar las fuentes de ingresos fiscales, al mismo tiempo que se optimiza el gasto público.

Bolivia: Producción promedio diaria de gas natural

Fuente: MHE, YPFB, GADSC, GADT

La preocupación, sin duda, surge porque desde hace 10 años que viene cayendo la producción de gas natural, lo que se ha traducido en una caída en los ingresos de dólares al Banco Central de Bolivia desde el año 2015; así como en una contracción significativa de los presupuestos de todos los beneficiarios de la regalía e IDH. Como se observa en el gráfico anterior, durante más de dos décadas el Campo Incahuasi – Aquio es el único proyecto nuevo de magnitud en ser desarrollado en más de dos décadas cuya producción inició el año 2016 y sirvió para amortiguar la caída en la de los campos Sábalo, San Alberto y Margarita – Huacaya que comenzaron a declinar luego de haber sido sobre explotados en el periodo 2005 – 2014.

Bolivia: Participación porcentual por fuente de generación eléctrica

Fuente: CNDC

Adicionalmente, en esta lógica de basar la política energética en el gas natural, la generación de electricidad en el país que el año 2000 dependía en un 55% de hidroeléctricas, a mayo de 2026 éstas solo representan el 28% de la generación, siendo que el 67% depende en un de termoeléctricas que operan con gas natural; este valor en horas pico (entre 19: 00 – 20:30) durante días de calor puede alcanzar incluso al 82%. Si bien desde el año 2016 existió un mayor desarrollo de fuentes renovables no convencionales como la solar y eólica, éstas tienen un peso todavía menor al 10% y es imposible que puedan competir frente a las generadoras termoeléctricas que utilizan como principal insumo gas natural que está subvencionado a 1,3 $us la unidad energética.

Es fundamental un ajuste al precio del gas natural en el mercado interno por dos motivos: a) es urgente atraer inversión en exploración de hidrocarburos, para ello se requieren precios reales que cubran los costos operativos, de inversión y una razonable utilidad para las empresas petroleras y, b) para que las centrales hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas, eólicas y geotérmicas puedan competir en igualdad de condiciones con las termoeléctricas y así diversificar y equilibrar la matriz eléctrica nacional. El ajuste de este precio, al igual que el que debe darse aún con los de la gasolina y el diésel deben ir acompañados por políticas sociales adecuadamente focalizadas en la población más vulnerable que verá afectada su economía, pero ya no usando el precio como mecanismo de subvención, sino otros instrumentos directos.

Por otra parte, la producción de hidrocarburos líquidos también viene cayendo desde el año 2014, para ese entonces Bolivia producía más de 63.000 barriles por día, siendo que actualmente apenas supera los 22.000 barriles por día, una caída del -63%.

Bolivia: Producción promedio diaria de hidrocarburos líquidos

Fuente: MHE, YPFB, GADSC, GADT

La caída en la producción de hidrocarburos líquidos es, sin duda, el problema estructural por detrás de los problemas de abastecimiento que vive Bolivia desde el año 2023, afectando la seguridad energética de la población que no puede acceder de manera regular y oportuna a dos de los principales energéticos que consume, dando así inicio desde ese momento a una crisis energética nunca antes vivida en el país. Como el país no produce todos los hidrocarburos que produce tiene que importarlos.

Fuente: MHE, Presidencia del Estado Plurinacional

En la gráfica anterior, se advierte que ya el año 2015 Bolivia importaba el 45% del diésel que se consumía, lo que debió ser una preocupante alerta para el gobierno. En ese momento el país no sentía el requerimiento de dólares que ello suponía porque todavía las Reservas Internacionales Netas se mantenían en niveles altos, pero a medida que empezaron a decrecer al mismo tiempo que lo hacía la producción de hidrocarburos en el país la necesidad creciente de divisas para la importación de combustibles se hizo cada vez más evidente para el país, especialmente desde junio de 2023.

Sin duda, uno de los problemas más complejos que enfrentó el país fue la política de subvención a los precios de los hidrocarburos que estuvo vigente por 20 años desde el 2005 hasta diciembre de 2025, periodo de tiempo en que el país importaba diésel y gasolina a precios internacionales para venderlos a una tercera parte de su valor en el mercado interno, lo que generó un serio problema fiscal, económico y energético.

Si bien la lección aprendida debió ser que los precios de los combustibles no pueden mantenerse fijos (peor aun cuando el país importa la mayor parte de los mismos) en enero de 2026 el gobierno nacional realizó un ajuste parcial de los precios de algunos carburantes como gasolina y diésel, nuevamente los volvió a mantener fijos por un plazo de 6 meses que, con el Decreto Supremo N° 5662 de julio de este año fue ampliado hasta enero de 2027. Es importante subrayar que dicho ajuste fue hecho considerando un precio del barril de petróleo de 64,45 $us/bbl.

En junio de 2026 el gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5644 que, entre otros aspectos, permite que los actores privados puedan importar carburantes para su comercialización en el mercado interno a precios de mercado, mantiene también la posibilidad que YPFB importe y comercialice carburantes a los precios fijados en enero de 2026. En este marco, resulta previsible que, debido al conflicto bélico que aún persiste en Medio Oriente y que impacta al alza el precio internacional del petróleo y sus derivados, el Estado se encuentre subvencionando nuevamente el consumo de estos combustibles vendidos por la empresa petrolera nacional.

Sin duda, por la magnitud y las causas que han generado esta crisis, es fundamental distinguir entre las políticas necesarias para el corto y el largo plazo. En lo estructural, el país requiere de una nueva política energética plasmada en una ley que, por una parte, establezca el acceso a energía, seguridad energética, autarquía energética, diversificación energética y suficiencia energética como objetivos tanto para el sector eléctrico como para el de hidrocarburos. Por otra, esta ley de energía debería también establecer una hoja de ruta para una transición energética justa que deben seguir ambos sectores, estableciendo entre otras cosas: el acceso a información, energéticos de transición, mix energético, desarrollo de fuentes renovables y plazos.

En este sentido, de la ley de energía deberían desprenderse una nueva ley de electricidad y una nueva ley de hidrocarburos, entendiendo que, al igual que el sector minero, los de hidrocarburos y electricidad se caracterizan también por ser de largo plazo; por lo que las nuevas leyes sectoriales darán resultado en 5 a 8 años luego de ser aprobadas, si es que están bien hechas y logran atraer inversión con capital privado de riesgo.

En el corto plazo el país, lamentablemente, deberá seguir pagando las consecuencias de una política hidrocarburífera rentista, estatista y centrada en el gas natural, sumada a una deficiente gestión sectorial de 20 años; ello implica importar cada vez más hidrocarburos (no solo gasolina o diésel, probablemente pronto también gas natural), lo que a su vez, demanda más dólares de la economía, haciendo al país vulnerable de la geopolítica mundial que influye en los precios internacionales del petróleo y sus derivados y profundizando la urgencia de sincerar los precios de todos los hidrocarburos en el mercado interno, con el costo social y político que ello implica. Simultáneamente, es recomendable que el país avance de forma más acelerada con políticas de generación distribuida y microcentrales hidroeléctricas que pueden ayudar a palear la situación en hogares, pequeñas comunidades y empresas medianas y pequeñas.

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• En el contexto de la guerra en Ucrania, las perspectivas económicas generales para América Latina son malas. Sin embargo, los países ricos en recursos naturales recibirán ingresos extraordinarios por el alza en los precios de los commodities.
• La coyuntura de precios altos ha llevado a tomar decisiones que podrían profundizar la dependencia de los combustibles fósiles en el largo plazo, a través de anuncios de incrementos en la producción, nuevas inversiones y subsidios a los combustibles a nivel doméstico.
• Esta situación podría ralentizar las agendas de transición energética doméstica, pero los problemas que genera la dependencia de los combustibles fósiles también podrían ser una oportunidad para promover inversiones en energías renovables.
• Las ganancias extraordinarias de este periodo deberían ser utilizadas para financiar la transición energética y la diversificación productiva.
• Ni esta ni ninguna otra coyuntura justifica la reducción de estándares de gobernanza en el sector extractivo.

Introducción

Este documento analiza el impacto de la guerra en Ucrania sobre las perspectivas estratégicas y los desafíos de gobernanza de la actividad extractiva en América Latina, con énfasis en la situación de Colombia, México y Perú. El análisis nos lleva a matizar el entusiasmo que han tenido algunos actores en la región respecto a las potenciales ganancias generadas por la exportación de recursos naturales. Estas ganancias se dan en un escenario de reducción en las perspectivas de crecimiento, encarecimiento del crédito, menores tasas de inversión extranjera directa, así como al aumento de la inflación y presión fiscal para subsidiar los combustibles y alimentos.

En este contexto, discutimos tres desafíos estratégicos para la gobernanza de recursos naturales: la profundización de la apuesta por los combustibles fósiles y la ralentización de las perspectivas de transición energética; la necesidad de planificar estratégicamente el uso de los recursos extraordinarios que traen los ciclos de precios altos para los exportadores de materias primas; y la importancia de reforzar los sistemas de gobernanza para evitar el debilitamiento de estándares que regulan la actividad extractiva.

Desde antes del inicio de la guerra en Ucrania, la economía global ya enfrentaba las secuelas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. La guerra ha complicado aún más el comercio internacional, profundizado las tendencias inflacionarias y el aumento de los precios de los commodities, especialmente los vinculados a la energía y los alimentos. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de commodities, entre los que destacan el petróleo, el gas, el mineral de hierro, níquel, aluminio, carbón, granos y fertilizantes. De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la guerra en Ucrania puede provocar un “huracán de hambre” y colapsar el sistema alimentario global. Las disrupciones en la cadena de suministro traerán mayor inflación y afectarán la recuperación económica global. Además de los impactos humanitarios, económicos y geopolíticos de la guerra, hay potenciales impactos ambientales, principalmente vinculados al cambio climático, en tanto la guerra está alterando las perspectivas del consumo de combustibles fósiles y podría complicar aún más la transición energética global.

Instituciones como Goldman Sachs y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han indicado que la guerra de Ucrania impactará el desempeño económico de América Latina: las tasas de crecimiento serán menores y las tasas de interés y de inflación serán cada vez más altas para la región. Los próximos años muy probablemente serán de inestabilidad financiera y declive de la inversión privada. A pesar de los potenciales ingresos elevados por la subida de precios de las materias primas, los costos más altos de la energía y los alimentos podrían debilitar considerablemente las perspectivas de estos países. Más aún, el impacto al interior de los países no será homogéneo y habrá sectores que se beneficiarán —como los exportadores de recursos—, mientras otros se perjudicarán —como posiblemente los productores de alimentos destinados al mercado local—.

Ganancias extraordinarias en un contexto económico adverso

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings revisó sus proyecciones sobre los precios de los minerales y combustibles fósiles por la situación en Ucrania, mostrando, en general, un aumento a corto plazo en los precios, pero una recuperación en las tendencias originales en el mediano y largo plazo. En el caso de la minería, en términos generales, los principales metales y minerales tendrán cotizaciones más altas que lo esperado en el 2022 y 2023. Pero las proyecciones se mantienen iguales para el 2024 y para el largo plazo. En el caso del cobre, sin embargo, la proyección de precios a largo plazo sí se actualizó al alza, debido al rol de este metal en las estrategias de descarbonización global. El carbón térmico, por su parte, aumentó radicalmente sus proyecciones de precios incluso hasta el 2025, pero mantiene una tendencia a la baja en el largo plazo, precisamente por la perspectiva de declive del consumo de carbón debido a sus altas emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del petróleo y el gas, la misma calificadora proyecta que los precios serán altos entre el 2022 y 2024; luego de este periodo se mantendrá la tendencia a la baja.

En América Latina, los países ricos en recursos naturales tendrán mayores ingresos por el aumento de precios de los commodities que exportan. Las dinámicas varían según el tipo de recurso. Así, por ejemplo, los productores de cobre como Chile y Perú se beneficiarán por las perspectivas de largo plazo de este mineral, aunque en un contexto de inflación y precios altos de la energía, los costos de producción son también más altos. En el caso de Colombia, la principal exportación minera es el carbón, que tiene una proyección de precios al alza en el corto plazo, aunque de declive en el mediano y largo plazo. Este país se beneficiará también por los precios altos del níquel. En el caso de la minería en Brasil es importante destacar que este país es un exportador muy importante de mineral de hierro que también está experimentando un ciclo al alza.

En el caso de los exportadores de petróleo también hay expectativas de incremento de ingresos por el alza de precios. Este es el caso de países como Brasil, México, Colombia, Ecuador y Venezuela, además de las importantes perspectivas de exportación de Guyana. A pesar de las dificultades estructurales que enfrentan, las empresas petroleras estatales de la región tienen un nuevo impulso en el contexto de precios altos.

En México, de acuerdo con información de Grupo Brattle, los ingresos adicionales por las exportaciones de crudo a US $100 por barril de petróleo llegan aproximadamente a 284 millones de dólares cada semana. La mayor parte de estos recursos los recibe Pemex que, al ser la empresa petrolera más endeudada del mundo, se ve obligada a utilizar estos ingresos extraordinarios para mejorar su situación financiera y reducir su deuda.

En Perú, la empresa estatal Petroperú enfrenta una crisis interna que ha generado que calificadoras de riesgo como Fitch y S&P Global Ratings reduzcan su calificación crediticia y se discuta una posible quiebra de la compañía. Recientemente, sin embargo, hubo un cambio en el liderazgo de la empresa y entró en operaciones la nueva refinería de Talara, que podría darle un nuevo aire a Petroperú. En el caso de Colombia, Ecopetrol tuvo ganancias récord en el 2021. La proyección es que en el 2022 repunten las inversiones en hidrocarburos, tanto públicas como privadas, en un contexto de producción decreciente por la falta de nuevos hallazgos de yacimientos importantes, que está a su vez empujando a mayor exploración en proyectos offshore.

El contexto de precios altos de los combustibles fósiles también genera retos en términos de la demanda doméstica de combustibles. El incremento en los precios afecta especialmente a los países importadores netos de petróleo y combustibles —como Perú—, pero también a los países productores que tienden a subsidiar o implementar exoneraciones para beneficiar el consumo doméstico, como México y Colombia.

En el caso de México, el Gobierno ha otorgado estímulos fiscales a los refinadores e importadores de gasolina, para que lo acrediten contra otros impuestos por cada litro vendido. De acuerdo con diferentes analistas mexicanos, en coyunturas pasadas de precios altos ya ha ocurrido que las exoneraciones y subsidios han terminado siendo mayores que los ingresos petroleros adicionales estimados. Al ser México un importador neto de combustibles, una de las inversiones más importantes del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la refinería de Dos Bocas. Esta refinería tiene como objetivo que México pueda reforzar su seguridad energética en tanto permitirá refinar el petróleo domésticamente y no depender de la importación de combustible.

Como ha quedado claro a nivel mundial, los precios domésticos de los combustibles son un factor político muy delicado. En México, las medidas buscan proteger la capacidad adquisitiva de los hogares mexicanos, precisamente en un contexto político de proceso de revocación de mandato y las elecciones en seis estados. En Colombia, un sinceramiento de los precios de la gasolina podría tener consecuencias sociales imprevistas, considerando los recientes estallidos sociales y contexto electoral que vive este país. En el caso peruano, una huelga de transportistas asociada con los altos precios de los combustibles puso en una situación particularmente precaria al Gobierno de Pedro Castillo a comienzos de abril de este año. En este contexto, el Gobierno peruano decidió incluir varios combustibles —como la gasolina de 90 octanos, el diésel y el gas licuado de petróleo a granel— en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), además de exonerar del impuesto general a las ventas a varios productos de la canasta básica alimentaria.

Nuevo entusiasmo por profundizar la extracción

En este contexto de perspectivas económicas sombrías, la extracción de recursos naturales aparece, nuevamente, como la mejor opción para países que históricamente se han dedicado a esta actividad. Este es un fenómeno mundial. En África, por ejemplo, la guerra en Ucrania y el bloqueo al gas ruso generó expectativas para que este continente provea de gas a Europa, a pesar de que no es realista pensar que esto será factible en el corto plazo. En América Latina se ha producido un entusiasmo similar, ya sea por las oportunidades de ganancia con precios altos o por el resurgimiento de la agenda de seguridad energética, con anuncios de nuevas inversiones petroleras en países como Argentina y Ecuador.

En Colombia, el entusiasmo se ha expresado tanto respecto de las perspectivas del petróleo como del carbón, las dos exportaciones más importantes de este país. A raíz del alza de precios del petróleo que generó la guerra en Ucrania, el gremio petrolero espera que la industria tenga mayor dinamismo, con mayores inversiones en exploración y en el desarrollo de fuentes no convencionales —como el fracking— y las inversiones offshore —actividades que han generado resistencia de diferentes actores en Colombia—. Más aún, de acuerdo con declaraciones del presidente Iván Duque tras una visita a Estados Unidos, Colombia se propone incrementar su producción desde aproximadamente 800 mil a 1 millón de barriles diarios de petróleo. En tanto, el petróleo es la exportación más importante de Colombia y su contribución al sistema de regalías es de aproximadamente un tercio del total, un incremento del precio internacional tiene un impacto profundo en la economía política del país.

El incremento abrupto en el precio del carbón también ha revivido el entusiasmo por esta industria en Colombia, complicando las discusiones sobre una transición para el carbón en las regiones productoras, que se intensificó cuando Prodeco anunció el cierre de sus operaciones en Cesar. El cambio en las perspectivas del carbón está directamente ligado con la guerra en Ucrania, pues, según algunos analistas, el veto al carbón ruso ha reabierto las puertas para el carbón colombiano en la Unión Europea. El carbón podría sustituir también parte del consumo europeo de gas proveniente de Rusia. Esta es una alternativa relativamente rápida y directa, en tanto países como Alemania no han cortado del todo su consumo de carbón, sino que incluso han reabierto plantas de carbón en el contexto de la guerra. La nueva coyuntura está revirtiendo la tendencia al declive del carbón, al menos en el corto plazo, lo cual supone un nuevo impulso a la industria carbonífera colombiana.

En México, el contexto de la guerra ha favorecido a las mineras que ya vienen operando, debido al buen desempeño de la plata, el cobre y el oro, entre otros. En el caso del petróleo, el incremento de precios ayuda a Pemex a enfrentar sus problemas de deuda, pero esto no implica necesariamente incrementar la producción sino, posiblemente, revisar su decisión de reducir las exportaciones. En diciembre de 2021, el director de Pemex señaló que la empresa reduciría sus exportaciones en 2022 y dejaría de exportar crudo para el 2023, pues el objetivo de la administración es la soberanía energética. Sin embargo, ahora se está reconsiderando esa promesa por el aumento en el precio del petróleo y los ingresos adicionales que permiten subsidiar el consumo doméstico de combustibles. Las Secretarías de Energía y Hacienda están llevando a cabo un análisis detallado para determinar si cambia esta política.

En el caso peruano, la discusión pública en los últimos meses ha estado marcada por las preocupaciones inflacionarias, especialmente en los precios de la energía y los alimentos. Perú es un país que exporta diferentes productos mineros, varios de los cuales están en un ciclo de precios al alza como el cobre, plata, oro, zinc, estaño y hierro. Sin embargo, también hay conciencia de que el alza en el precio del petróleo golpeará la estructura de costos del sector. A esto se suman los conflictos sociales recurrentes en varias minas del país, como por ejemplo las del corredor minero del Sur. La alta conflictividad, sumada a la baja confianza empresarial en el Gobierno de Pedro Castillo y el deterioro institucional —entre otros, en el sector Energía y Minas—, ha traído una ralentización de las inversiones mineras en el país. En este contexto, según Fitch Ratings en una nota recogida por el Diario Gestión, los directorios de mineras extranjeras no han aprobado nuevos proyectos en Perú.

Por otro lado, el 12 de abril empezaron las pruebas de la nueva refinería de Talara, que tiene previsto estar en pleno funcionamiento hacia fines de 2022. El Gobierno peruano ha sido prudente al no prometer rebajas en los precios gracias a la nueva refinería, aunque sí ofrece precios más competitivos al mercado mayorista y combustibles más limpios para el mercado local.

En el contexto de la guerra en Ucrania y los desafíos de seguridad energética que genera, el Gobierno peruano ha expresado intenciones de incrementar su producción petrolera, de la mano de la empresa estatal Petroperú, principalmente en la Amazonía del país. Petroperú está definiendo los detalles para participar en la extracción de petróleo en el Lote 192, el más grande del país, pero también el que ha sufrido mayor número de derrames.

Esta situación ha llevado a una larga historia de conflictos con pueblos indígenas del departamento amazónico de Loreto y del oleoducto norperuano que transporta el petróleo extraído hasta la refinería de Talara, en la costa norte del país. Además, la petrolera estatal tiene previsto ser socio en una serie de lotes que, en principio, retornarían a Petroperú en los próximos años al vencer sus contratos, aunque esto genera resistencias y pugnas con el sector privado, que se expresan también en el Congreso de la República. A este nuevo impulso al petróleo se añade la decisión política del Gobierno de masificar el consumo del gas de Camisea en el país, lo cual implicaría también aumentar las reservas de gas natural, en este caso, de la Amazonía del Cusco.

Desafíos estratégicos para la gobernanza de recursos naturales

La disrupción ocasionada por la guerra influye en las dinámicas políticas y desafíos de gobernanza preexistentes en cada país. A nivel regional, los problemas que ya atravesaba América Latina en términos de gobernanza de recursos naturales, como por ejemplo la reprimarización de las exportaciones, los problemas en manejos corporativos en las empresas petroleras estatales, los escasos avances en términos de transición energética doméstica y los altos niveles de conflictividad asociados con la actividad extractiva se intensifican en un contexto de precios altos y la consiguiente presión por profundizar la agenda extractiva.

Si bien los escenarios de los países analizados varían, un elemento constante es la profundización de la apuesta por los combustibles fósiles. Esto se repite en Colombia, México, Perú y muchos otros países de la región y el mundo. Es importante, sin embargo, que estas perspectivas de precios en el corto plazo no definan las estrategias de las compañías en el largo plazo. Existe evidencia de que los contextos de precios altos incentivan a que las empresas petroleras públicas hagan apuestas arriesgadas en términos de nuevas inversiones que en un futuro de transición energética global podrían no ser viables. El entusiasmo por los combustibles fósiles se da en momentos en los que los científicos y activistas demandan con mayor intensidad la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El mensaje es claro: si no hay acción inmediata y profunda, no conseguiremos el objetivo de reducir el calentamiento global a 1.5°C. Y si bien el consumo de combustibles fósiles no parará de la noche a la mañana, habrá que discutir criterios globales para permitir que países en desarrollo tengan la prioridad en la extracción, pero sin promover nuevos proyectos exploratorios. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la obsesión por conseguir petróleo en el corto plazo puede incrementar la dependencia en el largo plazo y podría también llevar a incumplir las metas climáticas. Sobre el apoyo de países del G20 al consumo de carbón en el contexto de la guerra, Guterres indicó que “Su apoyo al carbón podría no solo costar al mundo sus objetivos climáticos. Es una inversión estúpida”.

El renovado impulso a los combustibles fósiles está asociado al incremento de precios que, como vimos, es un factor de corto plazo, y a preocupaciones por la seguridad energética. Los gobiernos deben considerar las perspectivas de mediano y largo plazo en su toma de decisiones. En el largo plazo se espera un declive del consumo de combustibles fósiles y un aumento en el mercado de las energías renovables. Esto se debe a las consideraciones climáticas, pero también a los problemas de volatilidad en el precio del petróleo, las trabas en la cadena de suministro de los combustibles fósiles y la asociación del petróleo con regímenes autoritarios y cleptocráticos.

Las energías renovables también han tenido un aumento de precios en esta coyuntura. Esta también es una dinámica de corto plazo, en tanto las renovables ya son una opción económica más barata que los combustibles fósiles y la tendencia de largo plazo es que la transición hacia las renovables signifique un ahorro para los países. En el caso de América Latina, el avance de las renovables varía entre los diferentes países, pero está claro que se requieren políticas activas y desarrollo de marcos regulatorios claros para fomentar estas fuentes de energía. La transición hacia las renovables supone también oportunidades de inversión en nuevas tecnologías. La profundización de la agenda de consumo de combustibles fósiles hace más lento el avance de las renovables en la región.

En este contexto, una discusión pública relevante es cómo utilizar los recursos extraordinarios que traen los precios altos de los recursos no renovables. Como vimos, las perspectivas económicas son en general malas y, además, buena parte de estos recursos se van en estabilizar los precios de los combustibles a nivel doméstico. Insistir en inversiones que profundicen la dependencia hacia los combustibles fósiles, como es el caso de México, Colombia y Perú en diferentes fórmulas y condiciones, no es una estrategia sostenible en el mediano y largo plazo. En cambio, las ganancias extraordinarias deben utilizarse para financiar estrategias de transición energética y diversificación productiva.

Finalmente, en un contexto de precios altos, aumentan las presiones para expandir la frontera extractiva. Las presiones para desarrollar proyectos mineros en tierras indígenas en Brasil, los proyectos petroleros offshore y el fracking en Colombia, así como la agenda de aumentar las reservas del gas en la Amazonía peruana son ejemplos en esta dirección. En la perspectiva de los promotores de las actividades extractivas, siempre es buen momento para darle facilidades al sector: cuando los precios están bajos para evitar pérdidas, cuando los precios están altos para asegurar ganancias. Ninguna coyuntura justifica la reducción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza para el sector extractivo.

Juan Luis Dammert es director de Natural Resource Governance Institute (NRGI) en América Latina. Fernanda Ballesteros es responsable de país de NRGI para México. Anna Cartagena es oficial de Comunicaciones de NRGI para América Latina. Ana Carolina González Espinosa es directora senior de programas de NRGI. Fernando Patzy es oficial senior de NRGI para América Latina. Juliana Peña Niño es oficial senior de NRGI para América Latina

Los autores agradecen los comentarios de Antonio Hill y Andrea Furnaro (NRGI) a una versión previa de este documento. Asimismo, a los miembros de la Plataforma para una Reactivación Sostenible en Perú y Colombia (PLARS) y a Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis, quienes participaron de una mesa de discusión luego de una presentación sobre este tema en Bogotá en marzo de 2022.

Primera foto: sundem/Pixabay
Segunda foto: Parilov/Shutterstock

Más información: https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/guerra-en-ucrania-desafios-estrategicos-para-la-gobernanza-extractiva-en-america-latina

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